Colombia sostiene que es falaz la afirmación de América Móvil de que, antes de que se dictara la Sentencia C-555, durante 15 años el Estado colombiano reconoció la existencia del Derecho a la no Reversión. En concreto, las conductas mencionadas por la Demandante en el ¶ 237
supra son irrelevantes y no son ni concluyentes ni inequívocas.
i. Durante los debates legislativos no se indicó que el Artículo 4 de la Ley 422 se aplicaría a los Contratos de Concesión. No solo las citas en las que se basa América Móvil están sacadas de contexto, sino que las opiniones expresadas por los legisladores no pueden modificar un contrato celebrado por un ministerio347.
ii. En cuanto a las demandas reconvencionales del MinTIC en los arbitrajes contra Comcel y Occel en 1999 y 2000, respectivamente, la errada posición de la apoderada del MinTIC no produjo ningún efecto jurídico en Colombia, pues las demandas reconvencionales no fueron admitidas y no hubo ningún pronunciamiento de fondo. Además, el MinTIC no insistió en la tesis de la aplicabilidad del Artículo 4 de la Ley 422 en ninguna otra oportunidad. El Laudo Doméstico analizó ese hecho y determinó que no fue una conducta contractual relativa a la aplicación de la Cláusula de Reversión, sino una mera postura expresada en un litigio348.
iii. En lo que se refiere a la participación de representantes estatales en las asambleas y en las juntas directivas de Comcel, Occel y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, Colombia afirma que, por un lado, no todas las actuaciones de funcionarios del Estado son relevantes para interpretar una obligación contractual; agrega que, además, la Demandante distorsiona la evidencia a su favor349.
iv. Es falso que el MinTIC se comportó durante la ejecución de los Contratos como si no hubiera reversión. Por un lado, no es cierto que el hecho de que el MinTIC no solicitara un inventario de los bienes antes de la Sentencia C-555 significa que entendía que no habría reversión de los Activos, especialmente, porque los operadores informaban al MinTIC de la situación de los equipos, mediante reportes trimestrales. Además, la reversión solo opera al término de la concesión, por lo que durante su vigencia los operadores tenían libertad para disponer de los Activos. En todo caso, el Laudo Doméstico rechazó el argumento de que la conducta del MinTIC tuviera una relevancia semejante a la de un acto propio350.
v. Según lo explicó en el Arbitraje Doméstico, la ex Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la señora María del Rosario Guerra de la Espriella, el propósito de sancionar la Ley 1341 era que se aplicara solo a futuro351.
vi. La lectura que hace la Demandante de la Sentencia C-403 y de lo que se dijo en ese proceso está descontextualizada. La Corte Constitucional se pronunció en abstracto, como siempre lo hace, sobre la constitucionalidad del Artículo 68 de la Ley 1341; no se manifestó sobre su inciso cuarto ni, mucho menos, sobre su aplicación a los Contratos. En cambio, este asunto sí fue considerado en la Sentencia C-555352.
vii. En el debate relativo a la tecnología 4G, el entonces Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el señor Diego Molano, no confirmó la existencia del Derecho a la no Reversión. Se limitó a decir que haría las consultas y el análisis necesarios para determinar qué pasaría con los dos operadores que habían obtenido una licencia antes de la Ley 422. Así lo indicó en su interrogatorio la señora Gabriela Posada Venegas353.
viii. América Móvil descontextualiza también las intervenciones de actores privados y públicos en el proceso que condujo a la Sentencia C-555. Primero, el MinTIC no indicó que la reversión se limitaba al espectro radioeléctrico y, en su intervención, ni siquiera mencionó la Cláusula de Reversión. Segundo, la Demandante ignora la intervención del señor Juan Carlos Esguerra Portocarrero (representante de otro operador) que confirmó la necesidad de un acuerdo escrito posterior a las Leyes 422 y 1341 para que estas se pudieran aplicar a los Contratos vigentes354.
ix. En cuanto a la Sentencia C-555, la Demandada señala que se trata de una decisión abstracta, que no se pronunció sobre la obligación de reversión de los Contratos de Concesión. Colombia agrega que, en todo caso, cuando la Corte consideró que la demanda de inconstitucionalidad satisfacía el requisito de certeza no efectuó un análisis del régimen jurídico vigente ni de la aplicación práctica de las normas demandadas; aplicó el principio pro actione, basándose en las hipótesis expuestas por el accionante. Además, la referencia al entendimiento "vigente" no debe leerse como lo hace América Móvil, pues en la Sentencia C-555 la Corte analizó "una posibilidad interpretativa"355 y utilizó expresiones tales como "lectura del texto legal analizada"356, "interpretación en estudio"357 y "entendimiento cuestionado"358. Por ello, no es cierto que la declaración de inconstitucionalidad asume la existencia de una norma o de una interpretación vigente de una norma359.
Luca G. Radicati di Brozolo