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Laudo

TABLA DE ABREVIACIONES

ADET Índice de análisis de disponibilidad efectiva de transporte
AIPK Ajuste del Ingreso por Pasajeros/Kilómetro
Alsacia Inversiones Alsacia S.A.
Artículos REHII Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos
Audiencia Audiencia sobre jurisdicción y fondo del 11 al 16 de abril de 2019, celebrada en el International Dispute Resolution Centre, en Londres
Borrador de Artículos CVDT Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries (1966)
Brattle Expertos de cuantificación de los Demandantes, Prof. James Dow y Sr. Richard Caldwell de The Brattle Group
Brattle IP I Primer Informe Pericial de Brattle del 9 de febrero de 2018
Brattle IP II Segundo Informe Pericial de Brattle del 24 de octubre de 2018
Brattle IP III Tercer Informe Pericial de Brattle del 24 de octubre de 2018 (Respuesta a PwC)
BRT & Transconsult Los expertos de transporte de los Demandantes, señores Walter Hook y Annie Weinstock de BRT Planning International, LLC, y señores Angélica Castro y Andrés López de Transconsult S.A.
BRT & Transconsult IP I Primer Informe Pericial de BRT & Transconsult del 9 de febrero de 2018
BRT & Transconsult IP II Segundo Informe Pericial de BRT & Transconsult del 23 de octubre de 2018
BRT & Transconsult IP III Tercer Informe Pericial de BRT & Transconsult del 30 de marzo de 2020
Carlos Rios DT I Primera Declaración Testimonial del Sr. Carlos Mario Rios Velilla del 9 de febrero de 2018
Carlos Rios DT II Segunda Declaración Testimonial Sr. Carlos Mario Rios Velilla del 19 de octubre de 2018
CDI Comisión de Derecho Internacional
CGTS Coordinación General de Transportes de Santiago
CLP Pesos Chilenos
CMB Centro de Monitoreo de Buses
Compañías Alsacia y Express
Conseguros Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Contestación Memorial de Contestación del 13 de junio de 2018
Contraloría Contraloría General de la República
Contratos de Concesión Iniciales o Primeros Contratos Contratos de concesión de uso de vías de la ciudad de Santiago para la prestación de servicios urbanos de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses, suscritos entre Alsacia, Express y el MTT el 28 de enero de 2005
CVDT Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Dda-Comentarios al MCC Comentarios de la Demandada al MCC del 15 de mayo de 2020
Dda-DC Declaración de Costos de la Demandada del 29 de julio de 2019
Dda-EPA Escrito Post-Audiencia de la Demandada del 28 de junio de 2019
Demanda Memorial de Demanda del 9 de febrero de 2018
Demandada, Chile o el Estado República de Chile
Demandantes o Hermanos Rios Carlos Mario Rios Velilla y Francisco Javier Rios Velilla
DT Declaración Testimonial
Dtes-Comentarios al MCC Comentarios de los Demandantes al MCC del 15 de mayo de 2020
Dtes-DC Declaración de Costos de los Demandantes del 29 de julio de 2019
Dtes-EPA Escrito Post-Audiencia de los Demandantes del 28 de junio de 2019
DTPM Directorio de Transporte Público Metropolitano
Dúplica Dúplica sobe el Fondo y Objeciones Preliminares del 28 de enero de 2019
Dúplica OP Dúplica sobre Objeciones Preliminares del 23 de marzo de 2019
Express Express de Santiago Uno S.A.
Fecha Límite 26 de febrero de 2014
Ferrer DT I Primera Declaración Testimonial del Sr. José Manuel Ferrer Fernández del 9 de febrero de 2018
Ferrer DT II Segunda Declaración Testimonial del Sr. José Manuel Ferrer Fernández del 19 de octubre de 2018
Gómez-Lobo DT I Primera Declaración Testimonial del Sr. Andrés Gómez-Lobo Echenique del 7 de junio de 2019
Gómez-Lobo DT II Segunda Declaración Testimonial del Sr. Andrés Gómez-Lobo Echenique del 16 de enero de 2019
ICA Índice de calidad de atención
ICF Índice de cumplimiento de frecuencia
ICR Índice de cumplimiento de regularidad
ICT Índice de cumplimiento de la capacidad de transporte
ICV Índice de calidad de los vehículos
IFO Índice de flota en operación
Ilícito compuesto Acto internacionalmente ilícito de carácter compuesto
Ilícito continuo Acto internacionalmente ilícito de carácter continuo
Ilícito simple o completo Acto internacionalmente ilícito de carácter simple o completo
Intendencia Intendencia Metropolitana de Santiago
IP Informe Pericial
IPK Relación o razón oferta-demanda
km Kilómetro comercial según el Programa de Operación
Ley 20,504 Ley No. 20,504 de 17 de marzo de 2011
Licitación 2017 Licitación pública para la concesión de uso de las vías de las Unidades de Negocio No. 1, 4 y 6 a 9, cuyas bases fueron definidas mediante la Resolución No. 15 del 2 de junio de 2017
Mac Allister DT I Primera Declaración Testimonial del Sr. Edgar Moisés Mac Allister Braydy del 9 de febrero de 2018
Mac Allister DT II Segunda Declaración Testimonial del Sr. Edgar Moisés Mac Allister Braydy del 19 de octubre de 2018
Manual de Situaciones Exógenas Manual para el Tratamiento de los Indicadores de Cumplimiento ante Situaciones Exógenas a la Operación
MCC Modelo Conjunto de Cuantificación
Memo Conjunto MCC Memorando conjunto de los expertos de cuantificación comentando el MCC, del 24 de abril de 2020
Metbus o Metropolitana Buses Metropolitana S.A.
MTT Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Muñoz Senda DT I Primera Declaración Testimonial del Sr. Guillermo Muñoz Senda del 8 de junio de 2018
Muñoz Senda DT II Segunda Declaración Testimonial del Sr. Guillermo Muñoz Senda del 23 de enero de 2019
Nuevos Contratos de Concesión o Contratos Nuevos contratos para la concesión de uso de vías de la ciudad de Santiago para la prestación de servicios urbanos de transporte público remunerado de pasajeros
  mediante buses, suscritos entre Alsacia, Express y el MTT el 21 y 22 de diciembre de 2011, respectivamente
Operadores o Concesionarios Alsacia, Express, Vule, Subus, Metbus, Redbus y STP
Pérez Gómez DT I Primera Declaración Testimonial del Sr. Patricio Pérez Gómez del 7 de junio de 2018
Pérez Gómez DT II Segunda Declaración Testimonial del Sr. Patricio Pérez Gómez del 23 de enero de 2019
PK Pago por kilómetro recorrido
Plan Integral Contra la Evasión o Plan Integral Plan de Trabajo Integral Contra la Evasión, abril de 2017
Plan Maestro Plan Maestro de Infraestructura 2011-2015, adoptado mediante la Resolución Exenta No. 1963 del 30 junio 2011 del MTT
PO Programas de Operación
POB Programa de Operación Básico
POE Planes de Operación Especiales
PPT Pago por pasajero transportado
Promesa de Compraventa Promesa de Compraventa y Cesión de Contratos de Arrendamiento entre Inversiones Alsacia S.A. y otros, a Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., 21 de febrero de 2020
Propuesta de Laudo Propuesta de laudo comunicada a las Partes el 15 de septiembre de 2020 de conformidad con el Artículo 9.20.9 del TLC
Protocolo contra la Evasión, Protocolo Anti-Evasión o Protocolo Protocolo de Acciones Relativas a la Evasión para el Sistema de Transporte Público de Santiago, abril de 2017
Proyecto de Ley Proyecto de ley presentado en julio de 2010 que culminaría con la expedición de la Ley 20,504
PSP Protección y Seguridad Plenas
Redbus Redbus Urbano S.A.
Réplica Réplica sobre el Fondo y Contestación sobre Objeciones Preliminares del 24 de octubre de 2018
RP10 Resolución Procesal No. 10 del 9 de octubre de 2019
Santín Transportes Santín y Cia. Ltda.
Solicitud de Arbitraje Solicitud de Arbitraje del 26 de mayo de 2017
SSP Servicio-sentido-periodo
STP Servicio de Transporte de Personas Santiago S.A.
Subus Subus Chile S.A.
TDLC Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
TIR Tasa Interna de Retorno
TJE Trato Justo y Equitativo
TLC o Tratado Acuerdo de Libre Comercio suscrito por la República de Colombia y la República de Chile el 27 de noviembre de 2006
TNMF Trato no Menos Favorable
Tr. (Día [X]) Pág:Linea Transcripción oficial de la Audiencia
Transanber Transportes, Inversiones, Inmobiliaria y Servicios Transanber S.A.
Transantiago Sistema de Transporte Publico Remunerado de Pasajeros de la Ciudad de Santiago
UF Unidades de Fomento
Versant Los expertos de cuantificación de la Demandada, señores Matthew Shopp y Kiran Sequeira de Versant Partners
Versant IP I Primer Informe Pericial de Versant del 13 de junio de 2018
Versant IP II Segundo Informe Pericial de Versant del 28 de enero de 2019
Vule Buses Vule S.A.
W&S IP I Primer Informe Pericial de W&S del 13 de junio de 2018
W&S IP II Segundo Informe Pericial de W&S del 24 de enero de 2019
W&S IP III Tercer Informe Pericial de W&S del 24 de abril de 2020
W&S o Willumsen y Silva Los expertos de cuantificación de Chile, señores Luis Willumsen y Hugo Silva

I. INTRODUCCIÓN

A. Las Partes

1. Los Demandantes

1.
Los Demandantes son los señores Carlos Mario Rios Velilla y Francisco Javier Rios Velilla ("Demandantes" o "Hermanos Rios"), nacionales colombianos y accionistas mayoritarios en las empresas chilenas Inversiones Alsacia S.A. ("Alsacia") y Express de Santiago Uno S.A. ("Express").
2.
Incorporadas en 2004, Alsacia y Express (de manera conjunta, las "Compañías") eran empresas concesionarias operadoras del servicio de transporte público mediante bus del Sistema de Transporte Publico Remunerado de Pasajeros de la Ciudad de Santiago de Chile ("Transantiago").
3.
Los Demandantes son representados en el presente arbitraje por:

Sr. Eduardo Silva Romero
Sr. José Manuel García Represa
Sra. Erica Stein
Sra. Audrey Caminades

DECHERT LLP (Paris)
32, rue de Monceau
75008 París
Francia
Tel. +33 1 57 57 80 80
E-mail:extalsacia-external@dechert.com

2. La Demandada

4.
La Demandada es la República de Chile ("Demandada" o "Chile"), la cual es representada en el presente arbitraje por:

Sr. Paolo Di Rosa
Sr. Patricio Grané Labat
Sra. Gaela Gehring Flores

ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP
601 Massachusetts Avenue NW
Washington, DC 20001
EE.UU.
Tel: +1 202 942 5060

Tower 42
25 Old Broad Street
Londres EC2N 1HQ
Reino Unido
Tel: +44 (0)20 7786 6174

E-mail: paolo.dirosa@apks.com
patricio.grane@arnoldporter.com
gaela.gehringflores@arnoldporter.com
xChileRios@arnoldporter.com

Sra. Carolina Valdivia Torres
Subsecretaria de Relaciones Exteriores

Sr. Rodrigo Yáñez Benítez
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales

Sra. Mairée Uran Bidegain
Sr. Pablo Nilo Donoso
Sra. Macarena Rodríguez
Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, Santiago, Chile
Código Postal: 8340650

Email: cvaldiviat@minrel.gob.cl
ryanez@subrei.gob.cl
muranb@subrei.gob.cl
pnilo@subrei.gob.cl
mrodriguez@subrei.gob.cl

5.
Los Demandantes y la Demandada son referidos conjuntamente como las "Partes".

B. El Tribunal

6.
El Tribunal fue constituido el 6 de diciembre de 2017 de conformidad con el Artículo 37(2)(a) del Convenio del CIADI, y está integrado por la Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler, de nacionalidad suiza, designada por acuerdo de las Partes, el Sr. Oscar M. Garibaldi, de nacionalidad argentina y estadounidense, designado por los Demandantes, y la Prof. Brigitte Stern, de nacionalidad francesa, designada por la Demandada. Los datos de contacto de los Miembros del Tribunal son los siguientes:

Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler (Presidente)
LEVY KAUFMANN-KOHLER
3-5, rue du Conseil-Général
P.O. Box 552
1211 Geneva 4
Switzerland
Tel.: +41 22 809 62 00
Email: gabrielle.kaufmann-kohler@lk-k.com

Sr. Oscar M. Garibaldi (Árbitro)
809 Wincrest Place
Great Falls 22066
Estados Unidos de América
Tel. +1 202 352 1819
Email: ogaribaldi@garibaldiarbitrator.com

Prof. Brigitte Stern (Árbitro)
7, rue Pierre Nicole
Code A1672
75005 Paris
Francia
Tel. + 33 1 40 46 93 79
E-mail: brigitte.stern@jstern.org

7.
Con el consentimiento de las Partes, el Tribunal nombró a la Sra. Sabina Sacco y al Sr. Lukas Montoya, ambos abogados de la firma de la Presidente como Asistentes del Tribunal. El nombramiento de dos Asistentes fue hecho a solicitud de las Partes, las cuales trajeron a colación que, en virtud de la nacionalidad de la Sra. Sacco (chilena) y el Sr. Montoya (colombiano), resultaría pertinente el nombramiento de ambos, en vez de uno o el otro. El curriculum vitae y la declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad de cada Asistente fueron debidamente circulados a las Partes. Las tareas asignadas a los Asistentes se encuentran listadas en la comunicación del Secretariado del CIADI del 22 de diciembre de 2017.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

A. Sistema de Transantiago

8.
El Transantiago es un sistema de transporte público de pago integrado que opera en el área metropolitana de la ciudad de Santiago de Chile y que consiste en tres servicios principales: Metro, Metro-tren y bus. Los pasajeros pueden hacer uso de cualquiera de estos servicios a través de la recarga y validación de la tarjeta Bip!.1
9.
Las Compañías y cinco otras empresas prestan el servicio de transporte público mediante bus del Transantiago. Estas otras empresas son Buses Vule S.A. ("Vule"), Subus Chile S.A. ("Subus"), Buses Metropolitana S.A. ("Metbus" o "Metropolitana"), Redbus Urbano S.A. ("Redbus") y Servicio de Transporte de Personas Santiago S.A. ("STP"). Las Compañías y estas cinco otras empresas son referidas conjuntamente como los "Operadores" o los "Concesionarios".

B. Contratos de Concesión Iniciales

10.
El 28 de enero de 2005, las Compañías y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile ("MTT") suscribieron contratos de concesión para la prestación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses (los "Contratos de Concesión Iniciales" o "Primeros Contratos").2 Estos Primeros Contratos abarcaban el periodo inicial del Transantiago y se caracterizaban, entre otros elementos, por una remuneración que aseguraba a los Concesionarios el 95% de sus ingresos (independientemente del número de pasajeros transportados), dejando sólo un 5% de dichos ingresos expuesto al riesgo de la demanda real del sistema.3
11.
Las Partes concuerdan en que, bajo el esquema de compensación de los Contratos de Concesión Iniciales (el cual carecía de incentivos que propendiesen a mejorar la calidad de los servicios y una adecuada satisfacción de las necesidades de los usuarios),4 los primeros años del Transantiago fueron caóticos. Chile reconoce que el lanzamiento del Transantiago en 2005 "fue un error porque no estaban dadas las condiciones para que el sistema funcionara como se había previsto".5 Entre otras causales, tales como el indebido diseño del sistema,6 Chile hace referencia al surgimiento de obstáculos que "dificultaron la obtención de los recursos necesarios para financiar" las obras de infraestructura necesarias para la adecuada operación del Transantiago.7
12.
Sin embargo, no está en disputa que, entre los años 2008 y 2011, "las deficiencias y limitaciones del diseño original del sistema" se fueron "normalizando, hasta el punto [de alcanzar] estándares internacionales".8
13.
Los Contratos de Concesión Iniciales no son objeto de reclamación por parte de los Demandantes en este arbitraje.

C. Terminación de los Contratos de Concesión Iniciales y conclusión de los NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN

14.
El 28 de julio de 2010, el entonces Presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó ante el Senado un proyecto de ley sobre el régimen de transporte público concesionado ("Proyecto de Ley"). El mensaje de transmisión explicaba lo siguiente:

[Las] profundas deficiencias [del Transantiago], responsabilidad de quienes diseñaron y pusieron en marcha el sistema, exigen la revisión de las normas a las cuales actualmente se encuentra sujeta [s/c] el sistema de transporte público en [Chile], con el objeto de establecer un marco jurídico que permita contar con un servicio de calidad, disponiendo el Estado de las herramientas necesarias para tal objeto y asegurando que los operadores del sistema actúen dentro de un marco objetivo que reconozca como núcleo central el interés público, creando las condiciones que incentiven su participación sobre la base de un régimen que otorga seguridad, certeza y garantía de sus derechos.

[...]

Conforme a lo expuesto anteriormente, este proyecto de ley tiene como idea matriz o fundamental establecer una serie de modificaciones al marco jurídico del transporte público remunerado de pasajeros, que permitan al Estado contar con las herramientas adecuadas para una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados, con el objeto de garantizar una prestación con un alto estándar de calidad y, al mismo tiempo, disponer de los instrumentos jurídicos adecuados que le permitan enfrentar en forma oportuna las contingencias que impidan la correcta marcha y prestación del servicio actual. Todo lo anterior, equilibrando por un lado las necesidades de los usuarios y por otro los derechos de los concesionarios.9

15.
Reconociendo que los Contratos de Concesión Iniciales "no contempla[ban] la posibilidad de término anticipado", y que por el contrario "vence[rían] entre el año 2018 y 2024 dependiendo de si los Operadores decid[ieran] extender el plazo",10 el Proyecto de Ley previó "faculta[r] al Estado", a través del MTT, para "ponerles término en forma unilateral" a los Contratos de Concesión Iniciales.11
16.
El 17 de marzo de 2011, el Congreso Nacional de Chile adoptó la Ley No. 20,504, mediante la cual se modificó el régimen jurídico del transporte público concesionado ("Ley 20,504") y se introdujeron, entre otras, las siguientes medidas:

i. Se estableció que "el transporte nacional remunerado de pasajeros prestado en el marco de un contrato de concesión [...] tendrá por finalidad satisfacer el interés público y deberá propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad", además de "garantiza[r] la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios de transportes".12

ii. Se habilitó tanto al Presidente de la República como al MTT para dar término anticipado a los Contratos de Concesión Iniciales de exigirlo así el "interés nacional y por causa de utilidad pública".13 A dichos efectos, el MTT y los Concesionarios debían "acordar el monto de la indemnización por el término anticipado de [los Contratos de Concesión Iniciales]".14 Se aclaró igualmente que la terminación anticipada y el monto de la indemnización podrían ser objeto de recursos de legalidad e impugnación ante los tribunales chilenos.15

iii. Se declaró que "los bienes afectos a la concesión estarán constituidos por aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación básica de los servicios entregados en concesión", independientemente de que éstos "sean objeto de enajenación, transferencia o gravamen, salvo que sean desafectados [como bienes afectos a la concesión]" a través de un procedimiento administrativo específico.16

17.
En virtud de la Ley 20,504, el MTT y los Concesionarios adelantaron un proceso de replanteamiento de los Contratos de Concesión Iniciales, con el "objetivo principal" de "mejorar el sistema actual de transporte público en Santiago".17 Este proceso contempló la concreción de "objetivos específicos", tales como la reducción del "déficit del sistema", el mejoramiento de la "calidad del servicio", y la generación de "un negocio rentable para privados con incentivos alineados correctamente".18
18.
El MTT propuso una negociación en tres etapas, las cuales se llevaron a cabo entre marzo y diciembre de 2011:19 en primer lugar, "analizar y cuantificar propuestas de mejora [del sistema de transporte] en orden a los objetivos específicos"; en segundo lugar, definir la "estructura contractual universal" para los "nuevos contratos" que entrarían a regir el sistema de transporte; en tercer lugar, y "en base a parámetros variables de negociación con cada operador", "concluir un nuevo contrato que dé término" a los Contratos de Concesión Iniciales.20
19.
Durante el proceso de negociación, las Compañías manifestaron su interés al MTT por que les fuesen adjudicadas nuevas concesiones de uso de vías, en particular, aquellas comprendidas en las Unidades de Negocio No. 1 y 4 (operadas ya por las Compañías al amparo de los Contratos de Concesión Iniciales) y, además, la Unidad de Negocio Alimentadora No. 4, Zona D.21
20.
El 21 y 22 de diciembre de 2011, las Compañías suscribieron con el MTT acuerdos de terminación respecto de los Contratos de Concesión Iniciales ("Acuerdos de Terminación"),22 así como los nuevos contratos para la concesión de uso de vías de la ciudad de Santiago para la prestación de servicios urbanos de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses ("Nuevos Contratos de Concesión" o los "Contratos").23
21.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 20,504 en materia de indemnización,24 los Acuerdos de Terminación explicitaron que Alsacia recibiría 9,090,242,611 pesos chilenos ("CLP")25 y Express 1,321,469,21 Unidades de Fomento ("UF"),26 por concepto de terminación anticipada de los Contratos de Concesión Iniciales. Asimismo, a través de los Acuerdos de Terminación, las Compañías y el MTT convinieron lo siguiente:

i. Que los Acuerdos de Terminación contenían los "mecanismos adecuados y suficientes" para "mantener y posibilitar la continuidad y eficiencia" del servicio público de transporte y para "establecer ciertas condiciones de operación" que le permitiría a las Compañías "atender los servicios comprometidos, garantizando de esa forma la satisfacción del interés público real y concreto, sin menoscabo económico o patrimonial alguno" para las Compañías".27

ii. Que la indemnización ofrecida por la terminación unilateral constituía una "cantidad única" que comprendía "todos los derechos y obligaciones" que existieren en virtud de los Contratos de Concesión Iniciales.28

iii. Que una vez pagada dicha indemnización, "los derechos y obligaciones" que emanaban de [los Contratos de Concesión Iniciales se "extinguir[ían]29 y, como tal, las Compañías "renuncia[ban]" a ejercer "cualquier acción o reclamación" en sede "judicial o administrativa", tanto respecto del "Estado de Chile", del MTT, como del "Sistema de Transporte Público" de Santiago.30

22.
No está en disputa que los montos de indemnización acordados han sido efectivamente pagados a las Compañías. Tampoco está en disputa que las Compañías no han pretendido ni pretenden que se declare la ilegalidad de la terminación anticipada de los Contratos de Concesión Iniciales ni cuestionan los montos de indemnización percibidos por dicha terminación.
23.
Por medio de los Nuevos Contratos de Concesión, las Compañías obtuvieron la concesión de los ítems sobre los cuales manifestaron interés.31 A Alsacia le fue adjudicada la Unidad de Negocio No. 1, la cual comprendía 35 servicios de ruta.32 A Express le fue adjudicada la Unidad de Negocio No. 4, que comprendía 59 servicios de ruta, incluyendo aquellos correspondientes a la Zona D.33
24.
Los Nuevos Contratos de Concesión entraron en vigor el 1 de mayo de 2012.34 Alsacia y Express operaron al amparo de los Contratos hasta octubre de 2018 y junio de 2019, respectivamente.35

D. Estructura de remuneración de los Nuevos Contratos de Concesión

25.
A diferencia de los Contratos de Concesión Iniciales, los Nuevos Contratos de Concesión introdujeron un esquema de remuneración principalmente variable. Dicho esquema se veía determinado en gran parte por el número de pasajeros que validasen su pasaje, los kilómetros recorridos, la aplicación de ciertos índices contractuales y el cumplimiento de ciertos indicadores de servicio, en función de la siguiente fórmula:36

Y= PPT x q + PK x [km + 0.33 x (kma + kme)] x ICT - Descuentos + Otros

Donde:

Y Total de ingresos
PPT Pago por pasajero transportado
Q Transacciones con derecho a pago (a saber, pasajeros validados)
PK Pago por kilómetro recorrido
Km Kilómetros comerciales (según el Programa de Operación)
kma + kme Pago adicional por los kilómetros comerciales de servicios especiales y de apoyo de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 de los Contratos de Concesión Iniciales
ICT Índice de cumplimiento de la capacidad de transporte (ratio de plazas-kilómetro entregadas contra las plazas-kilómetro previstas en el Programa de Operación)
Descuentos Eventuales descuentos y multas por incumplimiento de indicadores de calidad en el servicio
Otros Pagos y ajustes adicionales al pago por pasajero validado y kilómetros recorridos

26.
Respecto de los principales elementos de esta fórmula de remuneración, cabe resaltar lo siguiente:

i. Ingresos por pasajeros validados. El monto a pagar por este concepto se calculaba multiplicando q por el PPT. Si bien el PPT consistía inicialmente en un valor fijo,37 era ajustable mediante dos mecanismos. En primer lugar, el PPT se ajustaría mensualmente a través del Mecanismo de Ajuste por Costos ("MAC"), el cual se basaba "en la aplicación de un vector de indexación de costos" (considerando la variación en el costo de la mano de obra, el precio del combustible, y el valor del dólar observado, entre otros factores) y el Índice de Precios al Consumidor.38

En segundo lugar, el PPT era ajustable a través de "revisiones programadas" y "revisiones excepcionales".39 Las revisiones programadas ocurrían cada dos años y requerían la evaluación de siete "aspectos susceptibles de revisión": la relación oferta-demanda ("IPK"), posibles cambios normativos, cambios en los estándares de calidad, modificación de los componentes del MAC, ciertos aumentos en la flota, y la ampliación o incorporación de líneas de Metro u otros modos de transporte público.40 En cambio, las revisiones excepcionales eran procedentes cuando se constatara "fundadamente que se [habían] producido cambios relevantes" en dos de los siete aspectos susceptibles de revisión en las revisiones programadas, siempre que éstos fuesen "de tal envergadura o intensidad que [requirieran] de una impostergable revisión".41 Estos cambios se definieron como "cambios normativos que [afectasen] de forma relevante las variables principales del negocio", o la "ampliación o incorporación de nuevas líneas de Metro u otros medios de transporte público, que [modificasen] de forma importante la estructura de viajes de los usuarios" del sistema de transporte.42

ii. Ingresos por kilómetros efectivamente recorridos. El monto a pagar por este concepto se calculaba multiplicando los kilómetros comerciales (km) según lo dispuesto en el Programa de Operación de las Compañías ("PO") por el PK correspondiente, ajustado por el ICT (el cual medía la variación entre el km y los kilómetros realmente recorridos). Los POs iniciales fueron definidos conjuntamente con el MTT.43 A partir de este momento, era responsabilidad "exclusiva" de las Compañías "elaborar y presentar" semestralmente una propuesta de PO ("fundada en la calidad del servicio al usuario" y "factible de ejecutar operacionalmente"), para que ésta fuese o no aprobada por el MTT, a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano ("DTPM").44

El DTPM es una entidad administrativa que tiene como función particular coordinar y monitorear las acciones, programas y medidas tendientes a gestionar el transporte público de Santiago.45 El DTPM se encuentra compuesto por las siguientes autoridades: (i) el MTT; (ii) el Ministro de Vivienda y Urbanismo; (iii) el Ministro de Obras Públicas; y (iv) el Intendente de la Región Metropolitana. Participan en calidad de invitados permanentes: (i) el Subsecretario de Transportes; (ii) el Subsecretario de Bienes Nacionales; y (iii) el Secretario Ejecutivo de SECTRA (un organismo técnico de la Subsecretaría de Transporte del MTT, especializado en planificación de transporte).46

iii. Descuentos y multas. Los posibles descuentos aplicables al total de ingresos por pasajeros validados se regulaban por medio del Anexo 6 de los Nuevos Contratos de Concesión. Dichos descuentos operaban en el evento de incumplirse ciertos indicadores de calidad del servicio. Estos indicadores eran los índices de: (i) cumplimiento de frecuencia ("ICF");47 (ii) cumplimiento de regularidad ("ICR");48 (iii) flota en operación ("IFO");49 (iv) análisis de disponibilidad efectiva de transporte (ADET);50 (v) calidad de atención al usuario ("ICA");51 y (vi) calidad de los vehículos ("ICV").52

El Anexo 7 de los Nuevos Contratos de Concesión a su vez preveía la imposición de multas y prescribía en detalle el rango, los montos máximos, y las condiciones de éstas.53

iv. Otros pagos y ajustes. Los Nuevos Contratos de Concesión contemplaban pagos adicionales a los ingresos por pasajeros validados y kilómetros recorridos, tales como:54 (i) pagos por el uso de vías tarificadas (es decir, sujetas a peaje); (ii) pagos por el uso de otra infraestructura concesionada; (iii) pagos como incentivo al buen desempeño operacional; y (iv) pagos correspondientes al ajuste del ingreso por pasajeros/kilómetro ("AIPK"). Este último ajuste pretendía mitigar el riesgo de posibles variaciones en la demanda proyectada,55 al limitar la plena asunción de riesgo por el exceso o déficit de demanda a una variación del 3%.56

E. Solicitudes de incremento y renovación de flota

27.
Los Nuevos Contratos de Concesión definían tres tipos de flota: la Flota Operativa, la Flota de Reserva y la Flota Auxiliar.
28.
La Flota Operativa correspondía "al conjunto de buses suficientes para operar los servicios considerados en el Programa de Operación".57 En cambio, la Flota de Reserva correspondía a los "buses adicionales" que los Concesionarios debían tener con el "propósito" de "reemplazar" los buses de la Flota Operativa cuando alguno de éstos no se encontrara en condiciones de prestar los servicios contratados.58 Si bien los Concesionarios debían definir el "tamaño" de la Flota Operativa de Reserva "de acuerdo a sus requerimientos", ésta debía corresponder, como mínimo al 4% de la Flota Operativa.59 Cualquier aumento por sobre dicho mínimo debía contar la autorización del DTPM.60 A su vez, la Flota Auxiliar correspondía al conjunto de buses que los Concesionarios podían tener "a su entero costo" además de la Flota Operativa y la Flota de Reserva, para prestar los "servicios adicionales" definidos en el Programa de Operación, o realizar "reemplazos" de los buses de la Flota Operativa, en caso de que los buses de la Flota de Reserva "no resultasen suficientes".61
29.
Los Contratos establecían que "al menos una vez al año", los Concesionarios y el Ministerio "realizarán una revisión conjunta" de los "requerimientos de la flota y plazas". En dicha revisión debía determinarse si eran necesarios cambios en la Flota Operativa y/o de Reserva, bien sea por el fin de la "vida útil" de ciertos buses, o por requerirse el aumento o la reducción de la flota.62 La "revisión anual mínima" no era óbice para que se dieran "otras instancias de revisión [...] acordadas entre las partes".63
30.
Las Partes concuerdan en que, desde el 2011 hasta el 2013, se llevaron a cabo procesos de revisión de flota "eficiente[s] y equitativ[os]" respecto de todos los Operadores de bus del Transantiago.64 En particular, en 2013, a solicitud de Chile,65 las Compañías aumentaron su Flota Operativa, lo que acarreó un incremento de su Flota de Reserva.66 En consecuencia, el PPT de las Compañías también fue incrementado.67
31.
El 4 de febrero de 2014, por fuera de la revisión mínima anual, Alsacia solicitó al DTPM autorización para incorporar a su Flota de Reserva buses nuevos y reacondicionados. Según Alsacia, este incremento era necesario toda vez que su "flota total" se componía de buses que, en promedio, eran del año 2006, y en donde un 55% era del año 2005. Al momento de presentar la solicitud, Alsacia contaba con una Flota Operativa de 685 buses y una Flota de Reserva de 50 buses (a saber, una Flota de Reserva de 7.3% de la Flota Operativa).68
32.
El 4 de marzo de 2014, el DTPM rechazó la solicitud de Alsacia. Según el DTPM, dado que la Flota de Reserva de Alsacia excedía el 4% mínimo requerido por los Nuevos Contratos de Concesión y se encontraba "por sobre el promedio del sistema", no era "procedente" autorizar al aumento de la Flota de Reserva. El DTPM, sin embargo, invitó a Alsacia a considerar la incorporación de los buses solicitados como parte de la Flota Auxiliar.69
33.
El 6 de octubre de 2014, las Compañías solicitaron conjuntamente al DTPM el aumento de sus Flotas de Reserva "en no menos de 50 nuevos buses" para poder "dar cumplimiento al Plan de Operación".70 Según las Compañías, el incremento se hacía necesario en vista de "la antigüedad de cerca del 60%" de su flota que, "a diferencia de la flota de la mayoría de los operadores del Sistema", prestaba servicios desde el año 2005, lo que resultaba en una "capacidad operacional [...] significativamente inferior" (y a su vez implicaba una "asimetría en el nivel de indicadores operacionales"), con el "consecuente impacto en descuentos bajo el contrato de concesión".71 Así, "debido al aumento en la tasa media de fallas para esta flota", tanto el "tiempo promedio" que se requería para "hacer el mantenimiento preventivo adecuado", como el número de buses que debían ser "detenidos" a dichos efectos, era mayor.72 Las Compañías resaltaron igualmente que los anteriores problemas se veían "incrementados" por la "falta de la infraestructura vial comprometida al inicio del Plan Transantiago", la resultante "baja en las velocidades de circulación" y "por el siempre presente vandalismo".73
34.
El 6 de noviembre de 2014, el DTPM negó nuevamente la solicitud de las Compañías.74 En primer lugar, el DTPM reiteró que el incremento solicitado por las Compañías resultaría en una Flota de Reserva de Alsacia y Express del 10.2% y 6.57% (en relación con la Flota Operativa) respectivamente, lo que excedía el mínimo de 4% requerido por los Nuevos Contratos de Concesión.75 En segundo lugar, el DTPM recalcó que, según la solicitud de las Compañías, las "eventuales necesidades detectadas" se "fundab[an] en consideraciones relativas a la eficiencia y estado de algunos de sus buses". Por lo tanto, dichas necesidades podrían ser cubiertas "mediante el mecanismo de reemplazo" establecido en el Anexo 4 de los Contratos,76 el cual no conlleva a "realizar ajustes en los pagos al concesionario".77 No obstante, el DTPM una vez más invitó a las Compañías a "considerar la alternativa" de incorporar los buses solicitados como parte de la Flota Auxiliar.
35.
El 9 de diciembre de 2014, Alsacia y Express solicitaron al DTPM la renovación anticipada de "1,100 buses del año 2005 y 2006", que según las Compañías era "imprescindible para cumplir adecuadamente con los exigentes estándares de calidad de servicio".78 Las Compañías indicaron que esta solicitud no pretendía un aumento del PPT, pero aclararon que, a efectos de "afrontar el pago de la flota nueva", la propuesta de renovación estaba sujeta a la extensión del plazo de ejecución de los Nuevos Contactos de Concesión.79
36.
Es claro que la solicitud de renovación nunca fue otorgada por el DTPM. Sin embargo, las Partes están en desacuerdo sobre si el DTPM dio respuesta formal a la solicitud de las Compañías, así como sobre el fundamento y contenido de dicha presunta respuesta.80
37.
El 22 de mayo de 2015, Alsacia y Express solicitaron al DTPM la apertura del proceso anual de revisión de la Flota Operativa y de Reserva.81 Según las Compañías, la iniciación de dicha instancia contractualmente prevista respondía a la necesidad de "atender" la "compleja situación de falta de factibilidad técnica" de los PO, impidiéndoles "cumplir con los niveles de calidad de servicio" exigidos por los Nuevos Contratos de Concesión.82
38.
El 11 de junio de 2015, el DTPM informó a las Compañías de la apertura del proceso de revisión anual de flota, así como de la constitución de una Mesa Técnica para evaluar la solicitud de las Compañías.83
39.
El 6 de octubre de 2015, el DTPM le informó a las Compañías la propuesta de cierre de la Mesa Técnica.84 La Mesa Técnica estimó que, en un "escenario teórico", las Compañías podrían requerir un aumento de flota de 133 buses (49 para Alsacia y 84 para Express), según el cuadro siguiente:85

Tabla resumen de escenarios
Escenario Modelo Regulación Tipo de Bus Flota U1 Flota U4 Total
Base (actual)--PO 685 1,186 1,871
Escenar io Teórico Itinerario Factible (Heurística) Velocidades Teóricas Mixto 12/30 minPO (siguiendo movimiento lógico de buses) 734 1,270 2,004
+49 (+7,2%)+84 (+7,1%)+133 (+7,1%) Diferencia respecto al caso base

40.
No obstante, la Mesa Técnica aclaró que, en función de la detección de "movimientos no comerciales contraintuitivos, aún podría haber ajustes menores en la estimación de flota". En este sentido, la Mesa Técnica consideró igualmente asuntos operacionales tales como la posible "disminución de frecuencia en sentidos menos cargados" en caso de que se requiriera el "posicionamiento de buses" en "periodos punta", e incluso "ajustes a la oferta especificada en el Plan de Operaciones" de las Compañías.86
41.
Sin perjuicio de las salvedades de la Mesa Técnica, las Compañías concurrieron con la "cifra de buses faltantes consignada en la conclusión" de la misma. En vista de ello, manifestaron su disposición para proceder con el respectivo aumento de la flota.87
42.
El 4 de mayo de 2016, el DTPM emitió las Resoluciones No. 2273 y 2274, mediante las cuales declaró el cierre de la Mesa Técnica de Revisión de Flota.88 En particular, el DTPM dispuso lo siguiente:

Así entonces, en conformidad a lo dispuesto por el Contrato de Concesión, considerando las conclusiones de la mesa [...], las presentaciones efectuadas a la fecha por [las Compañías], y las múltiples reuniones y comunicaciones sostenidas desde el segundo semestre del año 2015, mediante el presente oficio se cierra el proceso de revisión de flota, de acuerdo a las consideraciones que se exponen a continuación.

Considerando el análisis realizado, el cual da cuenta de una diferencia de [49 y 84 buses] entre la flota base actual y la flota requerida [por Alsacia y Express respectivamente] en el escenario teórico planteado en el proceso de revisión, como también, teniendo a la vista el nivel de cumplimiento de los estándares de servicio de [las Compañías], el interés público comprometido y la necesidad de asegurar la continuidad y adecuada cobertura de los servicios de transporte público, con un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos; este Ministerio ha determinado que los impactos de esta diferencia serán abordados mediante un plan de reducción progresiva del Programa de Operación de [las Compañías]. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la letra G. del Anexo 3 del Contrato de Concesión.89

43.
Por consiguiente, el DTPM especificó que el servicio 112-diurno de Alsacia, así como los servicios 424, 416E, D06 y D13 de Express, serían objeto de un "plan de reducción".90 Además aclaró que esta reducción se daría a través de una solicitud de modificación de los PO de las Compañías, lo que permitiría "reducir frecuencias en aquellos servicios en que dicha medida se justifique, procurando afectar lo menos posible los estándares" de los servicios en cuestión.91

F. Solicitudes paralelas de modificación de los Programas de Operación y EVENTUAL REASIGNACIÓN DE SERVICIOS A OTROS OPERADORES

44.
El 27 de febrero de 2015 (en paralelo con las solicitudes relativas al aumento de flota),92 las Compañías solicitaron la reducción de los PO para el primer semestre de 2015 "mediante la disminución de frecuencias".93 Las Compañías justificaron su solicitud en la presunta "imposibilidad" de ejecutar el PO con las velocidades requeridas y el número actual de flota, por lo que se requería "un número mayor de buses que los actuales" (solicitado en octubre de 2014 y posteriormente en mayo de 2015),94 "o la aprobación de la reducción solicitada".95
45.
El 9 de marzo de 2015, el DTPM rechazó la solicitud de reducción de frecuencias del PO con base en lo siguiente:

La reducción de oferta presentada no considera ajustes de velocidades, lo que estaría implicando una baja en la flota operativa, que no es sustentable.

La propuesta de ajuste de oferta no contempla un análisis de tasas de ocupación de los servicios, no considerando si es factible una baja de frecuencia que fundamente una disminución de flota.96

46.
El 19 de marzo de 2015, tras las Compañías haber subsanado las carencias identificadas por el DTPM el 9 de marzo de 2015, el DTPM aprobó una modificación al PO del primer semestre del 2015.97
47.
El 16 de febrero de 2016 (aún abierto el proceso de revisión anual de flota iniciado en mayo de 2015),98 las Compañías solicitaron una modificación del PO correspondiente al primer semestre del 2016.99 En dicha solicitud, las Compañías trajeron a colación las conclusiones de la Mesa Técnica en el proceso de revisión anual de flota,100 recalcando que la solicitud de modificación (de nuevo pretendiendo una baja de frecuencias) consistía en una reducción equivalente al mismo número de buses que la Mesa Técnica "reconoció como faltantes".101 En este sentido, las Compañías aclararon que la petición de modificación del PO era una solución "transitoria" que únicamente sería aplicada en espera de la resolución de las "instancias correspondientes" relativas al aumento de flota.102
48.
El 31 de marzo de 2016, el DTPM comunicó, "a modo de propuesta", el listado de los parámetros de revisión del PO para el primer semestre de 2016. En dicho listado, el DTPM distinguió entre (i) servicios que podrían estar sujetos a una baja de frecuencia (como el servicio 112-diurno de Alsacia),103 y (ii) servicios que no podrían estar sujetos a tal baja (puesto que en éstos el mejoramiento de la oferta resultaba preferible). El DTPM igualmente identificó aquellos servicios en relación con los cuales se visualizaba "cierta holgura para su revisión" (como el servicio 424 de Express).104 El DTPM aclaró también que, respecto de los "servicios no mencionados" (como los servicios 416E, D06 y D13 de Express),105 las Compañías debían "enviar una propuesta considerando mediciones de ocupación representativas de un universo mayor" y que "permitieran evaluar de mejor modo la propuesta".106
49.
El 2 de mayo de 2016 (dos días antes de la emisión de las Resoluciones No. 2273 y 2274 declarando el cierre de la Mesa Técnica de Revisión de Flota),107 las Compañías presentaron una propuesta de revisión de los PO incorporando los "lineamientos" indicados por el DTPM en marzo de 2016.108
50.
El 1 de junio de 2016, considerando lo señalado en las Resoluciones No. 2273 y 2274 de mayo de 2016,109 el DTPM requirió a las Compañías revisar y posteriormente remitir "cualquier complemento técnico" (así como los "horarios de despacho y la asignación de tipo de bus correspondiente" a cada uno de los distintos servicios de las Compañías), a efectos de implementar la reducción progresiva del servicio 112-diurno de Alsacia y de los servicios 424, 416E, D06 y D13 de Express en el marco de la modificación de los PO.110 Las Compañías proporcionaron la información solicitada el 20 de junio de 2016, sin perjuicio de su "oposición y reserva" frente a la decisión del DTPM respecto de los servicios referidos.111
51.
El 30 de junio y 18 de agosto de 2016, el DTPM aprobó la modificación de los PO de las Compañías, no para el primero sino para el segundo semestre de 2016.112 Como parte de dicha modificación, el DTPM informó a las Compañías de la "baja" del servicio 112-diurno de Alsacia y de los servicios 424, 416E, D06 y D13 de Express. En este contexto, el DTPM afirmó lo siguiente:

[P]ara retornar los estándares habituales de exigencia y una vez liberados los buses por efecto de la baja del servicio indicado, se iniciará otro proceso de ajustes de frecuencias, que recuperará en parte aquellas rebajadas mediante el presente Acto Administrativo, manteniéndose algunas de las sancionadas en el presente proceso, de forma tal que el ajuste en su conjunto permita la realización de un Programa de Operación que absorba la diferencia de [49 y 84] buses constatada en el proceso de revisión de flota.113

52.
No está en disputa que, tras la eliminación de los servicios 112-diurno, 424, 416E, D06 y D13 del ámbito de prestación de las Compañías, se crearon otros servicios, a saber, los servicios 712 (antiguo 112-diurno), 546e (antiguo 416e), y 325 (antiguo D06).114 Igualmente, las Partes concuerdan en que los servicios son ahora prestados por otros Operadores del Transantiago. En particular, STP presta el servicio 712, Metbus opera los servicios 546e y 424, y Vule presta los servicios 325 y D13.115 No obstante, las Partes disputan si los servicios 712, 546e, 325, 424, y D13 satisfacen la misma demanda y cubren las mismas zonas que los servicios eliminados y, de ser ése el caso, si dichos servicios fueron adjudicados en mejores condiciones a los otros Operadores del Transantiago en menoscabo de las Compañías.116
53.
El 22 de octubre de 2018, las Compañías y el DTPM suscribieron un acta de entendimiento. Por medio de dicha acta, acordaron que el PPT de las Compañías se incrementaría a manera de "compensación por los efectos de la reducción del Programa de Operación, consistente en la eliminación [y reasignación] de [los servicios 112-diurno, 424, 416E, D06 y D13]".117 Las Partes no obstante aclararon que dicho acuerdo era sin perjuicio "de las reclamaciones pendientes y/o en disputa así como acciones vigentes entre las partes, y, por otro lado, sin perjuicio de las reclamaciones y acciones vigentes entre los accionistas de Alsacia y Express y el Estado en el marco del juicio arbitral actualmente en tramitación ante el CIADI".118

G. Revisiones Programadas y Excepcionales del PPT

54.
No está en disputa que, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, los Nuevos Contratos de Concesión fueron objeto de dos adendas, en virtud de las cuales el PPT de las Compañías fue ajustado.119 Estas adendas no son objeto de controversia entre las Partes.

1. Proceso de revisión programada 2014

55.
El 14 de febrero de 2014, las Compañías informaron al DTPM su intención de recurrir al proceso de revisión programada bienal a efectos de que el PPT reflejase "una serie de variaciones y modificaciones, más o menos profundas, impulsadas ya sea por la dinámica propia de la industria del transporte metropolitano, como por decisiones adoptadas por la autoridad regulatoria".120 En particular, las Compañías hicieron referencia a trece ítems que, en su opinión, se "enmarca[ban] dentro de los aspectos susceptibles de revisión" acorde a los Contratos.121 Dentro de los ítems que las Compañías sometieron a revisión se encontraban asuntos relativos a la caída del IPK, mayores costos asociados al control de la evasión, incrementos en la oferta Metro, y los efectos adversos del vandalismo, entre otros.
56.
El 4 de marzo de 2014, el DTPM notificó a las Compañías su decisión del 27 de febrero de 2014 sobre el inicio del proceso de revisión programada. En dicha decisión, el DTPM limitó el proceso de revisión a dos ítems (relacionados con el IPK y ciertos cambios legislativos que impactaron los proyectos),122 en razón de que los restantes no constituían "aspectos susceptibles de revisión" según lo dispuesto en la Cláusula 5.5.2 de los Contratos.123
57.
El 16 de abril de 2014, las Compañías enviaron al DTPM una "Presentación de Antecedentes" (término utilizado en la Cláusula 5.5.4.2 de los Contratos), analizando el estado de las variables que, según aquellas, debían ser objeto del proceso de revisión programada (incluyendo tanto los dos ítems seleccionados por el DTPM como los once solicitados inicialmente).124
58.
En el mes de junio de 2014, las Compañías y el DTPM sostuvieron sin éxito cinco reuniones con el fin de intentar consensuar las posiciones respecto de los ítems a tratar y el correspondiente ajuste del PPT.125 Por consiguiente, de conformidad con la Cláusula 5.5.6 de los Nuevos Contratos de Concesión,126 en septiembre de 2014 se remitió el asunto al Panel de Expertos creado por la Ley 20,378 de 2009.127
59.
Apoderado del asunto, el Panel de Expertos revisó las propuestas en disputa y celebró una audiencia extraordinaria.128 Sin embargo, en razón del alcance de los asuntos que le fueron sometidos para decisión, el Panel de Expertos solicitó la contratación de asesoría jurídica a efectos de definir sus facultades y competencias sobre los mismos.129
60.
Entretanto, el 23 de enero de 2015, las Compañías solicitaron al MTT el ajuste y pago retroactivo del PPT relativo a los ítems sobre los que se estuviera de acuerdo, sin perjuicio de la continuación del proceso ante el Panel de Expertos respecto de los demás aspectos en revisión.130 Como resultado, las Compañías y el MTT suscribieron nuevas adendas a los Contratos, mediante las cuales se aumentó el PPT en reconocimiento de las variaciones alegadas por las Compañías en materia de IPK.131
61.
El 26 de mayo de 2015, el Panel de Expertos emitió su opinión sobre los ítems en disputa que le fueron referidos.132 El Panel de Expertos aclaró que, en virtud del "informe en derecho" proporcionado por los asesores jurídicos contratados,133 "no se pronunciaría] sobre las propuestas de ajuste del PPT de [las Compañías] y del [MTT] que requieran la interpretación de los contratos de concesión, dado que [ello] excede[ría] sus facultades legales".134 Sin perjuicio de lo anterior, el Panel de Expertos aclaró que, "respecto de aquellos aspectos que resulten evidentes de la simple lectura del contrato de concesión, o bien de consideraciones del ámbito técnico económico, [...] sí emitir[ía] su opinión".135
62.
En esta medida, el Panel de Expertos se abstuvo de pronunciarse sobre si la reducción de la evasión presuntamente por los esfuerzos y actos atribuibles a las Compañías requería o no un ajuste del PPT, por considerar dicho ítem un asunto arraigado en una divergencia entre las partes sobre interpretación de los Contratos.136 Con una excepción, el Panel de Expertos desestimó los demás ítems por considerarlos como no suficientemente relevantes o como fuera del alcance de la revisión según la Cláusula 5.5.2 de los Contratos.137 En cuanto a la excepción, el Panel de Expertos determinó que la calificación de la labor de operador de bus como "trabajo pesado" (lo que acarreó mayores costos a las Compañías a nivel de cotizaciones previsionales), ameritaba el ajuste del PTT planteado por las Compañías.138
63.
El 25 de septiembre de 2015, las Compañías y el MTT suscribieron un segundo par de adendas a los Contratos, mediante las cuales se aumentó el PPT en razón de la calificación de la operación de bus como trabajo pesado.139 Por medio de dichas adendas, las Compañías declararon "renuncia[r] a ejercer cualquier acción o reclamación en sede judicial o administrativa y, en consecuencia, otorgar el más amplio, completo y total finiquito, tanto respecto del Estado de Chile, el [MTT], y del [DTPM], derivado estrictamente de las materias contenidas en el presente instrumento [...]".140

2. Proceso de revisión programada 2016

64.
El 29 de febrero de 2016, las Compañías nuevamente informaron al DTPM de su intención de recurrir al proceso de revisión programada bienal.141 De los 16 ítems que según las Compañías constituían asuntos susceptibles de revisión a efectos de ajustar el PPT, el DTPM únicamente procedió con el análisis de la variación negativa del IPK y de los efectos de la incorporación o ampliación de nuevas líneas de Metro u otros medios de transporte.142 Los demás ítems fueron desestimados por considerarse que excedían el ámbito de la Cláusula 5.5.2 de los Contratos.
65.
El 30 de junio de 2016, tras evaluar y discutir con las Compañías la presentación de antecedentes proporcionada por las Compañías (la cual trató de novo todos los ítems sometidos inicialmente a revisión),143 el DTPM generó los borradores de las adendas respectivas ajustando el PPT respecto de los ítems no en disputa.144
66.
El 15 de julio de 2016, las Compañías rechazaron los borradores de adendas a través de la presentación de una contrapropuesta.145
67.
El 25 de agosto de 2016, las Compañías solicitaron al DTPM que requiriera la opinión del Panel de Expertos sobre los ítems en disputa, así como la conclusión de las adendas sobre los asuntos no disputados durante el proceso de revisión.146
68.
El 16 de septiembre de 2016, las Compañías y el MTT suscribieron las adendas respectivas, mediante las cuales se incrementó el PPT de las Compañías por concepto de la caída del IPK (en parte a raíz del aumento de la evasión).147 A través de estas adendas, las Compañías nuevamente otorgaron el "más amplio, completo y total finiquito" respecto de todas las "materias contenidas" en las mismas.148
69.
El 27 de enero de 2017, el Panel de Expertos emitió su decisión sobre los ítems en disputa que le fueron referidos.149 Reiterando la posición asumida durante el proceso de revisión programada de 2014,150 el Panel de Expertos se abstuvo de pronunciarse sobre los ítems que, a su juicio, derivaran de disputas entre las partes sobre la interpretación de los Contratos. Por otro lado, el Panel de Expertos no determinó ajustes del PPT adicionales a los reconocidos en las adendas de septiembre de 2016. No obstante, el Panel de Expertos indicó que, por tratarse de asuntos cuyos hechos subyacentes esenciales no habían sido aún determinados, ciertos ítems deberían ser resueltos en un proceso de revisión excepcional posterior.151 El Panel de Expertos igualmente aclaró que, si bien ciertos ítems alegados por las Compañías no constituían "asuntos susceptibles de revisión" conforme a la Cláusula 5.5.2 de los Contratos, ello no era óbice para que, de mutuo acuerdo, las Compañías y el MTT decidiesen abordar dichos ítems en futuros procesos de revisión.152 En este último sentido, el Panel de Expertos se refirió a la imposición de descuentos por la presunta falta de flota suficiente para dar cumplimiento a los PO, y el impacto tanto "por infraestructura no desarrollada" como por el "vandalismo delictual inhabilitante" en la prestación de los servicios adjudicados a las Compañías.

3. Proceso de revisión excepcional 2017

70.
El 9 de febrero de 2017, el DTPM requirió a las Compañías la iniciación de un proceso de revisión excepcional.153 En seguimiento de las determinaciones del Panel de Expertos en enero de 2017,154 el proceso de revisión excepcional pretendió establecer si el equilibrio de los Contratos se había visto afectado por: (i) el déficit de flota y su efecto sobre el cumplimiento de los PO; (ii) la eliminación del servicio 112-diurno de Alsacia y de los servicios 424, 416E, D06 y D13 de Express;155 (iii) la incorporación de nuevos medios de transporte al sistema; y (iv) aquellos ítems sobre los cuales el Panel de Expertos no pudo pronunciarse al cerrar el proceso de revisión programada de 2016 por tratarse de hechos aún en curso.
71.
Las Partes disputan en particular si el trámite del proceso de revisión excepcional de 2017 fue objeto de medidas dilatorias por parte de Chile.156 No está en disputa, sin embargo, que una vez que el MTT envió a las Compañías los proyectos de adendas y los ajustes del PPT (en diciembre de 2017), éstos fueron rechazados por las Compañías por considerarlos insuficientes.157 Tampoco está en disputa que, a mediados de 2018, Alsacia y el MTT suscribieron una adenda al Nuevo Contrato de Concesión, mediante la cual se ajustó el PPT de Alsacia en cuanto a los aspectos y montos no disputados durante la revisión excepcional.158

H. Emisión de bonos por parte de las Compañías y procesos de restructuración

72.
No hay disputa que en el transcurso de este procedimiento el pasivo de las Compañías ascendió a los USD 464 millones.159 Si bien hay desacuerdo sobre las razones por las cuales las Compañías presentan dicho nivel de deuda, es indiscutido que las Compañías han tomado una serie de medidas a efectos de solventar su pasivo patrimonial y poder así continuar con la prestación de los servicios concesionados. Aunque las Partes disputan la razonabilidad de las medidas tomadas por las Compañías y las circunstancias que tornaron necesaria su adopción, concuerdan en lo siguiente:

i. El 18 de febrero de 2011, durante la tramitación del Proyecto de Ley que resultaría en la adopción de la Ley 20,504,160 Alsacia emitió bonos en los mercados internacionales por un monto de USD 464 millones, pagaderos a siete años y medio con una tasa de interés del 8%. Los recursos obtenidos fueron destinados, inter alia, al pago de las deudas de las Compañías y a la toma de control de Express por parte de Alsacia.161

ii. En octubre de 2014, tras verse incapaz de pagar los intereses sobre la deuda contraída con sus bonistas en 2011, Alsacia presentó ante los tribunales estadounidenses un plan de reestructuración empresarial, al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Dicho plan fue aprobado por la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York el 17 de diciembre de 2014.162

iii. En 2016, Alsacia volvió a incurrir en mora de su deuda internacional, viéndose así forzada a renegociar con sus bonistas.163

iv. El 17 de marzo de 2017, las Compañías iniciaron separadamente procedimientos de reorganización concursal judicial ante los tribunales chilenos, al amparo de la Ley No. 20,720 de 2014.164 Ambos procesos fueron eventualmente archivados el 24 de octubre de 2017 sin que mediase un desistimiento formal por parte de las Compañías.165

I. Evasión y Vandalismo

73.
Las Compañías y su operaciónes se han visto afectadas desde el inicio por altos niveles de vandalismo y evasión en el pago de la tarifa de transporte. Las Partes disputan si y en qué medida Chile es responsable por estos hechos según el Tratado.166

J. Terminales, licitación 2017 y prórroga de los Nuevos Contratos de Concesión

74.
Los Nuevos Contratos de Concesión disponían que su duración se "extender[ía] desde su inicio hasta el día 22 de octubre de 2018".167 Asimismo establecían que dicha fecha podría variar en razón de las "causales de término anticipado" acordadas entre las Partes y de la "extensión de la concesión por reducción de emisiones".168
75.
Cuando la fecha de expiración de los Nuevos Contratos de Concesión se tornó inminente, Chile tomó paralelamente la siguiente serie de medidas con el objetivo de dar continuidad al Transantiago.

1. Terminales

76.
El 31 de agosto de 2017, en vista de las futuras licitaciones de uso de vías del Transantiago "a efectuarse durante el año 2017", el MTT emitió el Decreto Exento No. 109. A través de dicho decreto, el MTT aprobó un "programa de expropiación" de "inmuebles destinados a terminales de locomoción colectiva".169 De los doce terminales de buses identificadas en el programa, cinco son propiedad directa o indirecta de las Compañías.
77.
En vez de proceder con el programa de expropiación, en febrero de 2019, el MTT y las Compañías suscribieron contratos de arrendamiento para el uso de los terminales.170
78.
El 21 de febrero de 2020, las Compañías suscribieron con la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A ("Conseguros") un contrato de promesa de compraventa sobre los terminales ("Promesa de Compraventa").171

2. Licitación 2017

79.
Mediante la Resolución No. 15 del 2 de junio de 2017, el MTT definió y aprobó las bases de licitación pública para la concesión de uso de las vías de las Unidades de Negocio No. 1, 4 y 6 a 9 (la "Licitación 2017").172
80.
Las Partes disputan si las bases de la Licitación 2017 fueron diseñadas para excluir de facto la participación de las Compañías.173 Sin embargo, no está en disputa que:

i. Las Compañías no se presentaron como proponentes en la Licitación 2017.

ii. El 10 de enero de 2018, la sociedad chilena Transportes, Inversiones, Inmobiliaria y Servicios Transanber S.A. ("Transanber") solicitó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile ("TDLC") la suspensión de la Licitación 2017 como medida cautelar prejudicial. Según Transanber, las bases de la Licitación 2017 incorporaban "componentes" que "representa[ban] barreras de entrada ficticias y falta de información" en favor de "los operadores vigentes" y, por lo tanto, en perjuicio de los oferentes que no eran ya parte del Transantiago.174

iii. El 15 de enero de 2018, la sociedad chilena Transportes Santín y Cia. Ltda. ("Santín") también solicitó ante el TDLC la suspensión del proceso licitatorio como medida cautelar, con base en razones similares a aquellas invocadas por Transanber.175

iv. El 25 de enero de 2018, el TDLC decretó las medidas cautelares solicitadas y ordenó al MTT suspender la licitación.176

v. El 15 de marzo de 2018, el TDLC ordenó el levantamiento de la medida cautelar respecto de las Unidades de Negocio 4, 6, 7 y 8. No obstante, mantuvo la suspensión respecto de las Unidades de Negocio 1 y 9.177

vi. El 29 de marzo de 2018, invocando la Cláusula 7.7 de las bases de la Licitación 2017,178 el MTT desestimó todas las ofertas presentadas durante el proceso licitatorio y declaró desierta la Licitación 2017.179 Según el MTT, la declaratoria de desierta era "especialmente" necesaria en vista la suspensión mantenida por el TDLC respecto de las Unidades de Negocio No. 1 y 9, puesto que las bases de la Licitación 2017 "no contempla[ban] por diseño la posibilidad de parcializar la licitación adjudicando solo algunas Unidades de Negocio".180

81.
El 11 de septiembre de 2018, el DTPM publicó el "contenido esencial" de las que serían las bases de una licitación pública para la concesión de uso de las vías del Transantiago.181 Dicho contenido esencial no es objeto de reclamaciones en el presente arbitraje.

3. Prórroga del Nuevo Contrato de Concesión de Express y continuación de actividades de Alsacia

82.
Invocando la incorporación de "nuevas tecnologías [...] menos contaminantes" en su flota,182 Express solicitó la extensión del Contrato. La solicitud fue otorgada por el MTT y el Contrato extendido hasta el 22 de junio de 2019.183 Las Partes no han reportado ninguna prórroga adicional al Contrato de Express.
83.
El 22 de octubre de 2018, después de la publicación de las bases de la Licitación 2017,184 las Compañías y el MTT suscribieron un acta de entendimiento elaborada a partir de ciertos acuerdos concluidos con el MTT el 19 de octubre de 2018 y plasmados en la Resolución Exenta No. 3166.185 En virtud de lo pactado, y "dada la necesidad de mantener la continuidad del servicio de transporte público de pasajeros", Alsacia seguiría operando la Unidad de Negocio No. 1 hasta el 28 de febrero de 2019 (plazo prorrogable "por motivos fundados"),186 según las condiciones específicas de la Resolución Exenta No. 3166.187 El acta de entendimiento dispuso igualmente que Express pasaría a operar ciertos servicios de Alsacia.188 A raíz de este traspaso de servicios, a Express le fue autorizado un incremento en su Flota de Reserva en febrero de 2019.189
84.
El 19 de junio de 2019, el MTT emitió la Resolución Exenta No. 1771.190 Dicha resolución estableció que, de conformidad con las condiciones de operación allí definidas, Express continuaría operando hasta junio de 2020 tanto sus rutas originales como aquellas de Alsacia que le habían sido transferidas en 2018.191

K. Procedimientos domésticos iniciados por las Compañías

85.
Las Compañías han incoado procedimientos ante la Contraloría General de la República de Chile ("Contraloría") cuestionando la legalidad de la eliminación y reasignación de los servicios 112-diurno, 424, 416E, D06 y D13 de las Compañías,192 del contenido y los requisitos de la Licitación 2017,193 del programa de expropiación de los terminales de las Compañías194 y de ciertas multas impuestas por el MTT por el presunto incumplimiento de los PO.195
86.
El 14 de julio de 2017, las Compañías igualmente interpusieron una querella penal en contra del Sr. Andrés Gómez Lobo Echenique en su calidad de Ministro de Transporte al momento en que ocurrieron los hechos objeto de la querella.196 Según la querella, el Sr. Gómez Lobo habría cometido los delitos de prevaricación administrativa, abuso contra particulares y denegación de pago. El querellado es acusado de tales delitos por presuntamente haber "condu[cido], realiz[ado], instru[ído] u orden[ado] una serie de procedimientos [...], actuaciones, resoluciones y decisiones administrativas, abiertamente contrarios al ordenamiento jurídico, que conculcaron severamente los derechos de Alsacia y Express en su calidad de concesionarias" del Transantiago.197 Entre otros varios hechos, la querella se fundamenta en la reasignación de los servicios de las Compañías.198 La querella fue rechazada por las instancias chilenas competentes.199

III. HISTORIA PROCESAL

A. Inicio del Arbitraje

87.

El 10 de mayo de 2016, los Demandantes enviaron a Chile una notificación escrita ("Notificación de Intención") de su intención de someter reclamaciones a arbitraje según lo dispuesto en el Artículo 9.16.4 del Acuerdo de Libre Comercio suscrito por la República de Colombia y la República de Chile ("TLC" o "Tratado").

88.

El 26 de mayo de 2017, los Demandantes presentaron su solicitud de arbitraje ("Solicitud de Arbitraje"), la cual fue registrada el 13 de junio de 2017 por el Secretario General Interino del CIADI, en virtud de lo establecido en el Artículo 36 del Convenio CIADI y las Reglas 6 y 7 de las Reglas de Iniciación de los Procedimientos CIADI.

89.

El 23 de enero de 2018, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 1, mediante la cual se establecieron las reglas procesales aplicables al arbitraje. De acuerdo con esta resolución, el Tribunal haría "todo lo posible por emitir el Laudo o decisión final dentro de un plazo no mayor a los 12 meses luego de realizada la audiencia".200 Sin embargo, en caso de aplicación del Artículo 9.20.9 del TLC, el cual le permite a cualquiera de las Partes solicitar una "propuesta de decisión o laudo" para someterla a un proceso de comentarios,201 el plazo tentativo de 12 meses se aplicaría a la comunicación de la propuesta de decisión o Laudo únicamente.202

B. Presentación de Escritos y Pre-Audiencia

90.
El 9 de febrero de 2018, los Demandantes presentaron su Memorial de Demanda ("Demanda").
91.

El 16 de febrero de 2018, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 2, mediante la cual se estableció el régimen de transparencia y confidencialidad aplicable al caso conforme al acuerdo entre las Partes. Ésta fue seguida por la Resolución Procesal No. 3 del 19 de abril de 2018, la Resolución Procesal No. 4 del 2 de julio de 2018, y la Resolución Procesal No. 5 del 23 de julio de 2018, todas ellas emitidas en relación con el calendario procesal del caso. El 16 de agosto de 2018, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 6 en materia de exhibición de documentos, la cual fue seguida por la Resolución Procesal No. 7 del 4 de octubre de 2018 en relación con cuestiones de confidencialidad y privilegio sobre la exhibición de documentos.

92.
El 13 de junio de 2018, la Demandada presentó su Memorial de Contestación ("Contestación").
93.
El 24 de octubre de 2018, los Demandantes presentaron su Réplica sobre el Fondo y Contestación sobre Objeciones Preliminares ("Réplica").
94.
El 28 de enero de 2019, la Demandada presentó su Dúplica sobe el Fondo y Objeciones Preliminares ("Dúplica").
95.
El 23 de marzo de 2019, los Demandantes presentaron su Dúplica sobre Objeciones Preliminares ("Dúplica OP").

C. Audiencia

96.

El 15 de febrero de 2019, el Tribunal celebró una conferencia preparatoria de la audiencia con las Partes vía conferencia telefónica y el 19 de febrero de 2019 emitió la Resolución Procesal No. 8 en relación con la organización de la audiencia. La audiencia sobre jurisdicción y fondo tuvo lugar en Londres, en el International Dispute Resolution Centre, los días 11, 12, 13, 15 y 16 de abril de 2019 (la "Audiencia").

97.
Las siguientes personas estuvieron presentes en la Audiencia:

TRIBUNAL
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler Presidente
Sr. Oscar M. Garibaldi Co-Árbitro
Prof. Brigitte Stern Co-Árbitro

SECRETARIADO DEL ICSID
Sra. Mercedes Cordido-Freytes de Kurowski Secretaria del Tribunal

ASISTENTES DEL TRIBUNAL
Sra. Sabina Sacco Asistente
Sr. Lukas Montoya Asistente

DEMANDANTES
Cosejeros Jurídicos:
Sr. Eduardo Silva Romero Socio, Dechert (Paris) LLP
Sr. José-Manuel Garcia Represa Socio, Dechert (Paris) LLP
Sra. Erica Stein Socia, Dechert (Paris) LLP
Sr. Luis-Miguel Velarde Safer Asociado, Dechert (Paris) LLP
Sra. Mónica Garay Asociada, Dechert (Paris) LLP
Sr. Antonio Gordillo Fernández de Villavicencio Asociado, Dechert (Paris) LLP
Sra. Marie Bouchard Asociada, Dechert (Paris) LLP
Sra. Clara Francisca Peroni Asociada, Dechert (Paris) LLP
Sr. José Jareño Consejero Internacional Visitante, Dechert (Paris) LLP
Sra. Lucía Elizalde Bulanti Abogado de Soporte Profesional, Dechert (London)LLP
Sr. Federico Arata Pasante, Dechert (Paris) LLP
Sra. Judith Alves Paralegal, Dechert (Paris) LLP
Sra. Melina Mirambeaux Hernandez Paralegal, Dechert (Paris) LLP
Sr. Jorge Bofill Socio, Bofill Escobar Silva Abogados
Sr. Ricardo Escobar Socio, Bofill Escobar Silva Abogados
Sr. Francisco Aninat Socio, Bofill Escobar Silva Abogados
Partes:
Sr. Carlos Mario Rios Velilla Demandante
Sr. Francisco Javier Rios Demandante
Sra. Adriana Rivera Salcedo Consejero Jurídico Interno, GPS Group
Sra. Estefanía Ponce Consejero Jurídico Interno, GPS Group
Sr. Julio Gíbrán Harcha Sarrás Consultor, GPS Group
Testigos:
Sr. Edgar Moisés Mac Allister Braydy Gerente de Servicios de Transporte y Director, Inversiones Alsacia S.A
Sr. José Manuel Ferrer Fernández Presidente del Directorio, Express de Santiago Uno S.A.
Peritos:
Sr. Walter Hook (*) BRT Planning International
Sra. Annie Weinstock BRT Planning International
Sra. Angélica Castro Rodríguez (*) Transconsult S.A.
Sr. Andrés López Bonilla Transconsult S.A.
Sr. James Dow (*) The Brattle Group
Sr. Richard Caldwell (*) The Brattle Group
Sra. Emmanuelle Derré The Brattle Group
Sr. José Jimenez-Pereira The Brattle Group
Sra. Ilinca Popescu The Brattle Group
Sr. Patrick Hartigan Research Analyst, The Brattle Group

DEMANDADA
Cosejeros Jurídicos:
Sr. Paolo Di Rosa Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sr. Patricio Grané Labat Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sra. Gaela K. Gehring Flores Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sr. Alexander A. Witt Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sra. Claudia Taveras Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sra. Cristina Arizmendi Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sr. Michael Rodríguez Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sr. Kelby P. Ballena Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sra. Christina Poehlitz Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Sra. Andrea Rodríguez Escobedo Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
Partes:
S.E. Sr. David Gallagher Embajador de la República de Chile ante el Reino Unido
Sra. Carolina Valdivia Subsecretaria, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile
Sra. Mairée Uran Bidegain Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile
Sr. Pablo Nilo Donoso Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile
Sr. Diego Puga
Testigos:
Sr. Patricio Pérez Gómez Ex-Director del DTPM (2013-2014), Coordinador General de Transporte Público de Santiago
(2011-2013) y Jefe de Gabinete del MTT (2010-2011)
Sr. Andrés Gómez-Lobo Echenique Ex-Ministro de Transporte y Telecomunicaciones (2014-2017)
Sr. Guillermo Muñoz Senda Ex-Director del DTPM (2014-2018)
Peritos:
Sr. Luis Willumsen (*) Consultor Independiente
Sr. Hugo E. Silva Consultor Independiente
Sr. Colin Becker (*) PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA
Sr. Joaquín Pérez PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA
Sr. Matthew D. Shopp (*) Versant Partners LLC
Sr. Kiran P. Sequeira Versant Partners LLC
Sr. Paul Baez Versant Partners LLC

ESTENÓGRAFOS
Mr. Paul Pelissier DR-Esteno, Estenógrafo en español
Mr. Rodolfo Rinaldi DR-Esteno, Estenógrafo en español
Sra. Diana Burden Estenógrafa en inglés

(*) Designado como perito responsable.

D.Fase Post-Audiencia

98.
El 3 de mayo de 2019, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 9, mediante la cual se establecieron los pasos a seguir posterior a la Audiencia. En particular, la resolución: (i) fijó los plazos y condiciones para la presentación de los escritos de las Partes posteriores a la Audiencia así como las declaraciones sobre costos de las mismas; y (ii) estipuló que, de conformidad con el acuerdo logrado durante la Audiencia,203 el Tribunal podría solicitar a los expertos sobre cuantificación de las Partes colaborar "para preparar un modelo conjunto de cuantificación según las indicaciones que [llegase a proporcionar] el Tribunal en el momento apropiado".204
99.
El 28 de junio de 2019, los Demandantes y la Demandada presentaron sus Escritos Post-Audiencia ("Dtes-EPA" y "Dda-EPA", respectivamente).
100.
El 29 de julio de 2019, los Demandantes y la Demandada presentaron sus Declaraciones de Costos ("Dtes-DC" y "Dda-DC", respectivamente).
101.

El 9 de octubre de 2019, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 10 ("RP10"), mediante la cual se invitó a los expertos de cuantificación de las Partes a colaborar y presentar un modelo conjunto de cuantificación ("MCC") siguiendo las especificaciones contenidas en los Anexos A y B de dicha resolución. Se otorgó a las Partes un término de 3 semanas para presentar sus comentarios al MCC una vez presentado.

102.
El 24 de octubre de 2019, los expertos de cuantificación de ambas Partes informaron al Tribunal que el MCC no podría ser presentado antes de finales de febrero de 2020.
103.
El 4 de febrero de 2020, el Tribunal trajo a colación a las Partes que, considerando que el MCC sería presentado a finales de febrero de 2020, el cual se vería sujeto a los comentarios de las Partes a presentarse aproximadamente el 20 de marzo de 2020, resultaría "sumamente difícil o casi imposible emitir el Laudo (o [la propuesta de laudo]) el 17 de abril de 2020", a saber, 12 meses después de la finalización de la Audiencia.205 Por tal motivo, el Tribunal propuso a las Partes modificar la Resolución Procesal No. 1 a efectos de que el Laudo o la propuesta de éste según el caso fuese emitido 4 meses después de recibidos los comentarios de las Partes al MCC, en vez de 12 meses después de celebrada la Audiencia.206
104.
El 11 de febrero de 2020, la Demandada confirmó no tener objeción alguna a la modificación de la Resolución Procesal No. 1 propuesta por el Tribunal. La Demandada informó igualmente al Tribunal su intención de ejercer su derecho de acuerdo con el Artículo 9.20.9 del TLC. Por lo tanto, el plazo de cuatro meses propuesto por el Tribunal se aplicaría a la comunicación de la propuesta de laudo y no a la emisión del Laudo final.
105.
El 17 de febrero de 2020, los Demandantes confirmaron estar de acuerdo con la modificación de la Resolución Procesal No. 1 en los términos propuestos por el Tribunal.
106.
El 4 de marzo de 2020, los expertos de cuantificación informaron al Tribunal de ciertas demoras en el desarrollo del MCC, por lo que le solicitaron al Tribunal la extensión del plazo de entrega hasta fines de marzo de 2020.
107.
El 5 de marzo de 2020, el Tribunal le confirmó a las Partes y a sus expertos, su aceptación del nuevo plazo propuesto para la entrega del MCC (i.e. finales de marzo de 2020).
108.
El 9 de marzo de 2020, los Demandantes informaron al Tribunal de la identificación por parte de los expertos de cuantificación de ciertos puntos de desacuerdo, a ser reflejados en el MCC y le solicitaron al Tribunal su confirmación del entendimiento de los Demandantes en cuanto a la interpretación de los párrafos 6(c) y 6(d) de la Resolución Procesal 10, en el sentido de que tanto los expertos de cuantificación como los de transporte podrían emitir un memorando que explicara los desacuerdos (en sus áreas de pericia) respecto del MCC.
109.
El 11 de marzo de 2020, tras invitación del Tribunal, la Demandada observó que conforme a la Resolución Procesal 10, el aporte de los expertos de transporte debe limitarse a los datos que proporcionen a los expertos de cuantificación, y de surgir alguna discrepancia en relación con dichos datos, la misma deberá ser abordada por los expertos de cuantificación, sin la posibilidad o necesidad de intervención de los expertos de transporte.
110.
El 12 de marzo de 2020, el Tribunal aclaró que, en caso de surgir desacuerdos sobre asuntos operativos o de transporte, los expertos de cuantificación podrían adjuntar un anexo breve preparado por los expertos de transporte explicando, sobre la base de los sus informes periciales o testimonios durante la Audiencia, dichos desacuerdos y las razones por las que en su opinión el Tribunal debería elegir una u otra opción.
111.
El 26 de marzo de 2020, los expertos de cuantificación solicitaron una nueva extensión del plazo para presentar el MCC hasta el 3 de abril de 2020.
112.
El 2 de abril de 2020, los Demandantes solicitaron autorización del Tribunal para el uso en el MCC de cálculos y documentación reciente relativa al valor de los terminales. En esa misma fecha, el Tribunal invitó a la Demandada a formular comentarios sobre la solicitud de los Demandantes a más tardar el 8 de abril de 2020 y confirmó que la presentación del MCC se retrasaría hasta que dicha solicitud fuera decidida.
113.
El 8 de abril de 2020, la Demandada presentó su respuesta a la solicitud de los Demandantes.
114.
El 19 de abril de 2020, el Tribunal rechazó la solicitud de los Demandantes del 2 de abril de 2020 e instruyó a las Partes y a sus expertos sobre cuantificación que debían presentar el MCC a más tardar el 24 de abril de 2020.
115.
El 24 de abril de 2020, las Partes presentaron el MCC preparado por los expertos de cuantificación. Las Partes igualmente acompañaron (i) un memorando conjunto de los expertos en cuantificación comentando el MCC y sus acuerdos y desacuerdos respecto de éste (el "Memo Conjunto MCC"); y (ii) memorandos de los expertos de transporte de las Partes comentando los desacuerdos respecto de los aspectos operativos que subyacen a algunas de las opciones presentes en el MCC ("BRT & Transconsult IP III" y "W&S IP III").
116.
El 15 de mayo de 2020, cada una de las Partes presentó sus comentarios al MCC ("Dtes-Comentarios al MCC" y "Dda-Comentarios al MCC").
117.
El 4 de septiembre de 2020, el Tribunal inter alia confirmó su intención de emitir la propuesta de laudo cuatro meses después de recibidos los comentarios de las Partes al MCC, a saber, el 15 de septiembre de 2020.207 En este contexto, el Tribunal recalcó que, según el Artículo 9.20.9 del Tratado, las Partes debían presentar sus comentarios a la propuesta de laudo a los sesenta 60 días de comunicada dicha propuesta (i.e. el sábado 14 de noviembre de 2020) y que el Tribunal debía dictar el Laudo final a los 45 días siguientes (i.e. el 31 de diciembre de 2020).208 Por lo tanto, el Tribunal le planteó a las Partes que presentaran sus comentarios el 16 de noviembre de 2020. Por causa de las fiestas de fin de año, también propuso que el plazo para la emisión del Laudo se extendiera hasta el 11 de enero de 2021.
118.
El 9 de septiembre de 2020, la Partes confirmaron su acuerdo con los plazos propuestos por el Tribunal relativos a la propuesta de laudo, a los comentarios de las Partes a dicha propuesta y a la emisión del Laudo final.
119.
El 15 de septiembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.20.9 del TLC, el Tribunal comunicó su propuesta de laudo a las Partes (la "Propuesta de Laudo").
120.
El 16 de noviembre de 2020, cada Parte presentó sus comentarios escritos al Tribunal en relación con la Propuesta de Laudo.
121.
El 20 de noviembre de 2020, el Tribunal invitó a las Partes a actualizar sus Declaraciones de Costos presentadas el 29 de julio de 2019.
122.
El 30 de noviembre de 2020, los Demandantes y la Demandada presentaron sus Declaraciones de Costos Actualizadas ("Dtes-DCA" y "Dda-DCA", respectivamente).
123.
El 23 de diciembre de 2020, el Tribunal declaró el cierre del procedimiento en virtud de la Regla 38(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI.

IV. PETITORIO

124.
Los Demandantes le solicitan al Tribunal que:

a. Declare que tiene jurisdicción para resolver esta disputa;

b. Declare que los reclamos de los Demandantes son admisibles;

c. Declare que Chile violó sus obligaciones bajo los Artículos 9.2 (Trato Nacional), 9.4 (Nivel Mínimo de Trato) y 9.10 (Expropiación e Indemnización) del Tratado, así como el Derecho internacional;

d. Ordene a Chile pagar a los Demandantes, sin demora tras el laudo, la suma de, por lo menos, (i) 339 millones de dólares americanos - calculados al 31 de julio de 2018 (monto que deberá ser actualizado a una fecha más cercana al laudo) y (ii) 15 millones de dólares americanos como reparación por el daño moral causado;

e. Ordene a Chile reembolsar a los Demandantes todos los costos y honorarios incurridos para la presentación de sus reclamos;

f. Ordene a Chile pagar intereses sobre los importes mencionados en los literales anteriores a una tasa de interés post-laudo compuesta semestralmente que el Tribunal estime adecuada (en todo caso, superior a la tasa de interés pre-laudo), hasta la fecha del pago completo y efectivo de tales montos; y

g. Ordene cualquier otra medida de satisfacción a los Demandantes que el Tribunal estime oportuna.209

125.
La Demandada le solicita al Tribunal que:

[D]esestime las reclamaciones de los Demandantes, por falta de jurisdicción, por ser inadmisibles, y/o por falta de fundamento fáctico y/o mérito legal. Asimismo se le solicita al Tribunal no solo que desestime las reclamaciones de los Demandantes por supuestos daños morales, sino que condene a los Demandantes al pago de la totalidad de las costas procesales, así como de los honorarios profesionales y gastos de los abogados y expertos de Chile, y de cualesquiera otros gastos que haya incurrido Chile en el presente arbitraje (más intereses hasta la fecha de pago).210

V. DERECHO APLICABLE

A. Derecho aplicable al procedimiento arbitral

126.
Puesto que se trata de un arbitraje iniciado bajo el Capítulo 9 del TLC ante el CIADI, el procedimiento arbitral se rige por las normas procesales de la sección B del Capítulo 9 del TLC y por el Convenio y las Reglas de Arbitraje del CIADI.

B. Derecho aplicable a la jurisdicción del Tribunal

127.

La jurisdicción del Tribunal se deriva de un tratado. Como tal, se rige por el derecho internacional y, ante todo, por el TLC. Este último debe ser interpretado de conformidad con los Artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("CVDT"). La República de Chile y la República de Colombia son partes de la CVDT desde 1981 y 1985 respectivamente. En todo caso, los estándares de la CVDT constituyen derecho internacional consuetudinario. El derecho nacional de las partes contratantes del Tratado también puede ser relevante en la medida en que un requisito jurisdiccional del TLC haga referencia a dicho derecho, o bien contenga términos que sólo pueden ser debidamente entendidos con base en derecho nacional.

C. Derecho aplicable al fondo de la disputa

128.

Según el Artículo 42(1) del Convenio CIADI, el Tribunal debe resolver la disputa entre las Partes principalmente de conformidad con el derecho acordado por éstas. El Artículo 9.22 del TLC contiene una elección de derecho en favor del Tratado mismo y del derecho internacional:

[E]l Tribunal decidirá las cuestiones en controversia de conformidad con este Acuerdo y con las normas aplicables del derecho internacional.

129.
El anterior acuerdo no es óbice para que el Tribunal considere cuestiones de derecho nacional en caso de ser ello necesario para decidir los asuntos en disputa de conformidad con el Tratado y el derecho internacional.

D. Iura novit arbiter

130.

Al dar efecto al derecho aplicable, sea en el contexto de jurisdicción, admisibilidad, o fondo, al Tribunal no le son vinculantes los argumentos presentados y las fuentes invocadas por las Partes. Conforme al principio de iura novit curia o, más precisamente, arbiter, el Tribunal debe aplicar el derecho como lo estime pertinente siempre que obtenga la opinión de las Partes al respecto en caso de que su decisión conste de una teoría jurídica no abordada por las Partes y que éstas no podrían haber anticipado razonablemente.211

VI. PROPUESTA DE LAUDO

131.
El Artículo 9.20.9 del TLC otorga a ambas Partes el derecho de solicitar al Tribunal que comunique una propuesta de laudo con el propósito de que las Partes presenten comentarios a dicha propuesta. El mismo artículo indica que el Tribunal "considerará" los comentarios de las Partes a efectos de emitir el Laudo final.
132.
El 11 de febrero de 2020, Chile ejerció su derecho conferido por el Artículo 9.20.9 del TLC de solicitar al Tribunal la comunicación de una propuesta de laudo. Por lo tanto, el 15 de septiembre de 2020, el Tribunal comunicó la Propuesta de Laudo a las Partes, las cuales presentaron sus comentarios al respecto el 16 de noviembre de 2020.
133.
El Tribunal ha considerado detalladamente los comentarios de las Partes a la Propuesta de Laudo. El contenido del presente Laudo ha sido ajustado en la medida en que el Tribunal lo ha estimado justificado en vista de los comentarios de las Partes.

VIl. jurisdicción y admisibilidad

A. Normas aplicables

134.

No está en disputa que la jurisdicción del Tribunal está sujeta a los requerimientos del Artículo 25 del Convenio CIADI y a las reglas pertinentes del Artículo 9 del TLC.

135.

Chile no cuestiona que, de conformidad con lo requerido por el Artículo 25(1) del Convenio CIADI, la presente disputa es de "naturaleza jurídica", surge "directamente de una inversión" y tiene como partes a un "Estado Contratante" (Chile) y "nacional[es] de otro Estado Contratante" (Colombia).212 Sólo está en disputa el último requisito del Artículo 25, a saber, el consentimiento del Estado demandado. En arbitrajes promovidos al amparo de tratados de inversión, el consentimiento del Estado depende de las condiciones y limitaciones consagradas en el tratado mismo, principalmente en la cláusula de resolución de conflictos.

136.
Respecto de las condiciones de jurisdicción planteadas en el TLC, Chile no cuestiona que los Hermanos Rios son "inversionistas" que han realizado una "inversión" según lo dispuesto en el Artículo 9.28 del TLC. Tampoco controvierte la posición de los Demandantes según la cual su inversión consiste principalmente en su control indirecto de las Compañías,213 y en su participación indirecta en el 92% del capital accionario de las Compañías (las cuales eran titulares de las concesiones otorgadas por los Nuevos Contratos de Concesión).214
137.
Por consiguiente, con excepción del consentimiento, las Partes coinciden en que los requisitos del Artículo 25 del Convenio CIADI se encuentran satisfechos, así como las condiciones de jurisdicción ratione materiae y ratione personae previstas en el TLC. El Tribunal ha llegado a las mismas conclusiones luego de examinar las referidas condiciones para su jurisdicción.
138.
Las objeciones que plantea la Demandada conciernen asuntos de jurisdicción ratione voluntatis. En primer lugar, Chile alega que los Demandantes no han renunciado según el Artículo 9.18.2(b) del TLC a su derecho a iniciar o continuar actuaciones judiciales o administrativas respecto de las medidas que constituyen violaciones del TLC alegadas en este arbitraje (B). En segundo lugar, sostiene Chile que, en todo caso, las reclamaciones de los Demandantes fueron sometidas a arbitraje más de 39 meses después de que éstos tuvieron o debieron haber tenido conocimiento de las violaciones alegadas y de los daños sufridos, por lo que se encuentran prescritas conforme al Artículo 9.18.1 del TLC (C).
139.
El Tribunal aborda estas dos objeciones a continuación. Las posiciones de las Partes son resumidas con anterioridad al análisis, el cual puede incluir también la consideración de argumentos adicionales. El Tribunal ha considerado todas las alegaciones y argumentos de las Partes, incluso cuando no se haga referencia expresa a alguna alegación o argumento en particular.

B. Renuncia a otros procedimientos

1. Posición de la Demandada

140.
La Demandada no cuestiona que, el 23 de mayo de 2017, los Hermanos Rios formalmente renunciaron a iniciar o continuar cualquier acción relacionada con los hechos en disputa y los reclamos presentados por los Demandantes en el presente arbitraje.215 No obstante, en vista de los procedimientos iniciados por las Compañías ante la Contraloría,216 y de la querella presentada ante la jurisdicción penal en contra del Sr. Andrés Gómez Lobo Echenique como ex-Ministro de Transporte y Telecomunicaciones,217 Chile arguye que la renuncia de los Demandantes no da cumplimiento al Artículo 9.18.2(b) del TLC.218
141.
Chile hace énfasis en que los procedimientos iniciados por las Compañías ante la Contraloría conciernen la presunta ilegalidad: (i) de la eliminación y reasignación de los servicios 112-diurno, 424, 416E, D06 y D13; (ii) de la Licitación 2017; (iii) de la expropiación de los terminales; y (iv) de la "aplicación de multas fundadas en la negativa del MTT de acceder la renovación de la flota".219
142.
La Demandada igualmente sostiene que, en la querella penal en contra del Sr. Gómez-Lobo, las Compañías alegan, inter alia, que: (i) los Nuevos Contratos de Concesión les fueron expropiados en condiciones discriminatorias, por medio de actos administrativos caprichosos y arbitrarios; y (ii) como consecuencia de las actuaciones del Sr. Gómez-Lobo, "Alsacia y Express habrían visto seriamente agravada su situación económico-financiera".220
143.
En vista de lo anterior, Chile alega que las acciones legales de las Compañías ante tribunales administrativos y judiciales conciernen "los mismos hechos que conforman las reclamaciones sometidas" por los Demandantes ante el Tribunal.221 En esta medida, la Demandada trae a colación que, como una condición al consentimiento de las partes del Tratado al arbitraje, el Artículo 9.18.2(b) del TLC exige la renuncia de "cualquier actuación" ante "cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley" chilena, "respecto de los hechos o medidas que se alegue [dan] lugar a la violación reclamada" por el inversionista. Asimismo, resalta que las Compañías no sólo han continuado con sus "reclamaciones en Chile", sino que incluso han iniciado reclamaciones posteriores a la renuncia de los Demandantes en mayo de 2017.222 Por consiguiente, Chile sostiene que el Tribunal carece de jurisdicción.
144.
Según la Demandada, el hecho de que los procedimientos ante las instancias chilenas hayan sido incoados por las Compañías y no directamente por los Demandantes es irrelevante. No está en disputa que los Artículos 9.18.2(b) y 9.16.1 del TLC distinguen entre (i) reclamaciones presentadas por un demandante en nombre propio; y (ii) reclamaciones presentadas por un demandante en representación de una persona jurídica de su propiedad o bajo su control directo o indirecto.223 En el primer caso, se exige una renuncia por parte del demandante únicamente, mientras que en el segundo caso se exige una renuncia por parte tanto del demandante como de la persona jurídica bajo su control.224 Según Chile, las reclamaciones de los Demandantes caben bajo el segundo caso y, como tal, los Demandantes no pueden escudarse detrás del velo corporativo de las Compañías.225 Esto es así porque los Hermanos Rios "no están reclamando […] por daños directamente sufridos por ellos mismos, sino que reclaman por daños que supuestamente afectaron a Alsacia y Express y que a su vez tuvieron un impacto en el valor de [sus] acciones" en las Compañías, es decir, reclaman por reflective loss.226
145.
Por consiguiente, "[t]oda vez que su demanda ante este Tribunal se fundamenta en supuestos perjuicios sufridos precisamente por Alsacia y Express", los Demandantes tienen el deber de asegurarse de que las Compañías también actúen en conformidad con los requisitos jurisdiccionales del Tratado. Al no haberlo hecho, los Demandantes no han cumplido con el requerimiento de renuncia que condiciona el consentimiento de Chile al arbitraje.227

2. Posición de los Demandantes

146.
Los Demandantes no cuestionan la existencia de los procedimientos incoados por las Compañías ante las instancias chilenas. Tampoco niegan que sus reclamaciones en el presente arbitraje comprenden lo que la Demandada denomina reflective losses.228 No obstante, sostienen que la renuncia efectuada el 23 de mayo de 2017 dio pleno cumplimiento a lo requerido por el Artículo 9.18.2(b) del TLC.229
147.
En particular, los Demandantes alegan que la Contraloría no es un "tribunal" de "solución de controversias" en el sentido del Artículo 9.18.2(b) del TLC. Por disposición expresa de la Ley 10,336 de 1952, la Contraloría no interviene en asuntos de naturaleza litigiosa,230 lo que es de competencia exclusiva de las cortes judiciales.231
148.
Sostienen además que el rol de las instancias penales es verificar si el acusado, a saber, una persona natural, es responsable penalmente según el derecho chileno. Así entonces, resultaría "absurdo pretender, como hace Chile, que el sometimiento de una controversia a un tribunal internacional impide denunciar ilícitos penales en el Estado receptor de la inversión".232 A su vez, arguyen que los reflective losses son daños que, "independientemente de su causa, sufren personalmente los accionistas", mas no la compañía que controlan.233 En este contexto, aclaran que, en el presente arbitraje, no reclaman por los "daños directos" de las Compañías, sino únicamente por "los daños sufridos como accionistas de las Compañías".234 Por lo tanto, Chile confunde los reflective losses de los Hermanos Rios con los daños que "sufren directamente las Compañías", los cuales en efecto serían objeto de una reclamación bajo el Artículo 9.16.1(b) del TLC.235 En todo caso, si las partes del Tratado hubiesen tenido la intención de que la 'empresa’ (de propiedad del inversionista) también renunciara a "continuar o iniciar procedimientos domésticos en aquellos casos en los que el accionista presenta una reclamación por los llamados daños indirectos, como alega Chile, así lo habrían establecido". Sin embargo, no lo hicieron.236
149.

Sin perjuicio de lo anterior, los Demandantes alegan que el propósito del Artículo 9.18.2(b) del TLC es "evitar la duplicidad de procedimientos, decisiones contradictorias sobre los hechos y el derecho y, principalmente, el riesgo de que la demandante obtenga una doble reparación de daños".237 Sin embargo, sostienen que no existe duplicidad entre los procedimientos domésticos y el presente proceso arbitral, toda vez que no hay identidad de causa, objeto y partes.238 Por consiguiente, sostienen que su renuncia de mayo de 2017 es efectiva y, como tal, la objeción jurisdiccional de Chile debe ser rechazada.239

3. Análisis

150.
Bajo el título "Condiciones y Limitaciones al Consentimiento de las Partes", el Artículo 9.18.2(b) del TLC establece lo siguiente:

Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, conforme a esta Sección a menos que:

[...]

(b) la solicitud de arbitraje a que se refiere el Artículo 9.16.6 se acompañe:

(i) de la renuncia por escrito del demandante a las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del Artículo 9.16.1(a),

(ii) de las renuncias por escrito del demandante y de la empresa a las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del Artículo 9.16.1(b),

de cualquier derecho a iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquiera de las Partes, u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de los hechos o medidas que se alegue dieron lugar a la violación reclamada.

151.
Por su parte, el Artículo 9.16.1 del TLC, referido en el Artículo 9.18.2(b), establece lo siguiente:

En caso de que una parte contendiente considere que no puede resolverse una controversia relativa a una inversión mediante consultas y negociación:

(a) el demandante, a su propio nombre, podrá someter a arbitraje una reclamación, de conformidad con esta Sección, en la que se alegue:

(i) que el demandado ha violado una obligación de conformidad con la Sección A; y

(ii) que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como resultado de ésta; y

(b) el demandante, en representación de una empresa del demandado que sea una persona jurídica propiedad del demandante o que esté bajo su control directo o indirecto, podrá, de conformidad con esta Sección , someter a arbitraje una reclamación en la que alegue:

(i) que el demandado ha violado una obligación de conformidad con la Sección A; y

(ii) que la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como resultado de ésta.

152.
Por ende, si un inversionista presenta una reclamación arbitral bajo el Tratado "a su propio nombre" por daños sufridos por el mismo como resultado de supuestas violaciones del TLC por parte del Estado, dicho inversionista debe "renuncia[r] por escrito" a cualquier actuación judicial, administrativa, o ante cualquier otro mecanismo de solución de controversias, respecto de los hechos o medidas que se alegue dieron lugar a la violación reclamada. En cambio, si el inversionista presenta la reclamación "en representación de una empresa" suya o bajo su control, tanto el inversionista como la empresa deben presentar una renuncia por escrito.
153.
El incumplimiento del Artículo 9.18.2(b) del TLC implica que la reclamación en cuestión "[no] podrá someterse a arbitraje". De conformidad con el sentido corriente de los términos y del título de esta disposición (a saber, "Condiciones y Limitaciones al Consentimiento de las Partes"), es claro que el Artículo 9.18 define las condiciones bajo las cuales las partes del Tratado consienten a que una reclamación sea sometida a arbitraje. En la medida de que concierne el consentimiento del Estado a verse vinculado por un determinado mecanismo de resolución de disputas, el Artículo 9.18.2(b) impone un requisito de carácter jurisdiccional.240 Esto no es cuestionado por los Demandantes.241
154.
Los Demandantes piden compensación por los daños o pérdidas que, según alegan, han sufrido ellos mismos como accionistas de las Compañías. Principalmente, reclaman por la pérdida de sus ingresos debido a la no distribución de dividendos, por la destrucción del valor de sus acciones en las Compañías y por daños morales.242 En esta medida, presentan reclamaciones en su nombre propio y por los daños que han sufrido.243 Estos supuestos daños pueden ser tanto daños directamente causados a los Demandantes, como daños sufridos por los Demandantes en su calidad de accionistas como resultado de supuestos daños causados a las Compañías por la conducta de la Demandada.
155.
Por consiguiente, las renuncias efectuadas por los Demandantes el 23 de mayo de 2017, las cuales cubren a los Demandantes y no a las Compañías,244 cumplen con el Artículo 9.18.2(b) del TLC. En consecuencia, el Tribunal puede asumir jurisdicción sobre las reclamaciones de los Demandantes sin necesidad de examinar si los procesos domésticos iniciados por las Compañías son actuaciones respecto de los hechos o medidas que los Demandantes sostienen dan lugar a las violaciones del Tratado alegadas,245 o si la Contraloría y los tribunales penales chilenos son "tribunal[es] judicial[es] o administrativo[s] conforme a la ley" chilena o si constituyen "otros procedimientos de solución de controversias.246 Tampoco es necesario que el Tribunal determine si el Artículo 9.18.2(b) exige dar cumplimiento al test de triple identidad y si las reclamaciones de los Demandantes lo satisfacen.247

C. Prescripción

1. Posición de la Demandada

156.
La Demandada sostiene que el conocimiento de la violación alegada según el Artículo 9.18.1 del TLC se adquiere en el momento en que los Demandantes tuvieron o debieron haber tenido conocimiento de las medidas supuestamente violatorias del Tratado o "denunciadas" como tal.248 En efecto, la medida cuestionada "es la unidad para determinar si ha habido una violación" del Tratado.249
157.
Chile sostiene igualmente que, para que se cumpla el requisito de conocimiento de pérdidas o daños también requerido por el Artículo 9.18.1 del TLC, no es necesario que los Demandantes tuviesen conocimiento del monto exacto de los daños presuntamente sufridos. Es suficiente con que hayan sabido que se produjo "algún" daño o pérdida.250
158.
En vista de lo anterior, Chile recuerda que los Demandantes presentaron su Solicitud de Arbitraje el 26 de mayo de 2017.251 Resalta asimismo que la "fecha crítica" a efectos de la aplicación de la prescripción del Artículo 9.18.1 es 39 meses antes de la presentación de la Solicitud de Arbitraje, es decir, el 26 de febrero de 2014.252 Según la Demandada, la fecha en que los Demandantes presentaron la Notificación de Intención253 o la fecha en que las Compañías recibieron la respuesta por parte del DTPM sobre la apertura del proceso de revisión programada de 2014,254 son irrelevantes a pesar de los esfuerzos de los Demandantes por sostener lo contrario.255
159.
En este contexto, Chile hace referencia a una entrevista al Sr. Carlos Mario Rios publicada en el diario chileno El Mercurio el 23 de febrero de 2014,256 a las declaraciones testimoniales tanto del Sr. Carlos Mario Rios como del Sr. José Manuel Ferrer (Director de Express),257 así como a cierta documentación contemporánea, principalmente los estados financieros auditados de las Compañías de 2012 y 2013.258 Con base en ello, Chile alega que, con anterioridad a la fecha crítica, "los Demandantes ya tenían conocimiento sobre las medidas y hechos que forman parte de sus reclamaciones en el presente arbitraje", así como de los supuestos efectos de las mismas en la situación financiera de las Compañías.259 Consecuentemente, las reclamaciones de los Demandantes o bien "están fuera de la jurisdicción del Tribunal"260 o bien "son inadmisibles",261 con excepción de las reclamaciones sobre la expropiación de los terminales, o de aquellas relativas a la Licitación 2017.262
160.
La Demandada rechaza igualmente el argumento de los Demandantes según el cual sus reclamaciones no han prescrito en la medida de que (i) la presunta expropiación indirecta de su inversión es un acto compuesto; y (ii) los demás reclamos sobre trato justo y equitativo ("TJE"), trato no menos favorable ("TNMF") y protección y seguridad plenas ("PSP"), representan violaciones de naturaleza continua.263
161.
Respecto de la reclamación sobre expropiación, Chile afirma que los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos ("REHII") de la Comisión de Derecho Internacional ("CDI") son claros en que "a composite act 'occurs’ [at] the time at which the last action or omission occurs which, taken with the other actions or omissions, is sufficient to constitute the wrongful act, without it necessarily having to be the last in the series".264 Así, incluso según el criterio aplicado por los Demandantes, el plazo de prescripción de la presunta expropiación indirecta no se extiende más allá de la fecha en que los Demandantes tuvieron o debieron haber tenido conocimiento de que se habría configurado dicha expropiación, "independientemente de la existencia de hechos posteriores relacionados con la misma".265 Además, los actos que el Sr. Carlos Mario Rios menciona en su entrevista del 23 de febrero de 2014 son los que constituyen la expropiación indirecta alegada en el presente arbitraje.266 El hecho de que los Demandantes también basen su reclamación sobre expropiación en medidas que ocurrieron posteriormente a la fecha crítica es irrelevante.
162.
En relación con los reclamos sobre TJE, TNMF y PSP, la Demandada alega que la doctrina de los actos continuos invocada por los Demandantes "no altera ni modifica los términos expresos del Tratado".267 Bajo el TLC, "las limitaciones temporales al consentimiento a arbitrar aplican a partir del momento en que los demandantes obtuvieron conocimiento real o presunto de la supuesta violación y de sus efectos—no a partir del momento en que la supuesta violación cesó".268
163.
Por lo tanto, Chile agrega que "no ha otorgado su consentimiento a someter a arbitraje reclamaciones relacionadas a supuestas medidas cuya existencia y efecto era conocido por los Demandantes antes del 26 de febrero de 2014".269 Alega además que, "en virtud del Artículo 9.18.1 del Tratado, el Tribunal no puede otorgar indemnizaciones respecto de supuestos daños sufridos anteriormente al 26 de febrero de 2014".270

2. Posición de los Demandantes

164.
Los Demandantes sostienen que el carácter extemporáneo de una reclamación no afecta la jurisdicción del Tribunal sobre la disputa, sino la admisibilidad de la reclamación específica.271 En esta medida, alegan que la Demandada tiene la carga de la prueba sobre la supuesta prescripción de cada uno de los reclamos presentados en el Memorial de Demanda, y que "la referencia de Chile a un simple artículo de prensa" resulta insuficiente a dichos efectos.272
165.
Los Demandantes alegan en todo caso que sus reclamaciones no han prescrito conforme a lo dispuesto en el Artículo 9.18.1 del TLC. Sostienen que cada uno de sus reclamos, "basados ya en actos compuestos o continuos", se encuentran dentro del término de 39 meses previsto en el Tratado y por lo tanto son admisibles.273
166.
En cuanto a su reclamación sobre la expropiación rampante o indirecta de su inversión, los Demandantes sostienen que dicha violación constituye un "acto ilícito compuesto".274 Como tal, el periodo de prescripción correspondiente sólo puede empezar a correr una vez que se ha consumado la violación del Tratado; "esto es, en el momento en que se presenta la acción u omisión que, tomadas con las anteriores acciones y omisiones, es suficiente para privar al inversionista de su inversión".275 Conforme a este estándar, los Demandantes destacan que su reclamación sobre expropiación se basa en hechos posteriores al 26 de febrero de 2014, por ejemplo la conducta de Chile durante los procesos de revisión programada y excepcional del PPT (que ocurrió entre los años 2014 y 2017), y la negativa del MTT a aumentar la flota de las Compañías (que ocurrió entre los años 2014 y 2016).276
167.
Respecto de las reclamaciones sobre TJE, TNMF y PSP, los Demandantes aseveran que estas reclamaciones se basan en actos ilícitos continuos.277 En consecuencia, la prescripción sólo puede correr desde el momento en que cesa el ilícito, lo que no ocurrió antes de la fecha crítica definida por la Demandada.278
168.
Adicionalmente, los Demandantes plantean los siguientes argumentos:

i. La entrevista al Sr. Carlos Mario Rios Velilla publicada en El Mercurio el 23 de febrero de 2014 no puede constituir el punto de inicio del periodo de prescripción.279 Dicha entrevista fue publicada en el contexto de la carta enviada por las Compañías al DTPM el 14 de febrero de 2014,280 "solicitando al Estado tomar medidas para asegurar el equilibrio económico-financiero de los Nuevos Contratos de Concesión".281 En el momento de la entrevista, los Demandantes aún tenían la "esperanza" de que el DTPM daría "alguna respuesta positiva".282 El 4 de marzo de 2014, las Compañías recibieron las respuestas negativas del DTPM con fecha del 27 de febrero de 2014.283 Es a partir de entonces que los Demandantes concluyeron que no había "nada que conversar ya con el Estado chileno".284 Por lo tanto debían iniciar el arbitraje dentro de los 39 meses desde la respuesta del DTPM del 4 de marzo de 2014, es decir antes del 4 de junio de 2017, lo cual hicieron con la presentación de la Notificación de Intención el 10 de mayo de 2016 y la Solicitud de Arbitraje el 26 de Mayo de 2017.285

ii. En cualquier caso, según los Demandantes, la Notificación de Intención interrumpió la prescripción.286

169.
Por último, en contra de a las alegaciones de la Demandada,287 los Demandantes enfatizan que, una vez declarada la admisibilidad de una reclamación, nada en el Tratado impide "una consideración apropiada respecto de la conducta anterior al plazo de prescripción a los efectos de la evaluación tanto en materia de responsabilidad como de indemnización".288 Cualquier otra conclusión "[contradiría] abiertamente el reconocido principio de derecho internacional de reparación íntegra según el cual la reparación de un acto ilícito debe ser suficiente para borrar todas sus consecuencias".289

3. Análisis

170.
El Artículo 9.18.1 del TLC establece lo siguiente:

Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, conforme a esta Sección, si han transcurrido más de treinta y nueve (39) meses a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento de la violación alegada, conforme a lo establecido en el Artículo 9.16.1 y conocimiento de que el demandante (por las reclamaciones entabladas en virtud del Artículo 9.16.1(a)), o la empresa (por las reclamaciones entabladas en virtud del Artículo 9.16.1(b)) sufrió pérdidas o daños.

171.
La presente sección analiza si o en qué medida las reclamaciones de los Demandantes respecto de cada violación alegada del Tratado han prescrito en virtud del Artículo 9.18.1 del TLC. Dicho análisis requiere presumir violaciones del Tratado aún no establecidas. La existencia efectiva de las violaciones se examinará en la sección sobre responsabilidad siempre que las reclamaciones no hayan prescrito.
172.
El calificativo "alegada" en el Artículo 9.18.1 indica que a esta altura la violación debe identificarse con base en los supuestos formulados por los Demandantes.290 Esto no implica, sin embargo, que el Tribunal se vea obligado aceptar la argumentación de los Demandantes en su totalidad. El Tribunal puede por ejemplo revisar la caracterización de los Demandantes en cuanto a la naturaleza simple, compuesta o continua de las violaciones alegadas y los efectos de esta caracterización sobre la prescripción.291 De lo contrario, un demandante podría caracterizar su reclamación de forma tal que los requisitos jurisdiccionales del Tratado se verían obviados.
173.
Antes de abordar el análisis sobre prescripción, el Tribunal nota que las razones elaboradas relativas al carácter jurisdiccional del Artículo 9.18.2(b) del TLC son aplicables mutatis mutandis al Artículo 9.18.1.292 Ambas disposiciones son parte del Artículo 9.18, cuyo título, al referirse a las "[c]ondiciones" y "[l]imitaciones" al "[c]onsentimiento" de las partes del Tratado, demuestra que las normas que lo integran regulan requisitos de carácter jurisdiccional. Además, contrariamente a las alegaciones de los Demandantes,293 el hecho de que el Artículo 9.18.1 disponga que "[n]inguna reclamación podrá someterse a arbitraje" no desvirtúa su carácter jurisdiccional. Esta prohibición se encuentra en idénticos términos en el Artículo 9.18.2(b), cuya naturaleza jurisdiccional no es cuestionada. En general, es posible trazar una distinción entre las cuestiones de jurisdicción, que conciernen la existencia del poder adjudicativo de un tribunal, y las cuestiones de admisibilidad, que se refieren al ejercicio de dicho poder. Sin embargo, los Estados contratantes son libres de condicionar su consentimiento al arbitraje a que cada reclamación deba cumplir con ciertos requisitos, tales como aquellos definidos en el Artículo 9.18.1 del TLC.
174.

Según el Artículo 9.18.1, el término de 39 meses comenzó a correr una vez que los Demandantes adquirieron conocimiento tanto de la "violación alegada" como de las "pérdidas o daños" causados por ésta.294 El conocimiento puede ser real o presunto. El conocimiento real requiere establecer que los Demandantes efectivamente tuvieron conocimiento de los hechos relativos a una violación, calificaron dichos hechos como constitutivos de una violación y tuvieron conocimiento de las pérdidas o daños sufridos como resultado.295 El conocimiento presunto es imputable a los Demandantes si, conforme al ejercicio de un debido cuidado, éstos debieron haber tenido conocimiento de la violación alegada y de los daños resultantes.296

176.
Conceptualmente puede haber un cierto lapso entre el conocimiento del acto, de la violación y del daño resultante. No obstante, cabe resaltar que el Tratado es claro en que el requisito del conocimiento de la violación y el conocimiento del daño resultante son distintos. Por lo tanto, en principio, uno no determina ni exige el otro. La única potencial excepción en este respecto concierne el estándar de expropiación, que por definición requiere un daño considerable (i.e. la privación sustancial de la inversión)300 para que se consuma el ilícito internacional.
177.
Con base en lo expuesto, la aplicación del Artículo 9.18.1 exige que el Tribunal establezca: (a) la fecha límite antes de la cual el conocimiento por parte de los Demandantes de la violación y del daño excluiría la reclamación de la jurisdicción del Tribunal; (b) el conocimiento actual o presunto por parte de los Demandantes de la violación alegada y de los daños sufridos como consecuencia con anterioridad o posterioridad a dicha fecha límite; y (c) las conclusiones extraídas del anterior razonamiento.

a. Fecha límite

178.
El Artículo 9.18.1 establece que, a partir del conocimiento de la violación y de las pérdidas, los Demandantes tenían 39 meses para someter su reclamación a arbitraje. El Artículo 9.16.6 del TLC dispone que una "reclamación se considerará sometida a arbitraje [...] cuando la notificación o la solicitud de arbitraje del demandante [...] a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 36 del Convenio CIADI sea recibida por el Secretario General". Los Demandantes presentaron su Solicitud de Arbitraje conforme al Artículo 9.16.6 el 26 de mayo de 2017.301
179.
Por lo tanto, la fecha límite para efectos del Artículo 9.18.1 es el 26 de febrero de 2014 (la "Fecha Límite"). Como tal, una reclamación de los Demandantes debe considerarse fuera de la jurisdicción del Tribunal si los Demandantes tenían conocimiento de la correspondiente violación alegada y de las pérdidas resultantes antes del 26 de febrero de 2014.
180.
Ninguna disposición del Tratado indica que la presentación de la Notificación de Intención suspende, prolonga o interrumpe el término de prescripción. Por consiguiente, el Tribunal no puede aceptar el argumento de los Demandantes sobre los efectos de la Notificación de Intención. Esta última es regulada de manera independiente por el Artículo 9.16.4, el cual no guarda relación con el Artículo 9.18.1.

b. Conocimiento de la violación y de las pérdidas

181.
Según la Demandada, la medida estatal es lo que "dará lugar o no a las violaciones alegadas", por lo que "la medida es la unidad para determinar si ha habido una violación" del Tratado.302 Así, para la Demandada, se adquiere conocimiento de una violación al conocer o deber haber conocido de las medidas constitutivas de la violación.303
182.
Por su parte, los Demandantes afirman que tener conocimiento de las medidas subyacentes a una violación no es determinante según el Artículo 9.18.1.304 Aseveran que la ocurrencia de una medida "no necesariamente coincide con la fecha de consumación de la violación del Tratado y, por lo tanto, con la fecha en la que [podría empezar] a contar el periodo de prescripción".305 Según los Demandantes, esto "dependerá de la naturaleza" de la violación alegada, ya sea que se trate de un ilícito simple, compuesto o continuo.306
183.
Los Demandantes sostienen que la violación alegada sobre expropiación es de naturaleza compuesta. Según ellos, si bien ciertas medidas pudieron haber precedido la Fecha Límite, la expropiación sólo se consumó posteriormente. Por este motivo, la reclamación sobre expropiación no está prescrita.307
184.
Arguyen igualmente los Demandantes que las violaciones alegadas de los estándares de TJE, TNMF y PSP son de naturaleza continua y que el plazo de 39 meses sólo comienza a correr a partir de la cesación del ilícito continuo.308 Por lo tanto, alegan que estas reclamaciones tampoco se consumaron con anterioridad a la Fecha Límite,309 y tampoco se encuentran prescritas.310
185.
En vista de lo anterior, el Tribunal debe determinar cuándo en principio ocurre un ilícito según su naturaleza y establecer en consecuencia cuándo los Demandantes obtuvieron conocimiento de la violación y los daños en relación con cada violación alegada.

i. Acto ilícito simple

186.
Los Demandantes sostienen que el presente caso no involucra ilícitos simples o completos.311 No obstante, como se desarrollará en el contexto de las violaciones de los estándares de TJE, TNMF y PSP, el Tribunal considera que la presente disputa sí concierne ciertos potenciales ilícitos simples.312
187.
Según los Artículos REHII, un acto internacionalmente ilícito simple es aquel que no tiene un carácter continuo y, por lo tanto, "occurs at the moment when the act is performed, even if its effects continue".313 La fecha en que ocurre la medida estatal constitutiva de un ilícito simple determina el momento a partir del cual el sujeto afectado puede adquirir conocimiento del ilícito en cuestión y de los daños resultantes.
188.
De ello se sigue que, de acuerdo con el Artículo 9.18.1, toda reclamación que tenga por objeto un ilícito simple se encuentra dentro de la jurisdicción del Tribunal siempre que la medida presuntamente constitutiva del ilícito haya ocurrido después del 26 de febrero de 2014. Si la medida ocurrió antes de la Fecha Límite, la jurisdicción sobre la reclamación correspondiente estará sujeta a que el conocimiento de la violación alegada y del daño se haya adquirido después del 26 de febrero de 2014.

ii. Acto ilícito compuesto

189.
Conforme a los Artículos REHII, el acto ilícito compuesto es aquel que resulta de una serie de acciones u omisiones estatales que, consideradas en su conjunto, son suficientes para violar una obligación internacional,314 independientemente de que cada acción u omisión de la serie pueda asimismo constituir un ilícito respecto de una obligación distinta.315 Esto a su vez requiere que el contenido de la obligación internacional implique que su violación sea el producto de una agregación de medidas, y no de un solo acto.316 El ilícito compuesto "'occurs’ at the time at which the last action or omission occurs which, taken with the other actions or omissions, is sufficient to constitute the wrongful act, without it necessarily having to be the last in the series".317
190.
En caso de ilícitos compuestos, existe una medida estatal que, considerada en conjunto con los actos que la anteceden, consuma la violación de la obligación.318 Es esta medida la que determina el momento a partir del cual un sujeto afectado es capaz de adquirir conocimiento de la violación y de los daños resultantes. El hecho de que otras acciones u omisiones posteriores agraven el ilícito compuesto ya consumado es irrelevante a efectos de conocer la violación y el perjuicio correspondiente. Por consiguiente, si la violación alegada concierne un ilícito compuesto, la reclamación correspondiente se encuentra dentro de la jurisdicción del Tribunal siempre que la medida que consuma el ilícito haya ocurrido después del 26 de febrero de 2014 o, en caso de haber ocurrido antes, que el reclamante haya tomado conocimiento real o presunto de la medida y de sus consecuencias dañosas después de esa Fecha Límite.
191.
Es la posición de los Demandantes que su reclamación sobre la expropiación progresiva se fundamenta en un ilícito compuesto violatorio del Artículo 9.10 del TLC.319 Afirman que el ilícito se compone de las siguientes acciones y omisiones atribuibles a Chile:

i. La falta de ejecución oportuna del Plan Maestro de Infraestructura 2011-2015 ("Plan Maestro"),320 conforme a sus cronogramas anuales y programas.321

ii. La falta de respaldo estatal necesario para controlar la evasión durante la ejecución de los Nuevos Contratos de Concesión.322

iii. La falta de protección del orden público respecto del Transantiago y, por el contrario, el haber expuesto a las Compañías a actos de vandalismo además de haber ignorado los múltiples pedidos de las Compañías en los que solicitaban la intervención de las autoridades.323

iv. El abuso de sus poderes soberanos al haber aplicado a las Compañías descuentos y multas por el incumplimiento de los índices ICR, ICF e ICT a pesar de que el Estado influyó indebidamente en sus resultados.324

v. El haber impedido arbitrariamente, a partir de marzo de 2014,325 que las Compañías contasen con la flota adecuada para operar los servicios contemplados en sus programas de operación, a pesar de que en 2015 la Mesa Técnica reconoció que las Compañías tenían un grave déficit de flota.326 Mientras tanto, de forma discriminatoria, Chile aprobó los aumentos de flota solicitados por los Operadores chilenos.327

vi. La eliminación de los servicios 112-diurno, 424, 416E, D06 y D13 de las Compañías y su asignación a Operadores chilenos en mejores condiciones.328

vii. El no restablecimiento del equilibrio económico-financiero de los Contratos a pesar de tener la obligación de hacerlo de acuerdo con el derecho público chileno.329 En particular, (i) a partir de marzo de 2014,330 Chile le impidió a las Compañías beneficiarse del ajuste del PPT al que tenían derecho, por medio de la exclusión indebida de la mayoría de los ítems solicitados por las Compañías a través de procesos dilatorios;331 y (ii) a partir de enero de 2015, el MTT rechazó o ignoró las solicitudes de las Compañías de renegociar los Contratos,332 a pesar de que la consultora independiente Econsult, contratada por el Estado, alertó que, de no renegociarse el Contrato de Alsacia, ésta alcanzaría una Tasa Interna de Retorno ("TIR") de -8.17%.333

viii. La expropiación de los terminales de las Compañías en agosto de 2017.334

192.

La Demandada, acertadamente, no controvierte que el Artículo 9.10 del TLC sobre expropiación cubre ilícitos compuestos o que la figura de la expropiación progresiva o rampante constituye un ilícito compuesto. El mismo Tratado reconoce que la expropiación de una inversión puede resultar de "una serie de actos" atribuibles al Estado.335 Adicionalmente, la jurisprudencia arbitral ha sido consistente en categorizar la expropiación rampante como un ilícito que resulta de una acumulación de actos por parte del Estado.336 El Tribunal por lo tanto no tiene dificultad en aceptar que la expropiación alegada constituiría un ilícito compuesto.337

193.
No obstante, según la Demandada, con anterioridad de la Fecha Límite los Demandantes tenían conocimiento de las medidas en las que basan su reclamación sobre expropiación338 y de que las Compañías se encontraban en un "estado financiero crítico".339 Sostiene que, si la expropiación rampante se configuró mediante la destrucción sustancial del valor de la inversión, como alegan los Demandantes, ello significaría que éstos ya conocían o debían conocer la supuesta expropiación antes de la Fecha Límite.340 Por ende, alega Chile, la reclamación se encuentra prescrita conforme al Artículo 9.18.1 del TLC.
194.
Por su parte, los Demandantes no identifican la medida estatal crítica constitutiva de la violación alegada. Sin embargo, aseveran que la expropiación rampante de su inversión se consumó después de la Fecha Límite.341
195.
Según el Tratado, la conducta agregada constitutiva de una expropiación rampante debe interferir "con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los atributos o facultades esenciales del dominio de una inversión".342 Es lugar común entre las Partes que esto requiere la "privación sustancial" de la inversión.343 Los hechos probados demuestran que en febrero 2014 las Compañías enfrentaban dificultades financieras,344 pero estas dificultades no conllevaban una privación sustancial de la inversión.
196.
En febrero de 2014, las Compañías lograron pagar la cuota semestral adeudada a sus bonistas internacionales.345 No sería sino hasta agosto de 2014 que las Compañías entrarían en default y se verían obligadas a presentar en octubre del mismo año un plan de reestructuración empresarial ante los tribunales estadounidenses.346 Esto coincide con el hecho de que sólo en marzo de 2014 las Compañías se enterarían de la decisión del DTPM de negar el incremento de su Flota de Reserva,347 así como de excluir del proceso de revisión programada los ítems solicitados por las Compañías relacionados con las condiciones de la infraestructura vial, los costos asociados al control de la evasión y los efectos adversos del vandalismo,348 entre otros.349 La negativa por parte del DTPM se dio en un periodo en que, según las agencias calificadoras de riesgo, la estabilidad financiera de las Compañías dependía significativamente de recibir compensaciones estatales.350
197.
Las Compañías perdieron la capacidad de satisfacer sus obligaciones financieras sólo después del 26 de febrero de 2014, lo que indica que la medida constitutiva de la expropiación alegada no pudo haber ocurrido antes de la Fecha Límite. Por consiguiente, los Demandantes no pudieron haber tenido conocimiento de la alegada expropiación antes de la Fecha Límite, y por ende la reclamación sobre esta violación no ha prescrito.
198.
Contrario a los argumentos de la Demandada,351 la reclamación se encuentra dentro de la jurisdicción del Tribunal en su totalidad. La violación del derecho internacional que concierne un ilícito compuesto cubre todo el periodo entre la primera y la última medida estatal que forma parte de dicho ilícito.352 Una vez que la reclamación se encuentra dentro de la jurisdicción, nada le impide al Tribunal considerar medidas integrantes de la presunta expropiación que ocurrieron antes de la Fecha Límite.

iii. Acto ilícito continuo

199.
Este apartado iii. se adopta por mayoría del Tribunal. El Co-Arbitro Garibaldi disiente en parte, en la medida y por las razones expuestas en su Disidencia Parcial, anexa a este Laudo.