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Lawyers, other representatives, expert(s), tribunal’s secretary

Laudo

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

ABECIR ABECIR, C.A.
Caromin Aruba Compañía Minera del Bajo Caroní AVV
Caromin Venezuela Compañía Minera del Bajo Caroní, C.A.
CIADI o Centro Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
Concesiones Alfa Concesiones ALFA 1, ALFA 2 y ALFA 3
Concesiones Delta Concesiones DELTA A, DELTA B, DELTA C y DELTA D
Convenio CIADI Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 18 de marzo de 1965
Demandantes Highbury International AVV y Ramstein Trading INC.
Edelca Empresa Electricidad del Caroní
H-AL-XXX Autoridades Legales de las Demandantes
Highbury Highbury International AVV
H-XXX Anexos de las Demandantes
Ley de Inversiones de Venezuela Decreto con Rango y Fuerza de Ley N°356 de 3 de octubre de 1999, que establece el Régimen de Promoción y Protección de Inversiones
Ley de Minas de 1945 Ley de Minas de 1945 publicada en Gaceta Oficial N° 121 Extraordinario de 18 de enero de 1945
Ley de Minas de 1999 Ley de Minas de 1999, Decreto No. 295, publicada en la Gaceta Oficial N° 5,382 Ext., 28 de septiembre de 1999
Ley de Promoción de Inversión bajo Concesiones Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones
Memorial de Contestación a Objeciones a la Jurisdicción y Réplica de Fondo de las Demandantes Contestación a Objeciones a la Jurisdicción y Réplica de Fondo de Highbury International AVV y Ramstein Trading INC. de fecha 26 de marzo de 2012
Memorial de Contestación de la Demandada Memorial de Contestación de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 22 de diciembre de 2011
Memorial de Dúplica de la Demandada Dúplica de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 25 de mayo de 2012
Memorial de Dúplica sobre Jurisdicción de las Demandantes Dúplica sobre Jurisdicción de Highbury International AVV y Ramstein Trading INC. de fecha 25 de junio de 2012
Memorial de las Demandantes Memorial de Highbury International AVV y Ramstein Trading INC. de fecha 24 de agosto de 2011
Memorial sobre Objeciones a la Jurisdicción de la Demandada Excepciones de la República Bolivariana de Venezuela a la Jurisdicción del Tribunal de fecha 27 de octubre de 2011
Minera Unicornio Compañía Minera Unicornio, C.A.
Ministerio de Minas Ministerio de Industrias Básicas y Minería / Ministerio de Minas e Hidrocarburos / Ministerio de Energía y Minas
Países Bajos Reino de los Países Bajos
Primera Sesión Primera Sesión del Tribunal Arbitral del 9 de agosto de 2011
Providencia Administrativa 001 Providencia Administrativa N°. 1, Dirección General de Minas, de 7 de marzo de 2003
Providencia Administrativa 003 Providencia Administrativa N°. 3, Dirección General de Minas, de 2 de diciembre de 2003
Providencia Administrativa 004 Providencia Administrativa N°. 4, Dirección General de Minas, 4 de noviembre de 2004
Proyecto Tocoma Proyecto Hidroeléctrico Tocoma o Manuel Piar
Ramstein Ramstein Trading INC.
Reglas de Arbitraje Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI
Secretaria Secretaria del Tribunal Arbitral
Solicitud de Arbitraje Solicitud de Arbitraje del 29 de octubre de 2010, corregida el 30 de noviembre de 2010 y registrada el 5 de enero de 2011
TBI o Tratado Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de Inversiones celebrado entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos el 22 de octubre de 1991
VAL-XXX Autoridades Legales de la Demandada
Venezuela o Demandada República Bolivariana de Venezuela
VMC V.M.C. Mining Company, C.A.
V-XXX Anexos de la Demandada

I. INTRODUCCIÓN Y PARTES EN EL ARBITRAJE

1.
El 29 de octubre de 2010, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI" o "Centro") recibió una Solicitud de Arbitraje de Highbury International AVV, una compañía constituida bajo las leyes de los Países Bajos ("Highbury"), y Ramstein Trading Inc., una compañía constituida bajo las leyes de Panamá ("Ramstein" y junto con Highbury, las "Demandantes"), en contra de la República Bolivariana de Venezuela ("Venezuela" o la "Demandada").
2.
Las Demandantes enviaron una corrección de errores materiales a la Solicitud de Arbitraje. La Solicitud de Arbitraje fue recibida en su totalidad el 30 de noviembre de 2010. El 1 de diciembre de 2010 el Centro acusó recibo de la Solicitud de Arbitraje, así como del pago del derecho de registro correspondiente.
3.
Las Demandantes están representadas en este procedimiento por los estudios jurídicos Mezgravis & Asoc., con oficinas en Caracas, Venezuela; González de Cossío Abogados, con oficinas en México, D.F., México, y HomerBonner, con oficinas en Miami, EE.UU. La Demandada fue inicialmente representada desde el 12 de mayo de 2011 hasta el 29 de agosto de 2011 por el estudio jurídico Arnold & Porter LLP, con oficinas en Washington, D.C., EE.UU., y desde el 12 de septiembre de 2011 a la fecha, la Demandada ha sido representada por el estudio jurídico Foley Hoag LLP, con oficinas en Washington, D.C., EE.UU.
4.
Se hará referencia a las Demandantes y la Demandada conjuntamente como "Partes". Los representantes de las Partes y sus respectivas direcciones han sido listados anteriormente.

II. HISTORIA PROCESAL

5.
El 5 de enero de 2011, la Secretaria General del CIADI registró la Solicitud de Arbitraje de conformidad con el Artículo 36(3) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados ("Convenio CIADI") y notificó a las Partes del registro. En la Notificación del Acto de Registro, la Secretaria General invitó a las Partes a proceder, en cuanto fuere posible, a constituir un Tribunal Arbitral de conformidad con la Regla 7(d) de las Reglas Procesales Aplicables a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje.
6.
No habiendo llegado a un acuerdo sobre el método de constitución del Tribunal, y transcurridos más de sesenta días desde el registro de la Solicitud de Arbitraje, las Demandantes mediante carta de 7 de marzo de 2011 invocaron el Artículo 37(2)(b) del Convenio CIADI. En la misma carta, las Demandantes nombraron como árbitro al Profesor Guido Santiago Tawil, nacional de Argentina.
7.
Noventa (90) días después del registro de la Solicitud de Arbitraje, no habiéndose constituido el Tribunal, por carta de 6 de abril de 2011 las Demandantes solicitaron que el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI efectuara el nombramiento de los árbitros que aún no hubieren sido designados, de conformidad con lo previsto en el Artículo 38 de Convenio CIADI y la Regla 4 de las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI (las "Reglas de Arbitraje").
8.
Por carta de 28 de abril de 2011, la Demandada designó como árbitro al Dr. Claus von Wobeser, nacional de México.
9.
Las Demandantes en sus cartas de 2 y 11 de mayo de 2011, reiteraron su solicitud para que el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI realizara el nombramiento del tercer árbitro, quien presidiría el Tribunal, según lo previsto por el artículo 38 del Convenio CIADI y la Regla 4 de las Reglas de Arbitraje.
10.
El 12 de mayo de 2011, la Demandada entregó la documentación en relación a su representación por el estudio jurídico Arnold & Porter LLP, Washington, D.C.
11.
Luego de consultar a las partes, y de conformidad con el Artículo 38 del Convenio CIADI y la Regla 4 de las Reglas de Arbitraje, el 13 de junio de 2011, el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI nombró al Dr. Enrique Barros, nacional de Chile, como tercer árbitro y Presidente del Tribunal.
12.
El 14 de junio de 2011 la Secretaria General notificó a las Partes en virtud de la Regla 6(1) de las Reglas de Arbitraje que los tres árbitros habían aceptado sus respectivos nombramientos, que el procedimiento quedaba formalmente iniciado y que la Sra. Ann Catherine Kettlewell, Consejera Jurídica del CIADI, actuaría como Secretaria del Tribunal Arbitral (la "Secretaria").
13.
El 20 de junio de 2011, las Demandantes presentaron una solicitud formal al Tribunal Arbitral para que ordenara la descalificación de la firma de abogados Arnold & Porter LLP. El 24 de junio de 2011, el Tribunal fijó el calendario procesal para que cada una de las Partes realizara los alegatos en torno a la solicitud de las Demandantes. Las Demandantes presentaron sus observaciones el 29 de junio de 2011 y la Demandada presentó sus observaciones el 8 de julio de 2011. El 15 de julio de 2011 el Tribunal permitió a las Demandantes presentar el testimonio de refutación del Sr. Manuel Fernández, el que fue presentado por éstas el 18 de julio de 2011. Asimismo, el Tribunal le permitió a la Demandada presentar un testigo de refutación a ese testigo, el cual fue presentado el 20 de julio de 2011.
14.
El 13 de julio de 2011, tras consultar con las Partes y con el Centro, el Tribunal fijó el 9 de agosto de 2011 como fecha para la primera sesión, que habría de tener lugar en la sede del Centro en Washington, D.C. ("Primera Sesión"). Asimismo, fijó el 10 de agosto como fecha de la audiencia para presentar los alegatos orales sobre la descalificación de los representantes legales de la Demandada.
15.
El 15 de julio de 2011 la Secretaria del Tribunal comunicó a las Partes la intención del Presidente del Tribunal de contar con un asistente para determinadas y limitadas tareas. Para estos efectos el Presidente propuso como asistente al abogado Sr. Andrés Germain Ronco, nacional de Chile. En la misma carta se dejó constancia del acuerdo de los demás miembros del Tribunal en orden a designar al Sr. Germain Ronco en calidad de asistente. El 29 de julio de 2011 las Partes comunicaron su conformidad con esta designación.
16.
La Primera Sesión del Tribunal tuvo lugar el 9 de agosto de 2011 en la sede del Centro en Washington, D.C., en la cual estuvieron presentes:

Miembros del Tribunal

Dr. Enrique Barros, Presidente Profesor Guido Tawil, Árbitro Dr. Claus von Wobeser, Árbitro

Secretariado del CIADI

Sra. Ann Catherine Kettlewell, Secretaria del Tribunal

En representación de las Demandantes

Sr. Manuel Fernández, Highbury International AVV

Sr. Andrés A. Mezgravis, Mezgravis & Asociados

Srta. Carolina González, Mezgravis & Asociados

Sr. Francisco González de Cossío, González de Cossío Abogados, S.C.

En representación de la Demandada

Sr. Paolo Di Rosa, Arnold & Porter LLP Sra. Gaela Gehring Flores, Arnold & Porter LLP Sr. Patricio Grané, Arnold & Porter LLP Sr. Kelby Ballena, Arnold & Porter LLP

Sr. Antonio José Guerrero Araujo, Representante de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela

Sr. Luis Alberto Torres Darías, Asesor Legal de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela

17.
Las Partes confirmaron que los Miembros del Tribunal Arbitral fueron válidamente nombrados. Se acordó, entre otras cosas, que las Reglas de Arbitraje aplicables serían aquellas en vigor desde el 10 de abril de 2006, que el idioma del procedimiento sería español y que el lugar del procedimiento sería la sede del CIADI en Washington, D.C. Las Partes convinieron en diversas cuestiones de procedimiento, las cuales quedaron expresadas en las Minutas de la Primera Sesión, firmadas por el Presidente y la Secretaria del Tribunal, las cuales fueron distribuidas a las Partes.
18.
El 10 de agosto se llevó a cabo la audiencia para escuchar alegatos en relación a la solicitud de descalificación de los representantes legales de la Demandada, la cual tuvo lugar en la sede del Centro en Washington, D.C., en la cual estuvieron presentes:

Miembros del Tribunal

Dr. Enrique Barros, Presidente Profesor Guido Tawil, Árbitro Dr. Claus von Wobeser, Árbitro

Secretariado del CIADI

Sra. Ann Catherine Kettlewell, Secretaria del Tribunal

En representación de las Demandantes

Sr. Manuel Fernández, Highbury International AVV Sr. Andrés A. Mezgravis, Mezgravis & Asociados

Srta. Carolina González, Mezgravis & Asociados

Sr. Francisco González de Cossío, González de Cossío Abogados, S.C.

En representación de la Demandada

Sr. Paolo Di Rosa, Arnold & Porter LLP Sra. Gaela Gehring Flores, Arnold & Porter LLP Sr. Patricio Grané, Arnold & Porter LLP Sr. Kelby Ballena, Arnold & Porter LLP

Sr. Antonio José Guerrero Araujo, Representante de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela

Sr. Luis Alberto Torres Darías, Asesor Legal de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela

19.
Luego de la audiencia, el Tribunal deliberó y teniendo en cuenta todas las presentaciones, documentos y declaraciones testimoniales en relación a la descalificación de los representantes legales de la Demandada, el 10 de agosto de 2011 dictó una decisión abreviada rechazando la solicitud de descalificación de los representantes de la Demandada formulada por las Demandantes. Las Demandantes y la Demandada acordaron que el Tribunal se limitara al fallo dispositivo emitido el 10 de agosto de 2011 sin necesidad de proceder a la fundamentación de la decisión.
20.
Según lo acordado en la Primera Sesión, el 24 de agosto de 2011 las Demandantes presentaron su Memorial.
21.
El 29 de agosto de 2012, la firma de abogados Arnold & Porter LLP informó al Centro y al Tribunal su retiro como apoderados de Venezuela en el presente arbitraje.
22.
El 12 de septiembre de 2012, la Demandada comunicó el nombramiento del Procurador General de la República, Dr. Carlos Escarrá Malavé, y el otorgamiento de poder a la firma de abogados Foley Hoag LLP. El 13 de octubre de 2011 el Tribunal le solicitó a la Demandada presentar una certificación de la plena eficacia del poder otorgado, el cual fue presentado por la Demandada el 14 de octubre de 2011.
23.
El 13 de octubre la Demandada anunció su intención de presentar un memorial sobre excepciones a la jurisdicción del Centro y a la competencia del Tribunal. El Memorial sobre Objeciones a la Jurisdicción de la Demandada fue presentado el 27 de octubre de 2011 junto con una solicitud para que las excepciones a la jurisdicción fueran tramitadas y resueltas como cuestión previa, antes de continuar con las presentaciones sobre el fondo del asunto. El 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2011, las Demandantes presentaron sus observaciones sobre el particular.
24.
El 11 de noviembre de 2011, luego de considerar las posiciones de las Partes, el Tribunal decidió que uno o más temas interpuestos por la Demandada en sus excepciones a la jurisdicción estaban intrínsecamente relacionados con el fondo de la cuestión. En consecuencia, el Tribunal decidió que se pronunciaría sobre dichos temas conjuntamente con el fondo de la diferencia. El Tribunal confirmó su decisión el 22 de noviembre de 2011, tras rechazar el pedido de reconsideración efectuado por la Demandada en sus notas de 16 y 18 de noviembre de 2011, las que fueron contestadas por las Demandantes en sus presentaciones de 16 y 21 de noviembre de ese año.
25.
Según lo acordado en la Primera Sesión, el 22 de diciembre de 2011 la Demandada presentó su Memorial de Contestación.
26.
El 6 de enero de 2012 la Demandada presentó una solicitud de exhibición de documentos. El 16 de enero de 2012 las Demandantes presentaron sus objeciones a dicha solicitud. El 18 de enero de 2012 la Demandada presentó sus observaciones a las objeciones de las Demandantes. A su vez, el 19 de enero de 2012 las Demandantes presentaron observaciones al escrito de la Demandada de 18 de enero de 2012.
27.
El 13 de febrero de 2012 el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 1 sobre Producción de Documentos.
28.
El 22 de febrero de 2012 las Demandantes presentaron un escrito en contestación a la Resolución Procesal No. 1. El Tribunal invitó a la Demandada a presentar sus observaciones a dicho escrito a más tardar el 2 de marzo de 2012. La Demandada solicitó una extensión, la cual fue concedida, y presentó sus comentarios el 5 de marzo de 2012.
29.
El 26 de marzo de 2012 las Demandantes presentaron su Memorial de Contestación a Objeciones a la Jurisdicción y Réplica de Fondo.
30.
El 30 de marzo de 2012 el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 2 sobre Producción de Documentos.
31.
El 9 de abril de 2012 las Demandantes presentaron una Solicitud de Medidas Provisionales solicitando una garantía financiera por el monto total en disputa. El día 12 de abril de 2012 la Demandada presentó sus observaciones sobre la Solicitud de Medidas Provisionales presentada por las Demandantes. El día 13 de abril de 2012 las Demandantes presentaron su respuesta a las observaciones sobre la Solicitud de Medidas Provisionales de la Demandada.
32.
El 30 de abril de 2012 el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 3 sobre la Solicitud de Medidas Provisionales, negando su procedencia.
33.
El 25 de mayo de 2012 la Demandada presentó su Memorial de Dúplica de la Demandada.
34.
El 25 de junio de 2012 las Demandantes presentaron su Memorial de Dúplica sobre Jurisdicción.
35.
El 2 de julio de 2012 se llevó a cabo una conferencia preliminar para definir las reglas procesales a seguir durante la audiencia sobre jurisdicción y fondo. Dichas reglas procesales fueron emitidas por el Tribunal el 10 de julio de 2012 y, tras recibir comentarios de las Partes, fueron enmendadas con fecha 13 de julio de 2012 y 23 de julio de 2012. Asimismo, el Tribunal emitió el 3 de agosto de 2012 una decisión en relación a la admisibilidad de documentos que las Partes deseaban presentar durante la audiencia con fundamento en las reglas procesales para la audiencia.
36.
Entre los días 6 a 10 de agosto de 2012, el Tribunal celebró una audiencia sobre jurisdicción y fondo en la sede del Centro ubicada en Washington, D.C. Estuvieron presentes:

Miembros del Tribunal

Dr. Enrique Barros, Presidente Profesor Guido Tawil, Árbitro Dr. Claus von Wobeser, Árbitro

Secretariado del CIADI

Sra. Ann Catherine Kettlewell, Secretaria del Tribunal

Asistente del Tribunal

Sr. Andrés Germain, Asistente del Tribunal

En representación de las Demandantes

Sr. Andrés A. Mezgravis, Mezgravis & Asoc.

Sra. Militza A. Santana, Mezgravis & Asoc.

Srta. Carolina González, Mezgravis & Asoc.

Sr. Francisco González de Cossío, González de Cossío Abogados S.C.

Sr. Luis Delgado, HomerBonner Attorneys at Law

Sr. Manuel A. Fernández, Highbury International AVV

En representación de la Demandada

Sr. Ronald Goodman, Foley Hoag LLP

Sr. Alberto Wray, Foley Hoag LLP

Sr. Ignacio Torterola, Foley Hoag LLP

Sr. Kenneth Figueroa, Foley Hoag LLP

Sra. Tafadzwa Pasipanodya, Foley Hoag LLP

Sra. Cicely Parseghian, Foley Hoag LLP

Sr. Carlos Arrué Montenegro, Foley Hoag LLP

Sra. Analía González, Foley Hoag LLP

Sr. Diego Cadena, Foley Hoag LLP

Sra. Clara Brillembourg, Foley Hoag LLP

Sr. Vivek Krishnamurthy, Foley Hoag LLP

Sr. Luis Parada, Foley Hoag LLP

Sr. Paul Reichler, Foley Hoag LLP

Sra. Elian Maritz, Foley Hoag LLP

Sra. Michelle Miller, Foley Hoag LLP

Sra. Melissa Tuarez, Foley Hoag LLP

Sra. Angélica Villagrán, Foley Hoag LLP

Sra. Carmen Roman, Foley Hoag LLP

Dr. César Mata-García, Procuraduría General de la República

Dra. Andrea Flores-Ynserny, Procuraduría General de la República

Sra. Rebecca Vélez Bordener, Credibility Consulting, LLC

37.
Las siguientes personas fueron interrogadas:

Por parte de las Demandantes

Dr. Allan Brewer-Carías, Experto Dra. Graciela Dixon, Experto Dra. Ana Irene Vidal, Testigo Sra. Doris Rojas, Testigo

Por parte de la Demandada

Dr. Juan Carlos Cuenca Vivas, Experto

Dr. Kadri Dagdelen, Experto

Dra. Meccys Fuentes, Testigo

Dra. Anabella Garrido, Testigo

Sr. Timothy Hart, Experto

Prof. Carlos Enrique Mouriño Vaquero, Experto

Sra. Laura Paredes, Testigo

Sr. Héctor Peña Torrelles, Experto

38.
Al final de la audiencia el Tribunal formuló una serie de preguntas a las Partes con el fin de que éstas las respondieran en sus Escritos Posteriores a la Audiencia. Siendo así, el Tribunal estableció los requisitos formales a los que debían ajustarse dichos escritos y decidió extender el número de carillas que las Partes podrían presentar, acordado originalmente en las reglas procesales de la audiencia. Dicha extensión fue otorgada con el propósito de que respondieran a todas las preguntas del Tribunal. Dichos Escritos Posteriores a la Audiencia debían ser presentados por ambas Partes simultáneamente el 17 de septiembre de 2012.
39.
El 11 de septiembre de 2012 las Partes solicitaron una extensión de tiempo para la presentación de los Escritos Posteriores a la Audiencia. El Tribunal aprobó dicha extensión. El día 19 de septiembre de 2012 las Partes presentaron sus Escritos Posteriores a la Audiencia de manera simultánea.
40.
Una vez agotado el calendario procesal, el Tribunal deliberó sobre los temas del presente caso en París, Francia, el 27 y 28 de septiembre de 2012.
41.
El 22 de octubre de 2012 las Demandantes solicitaron mediante correo electrónico agregar al expediente una nueva autoridad legal cuyo título era "El traspaso de las Acciones de una Sociedad Anónima". El Tribunal admitió agregar al expediente dicha autoridad legal e invitó a la Demandada a presentar sus comentarios en relación a ella. El 2 de noviembre de 2012 la Demandada presentó sus comentarios. El 8 de noviembre de 2012 el Tribunal acusó recibo de los comentarios de la Demandada e informó a las Partes que la consideración de dicha autoridad legal sería atendida en su debido momento si fuere necesario.
42.
El 13 de diciembre de 2012 las Demandantes solicitaron al Tribunal Arbitral la exhibición de determinados documentos y comentarios en relación a los expertos de daños presentados por la Demandada. El Tribunal acusó recibo de la comunicación e invitó a la Demandada a presentar sus comentarios en relación a la comunicación de las Demandantes. La Demandada presentó sus comentarios el 21 de diciembre de 2012. Las Demandantes presentaron comentarios adicionales el 24 de diciembre de 2012. Respecto de la exhibición de documentos, el Tribunal tomó nota de los comentarios de las Partes y decidió que era innecesario requerir tales documentos a la Demandada. Respecto del fondo del incidente y los costos del mismo, se tomaron en cuenta los argumentos y el Tribunal decidió analizarlos y resolverlos en el presente laudo, en caso de ser necesario.
43.
El 24 de diciembre de 2012 las Demandantes solicitaron al Tribunal Arbitral incluir comentarios en relación a un laudo de reciente emisión sobre el argumento de la cláusula paraguas. El Tribunal Arbitral invitó a la Demandada a presentar sus comentarios sobre el punto. El 8 de enero de 2013 la Demandada presentó sus comentarios. El Tribunal Arbitral acusó recibo de las comunicaciones de las Partes en relación a este punto el 9 de enero de 2013 e indicó que dicho asunto sería analizado y resuelto en el presente laudo, en caso de ser necesario.
44.
El 13 de febrero de 2013 la Demandada solicitó al Tribunal Arbitral incluir comentarios en relación a la decisión en el caso Tidewater Investment SRL y Tidewater Caribe, C.A. c. la República Bolivariana de Venezuela (caso CIADI No. ARB/10/5). Las Demandantes respondieron a dicha solicitud el 13 de febrero de 2013. En esa misma carta las Demandantes solicitaron al Tribunal su autorización para presentar comentarios en relación al laudo emitido en el caso Vannessa Ventures Ltd. c. la República Bolivariana de Venezuela (caso CIADI No. ARB(AF)/04/6). El Tribunal Arbitral invitó a la Demandada a presentar sus comentarios sobre este último punto. El 15 de febrero de 2013 la Demandada presentó sus comentarios. El 26 de febrero de 2013 el Tribunal Arbitral acusó recibo de las comunicaciones de las Partes y las invitó a presentar sus comentarios respectivos sobre ambos casos. El 5 de marzo de 2013 las Partes presentaron sus escritos de conformidad con la invitación del Tribunal.
45.
El 31 de mayo de 2013 las Partes presentaron sus escritos sobre los costos del procedimiento.
46.
El 11 de septiembre de 2013 se cerró el procedimiento arbitral.

III. ANTECEDENTES DE HECHO

A. Síntesis de los hechos alegados por las Demandantes

A.1. Exposición general del caso

47.
Las Demandantes afirman ser titulares de inversiones extranjeras en Venezuela relacionadas con concesiones de explotación de oro y diamantes en la zona del río Bajo Caroní. Estas concesiones se denominan ALFA 1, 2 y 3 ("Concesiones Alfa") y DELTA A, B, C y D ("Concesiones Delta")1. Highbury es una sociedad constituida conforme a las leyes del Reino de los Países Bajos, que justifica su titularidad de las inversiones a través de su relación corporativa con la sociedad venezolana Compañía Minera del Bajo Caroní, C.A. ("Caromin Venezuela"), quien sería titular de las Concesiones Alfa. Ramstein, por su parte, es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, que justifica su titularidad de las inversiones a través de su relación corporativa con la sociedad venezolana V.M.C. Mining Company, C.A. ("VMC"), quien sería titular de las Concesiones Delta. Asimismo, las Demandantes afirman que Highbury es controladora de Ramstein. En este sentido, al ser Ramstein una subsidiaria de Highbury que califica conforme al TBI como una empresa del Reino de los Países Bajos, las Demandantes alegan que las acciones de VMC deben reputarse como una inversión de los Países Bajos2.
48.
Según indican las Demandantes, en febrero de 2002 la empresa estatal Electricidad del Caroní ("Edelca"), con el apoyo de las fuerzas militares venezolanas, habría tomado posesión de las zonas atribuidas a las Concesiones Alfa y Delta para la ejecución de un proyecto hidroeléctrico en el río Caroní ("Proyecto Tocoma"). Estas acciones habrían impedido a los dependientes de las sociedades concesionarias la entrada a la zona de las Concesiones y el retiro de sus bienes y documentos3.
49.
Las Demandantes sostienen que con posterioridad a la toma de los terrenos correspondientes a las Concesiones, a los fines de revertir los bienes y equipos mineros al Estado y continuar sin dilaciones con la ejecución del proyecto hidroeléctrico, en diciembre de 2003 Venezuela habría declarado la procedencia del "rescate anticipado" y reconocido el derecho de las sociedades concesionarias a recibir una compensación integral por él4. Este reconocimiento se habría verificado por medio de actos administrativos y también por declaraciones realizadas en el marco de un juicio seguido por Caromin Venezuela y VMC ante las Cortes del Estado de Nueva York5. Sin embargo, las Demandantes alegan que hasta la actualidad no han obtenido el pago del monto de la indemnización debida por Venezuela, a diferencia de lo ocurrido con otros sujetos afectados por la ejecución del Proyecto Tocoma que sí recibieron una compensación por la expropiación de sus bienes6.
50.
Las Demandantes consideran que la actuación de Venezuela constituye un incumplimiento de diversas obligaciones internacionales contenidas en el TBI y en el Decreto Ley sobre Promoción y Protección de Inversiones ("Ley de Inversiones de Venezuela")7.

A.2. Titularidad y vigencia de las Concesiones

51.
Las Demandantes afirman que Caromin Venezuela es titular de las Concesiones Alfa y que el titular de las respectivas inversiones sería Highbury en su calidad de propietaria de las acciones de Caromin Venezuela8.
52.
Señalan las Demandantes que las Concesiones Alfa fueron otorgadas inicialmente por el Ministerio de Minas de Venezuela al Sr. Tulio Splendiani, por un período de diez años cada una a partir de la publicación de sus títulos en las Gacetas Oficiales N°30,119, de 4 de junio de 1973 (V-003) y N°30,120, de 5 de junio de 1973 (V-004)9. Luego de distintos traspasos y solicitudes de prórroga, las Concesiones Alfa habrían ingresado al patrimonio de Caromin Venezuela10.
53.
Las Demandantes afirman que las Concesiones Alfa estuvieron vigentes hasta el 14 de junio de 2013. En efecto, el 23 de noviembre de 1983 la Administración Venezolana confirió una primera prórroga por diez años al entonces titular de las Concesiones (V-029). El 14 de junio de 1993, mediante resolución N°289, se confirió una nueva prórroga a Caromin Venezuela, por diez años más (H-10)11. Luego, el 12 de diciembre de 2002 Caromin Venezuela solicitó una última prórroga por diez años adicionales (H-1 1)12. Aunque Caromin Venezuela no obtuvo respuesta de la Administración Venezolana, las Demandantes consideran que dicha prórroga surtió efectos en virtud de la aplicación del artículo 25 de la Ley de Minas de 1999 (V-038), de modo que las Concesiones Alfa deben entenderse prorrogadas hasta el 14 de junio de 201313.
54.
Las Demandantes también afirman que VMC es titular de las Concesiones Delta y que el titular de las respectivas inversiones sería Ramstein en su calidad de propietaria de las acciones de VMC14. A su vez, Highbury sería titular de las acciones de Ramstein.
55.
Precisan que las Concesiones Delta fueron expedidas inicialmente a favor del Sr. Valerio D'Amico por una duración de 20 años a contar de la publicación de los títulos mineros en la Gaceta Oficial N°3,264, de 7 de octubre de 1983 (V-028)15.
56.
Sostienen las Demandantes que el Sr. D'Amico habría cedido sus derechos sobre las Concesiones Delta a favor de VMC (H-12). Esta cesión se habría notificado al Ministerio de Minas en agosto de 1996 (H-81-A y H-81-B) y constaría en un documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz (H-12). Asimismo, la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta habría sido reconocida por Venezuela en diversos actos administrativos, particularmente en la Providencia Administrativa 003 dictada el 2 de diciembre de 2003 por el Ministerio de Minas (H-13-A)16.
57.
Las Demandantes sostienen que las Concesiones Delta tienen vigencia hasta el 7 de octubre de 2013. Conforme a la ventaja especial N°8 de sus títulos, éstas podían prorrogarse si así lo solicitaba el concesionario con tres meses de anticipación a su vencimiento. El 19 de mayo de 2003 (H-14) el concesionario solicitó oportunamente la prórroga de las Concesiones Delta, por lo que éstas, ante la falta de respuesta de la Administración Venezolana, se habrían prorrogado hasta el 7 de octubre de 201317.

A.3. Expropiación de facto

58.
Las Demandantes alegan que la controversia suscitada con Venezuela surge con ocasión de la ejecución del Proyecto Tocoma en áreas del río Bajo Caroní, que comprende las zonas de las Concesiones Alfa y Delta. El Ministerio de Minas habría autorizado a Edelca a ejecutar el Proyecto Tocoma mediante resolución N°007 de 22 de enero de 2002 (H-31). Sin embargo, las Demandantes sostienen que dicha resolución no habría autorizado a Edelca a ingresar y a tomar por la fuerza las instalaciones de las concesionarias18.
59.
Agregan las Demandantes que el 25 de febrero de 2002 Edelca irrumpió, con la asistencia de las fuerzas militares de Venezuela, en las zonas correspondientes a las Concesiones Alfa y Delta, sin que mediara un acto administrativo definitivo que ordenara esa ocupación. A partir de esa fecha, Edelca habría iniciado los trabajos para la ejecución del Proyecto Tocoma19.
60.
Según las Demandantes, Edelca impidió el ingreso a la zona concesionada a cualquier persona que no le prestase servicios. Por lo anterior, Caromin Venezuela y VMC no habrían podido continuar con la explotación minera y tampoco retirar sus equipos de trabajo, documentos e incluso bienes personales de sus trabajadores20.
61.
Estas acciones, continúan las Demandantes, constarían principalmente en una inspección judicial realizada el 5 de abril de 2002 por orden del Juzgado Segundo del Municipio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado de Bolívar (H-15). Asimismo, la irrupción de Edelca con apoyo de la fuerza militar habría sido reconocida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo al dictar una medida cautelar innominada a favor de las concesionarias Caromin Venezuela y VMC (H-32).
62.
El 18 de abril de 2002 Caromin Venezuela y VMC habrían intentado contra Edelca una acción de amparo constitucional, la que finalmente no tuvo éxito. El rechazo de esta acción fue confirmado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Las Demandantes atribuyen este fracaso no a un desconocimiento de los hechos fundantes por parte del órgano jurisdiccional, sino a que éste consideró que la acción debía interponerse contra el Ministerio de Minas, pues Edelca había actuado bajos sus instrucciones21.

A.4. Reconocimientos de Venezuela

63.
En paralelo a las mencionadas acciones jurisdiccionales las Demandantes recurrieron a la vía administrativa para obtener una reparación por la expropiación de sus Concesiones. En ese contexto sostienen que el Ministerio de Minas, con el fin de evitar dilaciones en la ejecución del Proyecto Tocoma, dictó el 2 de diciembre de 2003 la Providencia Administrativa 003, en la que se reconocería la procedencia del pago de una indemnización a las Demandantes.
64.
Señalan las Demandantes que la Providencia Administrativa 003 habría reconocido la validez de la cesión de las concesiones Delta a VMC22. Asimismo, con dicha Providencia se habría iniciado un procedimiento de rescate anticipado de las Concesiones Alfa y Delta, fundado en razones de utilidad pública. El rescate anticipado de las Concesiones suponía que Caromin Venezuela, VMC y el Ministerio de Minas elaboraran y suscribieran un Pliego de Condiciones que fijara los criterios de la indemnización que Venezuela pagaría por el rescate de las Concesiones afectadas por la intervención de Edelca23.
65.
Agregan que el Pliego de Condiciones fue suscrito por Caromin Venezuela, VMC y el Ministerio de Minas el 17 de diciembre de 2003 (H-16). En ese documento se convino que la indemnización a pagar se determinaría por un perito avaluador designado de común acuerdo por las partes. Dicho perito tendría amplias facultades para acceder a toda la información relevante. Por otra parte, en el Pliego de Condiciones se estableció que el Ministerio de Minas estaría a cargo de tramitar ante las autoridades competentes el pago de la indemnización, una vez que su monto estuviese definido24.
66.
Enseguida las Demandantes señalan que el 19 de enero de 2004 la Dirección de Concesiones Mineras propuso a la firma ABECIR, C.A. ("ABECIR") como perito avaluador (H-17), la que fue aceptada por Caromin Venezuela y VMC. El 21 de abril de 2004 ABECIR presentó su informe (H-19), determinando las siguientes indemnizaciones: (i) US$65,753,273,00 a favor de Caromin Venezuela por el rescate anticipado de las Concesiones Alfa, y (ii) US$144,011,173,00 a favor de VMC por el rescate anticipado de las Concesiones Delta25.
67.
Tanto Caromin Venezuela como VMC habrían aceptado los montos de indemnización fijados por ABECIR. Por esta razón, el informe de ABECIR sería vinculante tanto para las concesionarias como para Venezuela y su contenido no sería susceptible de ser revisado, en concordancia con lo establecido en el Pliego de Condiciones26. Las Demandantes advierten que el avalúo se sujetó a parámetros altamente exigentes que resultaron en montos indemnizatorios inferiores a los reales27. En efecto, ABECIR habría optado por el menor valor que arrojaron los estudios a los que recurrió para determinar las reservas de minerales en las zonas de las Concesiones Alfa y Delta. A pesar de esto, las Demandantes reconocen que el informe de ABECIR constituye un documento vinculante28.
68.
Continúan las Demandantes señalando que una vez aprobado el informe de ABECIR, Caromin Venezuela y VMC habrían iniciado diversas gestiones para obtener el pago de la indemnización, enviando solicitudes a diversas autoridades venezolanas29.
69.
Según las Demandantes, Venezuela ha reconocido el derecho de Caromin Venezuela y de VMC a obtener el pago de la indemnización dispuesta en la Providencia Administrativa 003 y en el Pliego de Condiciones. Así lo habría manifestado la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas al solicitar al Ministerio de Minas la emisión de una orden de pago (H-22). También lo habría hecho la Dirección General de Concesiones Mineras del Ministerio de Minas, que en 2006 recomendó ordenar el pago de la indemnización ante la Oficina Nacional del Tesoro (H-24) y posteriormente, en 2007, advirtió que la indemnización era una deuda líquida y exigible (H-2)30.
70.
Pese a los trámites realizados por Caromin Venezuela y VMC y los reconocimientos de la Administración Venezolana, las Demandantes alegan que aún no han sido indemnizadas. En efecto, de todas las solicitudes de pago efectuadas por las concesionarias, sólo dos han tenido respuesta: (i) una de la Oficina Nacional del Tesoro, en 2005, que indicó su incompetencia para realizar el pago (H-23), y (ii) otra en 2010, del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, indicando que el pago debía ser canalizado a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía (H-25). Las Demandantes precisan que no existe en Venezuela un ministerio con ese nombre31.
71.
Las Demandantes alegan que después de ocho años de haberse dictado la Providencia Administrativa 003 y el Pliego de Condiciones, Venezuela habría intentado desconocer su derecho a ser indemnizadas invocando la Providencia Administrativa 004 (V-058). Sin embargo, consideran que dicho acto administrativo habría sido inventado a posteriori por Venezuela, en circunstancias que ni Caromin Venezuela ni VMC habrían sido notificadas de su dictación y tampoco habría sido mencionada por Venezuela en años anteriores32.
72.
Las Demandantes sostienen que la Providencia Administrativa 004 adolece de nulidad absoluta por las siguientes razones: (i) dicha providencia fue dictada en ausencia de un procedimiento administrativo previo y, por tanto, vulnerando normas de debido proceso; (ii) recayó sobre una materia previamente resuelta a través de un acto con eficacia de cosa juzgada, según reconoció la Directora General de Concesiones Mineras en un dictamen de 30 de marzo de 2007 (H-2); y (iii) pretendió inadecuadamente declarar la nulidad absoluta de un acto válido previo que engendró derechos subjetivos a favor de Caromin Venezuela y VMC33.
73.
Por último, las Demandantes señalan que, a diferencia de la situación sufrida por Caromin Venezuela y VMC, más de cien habitantes de la zona afectada por el Proyecto Tocoma habrían recibido sus correspondientes indemnizaciones por parte de Venezuela, en virtud de un plan de reasentamiento y compensación a la población. Caromin Venezuela y VMC, en cambio, han sido los únicos afectados que no han recibido su indemnización. Por este motivo las Demandantes califican la conducta de Venezuela como arbitraria y discriminatoria34.

A.5. Juicio de Nueva York

74.
Las Demandantes refieren que en abril de 2007 Caromin Venezuela y VMC interpusieron una demanda indemnizatoria en contra de Venezuela ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con motivo de la falta de pago de la indemnización fijada en la Providencia Administrativa 003 y en el Pliego de Condiciones35.
75.
Dicha demanda fue rechazada porque la Corte de Nueva York consideró que carecía de jurisdicción para resolver el asunto (V-068), en cuanto no se logró acreditar en el juicio la autenticidad del documento en que se habría estipulado el acuerdo de las partes de someterse a esa jurisdicción y la renuncia a la inmunidad jurisdiccional por parte de Venezuela. Esa decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos (V0004).
76.
Las Demandantes sostienen, sin embargo, que la sentencia dictada por la Corte de Nueva York habría reconocido la autenticidad de la Providencia Administrativa 003 y del Pliego de Condiciones. Así además lo habría reconocido la propia Venezuela mediante escrito de 27 de julio de 2007 (H-44) presentado en ese juicio36, en el que habría indicado que tanto la Providencia Administrativa 003 como el Pliego de Condiciones son documentos auténticos que completaron el procedimiento formal de cancelación de las Concesiones Alfa y Delta, sin que se haya dictado un acto posterior. Las Demandantes señalan además que durante el juicio en Nueva York, Venezuela habría reconocido el derecho de las concesionarias a recibir una justa compensación37.

A.6. Incumplimientos de Venezuela a sus obligaciones internacionales

77.
Según se mencionó al inicio de esta exposición, las Demandantes consideran que los hechos reseñados constituyen violaciones a las obligaciones contraídas por Venezuela en el TBI y en la Ley de Inversiones de Venezuela. En particular, la Demandada habría cometido las siguientes infracciones: (i) expropiación ilícita y sin pago previo de una indemnización justa y adecuada (artículo 6 del TBI y artículo 11 de la Ley de Inversiones de Venezuela)38; (ii) violación a la obligación de garantizar un trato justo y equitativo a las inversiones pertenecientes a nacionales del otro Estado contratante (artículo 3 del TBI y artículo 6 de la Ley de Inversiones de Venezuela); (iii) violación de la obligación de otorgar a las inversiones plena seguridad física y protección (artículo 3.2 del TBI); y (iv) aplicación de medidas arbitrarias o discriminatorias a la operación, administración, mantenimiento, utilización, disfrute o disposición de inversiones (artículo 3 del TBI y artículo 6 de la Ley de Inversiones de Venezuela). A su vez, el no pago de la indemnización, habiéndose comprometido Venezuela a ello, constituiría una violación a la cláusula paraguas del artículo 3.4 del TBI39.

B. Síntesis de los hechos alegados por la Demandada

B.1. Exposición general del caso

78.
En primer lugar, la Demandada sostiene que el Tribunal carece de jurisdicción para conocer y resolver la demanda presentada por Highbury y Ramstein y funda su posición en cuatro objeciones a la jurisdicción que se describen más adelante.
79.
Sin perjuicio de las objeciones jurisdiccionales, Venezuela alega que las Demandantes no tienen derecho al pago de indemnización alguna, pues no acreditaron su titularidad sobre las Concesiones Alfa y Delta y porque además dichas Concesiones no fueron objeto de expropiación40.
80.
Precisa la Demandada que la ejecución del Proyecto Tocoma se ajusta plenamente a las condiciones de los títulos de las Concesiones Alfa y Delta. En opinión de la Demandada, en esos títulos se establece que los concesionarios renunciaron anticipadamente a reclamar cualquier indemnización por los eventuales daños que pudieren producirse por la ejecución de proyectos hidroeléctricos en la zona de las Concesiones41.
81.
Por otra parte, la Demandada niega que Edelca haya ocupado el área de las Concesiones Alfa y Delta con el apoyo de fuerzas militares. A su juicio, las Demandantes no aportaron ninguna prueba que permita acreditar estos hechos. Por lo demás, la construcción del Proyecto Tocoma se ha realizado en forma gradual, lo que permitió continuar con la explotación de las Concesiones después del 25 de febrero de 2002. Esto estaría demostrado por los informes de actividades que los concesionarios debían entregar mensualmente a los órganos competentes de la Administración Venezolana42.
82.
Venezuela también niega haber reconocido el supuesto derecho de las Demandantes a obtener una compensación, ante todo porque la Providencia Administrativa 003 y el Pliego de Condiciones carecen de efectos jurídicos. A juicio de la Demandada, estos actos administrativos fueron dictados en un procedimiento irregular y su contenido es ilegal, razón por la cual la posterior Providencia Administrativa 004 decretó su nulidad y confirmó que los titulares de las Concesiones Alfa y Delta carecen de derecho a indemnización por la construcción del Proyecto Tocoma43.

B.2. Ejecución del Proyecto Tocoma

83.
La Demandada señala que el lugar en que se encuentran las Concesiones Alfa y Delta corresponde a una zona especialmente afectada por la elevación de la presa Raúl Leoni, por lo que se encuentra destinada a la ejecución de trabajos para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del Río Caroní44. Estas condiciones fueron establecidas mediante Decreto N°1,141 de 9 de septiembre de 1975 (V-009).
84.
En ese contexto, Venezuela afirma que mediante Oficio N°049 de 22 de enero de 1998, el Ministerio de Minas emitió una autorización general para que Edelca diera inicio a las obras de construcción del Proyecto Tocoma. Luego, el 26 de marzo de 2001, el Ministerio del Ambiente emitió una autorización para la ocupación del territorio (V-041). Posteriormente el Ministerio de Minas autorizó a instalar una planta de generación hidroeléctrica, según consta en Resolución N°007, publicada en la Gaceta Oficial de 23 de enero de 2002 (V-043)45.
85.
La Demandada sostiene que los titulares de las Concesiones Alfa y Delta fueron notificados oportunamente de la iniciación del Proyecto Tocoma. Dichas notificaciones habrían sido efectuadas mediante avisos oficiales publicados en los diarios Correo del Caroní y El Progreso con fecha 9 de diciembre de 2001 (V-042). La Demandada alega que los titulares de las Concesiones Alfa y Delta conocían desde mucho antes de que se diera la orden de iniciar los trabajos de construcción del Proyecto Tocoma, que el área en la que estaban localizadas sus Concesiones quedaría afectada por la construcción de la presa46.
86.
Como se ha señalado, Venezuela alega que no existen pruebas que acrediten la supuesta irrupción de Edelca en las zonas concesionadas con apoyo de fuerzas militares47. Por el contrario, las Demandantes sólo ofrecieron un acta de inspección judicial que a juicio de la Demandada adolece de las siguientes deficiencias: (i) sólo contiene una descripción del área que en ese momento era objeto de trabajos de construcción, y no de la totalidad del terreno correspondiente a las Concesiones Alfa y Delta, (ii) fue realizada sin citación de la Administración Venezolana, y (iii) no menciona que se haya realizado un desalojo ni menos que haya intervenido la fuerza militar48. En opinión de la Demandada, lo único que dicha acta de inspección establece es que Edelca tomó el control de parte del área de la zona concesionada y que a esa fecha había comenzado las obras preliminares de la construcción del Proyecto Tocoma49.
87.
En cuanto a la medida cautelar dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y referida por las Demandantes, Venezuela sostiene que en ella no se determinó la veracidad de la supuesta ocupación con apoyo de fuerzas militares, sin perjuicio de que dicha medida fue posteriormente revocada al determinarse que Edelca contó con la debida autorización para intervenir en la zona concesionada.
88.
A mayor abundamiento, Venezuela estima que hay antecedentes que incluso desmienten el supuesto desalojo alegado por las Demandantes. Estos antecedentes mostrarían que los trabajos de construcción realizados por Edelca no impidieron la continuación de la explotación de las Concesiones con posterioridad al 25 de febrero de 2002, pues tales trabajos se localizaron en una zona muy limitada dentro del área concesionada (específicamente en parte de las Concesiones Alfa 1, Alfa 2, Delta A y Delta B)50. La Demandada también hace referencia a los informes mensuales de actividades presentados por los titulares de las Concesiones al Ministerio de Minas, que demostrarían que las concesionarias siguieron explotando las Concesiones después de febrero de 2002, época en que habría ocurrido la supuesta toma militar51.

B.3. Renuncia de las concesionarias a recibir indemnización

89.
Venezuela también alega que las Concesiones Alfa y Delta no fueron objeto de expropiación, sino sólo se ejercieron los derechos contractuales otorgados a la Administración Venezolana por los respectivos títulos mineros. En efecto, la Demandada afirma que las ventajas especiales N°9 y N°14 de los títulos de las Concesiones Alfa y Delta, respectivamente, establecían una renuncia de los concesionarios a cualquier pretensión indemnizatoria contra Venezuela por la construcción de proyectos hidroeléctricos en la zona del río Bajo Caroní52. En concordancia con lo anterior, el 10 de junio de 2002 los concesionarios fueron notificados de una resolución del Director General de Minas en la que se dejó constancia que no tenían derecho a indemnización por la ejecución del Proyecto Tocoma en razón de las ventajas especiales (V-019)53.
90.
Agrega la Demandada que la situación de los habitantes de la zona del Bajo Caroní -quienes sí recibieron indemnización- es completamente distinta a la de los concesionarios. Esas personas fueron afectadas en sus viviendas y tenían un derecho de propiedad que se vio perjudicado por la construcción del Proyecto Tocoma, mientras que los concesionarios habían renunciado expresa y anticipadamente en sus títulos mineros a recibir indemnización54.

B.4. Actos administrativos relevantes

91.
Señala Venezuela que a comienzos de 2002 Caromin Venezuela y VMC iniciaron una estrategia para obtener una compensación por la ejecución del Proyecto Tocoma. Esta pretensión fue desestimada por la Providencia Administrativa 001, dictada el 7 de marzo de 2003 por la Dirección General de Minas (V-046), que estableció lo siguiente: (i) determinó que VMC carecía de vínculo previo con la Administración Venezolana y de interés en el asunto, pues el traspaso de las Concesiones Delta a su favor nunca fue autorizado; (ii) confirmó la posición del aviso ministerial notificado el 10 de junio de 2002; y (iii) declaró la inaplicabilidad de la figura del rescate anticipado en virtud de la renuncia contenida en la ventaja especial N°9 de los títulos de las Concesiones Alfa55.
92.
Venezuela afirma que posteriormente el Sr. Manuel Fernández, en representación de Caromin Venezuela y VMC, solicitó la revisión de la Providencia Administrativa 001 e insistió en la realización de un procedimiento de rescate anticipado de las Concesiones ante el Ministerio de Minas, invocando para ello la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones ("Ley de Promoción de Inversión bajo Concesiones"). Estas gestiones del Sr. Fernández habrían motivado la dictación de la Providencia Administrativa 003 por el Director General de Minas, como asimismo la suscripción del Pliego de Condiciones en que las Demandantes apoyan sus pretensiones56.
93.
Venezuela alega que tanto la Providencia Administrativa 003 como el Pliego de Condiciones son ilegales y fraudulentos. Ante todo, la Demandada asegura que tales actos contravienen diversos preceptos legales y particularmente las ventajas especiales de los títulos de las Concesiones, en virtud de las cuales las concesionarias renunciaron a reclamar indemnizaciones por el desarrollo de obras hidroeléctricas. Además, la Demandada sostiene que los referidos actos serían fraudulentos, pues habrían sido obtenidos a instancias del Sr. Fernández y con la ayuda ilícita de un funcionario del Ministerio de Minas (Sr. Adrián Zerpa)57.
94.
Agrega la Demandada que el Pliego de Condiciones, cuyo texto también fue preparado por el Sr. Zerpa, adolece de los siguientes vicios: (i) emanó de una Providencia Administrativa ilegal y fraudulenta; (ii) fue suscrito por funcionarios públicos que carecían de facultades para obligar a la Administración Venezolana y que no realizaron una provisión presupuestaria que permitiera el cumplimiento de las obligaciones asumidas en ese documento; y (iii) estableció criterios de avalúo que presentaban errores metodológicos58.
95.
Por otra parte, Venezuela considera que las Demandantes no han realizado ningún esfuerzo por justificar los daños que dicen haber sufrido ni los montos avaluados en el informe de ABECIR. A juicio de la Demandada dichos montos son manifiestamente arbitrarios, principalmente por las siguientes razones:

a) ABECIR no habría utilizado ningún método de valoración con sustentos económicos ni jurídicos. En efecto, ABECIR habría basado su cálculo en la valoración de supuestas reservas probadas, multiplicadas por el precio del oro y del diamante a la fecha en que se elaboró el informe, sin descontar gastos, costos, impuestos ni inversiones asociadas a su extracción. De este modo, ABECIR asumió implícitamente que los concesionarios contaban con tiempo ilimitado para explotar las Concesiones, en circunstancias que éstas venían produciendo cantidades extremadamente bajas de oro y diamantes hacia febrero de 2002, según dan cuenta los informes de actividades preparados por las concesionarias. Venezuela afirma que a esos niveles de producción se necesitarían, en las Concesiones Delta, más de 500 años para extraer las reservas de diamantes y más de 9,900 años para extraer las reservas de oro, y para las Concesiones Alfa más de 9,300 años para extraer las reservas de diamantes establecidas por ABECIR59.

b) El informe de ABECIR no habría considerado las fechas jurídicamente relevantes. En efecto, Venezuela sostiene que la avaluación se efectuó sobre la base de los precios del oro y del diamante al 18 de marzo de 2004, esto es, más de nueve y cinco meses después de la expiración de las Concesiones Alfa y Delta, respectivamente. En esta materia, Venezuela señala que las solicitudes de prórroga efectuadas por los titulares de las Concesiones en ningún caso pudieron haber surtido efectos en virtud del silencio de la Administración Venezolana, pues el artículo 25 de la Ley de Minas de 1999 es inaplicable a las concesiones otorgadas bajo la Ley de Minas de 194560. Por lo demás, Venezuela manifestó su voluntad de rechazar las solicitudes de prórroga al formalizar el inicio del Proyecto Tocoma, cuya ejecución comenzó con anterioridad a tales solicitudes. Agrega Venezuela que aun considerando aplicable el mencionado artículo 25, la solicitud de prórroga de las Concesiones Delta fue realizada en forma extemporánea61.

96.
Continuando con la referencia a las gestiones realizadas con posterioridad a la Providencia Administrativa 003, la Demandada señala que el 12 de mayo de 2004 un representante de Caromin Venezuela habría concurrido ante el Jefe de Tramitaciones Mineras -Sr. Adrián Zerpa- con el fin de obtener el pago de los montos fijados en el informe de ABECIR62. Agrega que aunque el Sr. Zerpa no era competente para realizar esas gestiones, procedió a enviar copias de la documentación relevante al Director de Despacho del Ministerio de Finanzas (V-053)63.
97.
La Demandada argumenta que la Consultora Jurídica del Ministerio de Finanzas se habría percatado de las irregularidades contenidas en la documentación enviada por el Sr. Zerpa, por lo que envió un oficio al Vice Ministro de Minas para que aclarara la situación (V-056). La revisión del expediente dio motivo a que el 4 de noviembre de 2004 el Director General de Minas dictara la Providencia Administrativa 004, en cuya virtud se declaró la nulidad de la Providencia Administrativa 003 y se ratificó en todos sus puntos la Providencia Administrativa 001. La Demandada alega que la Providencia Administrativa 004 habría sido notificada al Sr. Manuel Fernández el 5 de noviembre de 2004, mediante oficio DGM-553 (V-059)64.
98.
Prosigue la Demandada señalando que luego de la dictación de la Providencia Administrativa 004, Caromin Venezuela y VMC continuaron realizando gestiones para obtener el pago de una indemnización. La Demandada advierte que gran parte de esas gestiones no tuvieron respuesta, pues el asunto ya había sido zanjado mediante la Providencia Administrativa 00465.
99.
En concordancia con lo anterior, Venezuela niega haber reconocido el supuesto derecho de Caromin Venezuela y VMC a recibir una indemnización. Sostiene que las Demandantes han tergiversado la respuesta de la Consultora Jurídica del Ministerio de Finanzas a la Directora de Concesiones Mineras, en la que sólo se remitió el expediente administrativo presentado por el Sr. Manuel Fernández al Ministerio de Finanzas, en atención a que la autoridad rectora en toda actividad minera es el Ministerio de Minas. Por este motivo, la Demandada alega que dicha respuesta no tuvo por objeto la emisión de una orden de pago por parte del Ministerio de Minas. Adicionalmente señala que los memorandos suscritos por la Directora de Concesiones Mineras constituyen meras comunicaciones internas que carecen de fuerza vinculante para la Administración Venezolana66.

B.5. Juicio de Nueva York

100.
Venezuela también niega haber reconocido los supuestos derechos de Caromin Venezuela y VMC en el juicio seguido ante las Cortes de Nueva York. Asimismo imputa al Sr. Manuel Fernández haber actuado con fraude durante ese juicio, pues el documento en que se fundaba el acuerdo para someter el asunto a la jurisdicción de las Cortes de Nueva York resultó ser falso, tal como fue declarado por las mismas Cortes67.

B.6. Obligaciones internacionales de Venezuela

101.
Sobre la base de los hechos reseñados, Venezuela sostiene que no ha incumplido ninguna de las obligaciones internacionales establecidas en el TBI y que las Demandantes carecen de derecho al pago de una indemnización por la ejecución del Proyecto Tocoma68.

IV. PETICIONES DE LAS PARTES

102.
El 29 de octubre de 2010 las Demandantes presentaron su Solicitud de Arbitraje, en cuya sección VIII solicitaron al Tribunal:

"A. (…) [S]e DECLARE que Venezuela incurrió en el incumplimiento de los siguientes estándares internacionales de protección:

1. Aplicación de una medida de expropiación sin pago de una indemnización previa, justa y adecuada;

2. Infracción del derecho a un trato justo y equitativo;

3. Trato discriminatorio y arbitrario al inversionista al indemnizar habitantes de las zonas donde se construye el Proyecto Hidroeléctrico Manuel Piar y no pagarle a Las Concesionarias; e

4. Incumplimiento de las obligaciones asumidas (cláusula paraguas) en el Pliego de condiciones suscrito en el proceso de rescate anticipado.

B. Asimismo, solicitamos que en virtud de dichas violaciones de obligaciones internacionales, se ORDENE a Venezuela a pagar doscientos nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 209,764,446,00), cantidad que constituye la suma de las indemnizaciones determinadas en el año 2004 por Las Concesiones Alfas y Deltas más todos los daños causados por el retardo en el pago de las correspondientes indemnizaciones, incluyendo el pago de los intereses moratorios compuestos que consideramos deben ser calculados a la tasa LIBOR + 2 desde el 21 de abril de 2004. Solicitamos se ORDENE a Venezuela a efectuar los referidos pagos exclusivamente en Dólares de los Estados Unidos de América ($US).

C. Igualmente solicitamos se ORDENE a Venezuela a pagar los intereses post laudo hasta la fecha efectiva de pago, así como cualquier otro daño que el Tribunal juzgue pertinente.

D. Finalmente, solicitamos se ORDENE a Venezuela a pagar los costos y costas del presente proceso arbitral."69

103.
En la Sección VI de su Memorial las Demandantes solicitaron:

"A. (…) [S]e DECLARE que La Demandada incurrió en el incumplimiento de los siguientes estándares internacionales de protección:

1. Aplicación de una medida de expropiación y una medida equivalente a expropiación sin pago de una indemnización previa, justa y adecuada;

2. Infracción del derecho a un trato justo y equitativo;

3. Trato discriminatorio y arbitrario al inversionista al indemnizar habitantes de las zonas donde se construye el Proyecto Hidroeléctrico Manuel Piar y no pagarle a las Demandantes;

4. Incumplimiento de las obligaciones asumidas (cláusula paraguas) en el Pliego de condiciones suscrito en el proceso de rescate anticipado; y

5. Incumplimiento del deber de no obstaculización y de extender plena seguridad y protección.

B. Asimismo, las Demandantes solicitan que en virtud de dichas violaciones de obligaciones internacionales, se ORDENE a La Demandada a pagar:

1. Seiscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y ocho centavos (US$ 633,265,589,88) por concepto de actualización de los informes técnicos indemnizatorios.

2. Los intereses moratorios compuestos a la tasa LIBOR + 2 desde el 21 de agosto de 2011 (fecha de la actualización de los informes técnicos indemnizatorios) hasta la fecha del laudo.

C. Subsidiariamente y para el supuesto negado que el Tribunal considera improcedente la actualización de los informes técnicos indemnizatorios, entonces ORDENE a La Demandada a pagar:

1. Doscientos nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 209,764,446,00), cantidad que constituye la suma de las indemnizaciones determinadas en el año 2004 por Las Concesiones Alfas y Deltas.

2. Más todos los daños causados por el retardo en el pago de las correspondientes indemnizaciones, incluyendo el pago de los intereses moratorios compuestos a la tasa LIBOR + 2, que a la fecha de corte de cuenta del presente memorial ascienden a la cantidad de US$ 89,211,937,49.

D. Solicitamos que se ORDENE a La Demandada a efectuar los referidos pagos exclusivamente en Dólares de los Estados Unidos de América (US$).

E. Igualmente solicitamos se ORDENE a La Demandada a pagar los intereses compuestos post laudo hasta la fecha efectiva de pago, y actualizar el valor de los montos indicados en los informes técnicos indemnizatorios en caso de aumentos superiores a los indicados a la fecha de corte de cuenta de este memorial, así como cualquier otro daño que el Tribunal juzgue pertinente.

F. Finalmente, solicitamos se ORDENE a La Demandada a pagar los costos y costas del presente proceso arbitral."70

104.
En § 300 y siguientes del Memorial de Contestación la Demandada solicitó:

"[Q]ue el Tribunal declare que carece de jurisdicción para conocer y resolver la demanda presentada por Highbury y Ramstein (…).

Alternativamente, en caso de que el Tribunal considerase que tiene jurisdicción, Venezuela solicita que rechace la demanda (…).

En todo caso, Venezuela solicita que el Tribunal condene a las Demandantes a pagar las costas de este procedimiento."71

105.
Similar solicitud se realizó en § 579 del Memorial de Dúplica de la Demandada72.

V. OBJECIONES A LA JURISDICCIÓN

106.
Las Partes concuerdan en que el requisito básico para afirmar la jurisdicción y competencia de este Tribunal es el consentimiento de ambas para someter sus diferencias a la jurisdicción del CIADI. Las Demandantes fundan el consentimiento de Venezuela en el TBI y en el artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela. La Demandada niega, sin embargo, que tales disposiciones normativas permitan afirmar la jurisdicción y competencia de este Tribunal en el presente caso. En este sentido, la Demandada alega (i) que las Demandantes no habrían acreditado en el arbitraje los requisitos necesarios para tener por establecida una inversión de su titularidad que pueda ser protegida por el TBI, (ii) que las Demandantes no serían nacionales del Reino de los Países Bajos, por lo que no se encontrarían protegidas por el TBI, en la medida en que el control efectivo de las Demandantes lo ejercería un ciudadano venezolano. Asimismo, tampoco se habría probado, respecto a Ramstein, sociedad panameña, el requisito de control exigido para ser considerada un nacional de los Países Bajos, conforme al TBI y el Protocolo, (iii) que la jurisdicción del Tribunal se encontraría excluida en virtud de las cláusulas de jurisdicción contenidas en los títulos de las Concesiones Alfa y Delta, y (iv) que los títulos de las Concesiones Alfa y Delta contendrían renuncias al derecho de iniciar acciones de daños y perjuicios contra Venezuela, las que alcanzarían a los reclamos presentados en esta instancia. La Demandada también alega que el artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela no contiene una oferta inequívoca de arbitraje, según habría sido declarado en cuatro ocasiones por otros tribunales del CIADI. De estas objeciones se seguiría, a juicio de la Demandada, que este Tribunal carece de jurisdicción y competencia para conocer de la presente disputa.
107.
A continuación se expone una breve síntesis de los argumentos de las Partes en torno a las objeciones jurisdiccionales de Venezuela, las que para efectos de orden y posterior análisis se han agrupado en cuatro capítulos. Finalmente se expone sucintamente la discusión de las Partes acerca del artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela.

A. Primera objeción jurisdiccional - falta de titularidad de las Demandantes sobre las inversiones alegadas

A.1. Síntesis de la posición de la Demandada

108.
En términos generales, la Demandada sostiene que Highbury y Ramstein no acreditaron en el arbitraje su titularidad sobre las pretendidas inversiones en las Concesiones Alfa y Delta.
109.
En primer lugar, Venezuela alega que las Demandantes no acreditaron en el arbitraje la titularidad de Highbury sobre las Concesiones Alfa al momento de surgir la presente controversia. En efecto, advierte que las Demandantes pretenden fundar esa titularidad a través de los siguientes actos corporativos: (i) la supuesta adquisición de las acciones de Caromin Venezuela -titular de las Concesiones Alfa- por parte de Compañía Minera del Bajo Caroní AVV ("Caromin Aruba") en 1994; (ii) la supuesta adquisición de las acciones de Caromin Venezuela por parte de Highbury el 6 de febrero de 1998; y (iii) la supuesta adquisición de las acciones de Caromin Aruba por parte de Highbury en una fecha anterior al 6 de febrero de 1998. En esencia, la Demandada alega que ninguno de los documentos acompañados por las Demandantes permite acreditar estos traspasos, y menos que ellos hayan ocurrido antes del nacimiento de la controversia (fines del año 2001)73.
110.
La Demandada alega que el documento (H-28) en que las Demandantes se apoyan para acreditar la adquisición de las acciones de Caromin Venezuela por parte de Caromin Aruba en 1994, carece de valor probatorio. En efecto, señala que dicho documento -que corresponde a un Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas- contiene una mera declaración de renuncia formal del Presidente y del Vicepresidente de Caromin Venezuela debido a la supuesta cesión de las acciones de la compañía "a mediados del año anterior", declaración que no acreditaría de modo fehaciente la efectividad del traspaso ni su fecha74.
111.
Venezuela también sostiene que las Demandantes no acreditaron la adquisición de las acciones de Caromin Venezuela por parte de Highbury el 6 de febrero de 1998. En particular, alega que los documentos en que se mostraría este traspaso adolecen de las siguientes irregularidades:

a) En primer lugar, el Libro de Accionistas de Caromin Venezuela (H-63) registra dos traspasos realizados el día 6 de febrero de 1998, con una hora de diferencia entre ambos, respecto de las mismas acciones y con idénticas partes involucradas (Caromin Venezuela, Caromin Aruba y Highbury), de los cuales el primero aparece dejado sin efecto. En ese primer traspaso comparece el Sr. Luis Natera en representación de Caromin Aruba, quien cede a Highbury -representada por el Sr. Manuel Fernández- las acciones de Caromin Venezuela. En el segundo traspaso, en cambio, sólo comparece el Sr. Fernández, quien se atribuye, sin señalar poder alguno, la representación de Caromin Aruba, Highbury y Caromin Venezuela a efectos de llevar a cabo la cesión. La Demandada alega que la triple comparecencia del Sr. Fernández registrada en el Libro de Accionistas carece de justificación y de mérito probatorio75.

b) En segundo lugar, aunque los títulos nominativos de las acciones de Caromin Venezuela (H-64-A, H-64-B, H-64-C y H-64-D) aparecen supuestamente endosados a nombre de Highbury, en dichos endosos vuelve a darse el problema de la triple firma del Sr. Fernández como pretendido representante de las sociedades involucradas, sin justificación alguna76.

112.
Por último, la Demandada afirma que tampoco existen pruebas de la adquisición de las acciones de Caromin Aruba por parte de Highbury en una fecha anterior al 6 de febrero de 1998. Argumenta que los únicos antecedentes acompañados en este punto corresponden a documentos contemporáneos al presente arbitraje (H-75 y H-77), por lo que no permiten demostrar la relación corporativa entre Highbury y Caromin Aruba a la época del nacimiento de la controversia. También señala que las Demandantes ni siquiera fueron capaces de indicar la fecha precisa en que se habría verificado la supuesta adquisición77.
113.
A mayor abundamiento, Venezuela afirma que al menos hasta el 20 de abril de 2007 Caromin Venezuela no estaba sujeta al control de ninguna empresa propietaria, según habría sido declarado bajo juramento por sus abogados ante las Cortes de Nueva York (V-063)78.
114.
Alegaciones similares son realizadas por Venezuela respecto de las Concesiones Delta. En este punto la Demandada advierte que la posición de las Demandantes se basaría principalmente en los siguientes actos: (i) la supuesta cesión de las Concesiones Delta celebrada entre el Sr. Valerio D'Amico y VMC en 1996; (ii) la supuesta adquisición de las acciones de VMC por parte de Ramstein en julio de 2000; y (iii) la supuesta adquisición de las acciones de Ramstein por parte de Highbury en noviembre de 2001. La efectividad de estos actos también es controvertida por la Demandada79.
115.
En primer lugar, la Demandada sostiene que la pretendida cesión de las Concesiones Delta celebrada entre el Sr. D'Amico y VMC no surtió efecto alguno, pues no contó con la autorización del Ministerio de Minas conforme a lo establecido en el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945. La Demandada refuerza lo expuesto haciendo referencia a documentación en la que se prueba que el Sr. D'Amico siguió actuando como titular de las Concesiones Delta80.
116.
La Demandada también desconoce valor a los documentos que acreditarían la adquisición de las acciones de VMC por parte de Ramstein (H-48). A su juicio, esto es coherente con los antecedentes del juicio seguido en Nueva York en el año 2007, en donde los abogados de VMC habrían declarado que a esa fecha ésta carecía de sociedades controladoras81.
117.
La Demandada afirma que las Demandantes no han demostrado que Ramstein es nacional de los Países Bajos en los términos del Artículo 1(b)(iii) y el Protocolo del TBI y del artículo 25(2)(b) del Convenio CIADI, pues no aportaron documentación que pruebe que Highbury sea la dueña del 100% del capital social de Ramstein ni que la supuesta adquisición haya ocurrido con anterioridad a que surgiera la controversia82. En este sentido, la Demandada también niega valor probatorio a los documentos aportados al juicio para demostrar la supuesta adquisición del capital social de Ramstein por parte de Highbury (H-68-A y H-68-B). En su opinión, tales documentos no producen fe respecto de terceros o bien son posteriores al inicio del presente arbitraje83.

A.2. Síntesis de la posición de las Demandantes

118.
En términos generales, las Demandantes alegan haber acreditado plenamente su titularidad sobre las inversiones y en especial la existencia y eficacia de los actos corporativos cuestionados por la Demandada.
119.
En primer lugar, sostienen que la adquisición de las acciones de Caromin Venezuela por parte de Caromin Aruba en 1994 consta en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda (H-28)84. Éste es un registro público que confiere fecha cierta y cuyo conocimiento no puede ser negado por la Administración Venezolana85.
120.
En segundo lugar, las Demandantes explican que la triple firma del Sr. Manuel Fernández registrada en el Libro de Accionistas (H-63) y en los títulos accionarios de Caromin Venezuela (H-64-A, H-64-B, H-64-C y H-64-D) obedece a que el Sr. Fernández efectivamente representó en dichos actos a tres compañías distintas: (i) a Caromin Aruba como cedente, (ii) a Highbury como cesionaria y (iii) a Caromin Venezuela, cuyas acciones fueron cedidas. A juicio de las Demandantes, este modo de operar se justifica porque al momento del traspaso de las acciones el controlador absoluto de Caromin Aruba era -y sigue siendo- Highbury86. Por este motivo, las Demandantes aseguran que la triple comparecencia del Sr. Fernández es plenamente legítima y justificada87.
121.
Las Demandantes agregan que aun cuando el traspaso de las acciones de Caromin Venezuela pueda adolecer eventualmente de deficiencias, éstas son irrelevantes al ser Highbury controladora de Caromin Aruba desde antes de esa operación. Aunque las Demandantes estiman innecesario precisar la fecha en que ocurrió esta adquisición, señalan que ella se verificó mediante la entrega de un título al portador de las acciones de Caromin Aruba, el que recientemente fue convertido a un título nominativo (H-77)88.
122.
Por otra parte, las Demandantes afirman que VMC sí es titular de las Concesiones Delta, pues el contrato de cesión celebrado entre el Sr. D'Amico y VMC produjo todos sus efectos al ser notificado a la Administración Venezolana, en concordancia con lo señalado por el artículo 15 de la Ley de Minas de 1945. Sostienen asimismo que la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta fue posteriormente reconocida por Venezuela mediante la Providencia Administrativa 00389.
123.
También señalan las Demandantes que la titularidad de Ramstein sobre las acciones de VMC consta en un Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 3 de julio de 2000, la que fue protocolizada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado de Bolívar con fecha 6 de noviembre de 2001 (H-48). A juicio de las Demandantes, esta inscripción hace que el acto produzca fe y fecha cierta respecto de la Administración Venezolana90.
124.
Enseguida las Demandantes señalan que la cesión de las acciones de Ramstein a Highbury fue realizada con fecha 6 de noviembre de 2001, según consta en el Libro de Accionistas de Ramstein (H-72). A juicio de las Demandantes, este documento acreditaría la efectividad del traspaso frente a terceros, conforme a las reglas relevantes del derecho panameño91. Por lo demás, esta cesión también fue certificada por los cedentes de las acciones y por el agente residente de Ramstein en Panamá (H-69 y H-70)92.
125.
Finalmente las Demandantes precisan que durante el juicio seguido ante las Cortes de Nueva York, Caromin Venezuela y VMC declararon en reiteradas ocasiones que sí tenían empresas matrices controladoras, y que las declaraciones aludidas por Venezuela obedecieron a un simple error de los abogados, quienes las realizaron para el solo efecto de evitar potenciales conflictos de intereses por parte del tribunal93.

B. Segunda objeción jurisdiccional - inexistencia de una inversión extranjera conforme a la ley venezolana y al derecho internacional

B.1. Síntesis de la posición de la Demandada

126.
La segunda objeción jurisdiccional de la Demandada consiste en negar la existencia de una inversión extranjera conforme a la ley venezolana y al derecho internacional. Esta objeción contiene principalmente las siguientes alegaciones: (i) Venezuela afirma que el control efectivo sobre Caromin Venezuela y VMC no pertenece a un nacional de los Países Bajos sino a un ciudadano venezolano-estadounidense, que no está habilitado para invocar la protección del TBI ni la jurisdicción del CIADI; (ii) Venezuela afirma que las supuestas inversiones de las Demandantes se hicieron en contravención al derecho venezolano y por tanto no pueden ser protegidas por el TBI94.
127.
La Demandada sostiene que el control neerlandés es un elemento determinante para que los derechos concedidos a una empresa venezolana puedan considerarse amparados por el TBI. En ese sentido, alega que en este caso el control efectivo de las compañías en cuestión pertenece al Sr. Manuel Fernández, quien fue ciudadano venezolano y estadounidense hasta diciembre de 2009, época en que renunció a la primera nacionalidad. Por lo tanto, aunque se hubiese demostrado que Highbury es dueña de las compañías venezolanas titulares de las Concesiones no habría inversión neerlandesa porque Highbury está controlada por un venezolano (o estadounidense) sin vinculación con los Países Bajos. En particular, la Demandada indica que las Concesiones nunca estuvieron controladas por un nacional de los Países Bajos y que tampoco ha habido flujos de recursos desde los Países Bajos a Venezuela. Argumenta que el concepto de "inversión extranjera" no es puramente formal y que la falta de control neerlandés efectivo sobre las Concesiones justifica realizar un levantamiento del velo corporativo. A juicio de la Demandada este levantamiento lleva a concluir que las supuestas inversiones relativas a las Concesiones Alfa y Delta podrían ser venezolanas o estadounidenses, pero en ningún caso holandesas, por lo que carecen de protección bajo el TBI. Agrega que tanto los tribunales del CIADI como la mayoría de la doctrina internacional son partidarios de levantar el velo corporativo a efectos de indagar el controlador efectivo de una inversión para determinar la jurisdicción del Centro95.
128.
Adicionalmente Venezuela alega que las supuestas inversiones de las Demandadas fueron hechas en contravención a su derecho interno. Primero, el Decreto 2095 de marzo de 1992 exige que todas las inversiones extranjeras se inscriban ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, trámite que las Demandantes no habrían realizado. Al respecto, la Demandada sostiene que la protección del TBI sólo puede otorgarse a inversiones que cumplan con las leyes de Venezuela, aun cuando el TBI no lo señale de forma expresa. Aunque las Demandantes sugieren que esta supuesta infracción sería de menor entidad, Venezuela afirma que no puede distinguirse entre infracciones "graves" y "menos graves" al ordenamiento jurídico venezolano, por lo que la falta de registro de las inversiones ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras privaría a las Demandantes de su pretendida calidad de inversionistas conforme al TBI96. Segundo, la Demandada alega que las inversiones de las Demandantes fueron hechas en contravención al artículo 29 de la Ley de Minas de 1999. Indica también que varios tribunales han reconocido que, aun cuando no esté expresado en el TBI en cuestión, existe un requisito implícito de que las inversiones se realicen conforme a las leyes del Estado receptor97.

B.2. Síntesis de la posición de las Demandantes

129.
Las Demandantes, por su parte, alegan cumplir con todos los requisitos de nacionalidad establecidos en el TBI y el Convenio CIADI. Argumentan que, conforme a estos instrumentos, la nacionalidad de las personas jurídicas se determina en función de su lugar de constitución y no según su control efectivo. De este modo, las Demandantes afirman ser de nacionalidad holandesa y no venezolana o estadounidense, por lo que se encuentran bajo la protección del TBI98.
130.
Las Demandantes también señalan que el levantamiento del velo corporativo es una práctica excepcional en los tribunales del CIADI y en la doctrina. Sostienen asimismo que el levantamiento no se justifica en el presente caso, pues las inversiones no eran controladas por un ciudadano venezolano en las fechas relevantes según el Convenio CIADI, esto es, al momento de la formación del consentimiento y del registro de la Solicitud de Arbitraje. En este sentido las Demandantes aclaran que el Sr. Fernández renunció válidamente a la nacionalidad venezolana a fines de 2009, antes de perfeccionarse el consentimiento a la jurisdicción del CIADI y que dicha renuncia consta en los registros públicos venezolanos (H-51 y H-52)99.
131.
Agregan las Demandantes que el origen del capital invertido es irrelevante a efectos de determinar la existencia de una inversión extranjera bajo el Convenio CIADI y el TBI. En opinión de las Demandantes, Venezuela estaría intentando introducir requisitos adicionales a los contemplados en ambos instrumentos a efectos de determinar la jurisdicción y competencia de este Tribunal100.
132.
En cuanto al cumplimiento del derecho venezolano, las Demandantes afirman que la objeción de Venezuela es insuficiente para rechazar la jurisdicción y competencia del Tribunal. En su opinión, el cumplimiento de las leyes locales no es un requisito del Convenio CIADI ni del TBI para tales efectos101. Por lo demás, la Ley de Inversiones de Venezuela no exigiría autorización previa para realizar una inversión. Agregan que la falta de registro en la Superintendencia de Inversiones Extranjeras no tiene sanción alguna, y que dicho registro sólo tiene por objeto permitir el acceso a tasas cambiarias preferenciales en el sistema de control de cambios. La incorporación en este registro no habría sido necesaria para las Demandantes principalmente por dos razones: (i) durante la época de vigencia de las inversiones no existía control de cambios en Venezuela; y (ii) las Concesiones Alfa y Delta producían oro y diamantes que se vendían directamente en dólares102.
133.
Adicionalmente, las Demandantes alegan que la Demandada tenía conocimiento de la existencia de los traspasos de las Concesiones y, por consiguiente, no puede argumentar el incumplimiento de sus leyes cuando en repetidas ocasiones ha aprobado o reconocido determinada transacción realizada por las Demandantes (es decir, el principio de estoppel o prohibición de venire contra factum proprium)103. Este reconocimiento, según las Demandantes, se habría llevado a cabo al comunicar al Ministerio de Minas la cesión de derechos realizada por el Sr. D'Amico a VMC, así como por las Providencias Administrativas 001 y 003.
134.
Finalmente las Demandantes niegan que el cumplimiento de las leyes del Estado receptor de la inversión constituya un requisito -ni siquiera implícito- del TBI. Aun en el caso de que sí lo fuera, las Demandantes sostienen que la infracción a las leyes venezolanas debería ser seria y flagrante para poder justificar una medida tan radical como denegar el acceso a la jurisdicción del CIADI, postura que ha sido compartida por otros tribunales arbitrales. Agregan las Demandantes que debido a la falta de sanción de la norma supuestamente incumplida, no es razonable negarles los beneficios que el TBI les confiere104.

C. Tercera objeción jurisdiccional - acuerdo de someter cualquier disputa relativa a las Concesiones Alfa y Delta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos

C.1. Síntesis de la posición de la Demandada

135.
En su tercera objeción Venezuela afirma que existe un acuerdo de someter cualquier disputa relativa a las Concesiones Alfa y Delta a los tribunales venezolanos y correlativamente una renuncia a la jurisdicción de tribunales internacionales. Esta objeción se basa en las ventajas especiales N°11 y N°15 de los títulos de las Concesiones Alfa y Delta, respectivamente, que señalan lo siguiente: "Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre esta concesión que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras" (H-10 y V-028)105.
136.
A juicio de la Demandada, estas ventajas especiales constituyen cláusulas de foro exclusivo que los concesionarios ofrecieron libremente al momento de solicitar las Concesiones y que fueron aceptadas por la Administración Venezolana. El efecto de estas cláusulas es la elección de los tribunales de Venezuela como foro específico para resolver disputas y al mismo tiempo la exclusión de los tribunales internacionales. De este modo, mediante las ventajas especiales las Demandantes rechazaron la oferta de arbitraje contenida en el TBI, por lo que su aceptación posterior no puede producir efectos106.
137.
Venezuela también señala que la presente disputa se encuentra precisamente cubierta por la cláusula de foro contenida en los respectivos títulos mineros. En efecto, las ventajas especiales se refieren a "controversias de cualquier naturaleza", lo que a juicio de la Demandada incluye disputas fundadas en tratados internacionales. Por eso, a pesar de que las pretensiones de las Demandantes se apoyan en el TBI, su "centro de gravedad" está dado por las Concesiones Alfa y Delta, las que tienen su propia cláusula de resolución de conflictos. La Demandada agrega que los tribunales de Venezuela ya eran naturalmente competentes para conocer de las disputas relativas a las Concesiones Alfa y Delta, por lo que el sentido de las ventajas especiales fue precisamente excluir la competencia de cualquier tribunal internacional107.
138.
Finalmente la Demandada afirma que la pretendida cláusula paraguas contenida en el artículo 3.4 del TBI no modifica en nada las consideraciones anteriores. Señala que de ser efectivo que esa norma eleva a la categoría de derecho internacional los compromisos de derecho interno, como afirman las Demandantes, ello constituye una razón adicional para declinar la jurisdicción del CIADI, pues la elección de foro exclusiva, con independencia de su naturaleza nacional o internacional, debe ser respetada por este Tribunal108.

C.2. Síntesis de la posición de las Demandantes

139.
Las Demandantes sostienen que las ventajas especiales N°11 y N°15 de los títulos mineros no son suficientes para rechazar la jurisdicción del CIADI. Al respecto argumentan que dichas ventajas especiales sólo se refieren a disputas reguladas por el derecho administrativo local y no pueden excluir las normas internacionales en que se basa la presente disputa109.
140.
Highbury y Ramstein afirman que la presente controversia está gobernada por el TBI. Éste cuenta con su propio sistema de solución de controversias y, si el Tribunal tiene jurisdicción bajo ese sistema, está obligado a ejercerla. La existencia de un pacto local sobre controversias regidas por el derecho venezolano, en cambio, no puede inhibir al Tribunal de ejercer su jurisdicción, como ha sido reconocido por otros tribunales del CIADI110.
141.
Las Demandantes agregan que en esta objeción Venezuela estaría intentando escudarse en su derecho interno para evitar su responsabilidad internacional, lo que contraviene lo dispuesto en la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados y lo resuelto por diversos tribunales internacionales111.
142.
En cuanto a la exclusión de las reclamaciones internacionales a que se refieren las ventajas especiales, las Demandantes afirman que la intención de los títulos mineros fue únicamente excluir la protección diplomática y no la jurisdicción del CIADI112.
143.
Finalmente las Demandantes sostienen que la cláusula paraguas contenida en el TBI torna irrelevantes las ventajas especiales en que se basa la objeción jurisdiccional de Venezuela, pues dicha cláusula eleva a la categoría de incumplimientos internacionales los incumplimientos de obligaciones contraídas bajo el derecho local, como lo son las que emanan del Pliego de Condiciones113. Añaden que este último instrumento no contiene ninguna cláusula de sujeción a los tribunales venezolanos que pueda obstaculizar la jurisdicción y competencia de este Tribunal114.

D. Cuarta objeción jurisdiccional - renuncia de los titulares de las Concesiones a ejercer cualquier acción relacionada con eventuales perjuicios provenientes de la ejecución del Proyecto Tocoma

D.1. Síntesis de la posición de la Demandada

144.
La cuarta objeción de Venezuela se basa en que las Demandantes habrían renunciado a las acciones interpuestas en el presente arbitraje. En efecto, la ventaja especial N°9 de los títulos de las Concesiones Alfa (H-10) establece lo siguiente: "El concesionario declara que nada tiene (ni tendrá) que reclamar a la República de Venezuela ni a sus organismos centralizados o descentralizados, si como consecuencia de la construcción de obras hidroeléctricas o de la declaratoria de parques nacionales en el área de su concesión, tuviera que paralizar, parcial o totalmente, temporal o definitivamente, las labores de exploración y explotación de los minerales de que trata esta concesión". Por su parte, la ventaja especial N°14 de las Concesiones Delta (V-028) establece el compromiso del concesionario a "[n]o entorpecer las labores de operación de la Corporación Venezolana de Guayana, ni exigir pago ni indemnización alguna por daños y perjuicios causados a los trabajos mineros, (…) que pudieran ser ocasionados por las posibles fluctuaciones del nivel de agua proveniente del servicio de la represa Raúl Leoni"115.
145.
Sostiene la Demandada que las ventajas especiales transcritas fueron libremente ofrecidas por los concesionarios y aceptadas por la Administración Venezolana, por lo que constituyen una renuncia válida y completa a cualquier acción, sin importar el foro en que se interponga116. De este modo, los concesionarios no podrían reclamar por los efectos adversos acaecidos a las Concesiones a raíz del desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el Río Caroní, que es precisamente lo que las Demandantes alegan en el presente arbitraj e117.

D.2. Síntesis de la posición de las Demandantes

146.
Las Demandantes sostienen que la ventaja especial N°14 de los títulos de las Concesiones Delta no es aplicable al presente caso, pues alude a la represa Raúl Leoni, también conocida como represa de Guri, que fue construida en 1978 y no tiene relación alguna con el Proyecto Tocoma que motivó la toma de las Concesiones. Añaden que esta ventaja especial no se refiere a la construcción de nuevos proyectos, sino a daños producidos en las faenas mineras a raíz de fluctuaciones en el nivel del agua del Río Caroní provocadas por el funcionamiento de la represa Raúl Leoni. En consecuencia, esta ventaja especial no puede obstar a la jurisdicción y competencia del Tribunal118.
147.
En cuanto a la ventaja especial N°9 de las Concesiones Alfa, las Demandantes sostienen que ella no plantea una cuestión jurisdiccional sino de fondo. En efecto, dicha ventaja especial sería a lo sumo una renuncia a una indemnización, pero no a una acción119.
148.
Sin perjuicio de lo anterior, las Demandantes afirman que la ventaja especial N°9 es inaplicable al presente caso, pues para producir efectos requería la dictación de un acto administrativo previo que iniciara un debido proceso de reversión de las Concesiones. Las Demandantes advierten que la toma de facto de las Concesiones estaba fuera del alcance de esta ventaja especial.
149.
Las Demandantes también señalan que la ventaja especial N°9, así como todas las otras ventajas contenidas en los títulos mineros, fue revocada mediante la dictación de la Providencia Administrativa 003 y la suscripción del Pliego de Condiciones. A juicio de las Demandantes, mediante estos actos Venezuela renunció a esta ventaja especial y acordó indemnizar a las concesionarias para evitar más demoras en la ejecución del Proyecto Tocoma120.
150.
Finalmente las Demandantes afirman que la ventaja especial N°9 no exime a Venezuela de su responsabilidad internacional por sus incumplimientos al TBI. Agregan que, independientemente del tipo de responsabilidad de que se trate -local o internacional-, la ventaja especial no puede eximir de responsabilidad por actos cometidos con dolo o culpa grave, como lo fue la toma de las Concesiones por medio de la fuerza militar. Adicionalmente las Demandantes alegan que Venezuela no se puede eximir de responsabilidad utilizando como excusa su propia torpeza al alegar que la emisión de la Providencia Administrativa 003 y el Pliego de Condiciones se realizó confiando en el criterio legal de un sólo funcionario, el Sr. Zerpa121.

E. Objeciones en torno al artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela

E.1. Síntesis de la posición de la Demandada

151.
Según se mencionó al inicio de este capítulo, la Demandada objeta al artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela como fuente de jurisdicción del CIADI. En opinión de la Demandada, dicha norma no constituye una oferta inequívoca de arbitraje, elemento fundamental para que las Partes puedan someter sus controversias a esta jurisdicción. Agrega la Demandada que esta interpretación ha sido confirmada de manera conteste por otros cuatro tribunales del CIADI (casos Mobil c. Venezuela, Cemex c. Venezuela, Brandes c. Venezuela y Tidewater c. Venezuela).

E.2. Síntesis de la posición de las Demandantes

152.
Aunque las Demandantes fundan la jurisdicción del CIADI principalmente en las disposiciones del TBI, afirman que el artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela sí contiene una oferta de arbitraje que permite el acceso a esta jurisdicción. En apoyo a esta posición las Demandantes citan diversas opiniones de la doctrina. Señalan también que los laudos citados por la Demandada carecen de fuerza vinculante conforme a las normas del Convenio CIADI, y tienen el mismo valor que la doctrina, la que en su mayoría sería partidaria de la interpretación de las Demandantes122.

VI. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

A. Jurisdicción y competencia del Tribunal

A.1. Derecho aplicable

153.
La determinación de la jurisdicción y competencia de este Tribunal Arbitral supone aplicar dos normas fundamentales: (i) el artículo 25 del Convenio CIADI, que establece los requisitos objetivos para que haya jurisdicción y competencia, y (ii) los artículos 1 y 9 del TBI y el artículo 1(b)(iii) del Protocolo, que contemplan un mecanismo de solución de controversias relativas a inversiones entre nacionales del Reino de los Países Bajos o de Venezuela y alguno de esos Estados y algunas precisiones adicionales a esos efectos. Los textos de estas disposiciones se reproducen a continuación:

Artículo 25 del Convenio CIADI

"(1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.

(2) Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante":

(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del Artículo 28 o en el apartado (3) del Artículo 36, la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y

(b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a control extranjero.

(3) El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria.

(4) Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El Secretario General transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye el consentimiento a que se refiere el apartado (1) anterior."

Artículo 1 del TBI

"A los fines del presente Convenio:

a) El término "inversiones" comprenderá todos los tipos de activos y de manera más particular pero no exclusiva:

i) bienes muebles e inmuebles, así como cualesquiera otros derechos in rem sobre todo tipo de activo;

ii) derechos derivados de acciones, bonos y demás formas de interés en empresas y sociedades conjuntas;

iii) títulos a dinero, a otros activos o cualesquiera prestaciones con valor económico;

iv) derechos en los campos de propiedad intelectual, procesos técnicos, valor extrínseco ("good will") y conocimientos técnicos ("know how");

v) derechos otorgados bajo el derecho público, incluyendo derechos para la prospección, exploración, extracción y explotación de recursos naturales.

b) El término "nacionales" comprenderá, en relación a cualquiera de las Partes Contratantes:

i) personas naturales que tienen la nacionalidad de dicha Parte Contratante;

ii) personas jurídicas constituidas bajo las leyes de dicha Parte Contratante;

iii) personas jurídicas no constituidas bajo las leyes de dicha Parte Contratante pero controladas en forma directa o indirecta por personas naturales definidas en (i) o personas jurídicas definidas en (ii) anteriores.

c) El término "territorio" incluye las áreas marítimas aledañas a las costas del Estado respectivo, en la medida que dicho Estado ejerza derechos soberanos o jurisdicción en tales áreas de acuerdo con el derecho internacional."

Artículo 9 del TBI

"1) Las controversias entre una Parte Contratante y un nacional de la otra Parte Contratante respecto de una obligación de la primera bajo el presente Convenio en relación a una inversión de la última, serán sometidas a solicitud del nacional interesado, al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias de Inversión, a fin de ser resueltas mediante el arbitraje o la conciliación bajo la Convención para el Arreglo de Controversias de Inversión entre Estados y Nacionales de otros Estados abierta para la suscripción en Washington el 18 de marzo de 1965.

2) Mientras la República de Venezuela no se hiciere Estado Contratante de la Convención mencionada en el párrafo 1 de este Artículo, las controversias referidas en dicho párrafo serán sometidas al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias de Inversión bajo las Reglas que Rigen la Facilidad Adicional para la Administración de Procedimientos por el Secretario del Centro (Reglas de Facilidad Adicional).

3) El laudo arbitral se limitará a determinar si existe un incumplimiento por la Parte Contratante de sus obligaciones bajo el presente Convenio, si tal incumplimiento de obligaciones ha causado daños al nacional interesado y, en tal caso, el monto de la compensación.

4) Cada Parte Contratante por medio de la presente otorga su consentimiento incondicional para que las controversias sean sometidas en la forma prevista en el párrafo 1 de este Artículo al arbitraje internacional de acuerdo con las disposiciones de este Artículo.

5) El laudo arbitral estará basado en:

- las leyes de la Parte Contratante respectiva;

- las disposiciones del presente Convenio o demás Convenios pertinentes entre las Partes Contratantes;

- las disposiciones de convenios especiales relacionados con la inversión;

- los principios generales del derecho internacional; y las normas jurídicas que pudieran ser convenidas por las partes de la controversia."

Artículo 1(b) (iii) del Protocolo

"Una Parte Contratante podrá exigir que las personas jurídicas referidas en el Artículo 1, Párrafo (b) (iii) presenten pruebas de tal control a fin de obtener los beneficios previstos en las disposiciones del presente Convenio. Por ejemplo, las siguientes podrán ser consideradas pruebas aceptables:

a) que la persona jurídica sea una afiliada de una persona jurídica constituida en el territorio de la otra Parte Contratante;

b) que la persona jurídica sea económicamente subordinada de una persona jurídica constituida en el territorio de la otra Parte Contratante;

c) que el porcentaje de su capital propiedad de personas naturales o jurídicas pertenecientes a la otra Parte Contratante posibilite el control por parte de las últimas."

A.2. Requisitos para la jurisdicción y competencia del Tribunal

154.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Convenio CIADI, la jurisdicción y competencia de cualquier tribunal CIADI está basada en el consentimiento de las partes, como se ha señalado por la doctrina y se establece en el Informe de los Directores Ejecutivos Acerca del Convenio CIADI123. Adicionalmente, el artículo 25 del Convenio CIADI establece un conjunto de requisitos objetivos que deben cumplirse a efectos de afirmar la jurisdicción y competencia de un tribunal124. Los tribunales del CIADI usualmente han agrupado estos requisitos objetivos en tres categorías: (i) jurisdicción ratione materiae, referida al objeto de la controversia; (ii) jurisdicción ratione personae, referida a las calidades que deben reunir las partes del conflicto; y (iii) jurisdicción ratione temporis, referida a la época en que deben cumplirse los requisitos anteriores125. Los artículos 1 y 9 del TBI, por su parte, complementados por el Protocolo, especifican algunos de estos requisitos a efectos de delimitar las controversias que pueden someterse a la jurisdicción del CIADI.

155.

A la luz de los artículos 25 del Convenio CIADI y 1 y 9 del TBI y su Protocolo, y de conformidad con las alegaciones de las Partes reseñadas en el capítulo V de este laudo (§§ 106 a 152), este Tribunal considera que en el presente caso los requisitos de jurisdicción ratione materiae, ratione personae y ratione temporis que deben darse por establecidos son los siguientes:

a) Que exista una inversión que califique como tal en los términos del artículo 25 (1) del Convenio CIADI y del artículo 1 a) del TBI. Aunque la existencia de una inversión no ha sido controvertida durante este arbitraje, este Tribunal hace presente que las participaciones accionarias en sociedades titulares de concesiones para la explotación de recursos naturales, así como estas últimas (en este caso, las Concesiones Alfa y Delta), se ajustan a la definición de inversión establecida en el artículo 1 a) ii) y v) del TBI126, como también a criterios de general aceptación que han sido desarrollados por otros tribunales del CIADI127.

b) Que tanto el Reino de los Países Bajos como Venezuela sean Estados contratantes del Convenio CIADI, conforme a lo establecido en el artículo 25 (1) del Convenio CIADI. Aunque este requisito tampoco ha sido controvertido por las Partes en la presente disputa, el Tribunal tiene presente que el Reino de los Países Bajos suscribió el Convenio CIADI el 25 de mayo de 1966 y depositó su ratificación el 14 de septiembre de 1966, mientras que Venezuela hizo lo propio el 18 de agosto de 1993 y el 2 de mayo de 1995, respectivamente128.

c) Que las Demandantes sean nacionales del Reino de los Países Bajos en los términos de los artículos 25 (2) del Convenio CIADI y 1 b) del TBI. Según se reseñó en el capítulo V de este laudo (§§126-134), el cumplimiento de este requisito ha sido objeto de controversia a raíz de la segunda excepción a la jurisdicción opuesta por Venezuela.

d) Que las Demandantes sean titulares de las inversiones reclamadas, relativas a las Concesiones Alfa y Delta. Según se reseñó en el capítulo V de este laudo (§§108-125), el cumplimiento de este requisito ha sido objeto de controversia a raíz de la primera excepción a la jurisdicción opuesta por Venezuela.

e) Que los requisitos enunciados en las letras a), b), c) y d) precedentes se encuentren cumplidos en las épocas relevantes para cada caso, especialmente al momento en que habría surgido la controversia entre las partes129. A este respecto, aunque las Demandantes han alegado que la controversia habría surgido el 25 de febrero de 2002 a raíz de la toma de las Concesiones Alfa y Delta por el Estado Venezolano130, el análisis del Tribunal también considerará como posibles fechas de nacimiento de la controversia el 9 de diciembre de 2001, momento en que la Administración Venezolana notificó el inicio de las obras de construcción del Proyecto Tocoma (V-042), el 18 de abril de 2002, momento en que Caromin Venezuela y VMC interpusieron una acción de amparo constitucional en contra de Edelca ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela (H-32 y VAL-52), y el 7 de marzo de 2003, momento en que se dictó la Providencia Administrativa 001 (V-046).

156.
Por otro lado, en concordancia con lo señalado en el § 154, para tener por establecida su jurisdicción y competencia este Tribunal también debe determinar si existe consentimiento entre las Partes para someter a su conocimiento la presente controversia131. Para tener por establecido este consentimiento es necesario que exista una correlación entre la oferta de arbitraje y su aceptación por el destinatario, como ha sido señalado por la doctrina132, lo que a su vez supone el cumplimiento previo de los requisitos objetivos enunciados en el § 155 anterior.

A.3. Facultades del Tribunal para determinar su jurisdicción y competencia

157.
El artículo 41 del Convenio CIADI establece que el tribunal arbitral tiene facultades exclusivas para determinar su propia jurisdicción y competencia133.
158.
En mérito a ello, este Tribunal tiene competencia exclusiva para determinar en qué medida se encuentran reunidos los requisitos que condicionan la jurisdicción del CIADI y su competencia, y no se encuentra sujeto a la valoración que otras autoridades o tribunales pudieron haber efectuado sobre circunstancias de hechos relevantes para su análisis.134 En el mismo sentido, no corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de la validez de decisiones de otros órganos jurisdiccionales o administrativos, sin perjuicio del valor probatorio que tales resoluciones pudieren tener a efectos de decidir el caso sobre la base de las normas aplicables.

A.4. Carga de la prueba y estándar probatorio

159.
Según ha sido señalado por otros tribunales del CIADI, la carga de acreditar los hechos positivos alegados en el juicio corresponde a quien los invoca. De este modo, los hechos positivos conducentes a establecer la jurisdicción del CIADI deben ser probados por las Demandantes, mientras que los hechos positivos en que puedan fundarse las objeciones de jurisdicción deben ser probados por la Demandada135.
160.
Por otro lado, la alegada jurisdicción y competencia de este Tribunal se funda precisamente en hechos concretos alegados por las Demandantes y no en supuestos que podrían aceptarse prima facie por el Tribunal si la discusión sobre jurisdicción fuese meramente interpretativa. En circunstancias que se decidió no bifurcar las cuestiones de jurisdicción respecto de las materias de mérito, no resulta apropiado utilizar un estándar de prueba menos riguroso o limitar el análisis a una presunción prima facie, en la medida que las partes han tenido amplia oportunidad de presentar su caso y aportar todas las pruebas necesarias para acreditar los extremos invocados a efectos de determinar la jurisdicción del Tribunal o la falta de ésta136.

A.5. Referencia a antecedentes probatorios y autoridades legales

161.
Las consideraciones precedentes constituyen el marco general sobre el cual este Tribunal Arbitral adoptará su decisión respecto de las objeciones de jurisdicción planteadas por Venezuela.
162.
El Tribunal desea dejar constancia que, a ese efecto, ha analizado todos los antecedentes probatorios y autoridades legales aportados al proceso, y que los antecedentes o autoridades no referidos expresamente en este laudo no modifican en modo alguno las decisiones alcanzadas137.

B. Primera objeción jurisdiccional

B.1. Consideraciones preliminares

163.
La primera objeción jurisdiccional opuesta por Venezuela se refiere a la titularidad de las Demandantes sobre las inversiones alegadas. En efecto, para que este Tribunal pueda afirmar su jurisdicción y competencia conforme a lo dispuesto en los artículos 25 del Convenio CIADI y 1 y 9 del TBI, se requiere -entre otros aspectos- que las Demandantes sean titulares de las inversiones reclamadas, relativas a las Concesiones Alfa y Delta, y que dicha titularidad exista al tiempo del nacimiento de la controversia138.
164.
A juicio de este Tribunal, esta primera objeción jurisdiccional supone comprobar la existencia de los siguientes elementos específicos:

a) Que Caromin Venezuela era titular de las Concesiones Alfa.

b) Que Highbury era titular de todas o parte de las acciones de Caromin Venezuela de manera directa o indirecta.

c) Que VMC era titular de las Concesiones Delta.

d) Que Ramstein era titular de todas o parte de las acciones de VMC de manera directa o indirecta.

e) Que Highbury era la controladora de Ramstein, a efectos que ésta pueda ser considerada como un "nacional del Reino de Los Países Bajos" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 b) (iii) del TBI y su Protocolo.

f) Que los elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) anteriores existieron al tiempo del nacimiento de la controversia.

165.
En concordancia con lo señalado en el § 159, la carga de la prueba de estos elementos corresponde a las Demandantes, quienes han alegado tales elementos como fundamento de la jurisdicción de este Tribunal.
166.
La ausencia de alguno de estos elementos llevaría a concluir que las Demandantes no eran titulares de las inversiones reclamadas a la época relevante, de modo que carecerían de ius standi para presentar sus reclamaciones ante este Tribunal, a la luz de lo dispuesto en los artículos 25 del Convenio CIADI y 1 y 9 del TBI139.
167.
Adicionalmente, y según se señaló en el § 156, la ausencia de titularidad a la época relevante significaría que la oferta de arbitraje contenida en el TBI no pudo haber sido dirigida a las Demandantes, de modo que su aceptación resultaría ineficaz a efectos de tener por establecido el consentimiento necesario para someter esta disputa al CIADI.

B.2. Titularidad de las Concesiones Alfa

168.
Caromin Venezuela es una empresa minera venezolana inscrita con fecha 17 de junio de 1977 en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda (H-9). La titularidad de Caromin Venezuela sobre las Concesiones Alfa no fue controvertida por las Partes durante el curso del arbitraje y consta principalmente en los anexos H-9, H-10, V-33 y V-71.
169.
De acuerdo con estos antecedentes, este Tribunal da por establecido que en 1987 Caromin Venezuela adquirió la titularidad de las Concesiones Alfa en virtud de un contrato de arrendamiento con promesa de traspaso de 11 de octubre de 1982, suscrito con la empresa Dinamin, C.A. (V-22), el que fue autorizado por la Dirección de Minas del Ministerio de Minas con fecha 11 de abril de 1983 (V-23 y V-24) y posteriormente publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela de 12 de junio de 1987 (V-31, V-32, H-9 y V-33). Las Concesiones Alfa fueron prorrogadas por diez años desde el 14 de junio de 1993 (V-71).

B.3. Relación corporativa entre Highbury y Caromin Venezuela

170.
El 24 de agosto de 1992 Caromin Venezuela emitió cuatro títulos accionarios, cada uno representativo de 10,000 acciones de la compañía, a nombre de Compañía Minera Unicornio, C.A. ("Minera Unicornio") (H-64-A, H-64-B, H-64-C y H-64-D).
171.
El 14 de julio de 1994 los títulos accionarios de Caromin Venezuela fueron endosados a nombre de Caromin Aruba (H-64-A, H-64-B, H-64-C y H-64-D). Además de los endosos anotados al reverso de los títulos respectivos, el traspaso de las acciones también es referido en un acta de asamblea extraordinaria de accionistas de Caromin Venezuela de 4 de agosto de 1995, en la que el Presidente y el Vicepresidente de Caromin Venezuela renuncian a sus cargos debido a la cesión de las acciones de la compañía por parte de Minera Unicornio a Caromin Aruba (H-28).
172.
Aunque la Demandada alega que esta acta no acredita fehacientemente el traspaso de las acciones, se trata de un documento inscrito en el Registro Mercantil de Venezuela cuyo contenido coincide con los endosos anotados al reverso de los títulos accionarios. Por este motivo, este Tribunal concluye que las acciones de Caromin Venezuela fueron efectivamente transferidas por Minera Unicornio a Caromin Aruba en el año 1994.
173.
Las Demandantes afirman que con fecha 6 de febrero de 1998 las acciones de Caromin Venezuela fueron transferidas por Caromin Aruba a Highbury. Esta cesión se encontraría registrada en dos documentos: (i) los endosos anotados al reverso de los títulos accionarios de Caromin Venezuela (H-64-A, H-64-B, H-64-C y H-64-D) y (ii) el Libro de Accionistas de Caromin Venezuela (H-63).
174.
El valor de ambos documentos ha sido cuestionado por la Demandada, pues en ellos sólo aparece la firma del Director de Highbury, don Manuel Fernández, quien comparece representando a todas las partes del traspaso, sin que consten sus poderes de representación.
175.
Las Demandantes explican que la triple firma del Sr. Fernández se debe a que en esa oportunidad actuó efectivamente en representación de tres compañías distintas: Caromin Aruba, Highbury y Caromin Venezuela. Agregan que esa forma de contratación es válida, porque poco antes de esa fecha Highbury habría adquirido el control de Caromin Aruba, en virtud de un título al portador, lo que habría permitido al Sr. Fernández actuar en representación de ambas compañías y adicionalmente de Caromin Venezuela. Las Demandantes señalan que el control de Highbury sobre Caromin Aruba hacía innecesaria la adquisición de las acciones de Caromin Venezuela, pero que se decidió igualmente realizar la operación a fin de tener mayor seguridad de que la compañía adquirida estuviera libre de contingencias contables.
176.
La explicación de las Demandantes exige acreditar (i) que al tiempo en que tuvieron lugar los hechos que originaron la controversia en relación con las Concesiones Alfa ya había operado la transferencia de las acciones de Caromin Aruba sobre Caromin Venezuela a favor de Highbury, o bien (ii) que a esa fecha Highbury era controladora de Caromin Aruba, pues de lo contrario no aparecería probado el vínculo entre la Demandante y la titular de las Concesiones Alfa140.
177.
Según se desprende de su texto, los endosos anotados al reverso de los títulos accionarios de Caromin Venezuela se encuentran firmados únicamente por el Sr. Manuel Fernández, quien además los suscribe bajo el nombre de quien aparece como representante de Caromin Aruba y Caromin Venezuela, Sr. Luis Natera (H-64-A, H-64-B, H-64-C y H-64-D).
178.
Por su parte, el Libro de Accionistas de Caromin Venezuela registra dos traspasos realizados el día 6 de febrero de 1998, con una hora de diferencia entre ambos, respecto de las mismas acciones y con idénticas partes involucradas (Caromin Venezuela, Caromin Aruba y Highbury), de los cuales el primer traspaso aparece rectificado. En ese primer traspaso comparece el Sr. Luis Natera en representación de Caromin Aruba, quien cede a Highbury -representada por el Sr. Manuel Fernández- las acciones de Caromin Venezuela. En el segundo traspaso, en cambio, comparece el Sr. Fernández en representación de todas las compañías involucradas, atendida la inasistencia del Sr. Natera a la asamblea (H-63).
179.
Este Tribunal estima que los documentos referidos en los párrafos precedentes son insuficientes para tener por acreditado el traspaso de las acciones de Caromin Venezuela por parte de Caromin Aruba a favor de Highbury.
180.
En primer lugar, el Tribunal advierte que no se han aportado antecedentes al expediente que permitan tener por acreditadas las personerías de los Sres. Luis Natera y Manuel Fernández para actuar en representación de Caromin Aruba, según se pretende en los endosos de los títulos accionarios y en el Libro de Accionistas de Caromin Venezuela. Por otro lado, en el mismo Libro de Accionistas se autoriza al Sr. Fernández para llevar a cabo los trámites de registro y publicación del acta respectiva, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio de Venezuela. De la materialización de estos trámites, sin embargo, no existe constancia alguna en el expediente.
181.
Por otra parte, las Demandantes sostienen que poco antes del 6 de febrero de 1998 Highbury habría adquirido el control de Caromin Aruba, en virtud de un título al portador, lo que permitiría subsanar los posibles defectos formales de que adolecerían los endosos de las acciones y las actas del Libro de Accionistas de Caromin Venezuela.
182.
Este Tribunal ha estimado necesario revisar si existen en el expediente antecedentes suficientes que permitan tener por acreditada la participación accionaria de Highbury en Caromin Aruba al 6 de febrero de 1998, como ha sido alegado por las Demandantes. Los únicos documentos acompañados en esta materia son un certificado de EuroTrust International en su calidad de Agente de Registro de Caromin Aruba (H-77) y un certificado de la Cámara de Comercio e Industria de Aruba (H-75). El primer certificado da cuenta de que al 6 de febrero de 2012 Highbury era la controladora de Caromin Aruba. Las Demandantes precisan que este certificado fue emitido por EuroTrust International debido a que el título al portador mediante el cual Highbury adquirió las acciones de Caromin Aruba fue posteriormente anulado, debiendo sustituirse por un nuevo título nominativo. Las Demandantes acompañaron una copia del título al portador al que parecen hacer referencia (H-78), pero dicho documento -que aparece anulado en forma manuscrita con una firma similar a la del Sr. Fernández- no contiene registro alguno de la alegada adquisición por parte de Highbury en una fecha anterior a los hechos que suscitan la demanda. El segundo documento consiste en un certificado de la Cámara de Comercio e Industria de Aruba en el que se señala que al 6 de febrero de 2012 (es decir, en una fecha posterior al inicio del procedimiento) el Sr. Fernández era el Managing Director de Caromin Aruba. Dicho documento, sin embargo, no certifica que Highbury haya adquirido el control de Caromin Aruba o parte del paquete accionario de esa compañía en la fecha alegada por las Demandantes.
183.
En razón de lo expuesto, este Tribunal concluye que no ha quedado suficientemente acreditado que Highbury haya adquirido directamente las acciones de Caromin Venezuela el 6 de febrero de 1998, como tampoco que Highbury haya sido accionista de Caromin Aruba antes de esa fecha, como alegan las Demandantes, ni a la fecha en que tuvieron lugar los actos que han suscitado la controversia141. Esta conclusión no obsta al derecho que podría asistir a Caromin Aruba a invocar la protección del TBI por los hechos alegados por Highbury. Este Tribunal, sin embargo, no se pronunciará sobre este último punto atendido que Caromin Aruba no forma parte del presente arbitraje.
184.
A mayor abundamiento, el Tribunal observa que la Sra. Doris Rojas de Ferrer fue la única testigo que se refirió a la alegada personería del Sr. Manuel Fernández y a la relación corporativa que habría entre Highbury y Caromin Venezuela. Si bien la Sra. Rojas de Ferrer señala en su declaración escrita (§§ 5 y 9) y en su posterior interrogatorio (Transcripción Día 2, p. 277, l. 7 a p. 279, l. 4) que el Sr. Manuel Fernández era el representante legal de Caromin Venezuela y que para quienes trabajaban en dicha compañía era conocido que ésta era controlada por Highbury, tales declaraciones no permiten inferir la época ni las circunstancias precisas en que Highbury habría adquirido su participación accionaria en Caromin Aruba, ni resultan suficientes para acreditar la personería legal invocada por el Sr. Fernández.
185.
Este Tribunal advierte, además, que la falta de precisión de la declaración testimonial de la Sra. Rojas de Ferrer contrasta con la supuesta intervención que dicha testigo tuvo en la primera asamblea de 6 de febrero de 1998. En efecto, la Sra. Rojas de Ferrer aparece como invitada especial y encargada de llevar a cabo los trámites de registro y publicación del acta respectiva, circunstancia que no se condice con los términos de su declaración testimonial, en que sólo alude genéricamente a que Caromin Venezuela era controlada por Highbury142.
186.
La ausencia de prueba cierta, concordante e independiente que acredite suficientemente la relación corporativa entre Highbury y Caromin Venezuela (ya sea directamente o a través de Caromin Aruba) al momento en que habrían tenido lugar los hechos que han suscitado la disputa, impide que el Tribunal Arbitral pueda tener por establecida -respecto de las Concesiones Alfa- la existencia de una controversia surgida directamente de una inversión de titularidad de las Demandantes a dicho momento143. Tal circunstancia impide tener por acreditada su jurisdicción ratione personae y ratione temporis, de acuerdo a lo exigido por los artículos 25 del Convenio CIADI y 9 del TBI.
187.

Aunque la prueba aportada pueda sugerir que al 6 de febrero de 2010 Highbury era controladora de Caromin Aruba (H-75 y H-77) y que esa condición se mantenga eventualmente en la actualidad, este Tribunal carece de elementos de convicción suficiente para determinar la fecha en que Highbury adquirió esa participación accionaria y, en particular, que esa adquisición haya tenido lugar con anterioridad a la fecha en que Highbury prestó su consentimiento a la jurisdicción del CIADI (21 de junio de 2010, H-3) o se dio inicio al procedimiento (29 de octubre de 2010)144. En consecuencia, Highbury tampoco podría alegar un ius standi previo a la fecha del eventual consentimiento para someter esta disputa al CIADI o del inicio del procedimiento, fundado en la calidad de sucesor particular en el derecho o interés de quien habría gozado de dicha legitimación al tiempo de suscitarse la disputa, como podría haberlo sido Caromin Aruba145.

B.4. Titularidad de las Concesiones Delta

B.4.1. Requisitos legales para el traspaso de las Concesiones Delta a VMC

188.
Las Concesiones Delta fueron otorgadas originariamente al ciudadano venezolano Sr. Valerio D'Amico, mediante publicaciones en la Gaceta Oficial de Venezuela de 27 de abril y 7 de octubre de 1983 (H-30, V-28).
189.
Posteriormente, el Sr. Valerio D'Amico y VMC suscribieron un contrato en cuya virtud el primero cedió a la segunda las Concesiones Delta (H-12)146. El Sr. D'Amico solicitó al Ministerio de Minas la autorización del traspaso de las Concesiones, en los términos del artículo 201 de la Ley de Minas de 1945, el 6 de agosto de 1996 (H-12). Lo propio hizo VMC ante el mismo Ministerio mediante nota de 22 de agosto de 1996, recibida por dicho Ministerio el 29 de agosto de ese año (H-81-A).
190.
No existe constancia en el expediente de que el Ministerio de Minas se haya pronunciado sobre la cesión ni publicado en la Gaceta Oficial aviso alguno del traspaso de la titularidad de las Concesiones Delta a nombre de VMC147.
191.
Las Partes están en desacuerdo acerca del valor legal del contrato de cesión y, en consecuencia, acerca de la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta.
192.
Las Demandantes afirman que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Minas de 1945 (V-001), el traspaso de derechos mineros exige únicamente que se participe o notifique al Estado Venezolano el acto o contrato respectivo, siendo su publicación en la Gaceta Oficial de responsabilidad exclusiva de las autoridades. Sostienen además que cualquier omisión que pudiese haber afectado al traspaso de las Concesiones Delta habría sido subsanada por la Providencia Administrativa 003 (H-13-A), en la que la Dirección General de Minas habría reconocido la titularidad de VMC sobre dichas Concesiones.
193.
La Demandada, por su parte, argumenta que por tratarse de minas ubicadas en "zonas reservadas" las Concesiones Delta se rigen por el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945, que requiere autorización previa del Ministerio para que su traspaso surta efectos. Alega asimismo que dicha autorización nunca fue otorgada, de modo que el traspaso fue ineficaz y el Sr. Valerio D'Amico siguió siendo el titular de las Concesiones Delta. En cuanto a la Providencia Administrativa 003, Venezuela alega su nulidad, por lo que dicho acto no podría, a su juicio, servir de título a la adquisición alegada por VMC.
194.
En opinión de este Tribunal, a efectos de determinar quién era el titular de las Concesiones Delta a la fecha relevante, resulta necesario establecer, en primer lugar, si el traspaso de las Concesiones Delta mediante la cesión de derechos protocolizada en 1996 se rige por el artículo 15 de la Ley de Minas de 1945 o por el artículo 201 de ese cuerpo normativo, para luego determinar el alcance de lo dispuesto en dicha normativa y sus implicancias en aquella determinación148.
195.
El artículo 15 de la Ley de Minas de 1945 señala lo siguiente: "Toda concesión minera puede ser enajenada o traspasada a cualquiera persona o Compañía, salvo las excepciones legales; pero deberá participarse dicho traspaso al Ministerio de Fomento, tanto por el cedente como por el adquirente de la concesión". En su párrafo final la misma norma dispone: "La participación del traspaso deberá acompañarse de una copia auténtica del instrumento que lo contenga; y luego que el Ministerio de Fomento lo haya recibido, la Dirección competente publicará un aviso del traspaso en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, y el Ministerio dará a los participantes la correspondiente respuesta".
196.
Por su parte, el artículo 201, contenido en el Libro III de la referida Ley de Minas de 1945, señala lo siguiente: "No podrán traspasarse las concesiones a que se refiere este Libro III sin previo permiso del Ejecutivo Federal".
197.
El libro III de la Ley de Minas de 1945 regula las concesiones otorgadas en "zonas reservadas". Las Concesiones Delta se encuentran en zona reservada en virtud del Decreto 78 de 2 de febrero de 1954. Esta circunstancia es referida expresamente en los títulos mineros de las Concesiones Delta publicados en la Gaceta Oficial (H-30 y V-028)149.
198.
Acerca de los requisitos que debía cumplir el traspaso de las Concesiones Delta se pronunciaron especialmente la testigo de las Demandantes Sra. Ana Irene Vidal (§§ 35 a 39) y el experto de la Demandada Sr. Héctor Peña Torrelles (primer informe, §§ 47 a 52).
199.
La Sra. Vidal sostuvo principalmente (i) que la operación consiste en una cesión de derechos y no en un traspaso, (ii) que mediante la comunicación de la cesión al Ministerio se logró el fin perseguido por el artículo 15 de la Ley de Minas de 1945 y que sólo restaba la respectiva publicación en la Gaceta Oficial, cuya omisión no es imputable al administrado, y (iii) que la cesión se encuentra perfecta y por tanto VMC es el titular de las Concesiones Delta aun a falta de publicación en la Gaceta Oficial.
200.
El experto Sr. Peña Torrelles, por su parte, sostuvo (i) que luego del Decreto 2039 de 1977 todas las concesiones en Venezuela se rigen por el Libro III de la Ley de Minas de 1945, (ii) que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945, el traspaso de una concesión en área de reserva requiere autorización del Ministerio de Minas, atendido que "toda la materia relativa a las concesiones mineras es de utilidad pública dada su extraordinaria importancia", y (iii) que el efecto de la falta de autorización es la ineficacia del traspaso, teniéndose por no perfeccionada la cesión, por lo que VMC no adquirió la titularidad de las Concesiones Delta.
201.
No existe discusión entre las Partes respecto a que las Concesiones Delta se encuentran en una zona reservada. El artículo 201 de la Ley de Minas de 1945 establece que se requiere el permiso ministerial previo para el traspaso de una concesión minera en zona reservada150. Esa fue la comprensión que parecen haber tenido el Sr. Valerio D'Amico y VMC al momento de suscribir la cesión. Así se explica que la comunicación del Sr. D'Amico al Ministerio de Minas (H-12) sea explícita al respecto al expresar que "por medio de la presente solicito del despacho a su digno cargo, el permiso correspondiente para traspasar los derechos de tales títulos (...) todo esto de acuerdo a lo pautado en el artículo 201 de la Ley de Minas vigenté " (el subrayado nos pertenece).
202.
Por su parte, en la carta dirigida al Ministerio de Minas de 22 de agosto de 1996 (H-81-A) VMC se refiere expresamente a la presentación de una "copia de la solicitud de traspaso de los Títulos Mineros de las Concesiones Delta", que se adjunta a la nota. La carta hace referencia a una "solicitud de traspaso" y no a una simple notificación.
203.
Idénticos términos son utilizados en el contrato de cesión celebrado entre el Sr. D'Amico y VMC, en el que se hace referencia a la firma en ese mismo acto por ambas partes de una "solicitud de traspaso por ante el Ministerio de Energía y Minas"151.
204.
La necesidad de autorización previa también se ve reflejada en la historia de las Concesiones Alfa. Éstas tienen características similares a las Delta, pues son concesiones de aluvión de oro y diamante y se encuentran ubicadas en la misma zona del Río Caroní, calificada como "zona reservada" de conformidad con el Decreto 78 de 2 de febrero de 1954. Según se muestra en diversos documentos acompañados al expediente (V-7, V-8, V-10, V-12, V-14, V-15, V-16, V- 18, V-22, V-23, V-24, V-31, V-32, H-9 y V-33), todos los traspasos de las Concesiones Alfa fueron previamente autorizados por el Ministerio y no sólo notificados a éste.
205.
Los documentos aportados reflejan que la autorización ministerial no era un mero trámite formal sin efecto sustantivo. Así lo muestra el fallido traspaso de las Concesiones Alfa 1 y 3 entre el Sr. Tulio Splendiani y Minería El Merey, S.R.L. en 1975 (V-5), que no fue autorizado por la Dirección de Minas por tratarse de una operación que "no garantiza suficientemente los intereses de la Nación" (V-6).
206.
Highbury y Ramstein invocan en apoyo de su posición la sentencia de la Corte Suprema de Venezuela de 9 de mayo de 1991 dictada en el caso Las Cristinas (H-80). Las Demandantes sostienen que este caso, resuelto con posterioridad al Decreto 2039 de 1977, confirmaría que a pesar de que todas las concesiones mineras fueron sometidas a un régimen de zonas reservadas, se siguió aplicando el artículo 15 de la Ley de Minas de 1945, permitiendo el traspaso de concesiones con la sola notificación a la Administración Venezolana.
207.
En cuanto a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Venezuela en el caso Las Cristinas, este Tribunal advierte que esa Corte no se pronuncia sobre los efectos del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945, disposición que no es analizada por esa sentencia. En efecto, ese fallo se refiere, por un lado, a la participación por las partes al Ministerio competente del traspaso de las concesiones mineras, exigida en el artículo 15 de la Ley de Minas de 1945, y a la forma en que ella debe ser efectuada para cumplir con su finalidad, y, por otro, sobre quién recae la responsabilidad de publicar los nuevos títulos en la Gaceta Oficial y los efectos de su eventual omisión. La Corte tampoco hace referencia a la relación entre los referidos artículos 15 y 201 de la Ley de Minas de 1945. La propia Corte deja expresa constancia del alcance limitado de su decisión, señalando que "el análisis se efectuará únicamente sobre los requisitos que la Administración consideró omitidos y causantes de la imperfección de la referida negociación, a saber, la participación por las partes al Ministerio de Energía y Minas del traspaso de las concesiones mineras y, la publicación de la negociación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela".
208.
En consecuencia, este Tribunal no puede aceptar el argumento de que el precedente analizado probaría la supuesta inexigibilidad del "permiso previo del Ejecutivo Federal" expresamente exigido en el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945 para el traspaso de las concesiones comprendidas en zonas reservadas.
209.
Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley de Minas de 1945 establece que el titular puede disponer del derecho que deriva de las concesiones "conforme a los principios generales del derecho y a las disposiciones especiales de la Ley".
210.
En razón de ello, este Tribunal considera -tal como lo entendieron el Sr. D'Amico y VMC al suscribir el contrato de cesión (§§ 201-203)- que la cesión entre el Sr. D'Amico y VMC se encontraba sujeta a la observancia de los requisitos exigidos por el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945, en razón de que se trataba de una norma especial referida al traspaso de concesiones mineras ubicadas en zonas reservadas152. La propia Ley de Minas de 1945 refuerza lo anterior al señalar, en su artículo 202, que "las concesiones a que se concreta el presente Libro III, se regirán con preferencia por las disposiciones del mismo (…)".
211.
A partir de las consideraciones precedentes este Tribunal concluye que no puede tenerse por acreditado el perfeccionamiento del traspaso de las Concesiones Delta por el Sr. D'Amico a VMC, sobre la base de los antecedentes con que cuenta de la referida cesión de derechos.

B.4.2. Antecedentes posteriores a la alegada transferencia de las concesiones Delta

212.
En los párrafos que siguen se analizarán algunos actos y hechos posteriores al año 1996 (fecha en que se habría dado aviso de la "solicitud de traspaso" de las Concesiones Delta a favor de VMC en virtud del contrato de cesión celebrado con el Sr. D'Amico) invocados por las Partes que podrían alterar la conclusión anterior.
213.
Este Tribunal adelanta que, por los motivos que se exponen a continuación, los actos y hechos analizados en este acápite no alcanzan a conmover su convicción respecto de los hallazgos a los que ha arribado en la sección precedente, a partir del análisis de elementos independientes y contemporáneos a la fecha en que el traspaso de las Concesiones Delta a favor de VMC se habría producido.
214.
El Tribunal hace presente que para este análisis se tendrán en consideración los siguientes aspectos: (i) de conformidad con lo establecido en la Ley de Minas de 1945, el reconocimiento estatal de la titularidad o derechos sobre concesiones mineras se expresa mediante actos administrativos formales153, los que posteriormente deben ser publicados en la Gaceta Oficial; (ii) las resoluciones judiciales o administrativas dictadas por órganos del Estado Venezolano no son vinculantes para este Tribunal a efectos de establecer el cumplimiento de los requisitos objetivos que determinan su jurisdicción y competencia conforme al TBI y al Convenio CIADI, sin perjuicio del valor probatorio que tales documentos tengan a efectos de lo que en este caso se debe resolver (§§ 157 y 158).
215.
Las Demandantes alegan que Venezuela habría reconocido la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta por medio de diversos actos jurídicos. En primer lugar, se apoyan en permisos otorgados entre 1996 y 2000 a VMC para transportar combustible al lugar de las Concesiones (H-82-A, H-82-B, H-82-C, H-82-D, H-82-E, H-82-F, H-82-G).
216.
Aunque en la solicitud acompañada bajo el anexo H-82-A se hace una breve referencia a la solicitud de traspaso de las Concesiones Delta, los permisos concedidos por la Administración no son suficientes, en opinión de este Tribunal, para tener por acreditada la titularidad de VMC respecto de dichas Concesiones. No surge de estos documentos, ni de las normas alegadas por las Partes, que los referidos permisos sólo pudieran ser otorgados a los titulares de las Concesiones, de tal modo que ellos pudieran calificarse en forma inequívoca como una conducta propia de la Administración de la cual se desprendería un reconocimiento implícito, pero cierto, de la titularidad en examen.
217.
Por el contrario, junto a estos actos existen otros más directos y explícitos que demuestran que el Sr. Valerio D'Amico y no VMC continuó actuando frente a la Administración Venezolana como el titular de las Concesiones Delta. Así, con fecha 9 de diciembre de 2001 el Ministerio de Minas publicó en los diarios "Correo del Caroní" y "El Progreso" (V-042) dos avisos oficiales comunicando al Sr. D'Amico el inicio de las obras de construcción del Proyecto Tocoma en la zona de las Concesiones. Estos avisos se refieren al Sr. D'Amico como el titular de las Concesiones y no hacen mención alguna a VMC. Los referidos avisos habrían sido impugnados por el Sr. D'Amico como titular de las Concesiones Delta A y B, según se muestra en el Auto de Reposición del Procedimiento emitido el 20 de mayo de 2002 (V-044)154.
218.
Más importante aún, con fecha 19 de mayo de 2003 el Sr. Valerio D'Amico solicitó la prórroga de las Concesiones Delta (H-14). En esa solicitud el Sr. D'Amico señala que "procediendo en este acto en mi carácter de titular de las concesiones de explotación de oro y diamantes de aluvión denominado DELTA A, DELTA B, DELTA C y DELTA D, acudo ante Ud. a fin de solicitar la prórroga de las mismas". Es decir, mediante este acto el Sr. D'Amico declaró expresamente ser el titular de las Concesiones sin hacer referencia a VMC o al contrato de cesión de 1996. Este hecho resulta, a juicio del Tribunal, un antecedente particularmente significativo, que no puede ser ignorado al momento de evaluar la titularidad de las Concesiones Delta aún con posterioridad a los hechos que dan origen a la controversia.
219.
Asimismo, numerosos informes mensuales de actividades correspondientes a las Concesiones Delta fueron presentados con la firma del Sr. D'Amico como concesionario, adjuntándose plantillas de liquidación de impuestos en las que éste aparece como contribuyente (V-106, V-107, V-116, V-121, V-123, V-125, V-126, V-140, V-143, V-144). Si bien en dichas presentaciones se aclara que la explotación es realizada por VMC, el hecho de que el Sr. D'Amico sea quien actuaba como concesionario es indicativo de que en el entendimiento de las partes éste continuaba ejerciendo ese título ante la Administración155.
220.
Conforme a lo expresado en los párrafos precedentes, no puede desprenderse de los actos de la Administración Venezolana posteriores a 1996 un reconocimiento sostenido e inequívoco de la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta. Por el contrario, las pruebas aportadas demuestran no sólo que después de 1996 la Administración Venezolana siguió considerando al Sr. Valerio D'Amico como titular de las Concesiones Delta, sino -igual o más importante aún-que al tiempo en que se suscitó la controversia, éste seguía actuando frente a la Administración como tal.
221.
Las Demandantes también han alegado que la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta habría sido reconocida por medio de la Providencia Administrativa 003 del Ministerio de Minas, dictada con fecha 2 de diciembre de 2003. En concordancia con los antecedentes que se han venido analizando en los párrafos anteriores, a continuación se abordarán las discusiones de las Partes en torno a esta Providencia Administrativa 003, conjuntamente con las Providencias Administrativas 001 y 004.
222.
En lo que a la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta se refiere, las Providencias Administrativas 001, 003 y 004 establecen esencialmente lo siguiente:

a) La Providencia Administrativa 001, de 7 de marzo de 2003 (V-046), declaró inadmisible una reposición de procedimiento administrativo, solicitada por VMC, atendida "la ausencia de un derecho subjetivo administrativo o de un interés personal, legítimo y directo como el que señala la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para comparecer en un procedimiento como parte interesada". Correlativamente, estableció que la titularidad de las Concesiones Delta correspondía al Sr. Valerio D'Amico, ya que "el permiso a que hace referencia el artículo transcrito [ 201 ] , no ha sido otorgado; por consiguiente, la cesión de derechos arriba citada, no ha surtido efectos ni frente al Ejecutivo Nacional ni frente a terceros, en razón de que, el Ministerio de Energía y Minas no ha emitido tal permiso requerido por Ley, por consiguiente, la titularidad de los títulos mineros no ha podido ser transferida".

b) La Providencia Administrativa 003, de 2 de diciembre de 2003 (H-13-A), cambió el criterio asumido por la Providencia Administrativa 001, declarando admisible la presentación de VMC. En particular, estableció que la cesión de derechos celebrada entre el Sr. D'Amico y VMC produjo sus efectos en atención a que "(…) la Ley de Minas derogada requería de una participación del traspaso de los derechos mineros, hecho que ha quedado demostrado en autos anteriores; sin embargo, es de destacar que dicha Ley no estableció criterios para el tratamiento de la figura jurídica de la cesión de derechos cuyo objeto fuera una concesión minera, caso distinto el de las enajenaciones o traspasos que comprendían parte de los supuestos de las normas contenidas en la Ley de Minas. Ante tal circunstancia, la aplicación de una o varias de las disposiciones de una ley debe realizarse de manera concatenada y coherente con el ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo que procede la aplicación del Código Civil de Venezuela, el cual señala en su Capítulo VII, articulo 1549 que "La (…) cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas y el derecho cedido se trasmite al cesionario, desde que haya convenio sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho tradición"; "queda demostrado que el concesionario cumplió con lo que establecía el artículo 201, Libro Tercero de la Ley de Minas vigente para la fecha en que se realizó la cesión, el cual solo exigía la participación de la operación al Ejecutivo Nacional y en ningún caso establecía un supuesto en el cual pudiera subsumirse la situación jurídica descrita, ante tales circunstancias, es claro que en aplicación del articulo 1549 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1o de la Ley de Sellos, 2o y 5o de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 15 y 201 de la Ley de Minas de 1945, la empresa V.M.C Mining Company, C.A asumió todas las obligaciones y derechos que le correspondían como titular de las concesiones que le fueron cedidas mediante documento auténtico".

c) La Providencia Administrativa 004, de 4 de noviembre de 2004 (V-58), declaró la nulidad absoluta de la Providencia Administrativa 003 y ratificó la Providencia Administrativa 001. En particular, estableció que la Providencia Administrativa 003 incurrió en un falso supuesto de hecho consistente en haber decretado el rescate anticipado de las Concesiones Alfa y Delta, y en haber aplicado incorrectamente la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones en lugar de la Ley de Minas. La Providencia Administrativa 004 no se pronunció sobre la titularidad de las Concesiones Delta.

223.
Las Demandantes alegan que la Providencia Administrativa 003 reconoció la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta, con lo cual se habría subsanado cualquier posible objeción basada en la falta de prueba sobre el cumplimiento de la autorización previa del traspaso requerida en el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945. Agregan que la Providencia Administrativa 004 fue obtenida dudosamente a propósito de este arbitraje, y que en todo caso nunca les fue notificada. Señalan también que dicha Providencia Administrativa 004 es nula por contravenir la cosa juzgada administrativa156.
224.
Por su parte, la Demandada sostiene que la Providencia Administrativa 003 fue obtenida mediante un procedimiento fraudulento y que posteriormente fue declarada nula. Agrega que, además de las causales de nulidad declaradas por la Providencia Administrativa 004, la que a su juicio sí fue notificada, existirían otras causales que también pondrían de manifiesto la invalidez de la Providencia Administrativa 003157.
225.
Ante todo, el Tribunal pone de manifiesto que ha considerado los argumentos invocados por ambas Partes respecto de las Providencias Administrativas 001, 003 y 004. Al respecto, este Tribunal estima que no existen antecedentes suficientes que permitan establecer de modo indubitable que la Providencia Administrativa 003 haya sido obtenida mediante fraude y, correlativamente, que tampoco hay evidencia suficiente que permita concluir que la Providencia Administrativa 004 haya sido emitida en forma irregular.
226.
No obstante ello, a la luz de los cuestionamientos que han merecido las mencionadas Providencias Administrativas, sumado a las decisiones contradictoras que surgen de ellas, el Tribunal ha preferido fundar el análisis de su jurisdicción en otros antecedentes objetivos, independientes y contemporáneos a la fecha en que -según las Demandantes- VMC habría adquirido la titularidad de las Concesiones Delta mediante la celebración del contrato de cesión o a la fecha en que habría comenzado el conflicto, que aparecen revestidos de mayor coherencia y claridad. Dichos elementos, examinados en los §§ 188 a 220 precedentes, no permiten tener por acreditado que el traspaso de las Concesiones Delta por el Sr. D'Amico a favor de VMC quedó perfeccionado en alguno de los momentos referidos anteriormente.
227.
En tal sentido, el Tribunal advierte que en circunstancias que se ha establecido en este laudo que no se probó que el contrato de cesión celebrado entre el Sr. Valerio D'Amico y VMC hubiera observado los requisitos exigidos por el artículo 201 de la Ley de Minas de 1945 con anterioridad al inicio de la disputa, existiendo incluso actos de la Administración Venezolana y del Sr. D'Amico posteriores a dicho momento que seguían reconociendo a este último como titular de las Concesiones Delta, no puede tenerse a la Providencia Administrativa 003 como antecedente suficiente para acreditar el referido traspaso de las Concesiones Delta a la fecha relevante para determinar la jurisdicción del Tribunal158.
228.
Atendidas las consideraciones anteriores, aun cuando no se ha incorporado en este arbitraje una constancia que acredite la notificación de la Providencia Administrativa 004 a las Demandantes159, este Tribunal no estima necesario analizar la validez, eficacia o relevancia de la Providencia Administrativa 004, que persigue dejar sin efecto la Providencia Administrativa 003.
229.
Por último, las Demandantes también han alegado que la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta habría sido reconocida por la Demandada durante el juicio seguido por Caromin Venezuela y VMC ante las cortes de Nueva York. Este Tribunal considera, sin embargo, que las conclusiones alcanzadas en los párrafos precedentes no se ven alteradas por este antecedente. En efecto, en ninguna de las instancias invocadas -sea ante los tribunales de Nueva York o incluso los tribunales venezolanos que también fueron invocados160- se discutió y resolvió sobre la legitimación de las Demandantes para acceder a la jurisdicción del CIADI o para reclamar en los términos del TBI. Esta circunstancia impide que pueda asignársele efecto vinculante a lo resuelto en dichas instancias o a lo actuado por las partes en ellas. El Tribunal tiene competencia exclusiva para determinar en qué medida se encuentran reunidos los requisitos que condicionan la jurisdicción del CIADI y su competencia, y no se encuentra sujeto a la valoración que otras autoridades o tribunales, ajenos al CIADI, pudieron haber efectuado sobre circunstancias de hechos relevantes para su análisis (§§ 157 y 158).
230.
A mayor abundamiento, el anexo H-44 acompañado por las Demandantes contiene sólo dos fojas del escrito de la Demandada en que constaría el alegado reconocimiento ante los tribunales de Nueva York. Esta circunstancia impide a este Tribunal comprender el contexto en que se realizaron las respectivas declaraciones, por lo que no puede efectuar un análisis concluyente sobre su sentido y alcance. Asimismo, de acuerdo con los antecedentes aportados por las Partes, el juicio de Nueva York se centró en materias diversas a las que este Tribunal debe analizar a efectos de determinar su jurisdicción y competencia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 25 del Convenio CIADI. Por este motivo, lo actuado en dicho proceso no sólo no es vinculante, sino tampoco reviste eficacia probatoria suficiente para la materia específica que aquí se analiza.
231.
A partir de las consideraciones expuestas en los §§ 188 a 230 precedentes, este Tribunal ha llegado a la convicción de que no existen antecedentes suficientes que permitan tener por acreditada la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta a la fecha invocada por las Demandantes ni a la del surgimiento de la disputa, conforme a los requisitos establecidos en la Ley de Minas de 1945, no revistiendo los hechos y actos invocados por las Partes entidad suficiente para conmover esta conclusión.
232.
De la ausencia de prueba que acredite suficientemente la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta a las fechas referidas en § 155, letra e), se sigue que este Tribunal Arbitral carece de jurisdicción y competencia para conocer de la disputa relativa a tales Concesiones, pues no se ha acreditado suficientemente la existencia de una inversión de titularidad de las Demandantes, como lo exigen los artículos 25 del Convenio CIADI y 1 y 9 del TBI, según se expuso en los §§ 155 y 166.

B.5. Relación corporativa entre Highbury, Ramstein y VMC

233.
En circunstancias que las Demandantes no acreditaron suficientemente la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta, resulta innecesario -por razones de economía procesal- analizar las relaciones corporativas entre VMC y Ramstein, por una parte, y entre Ramstein y Highbury, por otra.

B.6. Conclusiones

234.
A la luz de lo señalado en los §§ 169, 186, 187, 232 y 233, este Tribunal ha alcanzado las siguientes conclusiones respecto de la primera objeción de jurisdicción161:

a) Que se encuentra acreditada la titularidad de Caromin Venezuela sobre las Concesiones Alfa en las fechas relevantes a efectos de establecer la jurisdicción y competencia del Tribunal.

b) Que no se encuentra suficientemente acreditada la titularidad directa o indirecta por Highbury de las acciones de Caromin Venezuela en las fechas relevantes establecidas en el § 155, letra e) a efectos de establecer la jurisdicción y competencia del Tribunal.

c) Que tampoco se encuentra suficientemente acreditada la titularidad de VMC sobre las Concesiones Delta en las fechas relevantes establecidas en el § 155, letra e) a efectos de establecer la jurisdicción y competencia del Tribunal.

d) Que, en función de la conclusión a la que se arriba en el inciso c) precedente, resulta innecesario analizar las relaciones corporativas entre VMC y Ramstein y entre ésta y Highbury.

235.
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 41 del Convenio CIADI, se acogerá la primera objeción jurisdiccional planteada por Venezuela, declarándose que, en virtud de ella, este Tribunal carece de jurisdicción y competencia para conocer y resolver la presente disputa.

C. Segunda, tercera y cuarta objeciones jurisdiccionales

236.

La aceptación de la primera objeción jurisdiccional deducida por Venezuela supone que este Tribunal Arbitral carece de jurisdicción y competencia para conocer de la presente disputa. Este Tribunal entiende que las objeciones jurisdiccionales han sido planteadas por Venezuela en forma alternativa y que todas ellas persiguen el mismo efecto, de modo que la aceptación de una de ellas hace innecesario el análisis de las demás162. En función de ello y teniendo en cuenta razones de economía procesal, resulta innecesario pronunciarse sobre la segunda, tercera y cuarta objeciones jurisdiccionales de Venezuela.

D. Artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela

237.
Las Demandantes han alegado subsidiariamente que la jurisdicción y competencia de este Tribunal también estaría fundada en el artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela. En su opinión, esta disposición contendría -al igual que el TBI- una oferta de Venezuela de someter ciertas disputas a la jurisdicción del CIADI, la que fue aceptada por carta de 21 de junio de 2010163.
238.
Por su parte, la Demandada niega que la Ley de Inversiones contenga una oferta de someter ciertas disputas a la jurisdicción del CIADI.
239.

El Tribunal entiende que la interpretación del artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela ha sido objeto de numerosas discusiones en la doctrina venezolana164. Diferentes tribunales arbitrales constituidos bajo las reglas del CIADI han concluido que dicha norma no contiene una oferta de arbitraje por parte de Venezuela165. Este Tribunal, sin embargo, está consciente de que la materia es debatible y no pretende tenerla definitivamente por zanjada.

240.
Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal considera innecesario indagar en la correcta interpretación del artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela a efectos de la presente disputa. En circunstancias que se ha establecido en este laudo que las Demandantes no acreditaron ser titulares de las inversiones alegadas a la fecha de comienzo de la disputa, y que por ello este Tribunal carece de jurisdicción ratione personae y ratione temporis, la pretendida oferta de arbitraje no pudo haber sido dirigida a las Demandantes -en el evento que se concluyese que el artículo 22 efectivamente la contiene- por lo que la aceptación de las Demandantes de 21 de junio de 2010 es ineficaz para formar el consentimiento exigido.
241.
A la luz de lo expuesto, este Tribunal concluye que el artículo 22 de la Ley de Inversiones de Venezuela no resulta base suficiente a efectos de establecer su jurisdicción y competencia en el presente caso.

VII. COSTAS

242.
En circunstancias que las Demandantes, en opinión del Tribunal, tenían razones atendibles para litigar, se decide que ambas Partes soportarán las costas de sus abogados, y las del Centro por mitades. Esta decisión comprende las costas asociadas a todos los incidentes suscitados durante el curso del arbitraje.

VIII. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

243.
Por las razones expuestas en los capítulos precedentes, el Tribunal Arbitral decide lo siguiente:

(1) Se acoge la primera objeción jurisdiccional planteada por la Demandada.

(2) Se declara que este Tribunal Arbitral carece de jurisdicción y competencia para conocer y resolver las peticiones de las Demandantes.

(3) Se declara inoficioso el tratamiento de las restantes cuestiones jurisdiccionales y de fondo planteadas por las Partes en el arbitraje.

(4) Cada parte deberá soportar las costas de sus abogados, y las del Centro por mitades.

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