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Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias - Laudo del Árbitro

I. INTRODUCCIÓN

2.
Se celebraron consultas entre el Canadá y las Comunidades Europeas sobre la duración del plazo prudencial para la aplicación, pero en ellas no se llegó a ningún acuerdo.
3.
Mediante carta conjunta de 20 de junio de 2000, el Canadá y las Comunidades Europeas notificaron al OSD que habían acordado que la duración del plazo prudencial para la aplicación debía determinarse mediante arbitraje vinculante, conforme a los términos del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, y que yo debía actuar como árbitro. Las partes también indicaron en esa misma carta que habían acordado prorrogar el plazo para el arbitraje, fijado en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD en 90 días, hasta el 31 de agosto de 2000. No obstante esta prórroga del plazo, las partes declararon que el laudo arbitral se consideraría un laudo pronunciado de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. Mediante carta de 21 de junio de 2000 se informó a las partes de mi aceptación de esta designación como árbitro.
4.
El 6 de julio de 2000 se recibieron comunicaciones escritas del Canadá y las Comunidades Europeas, y el 20 de julio del mismo año se celebró una audiencia.

II. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A. CANADÁ

5.
El Canadá sostiene que la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD en este caso puede cumplirse mediante una modificación de disposiciones reglamentarias en lugar de una enmienda de la legislación, que, según el Canadá, suele llevar más tiempo.2 Dada la extensión de las consultas que se requieren en esta esfera conflictiva, el Canadá estima que el proceso reglamentario puede llevarse a cabo y finalizarse en un máximo de 11 meses contados a partir de la fecha de adopción del informe del Grupo Especial.
6.
En su comunicación, el Canadá explica el proceso mediante el cual se introducen cambios en su sistema reglamentario. Según el Canadá, la Política Reglamentaria del Gobierno del Canadá ("Política Reglamentaria") indica que el ejercicio de las facultades reglamentarias del Gobierno debe resultar en "el mayor beneficio neto para la sociedad canadiense". En consecuencia, las autoridades que propongan el ejercicio de la facultad reglamentaria están obligadas a demostrar que los beneficios de la reglamentación superan claramente a los costos, y que se ha hecho un esfuerzo para estructurar las medidas reglamentarias de modo que se maximicen los beneficios para los canadienses y se minimicen los costos.
7.
El Canadá explica que, en el curso ordinario de las actividades, el Ministerio responsable de la esfera en la que se plantea el problema, en este caso, el Ministerio de Industria, debe incluir información sobre ese problema en su Informe sobre Planes y Prioridades, documento que se presenta al Parlamento canadiense. Cuando no se haya previsto ni comunicado de ese modo una posible iniciativa reglamentaria, el Ministerio debe, sin embargo, explicar las razones en las que se basa el proyecto de reglamento que tenga previsto con respecto a ese problema en su Plan Reglamentario Ministerial. En el Ministerio de Industria, esa información es examinada por el Comité Superior de Política del Ministerio, que evalúa la propuesta y la clasifica según categorías.
8.
El Ministerio responsable debe luego elaborar un proyecto de reglamento. El Ministerio también debe preparar una Exposición del Análisis de las Repercusiones del Reglamento (Regulatory Impact Analysis Statement)(la "RIAS"), que describe la finalidad del proyecto de reglamento, las alternativas consideradas, un análisis de los beneficios en relación con el costo, los resultados de las consultas con las partes interesadas, la respuesta del Ministerio a las preocupaciones planteadas y la forma en que se exigirá el cumplimiento del reglamento.
9.
El Canadá aclara además que, de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre Instrumentos Normativos (Statutory Instruments Act) del Canadá, el proyecto de Reglamento y la documentación de apoyo, incluida la RIAS, deben presentarse en inglés y en francés, los dos idiomas oficiales del Canadá. Luego deben ser aprobados por los servicios jurídicos y la administración superior del Ministerio responsable, y enviados al Secretario del Consejo Privado y al Viceministro de Justicia para su examen. La Oficina del Consejo Privado se asegura de que la propuesta es compatible con el programa general del Gobierno y de que el Ministerio responsable ha considerado en forma adecuada los aspectos de la medida reglamentaria propuesta relacionados con las comunicaciones. La Sección de Reglamentos del Ministerio de Justicia examina el reglamento para asegurarse de que tiene una base jurídica correcta y, en particular, de que "no interfiera indebidamente con los derechos y libertades existentes y no sea, en cualquier caso, incompatible con los fines y disposiciones de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Canadian Charter of Rights and Freedoms) y la Declaración Canadiense de Derechos" (Canadian Bill of Rights).3
10.
El Canadá explica que la Política Reglamentaria también requiere que la documentación completa en apoyo de una propuesta se envíe a la secretaría de Reglamentos y Decretos del Consejo de la Oficina del Consejo Privado, que es el organismo encargado de administrar esa Política. La secretaría examina la propuesta para asegurarse de que es compatible con la Política y, en particular, de que: el Ministerio responsable ha considerado otras alternativas; los beneficios de la reglamentación superan claramente a los costos; se han mantenido consultas adecuadas con el público para permitir que los canadienses comprendan el proyecto de reglamento y participen en el proceso; y el Ministerio responsable ha cooperado con los gobiernos provinciales del Canadá para asegurarse de que el reglamento propuesto no duplica ninguna medida provincial ni se superpone a ella.
11.
Una vez que estos exámenes se han completado, el Ministro responsable aprueba el reglamento y la documentación que lo apoya y los presenta a la Oficina del Consejo Privado para que sean examinados por el Comité Especial del Consejo del Gabinete (el "SCC"), que es el Comité del Gabinete que da al Gobernador en Consejo aprobación para la publicación previa de los proyectos de reglamento y su RIAS correspondiente. La Política Reglamentaria exige la publicación previa de los reglamentos a fin de ofrecer a la población canadiense en general -y no sólo al grupo más limitado de personas consultadas inicialmente por el Ministerio responsable- la oportunidad de formular observaciones. Tras la aprobación por los Ministros del SCC, el reglamento y su RIAS son publicados en la Gaceta del Canadá (Canada Gazette), Parte I, y deben quedar abiertos al público para la presentación de observaciones durante 30 días como mínimo.
12.
Las observaciones que se reciban del público han de ser evaluadas según sus méritos y se debe considerar la posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto de reglamento. Si este último se modifica, la Sección de Reglamentos del Ministerio de Justicia debe nuevamente examinar y aprobar la versión revisada antes de que se envíe a los Ministros del SCC para su aprobación final. En caso de que el proyecto de reglamento se modifique, la RIAS también debe modificarse para que refleje la enmienda.
13.
Los Ministros examinan cada proyecto de reglamento según sus características propias. Si lo aprueban, queda registrado con un número, entre los demás decretos y reglamentos, dentro de los siete días siguientes a la firma del Gobernador General. El reglamento entrará en vigor en la fecha especificada por el Gobernador en Consejo o, cuando no se especifique de esa forma, en la fecha del registro. El reglamento aprobado y su RIAS se remiten entonces para su publicación a la Gaceta del Canadá, Parte II, que es un boletín que publica la Imprenta de la Reina los miércoles, cada dos semanas. Conforme al párrafo 1 del artículo 11 de la Ley sobre Instrumentos Normativos, la publicación debe realizarse a más tardar dentro de los 23 días siguientes al registro. Una vez publicada, tiene el mismo carácter obligatorio que una ley, dado que se considera que el público ha tenido conocimiento de la modificación introducida en el sistema reglamentario.
15.
El Canadá sostiene que, aunque el desglose indicado supra totaliza un plazo de 8 a 9 meses, tal vez no sea posible llevar a cabo las consultas necesarias durante ese período, o recibir las opiniones y el asesoramiento de todos los grupos interesados, dado que los aspectos críticos de este proceso tendrán lugar durante el receso estival de julio y agosto. En consecuencia, a fin de asegurar que estas medidas esenciales se lleven a cabo correctamente, el Canadá alega que el plazo total debería aumentarse a 10-11 meses aproximadamente.
16.
Habiendo explicado su proceso reglamentario, el Canadá pasa a continuación a examinar los arbitrajes anteriores sustanciados de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. El Canadá sostiene que, en los arbitrajes anteriores, los árbitros sistemáticamente han comenzado sus evaluaciones considerando la directriz contenida en el propio párrafo 3 c) del artículo 21. El árbitro debe tener por directriz que el plazo prudencial para aplicar las recomendaciones del OSD no exceda de 15 meses a partir de la fecha de adopción del informe del Grupo Especial o del Órgano de Apelación.
17.
El Canadá sostiene que el plazo prudencial puede ser más corto o más largo, según las circunstancias particulares. El Canadá recuerda que, como dijo el árbitro en Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón ("Australia - Salmón"), "el plazo que constituye el "plazo prudencial" depende de la medida que [el Miembro que ha de proceder a la aplicación] adopte en el marco de su ordenamiento jurídico para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD".5
18.
El Canadá estima que como se ha comprometido a lograr el cumplimiento en un plazo considerablemente inferior al previsto en la directriz contenida en el párrafo 3 c) del artículo 21, es evidente que corresponde a las Comunidades Europeas la carga de probar, en su carácter de Miembro reclamante, que existen "circunstancias del caso" que justifican un plazo aún más corto. El Canadá agrega que, al determinar si las Comunidades Europeas han satisfecho su carga de la prueba en este caso, será importante tener presente que el Canadá, como Miembro que procede a la aplicación, no está obligado a adoptar medidas excepcionales a fin de poner su legislación en conformidad con las obligaciones que le corresponden.
19.
El Canadá subraya la declaración del árbitro en el asunto Corea - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas ("Corea - Bebidas alcohólicas") en el sentido de que, aunque el plazo prudencial deba ser el plazo más breve posible, en el marco del ordenamiento jurídico del Miembro, "ello, en mi opinión, no obliga a un Miembro a recurrir en todos los casos a un procedimiento legislativo extraordinario en vez de seguir el procedimiento legislativo normal."6 El Canadá considera que este enfoque está en consonancia con la discrecionalidad que atribuye a los Miembros de la OMC el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC") para "establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."
20.
El Canadá considera que podrá lograr el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC revocando las disposiciones que son esenciales para la vigencia de la excepción basada en la acumulación de existencias. Según el Canadá, el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes quedará de esta forma sin ninguna fuerza ni efecto jurídico. La revocación del Reglamento privará totalmente de cualquier significado o efecto al apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes. Como consecuencia, nadie que se haya amparado en la protección que confiere el apartado 1) del párrafo 2 del artículo 55 -la excepción basada en el "examen reglamentario"- a los efectos del desarrollo y la presentación para su examen a las autoridades reglamentarias de muestras de una versión competidora de un producto patentado tendrá derecho, con la entrada en vigor del reglamento revocatorio, a seguir fabricando o acumulando existencias de productos con anterioridad a la expiración del plazo de la patente pertinente. La revocación pondrá término por completo a la protección frente a la responsabilidad por infracción que generaba la combinación de la teoría expresada en el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 y el contenido práctico que el Reglamento da a esa teoría.
21.
Sin embargo, -pone de relieve el Canadá- "la revocación del Reglamento sobre la Fabricación y Almacenamiento de Medicamentos Patentados constituirá un asunto político muy sensible en el Canadá" y, por lo tanto, se requerirán extensas consultas con los colectivos interesados, los grupos de interés y el público en general.7 En opinión del Canadá, será necesario, por consiguiente, un máximo de 11 meses para realizar las consultas requeridas, así como para cumplir las diversas prescripciones procesales de la Ley sobre Instrumentos Normativos y la Política Reglamentaria.
22.
Por lo tanto, el Canadá pide al árbitro que resuelva que un plazo de 11 meses contados a partir del 7 de abril de 2000, fecha de la adopción del informe del Grupo Especial por el OSD, constituye el plazo prudencial para la aplicación de esa resolución en el presente caso. Por lo tanto, el Canadá propone un "plazo prudencial" para la aplicación que finalizará el 7 de marzo de 2001.

B. COMUNIDADES EUROPEAS

23.
Las Comunidades Europeas sostienen que para aplicar plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD, el Canadá debe derogar el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de su Ley de Patentes, que según constató el Grupo Especial en esta diferencia es incompatible con las prescripciones del párrafo 1) del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.
24.
Las Comunidades Europeas opinan que la aplicación de las recomendaciones del OSD en este caso exigen la derogación del apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes, que es una medida legislativa y no reglamentaria. Las Comunidades Europeas consideran que "solamente es necesario derogar un único apartado, que es separable del resto de las disposiciones de las que forma parte".8 Las Comunidades Europeas aducen que "esto puede realizarse en un plazo significativamente más corto que el plazo máximo indicativo" de 15 meses previsto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.9 Las Comunidades Europeas alegan que, en cualquier caso, en este asunto el "plazo prudencial" no debe ser superior a 12 meses contados a partir del 7 de abril de 2000, fecha de adopción por el OSD del informe del Grupo Especial en esta diferencia.
25.
Las Comunidades Europeas sostienen que el sentido corriente del texto del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD indica que 15 meses es una directriz para el árbitro y "fija un límite extremo o un máximo en el caso habitual".10 Por lo tanto, las Comunidades Europeas aducen que, cuando la aplicación pueda efectuarse a través de medios administrativos, el plazo prudencial debería ser considerablemente inferior a 15 meses. Además, las Comunidades Europeas afirman que el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD debe interpretarse en su contexto y, en particular, en el contexto del párrafo 3 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 21 del ESD, que hacen particular hincapié en el pronto cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del ESD.
26.
Las Comunidades Europeas también ponen de relieve la declaración del árbitro en el asunto CE - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas) ("Comunidades Europeas - Hormonas")de que el plazo prudencial de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 "debe ser el plazo más breve posible, en el marco del ordenamiento jurídico del Miembro, para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD".11
27.
Las Comunidades Europeas reconocen que no está comprendida en el mandato del árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, la decisión con respecto a la forma y los medios precisos que el Canadá debe utilizar para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. No obstante, a fin de poder evaluar si la aplicación puede tener lugar inmediatamente, y en caso de que resulte impracticable determinar la duración del plazo prudencial, "es fundamental que el árbitro defina el carácter de las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD".12
28.
Según las Comunidades Europeas, es importante observar que "la aplicación de las recomendaciones y resoluciones" a tenor del artículo 21 del ESD significa la plena aplicación, a diferencia de una aplicación provisional o parcial. Las Comunidades Europeas alegan que, con arreglo al párrafo 7 del artículo 3 del ESD, que estipula que el primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias es en general conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se constata que éstas son incompatibles con las disposiciones de cualquiera de los acuerdos abarcados, el Canadá ha de derogar el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de su Ley de Patentes, lo que sólo puede lograrse mediante otro acto legislativo (actus contrarius). La revocación del Reglamento, propuesta por el Canadá, no puede lograr este objetivo.
29.
Las Comunidades Europeas señalan que, a pesar de que los procedimientos legislativos difieren en los distintos Miembros de la OMC, resulta instructivo observar que los plazos prudenciales para las medidas de aplicación de carácter legislativo, que han sido fijados en el pasado, abarcan períodos que van desde 11 meses y dos semanas hasta 15 meses y una semana. Las Comunidades Europeas señalan además que están incluidos casos en los que el plazo prudencial fue decidido mediante arbitraje, de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, así como casos en los que las partes lo acordaron mediante consenso, de conformidad con el párrafo 3 b) del mismo artículo.
30.
Las Comunidades Europeas sostienen que en el asunto Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones ("Canadá - Publicaciones"), el Canadá acordó adoptar por vía legislativa varias medidas de aplicación dentro de un plazo de 15 meses a partir de la adopción del informe del Órgano de Apelación por el OSD. Las medidas de aplicación en esa diferencia abarcaban una amplia variedad de temas, incluso la eliminación de toda la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo del Canadá. Las Comunidades Europeas, aunque admiten que el acuerdo concertado entre las partes en esa diferencia no tiene fuerza obligatoria para el asunto que se examina, alegan que dicho acuerdo "puede servir como un parámetro indicativo".13 Al comparar el grado de complejidad de las medidas que habían de adoptarse para la aplicación en el asunto Canadá - Publicaciones con la medida que ha de adoptarse en el presente caso, resulta evidente que el "plazo prudencial" en el presente caso debe ser "considerablemente más corto que en [ese] caso".14
31.
Según las Comunidades Europeas, en el asunto Canadá - Publicaciones, el Canadá se comprometió a adoptar diversas medidas, incluso la derogación de un derecho de aduana, la eliminación de la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo, la reestructuración de la administración del programa de subvención postal y la armonización de las tarifas postales comerciales. En este caso, alegan las Comunidades Europeas, todo lo que se requiere es derogar un único apartado del artículo 55 de la Ley de Patentes, sin que sea necesaria ninguna otra medida. Además, el hecho de que la legislación impositiva suela estar sujeta a plazos procesales especiales, a los cuales no está sujeta la legislación económica general, como las leyes sobre patentes, aboga además, en opinión de las Comunidades Europeas, a favor de la reducción del "plazo prudencial".
32.
Por consiguiente, las Comunidades Europeas piden al árbitro que determine que el "plazo prudencial" para la resolución de esta diferencia es un plazo de 12 meses contados a partir del 7 de abril de 2000, fecha de la adopción del informe del Grupo Especial por el OSD. Por tanto, las Comunidades Europeas proponen un "plazo prudencial" para la aplicación que finalizaría el 7 de abril de 2001.

III. DETERMINACIÓN

33.
El Canadá ha aceptado aplicar las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") sobre el asunto Canadá - Patente de los productos farmacéuticos.15 Sin embargo, el Canadá se ha acogido a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 21 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias ("ESD") las cuales establecen en su parte pertinente lo siguiente:

En caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y resoluciones, el Miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial para hacerlo. (Cursivas añadidas.)

34.
Como ni el OSD, en aplicación del apartado a) del párrafo 3 del artículo 21, ni las partes en la diferencia, en aplicación del apartado b) de dicho párrafo, se han puesto de acuerdo sobre la duración del "plazo prudencial" en el presente caso, las partes han solicitado que determine este plazo mediante arbitraje vinculante, según las disposiciones del apartado c) del mismo párrafo. En esta disposición del ESD se hace referencia a la posibilidad de un "arbitraje vinculante dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones".
35.
En el presente procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21, el Canadá ha solicitado un plazo de 11 meses contados a partir de la fecha de adopción del informe del Grupo Especial para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD mediante la publicación de reglamentos de la Ley de Patentes del Canadá.16 Las Comunidades Europeas se oponen tanto a esta forma de aplicación como al plazo solicitado por el Canadá para la aplicación. En el desempeño de mis funciones de árbitro, antes de formular mi determinación examinaré, primero, la cuestión de la forma de aplicación, a continuación el significado de "plazo prudencial" para la aplicación y, por último, el calendario propuesto por el Canadá para la aplicación.

A. FORMA DE APLICACIÓN

36.
El Grupo Especial constató que "[e]l apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Patentes del Canadá no es compatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC".17 En consecuencia, el Grupo Especial "recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias pida al Canadá que ponga el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 en conformidad con las obligaciones que impone al Canadá el Acuerdo sobre los ADPIC". El OSD adoptó el informe del Grupo Especial el 7 de abril de 2000.18
37.
El Canadá propone aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD mediante medidas administrativas que adoptarían la fórmula de un reglamento, no mediante una legislación. Las Comunidades Europeas replican que el Canadá, para aplicar correctamente las recomendaciones y resoluciones del OSD, "ha de derogar el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 de su Ley de Patentes, lo que sólo puede lograrse mediante otro acto legislativo (actus contrarius)".19 Por este motivo, las Comunidades Europeas afirman que "es fundamental que el árbitro defina el carácter de las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD".20 Por su parte, el Canadá mantiene que no tengo ni autoridad ni mandato para ello.
38.
Observo en primer lugar, al considerar el argumento de las Comunidades Europeas sobre la forma de aplicación, que el informe del Grupo Especial sobre el asunto Canadá - Patente de productos farmacéuticos no especifica, ni siquiera menciona, cómo debe aplicar el Canadá las recomendaciones y resoluciones. El Grupo Especial simplemente recomienda que el OSD pida al Canadá que "ponga el apartado 2) del párrafo 2 del artículo 55 en conformidad" con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC. El OSD así lo ha hecho.
39.
Así pues, se ha dejado al Canadá la posibilidad de decidir qué forma deben adoptar las medidas de aplicación. Como ha indicado el árbitro en el asunto Comunidades Europeas - Hormonas:

Así pues, todo Miembro que deba aplicar recomendaciones y resoluciones, tiene cierto margen de discreción para elegir la forma de aplicación, siempre que la forma elegida sea compatible con las recomendaciones y resoluciones del OSD y con los acuerdos abarcados.21

B. SIGNIFICADO DE "PLAZO PRUDENCIAL"

46.
Otras disposiciones del ESD sugieren que la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD ha de lograrse, si no "inmediatamente", al menos con prontitud. El párrafo 1 del artículo 21, por ejemplo, establece que "[p]ara asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencial el pronto [en inglés, prompt] cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD".26 Igualmente, el párrafo 3 del artículo 3 establece lo siguiente:

Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los Miembros la pronta [en inglés, prompt] solución de las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para él directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro. (Cursivas añadidas.)

The Concise Oxford Dictionary define el término "prompt" del siguiente modo: "acting with alacrity; ready" (que actúa con celeridad; dispuesto) y "made, done, etc. readily or at once" (hecho, realizado, etc. con rapidez o inmediatamente).27

C. "PLAZO PRUDENCIAL" PROPUESTO POR EL CANADÁ

53.
En su comunicación, el Canadá ofrece un calendario detallado para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. El Canadá estima que el proceso reglamentario que ha elegido como forma de aplicación exige 11 meses contados a partir de la fecha de adopción del informe del Grupo Especial, es decir, a partir del 7 de abril de 2000. Por tanto, el Canadá propone completar la aplicación administrativa el 7 de marzo de 2001. En cambio, las Comunidades Europeas subrayan en su comunicación que el Canadá debe aplicar legislativamente las recomendaciones y resoluciones y alegan que el Canadá debe completar esa aplicación legislativa en un plazo no superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la adopción del informe del Grupo Especial, es decir, el 7 de abril de 2001. Las Comunidades Europeas no abordan en su comunicación la cuestión del "plazo prudencial" para la aplicación administrativa de las recomendaciones y resoluciones por el Canadá. Sin embargo, las Comunidades Europeas han indicado en la audiencia que, si yo decidiera que mi mandato no incluye identificar la forma adecuada de aplicación, y si por consiguiente mis indagaciones se centraran en la aplicación administrativa, un "plazo prudencial", en opinión de las Comunidades Europeas, sería de "45 a 60 días contados a partir de la publicación previa", lo que yo interpreto que significa 45 a 60 días después de la conclusión del período de 30 días de publicación previa del proyecto de modificación de un reglamento en la Gaceta del Canadá, plazo exigido por la legislación canadiense.31
56.
En mi opinión, algunas de las etapas administrativas de la aplicación que el Canadá ha identificado ante mí, y ha completado ya, se hubieran podido completar antes, de forma simultánea con otras etapas, o ambas cosas. Dicho esto, y dados los pasos que ya se ha avanzado hacia la aplicación, me centro ahora en una de las etapas adicionales identificadas por el Canadá que todavía no se ha completado. En el párrafo 19 2) e) de la comunicación escrita del Canadá, se afirma con respecto a la etapa siguiente a la publicación previa necesaria en la Gaceta del Canadá lo siguiente:

Respuesta a las observaciones del público; enmienda del reglamento y de la RIAS en su caso; nueva presentación a los servicios jurídicos del Ministerio de Industria y la Sección de Reglamentos del Ministerio de Justicia; examen y aprobación para la publicación final y firma del Ministro de Industria. Plazo: 1-3 meses (dependiendo de la complejidad y conflictividad de la propuesta).

57.
El Canadá reconoce que ese período de "1-3 meses" no está establecido por ley sino que forma parte de la Política Reglamentaria, y reconoce además que la duración "1-3 meses" es una estimación que no responde a ningún mandato expreso de la Política Reglamentaria. Sin embargo, el Canadá mantiene que este período de "1-3 meses" es necesario para que pueda procederse a la enmienda del proyecto de reglamento y a efectuar la RIAS, en su caso, así como para la aprobación posterior del texto enmendado. Como explicación, el Canadá afirma, entre otras cosas, que "las observaciones que se reciban del público han de ser evaluadas según sus méritos y se debe considerar la posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto de reglamento".34 La cantidad de tiempo que razonablemente será necesario para completar esta etapa, que el Canadá sostiene que exigirá "1-3 meses", me parece que, como ha indicado el propio Canadá, "depende" en parte de la "complejidad" de la modificación de los reglamentos propuesta. Cuanto más compleja sea la modificación propuesta de los reglamentos "más razonable" parecerá un período de "1-3 meses" para completar esta etapa de la modificación.
58.
Teniendo esto en cuenta, paso a la parte sustantiva de la modificación propuesta de los reglamentos del Canadá que dice textualmente:

Queda derogado el Reglamento sobre la Fabricación y Almacenamiento de Medicamentos Patentados.35

No veo nada en esta modificación propuesta de los reglamentos que pueda describirse como complejo. Es más, en el presente caso no cabe esperar que las observaciones del público den lugar a grandes alteraciones de la única oración sustantiva de la modificación propuesta por el Canadá de los reglamentos, que sencillamente deroga el reglamento vigente. Después de todo, ¿se podría haber escrito esta única oración de muchas otras formas? Asimismo, en el presente caso, no cabe esperar que el examen de los posibles cambios que quepa imaginar que sea necesario introducir en la solitaria oración sustantiva de la modificación propuesta de los reglamentos exija mucho tiempo. La presente diferencia está pendiente de solución desde hace años por lo que, una vez que se hayan recibido las observaciones finales del público, ¿qué más cabría añadir? Si la modificación propuesta de los reglamentos hubiera sido más compleja, hubiera podido llegar a una conclusión diferente. Pero esta modificación no es nada compleja y, dada la extrema simplicidad del texto, la función y el objetivo del proyecto de reglamento, no considero plausible que esta etapa concreta de la aplicación, en el presente caso, exija tanto tiempo como pretende el Canadá.

59.
Eso no quiere decir que la diferencia entre el Canadá y las Comunidades Europeas que ha hecho necesaria esta modificación sea en absoluto sencilla. Lejos de ello, esta diferencia es muy complicada y las partes, el Grupo Especial y el OSD han prestado a las muchas facetas de la misma la continua atención que justificaban los considerables intereses en juego. Tampoco quiere decir que sólo tengan resultados significativos las leyes o reglamentos complejos. Lejos de ello una vez más. Algunas de las modificaciones más significativas de las leyes pueden enunciarse con los términos más sencillos, y con los efectos más notables. Y, en cambio, algunos de los subproductos más bizantinos de la actuación administrativa y legislativa a veces tienen pocos efectos reales cuando se promulgan. Así pues, lo único que eso quiere decir, en mi opinión, es que el Canadá no debe necesitar hasta tres meses para ultimar esta modificación propuesta de los reglamentos una vez finalizado el período de 30 días anterior a la publicación en la Gaceta del Canadá, exigido por ley.
61.
Buscando nuevas justificaciones para el plazo propuesto por el Canadá, observo que el Canadá solicita también que se tenga en cuenta el "receso estival de julio y agosto" para calcular el "plazo prudencial" para la aplicación, y que, por consiguiente, se añadan aproximadamente dos meses al plazo para la aplicación.37 No veo ninguna referencia al "receso estival" en el ESD. Ni tampoco el Canadá me ha indicado disposiciones legales o de la Política Reglamentaria sobre tal "receso estival". Este argumento del Canadá carece de trascendencia. Aparte de eso, me parece que el Canadá ha presentado pocas justificaciones adicionales y persuasivas de la idea de que se necesitará mucho más tiempo que unas pocas semanas a partir del momento en que finalice el período de publicación previa, exigido por ley, para completar la aplicación. Además, no tengo conocimiento de las etapas adicionales que pueda exigir la legislación canadiense, o imponer de algún modo la Política Reglamentaria, para que pueda completarse la aplicación, y el Canadá tampoco ha indicado que existan tales etapas.
63.
Las dependencias administrativas, cuando así lo quieren, y cuando disponen por ley de la suficiente capacidad discrecional, pueden actuar, según los términos del ESD, "con prontitud". En el expediente del presente procedimiento hay pruebas de que las dependencias administrativas del Canadá han actuado con rapidez en casos en los que se sabía que estaban en peligro derechos de propiedad intelectual.39 En mi opinión, el compromiso ofrecido por el Canadá al OSD de cumplir plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD en el presente caso y, cumplir de este modo las obligaciones internacionales que corresponden al Canadá como Miembro de la OMC, debe dar origen a una urgencia comparable, sino igual, por su parte. Sean cuales sean sus desacuerdos sobre el "plazo prudencial" para la aplicación en la presente diferencia, no cabe duda de que el Canadá y las Comunidades Europeas estarán de acuerdo sobre este punto: el deseo de un Miembro de la OMC de cumplir las obligaciones internacionales que le impone el Acuerdo sobre la OMC debe motivar, en el ámbito interno, un cierto grado de diligencia.

IV. LAUDO ARBITRAL

64.
Determino que el plazo prudencial para que el Canadá aplique las recomendaciones y resoluciones del OSD en este caso es de seis meses contados desde la fecha de adopción por el OSD del informe del Grupo Especial, el 7 de abril de 2000. Por tanto, el plazo prudencial finalizará el 7 de octubre de 2000.

Firmado en el original, en Ginebra, en el día de hoy, 11 de agosto de 2000, por:

James Bacchus

Árbitro

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