• Copy the reference
  • Tutorial video

Lawyers, other representatives, expert(s), tribunal’s secretary

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1.
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artí culos 18 TFUE, 267 TFUE y 344 TFUE.
2.
Esta petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre la Slowakische Republik (República Eslovaca) y Achmea BV en relación con un laudo arbitral de 7 de diciembre de 2012 emitido por el tribunal arbitral previsto en el Tratado para el Fomento y la Protección Recíprocos de las Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca (en lo sucesivo, «TBI»).

Marco jurídico

TBI

3.
El TBI fue celebrado en 1991 y entró en vigor el 1 de enero de 1992. Según el artículo 3, apartado 1, del TIB, las Partes contratantes se han comprometido a garantizar un trato justo y equitativo de las inversiones de los inversores de la otra Parte contratante y a no impedir, mediante medidas irrazonables o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute o la liquidación de dichas inversiones. Conforme al artículo 4 del TBI, cada Parte contratante garantizará que puedan transferirse libremente los pagos relativos a las inversiones, en particular los beneficios, los intereses y los dividendos, sin ninguna restricción injustificada ni demora y en una moneda libremente convertible.

Derecho alemán

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

7.
Con motivo de una reforma de su sistema sanitario, a lo largo de 2004, la República Eslovaca permitió el acceso al mercado eslovaco de las empresas nacionales y de otros Estados que ofrecen prestaciones de seguro de enfermedad privado. Achmea, una empresa que pertenece a un grupo asegurador neerlandés, tras haber sido admitida como operadora de seguros de enfermedad, constituyó en Eslovaquia una filial a la que dotó de capital y a través de la cual ofrecía prestaciones de seguro de enfermedad privado en el mercado eslovaco.
8.
Durante el año 2006, la República Eslovaca dejó parcialmente sin efecto la liberalización del mercado de los seguros de enfermedad privados. En particular, mediante una ley de 25 de octubre de 2007, prohibió la distribución de los beneficios derivados de las actividades de seguro de enfermedad privado. Posteriormente, el Ústavný súd Slovenskej republiky (Tribunal Constitucional de la República Eslovaca) declaró, mediante sentencia de 26 de enero de 2011, que esta prohibición era contraria a la Constitución eslovaca. A raíz de dicha sentencia, la República Eslovaca autorizó de nuevo la distribución de los mencionados beneficios mediante una ley que entró en vigor el 1 de agosto de 2011.
9.
Al estimar que las medidas legislativas de la República Eslovaca le habían causado un perjuicio, Achmea inició en octubre de 2008, con arreglo al artículo 8 del TBI, un procedimiento de arbitraje contra dicho Estado miembro.
10.
Al haber sido elegido Fráncfort del Meno (Alemania) como lugar del arbitraj e, el Derecho aplicable al procedimiento arbitral es el alemán.
11.
En el marco del procedimiento arbitral, la República Eslovaca propuso una excepción de incompetencia del tribunal arbitral. A este respecto, alegó que, habida cuenta de su adhesión a la Unión, el recurso a un tribunal arbitral previsto en el artículo 8, apartado 2, del TBI era incompatible con el Derecho de la Unión. Mediante laudo arbitral interlocutorio de 26 de octubre de 2010, el tribunal arbitral desestimó esta excepción. Los recursos de anulación interpuestos contra dicho laudo por la República Eslovaca ante los órganos judiciales alemanes en primera instancia y en apelación no prosperaron.
12.
Mediante laudo arbitral de 7 de diciembre de 2012, el tribunal arbitral condenó a la República Eslovaca a pagar a Achmea una indemnización por daños y perjuicios de un importe principal de 22,1 millones de euros. La República Eslovaca interpuso un recurso de anulación contra este laudo arbitral ante el Oberlandesgericht Frankfurt am Mein (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania). Dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso mediante una resolución que fue recurrida en casación por la República Eslovaca ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania).
13.
El tribunal remitente recuerda que, desde la adhesión de la República Eslovaca a la Unión, el 1 de mayo de 2004, el TBI constituye un tratado entre Estados miembros, de modo que, en caso de conflicto, en las materias reguladas por el Derecho de la Unión las disposiciones de este tienen primacía sobre las disposiciones del TBI.
14.
A este respecto, la República Eslovaca expresó sus dudas acerca de la compatibilidad de la cláusula arbitral prevista en el artículo 8 del TBI con los artículos 18 TFUE, 267 TFUE y 344 TFUE. Aunque el tribunal remitente no comparte esas dudas, estimó que, dado que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre tales cuestiones y estas revisten una considerable importancia, habida cuenta de los numerosos tratados bilaterales de inversión aún en vigor entre los Estados miembros que incluyen una cláusula arbitral similar, era necesario plantear ante el Tribunal de Justicia la presente petición de decisión prejudicial para poder resolver el litigio del que conoce.
15.
En primer lugar, el tribunal remitente alberga dudas acerca de la propia aplicabilidad del artículo 344 TFUE. En primer término, señala que, aunque su tenor no lo indique claramente, del objeto y de la finalidad de dicha disposición se desprende que no se refiere a las controversias entre un particular y un Estado miembro.
16.
A continuación, el tribunal remitente observa que el artículo 344 TFUE solo tiene por objeto las controversias relativas a la interpretación y aplicación de los Tratados. Según dicho tribunal, no es este el caso del litigio principal, dado que el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2012 fue emitido únicamente sobre la base del TBI.
17.
Por último, el tribunal remitente indica que el artículo 344 TFUE tiene como finalidad garantizar el orden de competencias fijado por los Tratados y, por tanto, la autonomía del sistema jurídico de la Unión, cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, y es al mismo tiempo una manifestación específica del deber de lealtad de los Estados miembros hacia el Tribunal de Justicia, en el sentido del artículo 4 TFUE, apartado 3. No obstante, de lo anterior no puede deducirse que el artículo 344 TFUE protege la competencia del Tribunal de Justicia por lo que se refiere a toda controversia en la que pueda aplicarse o interpretarse el Derecho de la Unión. En realidad, esta disposición solo protege la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia en la medida en que los Estados miembros deban recurrir a los procedimientos, previstos en los Tratados, que han de tramitarse ante él. Ahora bien, según el tribunal remitente, un litigio como el que es objeto del asunto principal no puede resolverse en el marco de un procedimiento desarrollado ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, ya que los Tratados no establecen ningún procedimiento judicial que permita a un inversor, como Achmea, alegar ante los tribunales de la Unión el derecho a indemnización frente a un Estado miembro que le concede un tratado bilateral de inversión como el TBI.
19.
A este respecto, el tribunal remitente señala, en primer término, que el procedimiento arbitral no puede asegurar por sí solo la aplicación uniforme del Derecho de la Unión que el artículo 267 TFUE pretende garantizar. Aun cuando el tribunal arbitral debe respetar el Derecho de la Unión, conforme al artículo 8, apartado 6, del TBI, y, en caso de conflicto, darle primacía, carece de la posibilidad de plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, dado que no puede considerársele un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
21.
Por último, el tribunal remitente expone que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un tratado internacional que establezca, fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unión, la creación de un tribunal especial encargado de la interpretación y de la aplicación de las disposiciones de ese tratado es compatible con el Derecho de la Unión siempre que no vulnere la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión. Añade que el Tribunal de Justicia no expresó ninguna objeción respecto a la creación de un sistema jurisdiccional que pretendí a, en esencia, resolver litigios sobre la interpretación o la aplicación de las propias disposiciones del tratado internacional del que se trataba y que no vulneraba las competencias de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en relación con la interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión, ni la facultad, o en su caso la obligación, de estos últimos de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Ahora bien, según el tribunal remitente, el tribunal arbitral de que se trata en el asunto principal debe pronunciarse precisamente sobre el incumplimiento de lo dispuesto en el TBI, que deberá interpretarse a la luz del Derecho de la Unión, en particular de las disposiciones que regulan la libre circulación de capitales.
22.
En tercer lugar, el tribunal remitente constata que, contrariamente a los inversores neerlandeses o eslovacos, los inversores de Estados miembros que no sean el Reino de los Países Bajos y la República Eslovaca no tienen la posibilidad de acudir a un tribunal arbitral en vez de a un órgano judicial estatal, lo que constituye una desventaja considerable que puede constituir una discriminación contraria al artículo 18 TFUE. No obstante, la limitación en un tratado bilateral interno de la Unión del disfrute de una ventaja a los nacionales de los Estados miembros contratantes solo es discriminatoria si los nacionales de los demás Estados miembros que no disfrutan de esa ventaja se encuentran en una situación objetivamente comparable. Ahora bien, según el tribunal remitente, no sucede así en el presente asunto, dado que el hecho de que los derechos y las obligaciones recíprocos solo se apliquen a quienes sean nacionales de alguno de los dos Estados miembros contratantes es una consecuencia inherente a los convenios bilaterales celebrados entre estos.

Sobre las solicitudes de reapertura de la fase oral

24.
A raíz de la lectura de las conclusiones del Abogado General el 19 de septiembre de 2017, los Gobiernos checo, húngaro y polaco solicitaron, mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia, respectivamente, el 3 de noviembre, el 19 y el 16 de octubre de 2017, la reapertura de la fase oral con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
26.
No obstante, es preciso recordar, por un lado, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevén la posibilidad de que los interesados mencionados en el artículo 23 de ese Estatuto formulen observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C-126/16, EU:C:2017:489, apartado 30).
27.
Por otro lado, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. A este respecto, el Tribunal de Justicia no está vinculado ni por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas. Por consiguiente, el hecho de que una parte interesada no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 25 de octubre de 2017, Polbud-Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, apartado 24 y jurisprudencia citada).
28.
No obstante, el Tribunal de Justicia podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, conforme al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, en particular, si estima que la información de que dispone es insuficiente o también cuando el asunto deba resolverse sobre la base de un argumento que no haya sido debatido entre los interesados (sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C-126/16, EU:C:2017:489, apartado 33 y jurisprudencia citada).
29.
Pues bien, en el presente asunto, puesto que las solicitudes se limitan a manifestar que los Gobiernos checo, húngaro y polaco no están de acuerdo con las conclusiones del Abogado General y no presentan ninguna nueva alegación que deba tenerse en cuenta para la resolución del presente asunto, el Tribunal de Justicia considera, oído el Abogado General, que dispone de todos los datos necesarios para resolver el asunto y que estos han sido debatidos entre los interesados.
30.
Habida cuenta de lo anterior, deben desestimarse las solicitudes de reapertura de la fase oral.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda

Sobre la tercera cuestión prejudicial

Costas

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

Los artículos 267 TFUE y 344 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de un tratado internacional celebrado entre Estados miembros, como el artículo 8 del Tratado para el Fomento y la Protección Recíprocos de las Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca, conforme a la cual un inversor de uno de esos Estados miembros puede, en caso de controversia sobre inversiones realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un procedimiento contra este último Estado miembro ante un tribunal arbitral cuya competencia se ha comprometido a aceptar dicho Estado miembro.

Subsequent citations of this document as a whole:
Subsequent citations of this excerpt:
Click on the text to select an element Click elsewhere to unselect an element
Select a key word :
1 /

Instantly access the most relevant case law, treaties and doctrine.

Start your Free Trial

Already registered ?