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Lawyers, other representatives, expert(s), tribunal’s secretary

Laudo

Lista de Términos Definidos

Alenvidrio Alianza Estratégica de Empresas de Vidrio.
Ambev Companhia de Bebidas das Americas
APRI o APRI Venezuela- Países Bajos o APRI Países Bajos -Venezuela Convenio para el estímulo y protección recíproca de las inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos suscrito el 22 de octubre de 1991 y en vigencia desde el 1 de noviembre de 1993, con una vigencia de quince años.
Audiencia Audiencia sobre jurisdicción y fondo celebrada del 16 al 21 de septiembre de 2013.
CI Memorial de Demanda presentado por la Demandante el 1 de agosto de 2012.
CII Memorial de Contestación a las Excepciones a la Jurisdicción presentado por la Demandante el 29 de marzo de 2013.
CIII Memorial de Dúplica a las Excepciones a la Jurisdicción presentado por la Demandante el 26 de agosto de 2013.
CIV Memorial de Réplica sobre el Fondo presentado por la Demandante el 1 de julio 2013.
C V Memorial de Conclusiones presentado por la Demandante el 25 de noviembre de 2013.
C-XX Anexos de la Demandante.
Cabrera Informe de Jesús Eduardo Cabrera Romero, perito legal nombrado por la Demandada, emitido el 26 de agosto de 2013.
CADIVI Comisión de Administración de Divisas de la República Bolivariana de Venezuela.
Caja Todos los fondos que las Empresas mantenían en caja y bancos.
CIADI o el Centro Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
CLA- XX Anexos legales de la Demandante.
Cláusula de Incorporación Artículo 3(4) del APRI Venezuela- Países Bajos.
Convenio del CIADI Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 18 de marzo de 1965.
Costes de Producción Costes totales variables en los que incurren las Empresas para fabricar los productos que después venden.
Costes del Procedimiento Provisiones de fondos desembolsadas ante el CIADI por las Partes.
CVDT Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969.
Decreto de Expropiación Decreto Presidencial No. 7,751 dictado por el Presidente de la República el 26 de octubre de 2010 y publicado en la Gaceta Oficial No. 39,538 de 26 de octubre de 2010.
Demandada o Venezuela o República República Bolivariana de Venezuela.
Demandante o OIEG OI European Group B.V.
Dolzer & Schreuer R. Dolzer and C. Schreuer, Principies of International Investment Law ‚ Oxford University Press (2008)
DY Luoyang Dayang Refractory Co., Ltd.
Empresas Owens-Illinois de Venezuela C.A. y Fábrica de Vidrios los Andes C.A.
Favianca Fábrica de Vidrios los Andes C.A., constituida el 8 de agosto de 1968, en la cual la Demandante tiene 32% de acciones directas y 39,996% de acciones indirectas.
FCD Metodología de valoración por flujo de caja descontado o discounted cash flow.
Gastos de Defensa Gastos generados por la defensa letrada de las Partes.
Gastos de Defensa Razonables Gastos de Defensa efectivamente incurridos por la Demandante, que sean imprescindibles para la apropiada defensa de sus intereses.
Gómez Declaración testifical de Luis Gómez de 31 de julio de 2012.
Guitera I Primer informe pericial de Jean-Luc Guitera (KPMG Forensic en Francia), perito económico de la Demandada, emitido en marzo de 2013.
Guitera II Segundo informe pericial de Jean-Luc Guitera (KPMG Forensic en Francia), perito económico de la Demandada, emitido el 23 de agosto de 2013.
Hernández Informe de Jose Ignacio Hernández G., perito legal nombrado por la Demandante, emitido el 25 de junio de 2013.
INDEPABIS Instituto para la Defensa del Pueblo en el Acceso a los Bienes y Servicios de la República Bolivariana de Venezuela.
Informe Preliminar de Envidrio Informe Preliminar de Envidrio (sin fecha), Anexo R-14.
INPSASEL Instituto Nacional de Prevención Laboral, Salud y Seguridad de la República Bolivariana de Venezuela.
JATs Juntas Administradoras Temporales creadas por el INDEPABIS para gestionar las Plantas.
Kaczmarek I Primer informe pericial de Brent C. Kaczmarek (Navigant Consulting Inc.), perito económico de la Demandante, emitido el 1 de agosto de 2012.
Kaczmarek II Segundo Informe pericial de Brent C. Kazmarek (Navigant Consulting Inc.), perito económico de la Demandante, emitido el 1 de julio de 2013.
LECUPS Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, publicada en la Gaceta Oficial No. 37,475 de 1 de julio de 2002, Anexo CLA-89.
LOPCYMAT Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial No.38.236 de 26 de julio de 2005.
Machaen I Primera declaración testifical de Enrique Machaen de 30 de julio de 2012.
Machaen II Segunda declaración testifical de Enrique Machaen de 1 de julio de 2013.
Matriz Conjunta Matriz con cálculos del valor de las Empresas aplicando diferentes parámetros en la valoración FCD, realizada por los peritos económicos de las partes con fecha 9 de octubre de 2013.
MINCIT Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela.
NAV-XX Anexos a los informes del Sr. Kazmarek.
OBGC Owens Brockway Glass Container Inc., empresa del grupo OI propietaria del know how, tecnología y propiedad intelectual utilizados en las Empresas.
Obra Fortalecimiento del Vidrio Obra fortalecimiento de la capacidad industrial del sector público en la fabricación de envases de vidrio para el pueblo venezolano.
OI Grupo controlado por Owens-Illinois Group, Inc.
OIdV Owens-Illinois de Venezuela C.A., constituida el 13 de abril de 1958, en la cual la Demandante tiene el 73.97% de las acciones.
Pazos Declaración testifical de Noé Pazos de 1 de julio de 2013.
PGR Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.
Pimentel I Primera declaración testifical de Yuri Pimentel de 26 de marzo de 2013.
Pimentel II Segunda declaración testifical de Yuri Pimentel de 20 de agosto de 2013.
Plan de Negocios Plan de negocios de las Empresas 2010, Anexo NAV-20.
Plantas Planta de Los Guayos en el estado Carabobo y Planta de Valera en el estado Trujillo, a través de las cuales operaban OIdV y Favianca respectivamente.
Polar Inversiones Polar C.A., principal grupo alimentario de Venezuela, accionista minoritario y principal cliente de las Empresas.
Primera Sesión Primera sesión celebrada el 20 de mayo de 2012 en la sede del Banco Mundial en París, Francia.
PSP Plena seguridad física y protección.
RI Memorial sobre Excepciones Preliminares y Solicitud de Bifurcación presentado por la Demandada el 30 de noviembre de 2012.
RII Memorial de Contestación sobre el Fondo presentado por la Demandada el día 29 de marzo de 2013.
RIII Réplica a las Objeciones Preliminares presentada por la Demandada el día 1 de junio de 2013.
RIV Memorial de Dúplica sobre el Fondo presentado por la Demandada el día 26 de agosto de 2013.
RV Escrito de Conclusiones presentado por la Demandada el día 25 de noviembre de 2013.
Reglas de Arbitraje Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI.
RLA Anexos legales de la Demandada.
R-XX Anexos de la Demandada.
Sarmiento I Primera declaración testifical de Alexander Sarmiento de 25 de marzo de 2013.
Sarmiento II Segunda declaración testifical de Alexander Sarmiento de 23 de agosto de 2013.
Secretaria Sra. Ann Catherine Kettlewell, Consejera Jurídica del CIADI, Secretaria del Tribunal Arbitral.
SENIAT Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de la República Bolivariana de Venezuela.
Solicitud de Arbitraje Solicitud de Arbitraje recibida por el Centro el 7 de septiembre de 2011.
TA Transcripción de Audiencia en castellano.
TA (inglés) Transcripción de Audiencia en inglés.
TJE Trato justo y equitativo.
USD Dólar de los Estados Unidos de América.
VEB o Bs. Bolívar Venezolano.
Venvidrio Venezolana del Vidrio, C.A. empresa fundada el 26 de abril de 2011 que asumió la gestión directa de las Plantas.

Lista de Casos Citados

Abaclat Abaclat y otros c. República Argentina, (antes Giovanna a Beccara y otros c. República Argentina), Caso CIADI No. ARB/07/5, Decisión sobre jurisdicción y admisibilidad, 4 de agosto de 2011.
ADC ADC Affiliate Limited y ADC & ADMC Management Limited c. República de Hungría, Caso CIADI No. ARB/03/16, Laudo, 2 de octubre de 2006.
ADF Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/5, Laudo, 21 de noviembre de 2007.
AIG AIG Capital Partners, Inc. y CJSC Tema Real Estate Company c. República de Kazajistán, Caso CIADI No. ARB/01/6, Laudo, 7 de octubre de 2003.
Ambiente Ufficio Ambiente Ufficio SpA y otros c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/08/9, Decisión sobre jurisdicción y admisibilidad, 8 de febrero de 2013.
AMT American Manufacturing & Trading, Inc. c. República de Zaire, Caso CIADI No. ARB/93/1, Laudo, 21 de febrero de 1997.
Azurix Azurix Corp. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/12, Laudo, 14 de julio de 2006.
Biwater Biwater Gauff (Tanzania) Limited c. República Unida de Tanzania, Caso CIADI No. ARB/05/22, Laudo, 24 de julio de 2008.
Caratube Caratube International Oil Company LLP c. República de Kazajistán, Caso CIADI No. ARB/08/12, Laudo, 5 de junio de 2012.
Centex CEMEX Caracas Investments B.V. & CEMEX Caracas II Investments B.V. c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/08/15, Decisión sobre Jurisdicción, 30 de diciembre de 2010.
CME CME Czech Republic B. V. c. República Checa (CNUDMI), Laudo Parcial, 13 de septiembre de 2001.
Conoco Phillips ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V., ConocoPhillips Gulf of Paria B.V y ConocoPhillips Company c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/07/30, Decisión sobre competencia y cuestiones de fondo, 3 de septiembre de 2013.
Desert Line Desert Line Projects LLC c. República de Yemen, Caso CIADI No. ARB/05/17, Laudo, 6 de febrero de 2008.
Deutsche Bank Deutsche Bank AG c. La República Democrática Socialista de Sri Lanka, Caso CIADI No. ARB/09/2, Laudo del 31 de octubre de 2012.
EDF EDF (Services) Limited c. Rumania, Caso CIADI No. ARB/05/13, Laudo, 8 de octubre de 2009.
Electricity Co. of Sofia The Electricity Company of Sofia and Bulgaria, Interim Measures of Protection, Order, 1939 P C I J. (ser. A/B) No. 79 (December 5).
ELSI Elettronica Sicula S.p.A. (Estados Unidos de América c. Italia), 1989 I.C.J. 15 (Julio 20).
Enron Enron Creditors Recovery Corporation (antes Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L.P. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/3, Laudo, 22 de mayo de 2007.
Eureko Eureko B.V. c. República de Polonia (Ad hoc), Laudo parcial, 19 de agosto 2005.
Fedax Fedax N.V. c. República de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/96/3, Decisión sobre objeciones a la jurisdicción, 11 de julio de 1997.
Flughafen Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI, No. ARB/10/19, Laudo, 18 de noviembre de 2014.
Glamis Glamis Gold c. Estados Unidos de América, Arbitraje bajo las Reglas CNUDMI, Laudo, 8 de junio de 2009.
Global Trading Global Trading Resource Corp. y Globex International, Inc. c. Ucrania, Caso CIADI No. ARB/09/11, Laudo, 23 de noviembre de 2010.
IBM IBM World Trade Corporation c. República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/02/10, Decisión sobre jurisdicción y competencia, 22 de diciembre de 2003.
Inmaris Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH c. Ucrania, Caso CIADI No. ARB/08/8, Decisión sobre jurisdicción, 8 de marzo de 2010.
Jan de Nul Jan de Nul N. V. y Dredging International N. V. c. República Árabe de Egipto, Caso CIADI No. ARB/04/13, Laudo, 6 de noviembre de 2008.
Jan Oostergetel Jan Oostergetel and Theodora Laurentius c. República Eslovaca, CNUDMI, Decisión sobre jurisdicción, 30 de abril de 2010.
Kardassopoulos Ioannis Kardassopoulos c. Georgia y Ron Fuchs c. Georgia, Caso CIADI Nos. ARB/05/18 y ARB/07/15, Laudo, 3 de marzo de 2010.
KT Asia KT Asia Investment Group B. V. c. República de Kazajistán, Caso CIADI No. ARB/09/8, Laudo, 17 de octubre de 2013.
Lemire Joseph C. Lemire c. Ucrania, Caso CIADI No. ARB/06/18, Decisión sobre jurisdicción y responsabilidad, 14 de enero de 2010.
Lemire (Laudo) Joseph C. Lemire c. Ucrania, Caso CIADI No. ARB/06/18, Laudo, 28 de marzo de 2011.
LG&E LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E International Inc. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/1, Decisión sobre responsabilidad, 3 de octubre de 2006.
Loewen The Loewen Group, Inc. y Raymond L. Loewen c. Estados Unidos de América, Caso CIADI No. ARB(AF)/98/3, Laudo, 26 de junio de 2003.
Lusitania Lusitania Cases, II RIAA 32-44, Opinión, 1 de noviembre de 1923.
Malicorp Malicorp Limited c. República Arabe de Egipto, Caso CIADI No. ARB/08/18, Laudo, 7 de febrero de 2011.
Mariposa Development Company Mariposa Development Company y Otros (Estados Unidos de América) c. Panamá, United States-Panama General Claims Commission, Laudo, 27 de junio de 1933, en 4 R.I.A.A. 338-41 (2006).
MCI M.C.I. Power Group, L.C. y New Turbine, Inc. c. República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/03/6, Laudo, 31 de julio de 2007.
Metalclad Corporation Metalclad Corporation c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/l, Laudo, 30 de agosto de 2000.
MHS Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c Gobierno de Malasia, Caso CIADI No. ARB/05/10, Decisión sobre la solicitud de anulación, 16 de abril de 2009.
Mobil Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V, Mobil Cerro Negro Holding, Ltd., Mobil Venezolana de Petróleos Holdings, Inc., Mobil Cerro Negro, Ltd., y Mobil Venezolana de Petróleos, Inc. c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/07/27, Decisión sobre jurisdicción, 10 de junio de 2010.
Mohammad Animar Al-Bahloul Mohammad Ammar Al-Bahloul c. República de Tajakistán, SCC Case No. V(064/2008), Laudo parcial sobre jurisdicción y fondo, 2 de septiembre de 2009.
Mytilineos Mytilineos Holdings SA c. El Estado Unido de Serbia y Montenegro y la República Serbia, CNUDMI, Laudo parcial sobre jurisdicción, 8 de septiembre de 2006.
Neer L. F. H. Neer y Pauline Neer (U.S.A.) c. Estados Unidos de México, Opinión de los Comisionados, 15 de octubre de 1926. IV R. Int’l Arb. Awards 60-66.
Occidental Occidental Exploration & Production Co. c. República del Ecuador, CNUDMI (LCIA) Caso No. UN 3467, Laudo final, 1 de julio de 2004.
Pantechniki Pantechniki S.A. Contractors & Engineers (Grecia) v. República de Albania, Caso CIADI No. ARB/07/21, Laudo, 30 de julio de 2009.
Pey Casado Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende c. República de Chile, Caso CIADI No. ARB/98/2, Decisión sobre solicitud de medidas provisionales, 25 de septiembre de 2001.
Phoenix Phoenix Action, Ltd. c. República Checa, Caso CIADI No. ARB/06/5, Laudo, 9 de abril de 2009.
Plama Plama Consortium Ltd. c. República de Bulgaria, Caso CIADI No. ARB/03/24, Orden del Tribunal sobre la solicitud de medidas provisionales urgentes de la Demandante, 6 de septiembre de 2005.
PSEG PSEG Global Inc. y Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Sirketi c. República de Turquía, Caso CIADI No. ARB/02/5, Laudo, 19 de enero de 2007.
Quiborax Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Alian Fosk Kaplún c Estado Plurinacional de Bolivia, Caso CIADI No. ARB/06/2, Decisión sobre jurisdicción, 27 de septiembre de 2012.
Roberts Harry Roberts (U.S.A.) c. Estados Unidos Mexicanos', November 2, 1926; U.N. Report of International Arbitral Awards, IV
Ronald Lauder Ronald S. Lauder c. República Checa (CNUDMI), Laudo Final, 3 de septiembre de 2001.
Saba Fakes Mr. Saba Fakes c. República de Turquía, Caso CIADI No. ARB/07/20, Laudo, 12 de julio de 2010.
Salini Salini Costruttori SpA y Italstrade SpA c. Reino de Marruecos, Caso CIADI No. ARB/00/4, Decisión sobre jurisdicción, 16 de julio de 2001.
Saluka Saluka Investments BV (Países Bajos) c. República Checa (CNUDMI), Laudo parcial, 17 de marzo de 2006.
Saur SAUR International S.A c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/04/4, Decisión sobre jurisdicción y responsabilidad, 6 de junio de 2012.
Sempra Sempra Energy International c. República Argentina, Caso CIADI No ARB/02/16, Laudo, 28 de septiembre de 2007.
SGS c. Paraguay SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. República del Paraguay, Caso CIADI No. ARB/07/29, Laudo, 10 de febrero de 2012.
SGS c. Pakistán SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. República Islámica de Pakistán, Caso CIADI No. ARB/01/13, Decisión sobre objeciones a la-jurisdicción, 6 de agosto de 2003.
Siemens Siemens A.G. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/8, Laudo, 6 de febrero de 2007.
Spyridon Spyridon Roussalis c. Rumania, Caso CIADI No. ARB/06/1, Laudo, 7 de diciembre de 2011.
Suez/AWG Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., y Vivendi Universal S.A. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/19, y AWG Group Ltd. C. República Argentina, CNUDMI, Decisión sobre jurisdicción, 3 de agosto de 2006.
Suez Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., e Inter Aguas Servicios Integrales del Agua S.A. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/17, Decisión sobre jurisdicción, 16 de mayo de 2006.
Tecmed Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB (AF)/00/2, Laudo, 29 de mayo de 2003.
Ulysseas Ulysseas, Inc. c. La República del Ecuador, CNUDMI, Laudo Final del 12 de junio de 2012.
Vivendi II Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/97/3, Laudo, 20 de agosto de 2007
Waste Management Waste Management Inc. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADINo. ARB(AF)/00/3, Laudo, 30 de abril de 2004.

 

I. INTRODUCCIÓN

1.
El 7 de septiembre de 2011, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ["CIADI" o "Centro"] recibió una solicitud de arbitraje ["Solicitud de Arbitraje"] de OI European Group B.V. ["OIEG" o "Demandante"], en contra de la República Bolivariana de Venezuela ["Venezuela" o la "Demandada" o la "República"].
2.
El 9 de septiembre de 2011 el Centro acusó recibo de la Solicitud de Arbitraje, así como del pago del derecho de registro correspondiente.
3.
Inicialmente, la Demandante estuvo representada en este procedimiento por los estudios jurídicos Volterra Fietta, con oficinas en Londres, Reino Unido, y Latham Watkins con oficinas en Chicago, Illinois, EEUU y Londres, Reino Unido. Actualmente la Demandante se encuentra representada por: (a) el estudio jurídico Volterra Fietta, y específicamente por los abogados Robert Volterra, Stephen Fietta, Patricio Grané Labat y Alvaro Nistal; (b) el estudio jurídico Escritorio Muci-Abraham, con oficinas en Caracas, Venezuela, y específicamente el Sr. José Antonio Muci, y (c) el Sr. Lucas Bastin, de Quadrant Chambers, en Londres, Reino Unido.
4.
Inicialmente, la Demandada estuvo representada por la Procuraduría General de la República, por medio del Procurador General (E) de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, y el estudio jurídico Shearman & Sterling LLP, con oficinas en Washington, D.C., EE.UU. y París, Francia, específicamente por los abogados Fernando Mantilla Serrano, Thomas B. Wilner y Christopher M. Ryan. El 22 de mayo de 2014 el escritorio jurídico Shearman & Sterling LLP informó su retiro como representantes de la Demandada.
5.
Se hará referencia a la Demandante y la Demandada conjuntamente como "Partes". La lista completa de los representantes de las Partes y sus respectivas direcciones postales han sido incluidas en la carátula de este Laudo.

II. HISTORIA PROCESAL

6.
El 26 de septiembre de 2011, la Secretaria General del CIADI registró la Solicitud de Arbitraje de conformidad con el Artículo 36(3) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados ["Convenio del CIADI"] y notificó a las Partes del registro.
7.
El procedimiento fue iniciado con base en el Convenio para el estímulo y protección recíproca de las inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos ["APRI Venezuela-Países Bajos" o el "APRI Países Bajos - Venezuela" o el "APRI"] suscrito el 22 de octubre de 1991 y en vigencia desde el 1 de noviembre de 1993 y con una vigencia de quince años. En relación al APRI Venezuela-Países Bajos, la Demandante en su Solicitud de Arbitraje indicó que el 30 de abril de 2008 Venezuela presentó un aviso de terminación, seis meses antes de la fecha de vencimiento del APRI. Consecuentemente, la Demandante argumentó que el Artículo 14(3) del APRI dispone que "[e]n relación a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha de terminación del presente Convenio, los Artículos anteriores del mismo continuarán en vigencia por otro período de quince años a partir de tal fecha". La Demandante concluyó que el procedimiento debería ser llevado a cabo en virtud del APRI Venezuela-Países Bajos.
8.
En la Notificación del Acto de Registro, la Secretaria General invitó a las Partes a proceder, en cuanto fuere posible, a constituir un Tribunal Arbitral de conformidad con la Regla 7(d) de las Reglas Procesales Aplicables a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje, [las "Reglas de Iniciación"].
9.
Transcurridos más de sesenta (60) días desde el registro de la Solicitud de Arbitraje sin haber llegado a un acuerdo sobre el método de constitución del Tribunal, la Demandante invocó el Artículo 37(2)(b) del Convenio del CIADI mediante carta de fecha 15 de diciembre de 2011.
10.
Mediante carta de la misma fecha la Demandante nombró como árbitro al Profesor Francisco Orrego Vicuña, nacional de la República de Chile.
11.
Por carta de 19 de diciembre de 2011, el Profesor Orrego Vicuña aceptó su nombramiento como árbitro en el procedimiento.
12.
Transcurridos noventa (90) días después del registro de la Solicitud de Arbitraje sin haberse constituido el Tribunal, por carta de fecha 28 de diciembre de 2011, la Demandante solicitó que el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI efectuara el nombramiento de los árbitros que aún no hubieren sido designados, de conformidad con lo previsto en el Artículo 38 de Convenio del CIADI y la Regla 4 de las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI [las "Reglas de Arbitraje"].
13.
Por carta de fecha 29 de diciembre de 2011, el Dr. Carlos Escarrá Malavé, Procurador General de la República, acusó recibo de la carta de 28 de diciembre de 2011 de la Demandante e indicó se encontraba en proceso de contratar servicios de asesoría jurídica y representación externa para el presente asunto y que procedería a efectuar la correspondiente designación de árbitro.
14.
Por carta de fecha 11 de enero de 2012, Venezuela comunicó que los Sres. Thomas Wilner, Christopher M. Ryan, José Pertierra y Fernando Mantilla Serrano del estudio jurídico Shearman & Sterling LLP, en Washington, D.C., así como la Procuraduría General de la República por medio del Procurador General de la República, Dr. Carlos Escarrá Malavé y Ana María de Stefano Lo Piano, llevarían a cabo la representación de la Demandada en el presente caso.
15.
Por carta de 12 de enero de 2012, la Demandada designó como árbitro al Sr. Alexis Mourre, nacional de Francia.
16.
El 13 de enero de 2012, el Sr. Alexis Mourre aceptó su nombramiento como árbitro en el procedimiento.
17.
Por carta de 2 de febrero de 2012, la Demandada informó sobre el fallecimiento del Dr. Carlos Escarrá Malavé y el nombramiento, en esa misma fecha, de la nueva Procuradora de la República, la Dra. Cilia Flores. En dicha correspondencia y en vista de las circunstancias, la Demandada solicitó la postergación de este proceso arbitral por un periodo de dos meses con el fin de que la Dra. Flores pudiera familiarizarse con el caso y participar en la defensa de Venezuela.
18.
El 3 de febrero de 2012, la Demandante presentó sus comentarios en relación a la solicitud de la Demandada oponiéndose a dicha postergación ya que a) la Demandada había estado representada por abogados externos durante el procedimiento, b) los abogados externos tenían poder suficiente para actuar en nombre de su representada, c) la nueva Procuradora General de la República ya había sido nombrada, y d) el procedimiento todavía se encontraba en una etapa inicial.
19.
Por carta de 10 de febrero de 2012, el Centro acusó recibo de la solicitud de la Demandada y la oposición de la Demandante del 2 y 3 de febrero de 2012, respectivamente. El Centro informó a las Partes que la Demandante había solicitado el nombramiento de los árbitros que no habían sido designados de conformidad con el Artículo 38 de Convenio del CIADI y la Regla 4(4) de las Reglas de Arbitraje del CIADI y que continuaría con dicha solicitud en los siguientes días.
20.
Previa consulta con las Partes, y de conformidad con el Artículo 38 del Convenio del CIADI y la Regla 4 de las Reglas de Arbitraje, el 29 de marzo de 2012, el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI nombró al Profesor Juan Fernández-Armesto, nacional de España, como tercer árbitro y Presidente del Tribunal. El 30 de marzo de 2012, el Profesor Fernández-Armesto aceptó su nombramiento como árbitro y Presidente del Tribunal.
21.
El 30 de marzo de 2012, la Secretaria General notificó a las Partes en virtud de la Regla 6(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI que los tres árbitros habían aceptado sus respectivos nombramientos, que el procedimiento quedaba formalmente iniciado y que la Sra. Ann Catherine Kettlewell, Consejera Jurídica del CIADI, actuaría como Secretaria del Tribunal Arbitral [la "Secretaria"].
22.
El 23 de abril de 2012, tras consultar con las Partes, el Tribunal fijó como fecha para la primera sesión el 20 de mayo de 2012, la cual habría de llevarse a cabo en persona en París, Francia ["Primera Sesión"].
23.
La Primera Sesión del Tribunal se celebró en dicha fecha en el Centro de Conferencias del Banco Mundial en París, Francia. Los participantes fueron:

Miembros del Tribunal

Profesor Juan Fernández-Armesto, Presidente
Profesor Francisco Orrego Vicuña, Arbitro
Sr. Alexis Mourre, Arbitro

Secretariado del CIADI

Sra. Ann Catherine Kettlewell, Secretaria del Tribunal

En representación de las Demandantes

Sr. Stephen Fietta, Volterra Fietta
Sr. Douglas Freedman, Latham & Watkins
Sra. Michelle Bradfield, Latham & Watkins
Sr. Lucas Bastin, Latham & Watkins
Sra. MaryBeth Wilkinson, OI European Group B. V.

En representación de la Demandada

Sr. Femando Mantilla-Serrano, Shearman & Sterling LLP
Sr. Christopher M. Ryan, Shearman & Sterling LLP
Sr. Oliver Tuholske, Shearman & Sterling LLP
Sr. Thomas Parigot, Shearman & Sterling LLP
Sr. Arno Gildemeister, Shearman & Sterling LLP
Dra. Cilia Flores, Procuradora General de la República
Dra. Anna María De Stefano, Coordinadora del Despacho de la Procuradora
Dr. Víctor Alvarez, Asesor de la Procuradora
Dr. Gilberto Hernández, Asesor de la Procuradora
Dra. Inés Adarme, Asesor de la Procuradora
Dr. Ronald Meignen, Asesor de la Procuradora

24.
Los representantes de la Procuraduría General de la República estuvieron presentes durante la Primera Sesión por vía telefónica desde Caracas, Venezuela. Asimismo, el Sr. Femando Mantilla-Serrano se conectó vía telefónica desde Bogotá, Colombia.
25.
Las Partes confirmaron que los Miembros del Tribunal Arbitral fueron válidamente nombrados. Se acordó, entre otras cosas, que las Reglas de Arbitraje aplicables serían aquellas en vigor desde el 10 de abril 2006. Las Partes convinieron en diversas cuestiones de procedimiento, entre las cuales sería que el idioma en que se emitiría el laudo sería el idioma español. Después de consultar con las Partes, el Tribunal decidió, entre otras cosas, que el idioma del procedimiento sería el español y el inglés y que el lugar del procedimiento sería Washington, D.C. Dichos acuerdos y decisiones quedaron expresadas en las Minutas de la Primera Sesión firmadas por el Presidente y la Secretaria del Tribunal el 14 de junio de 2012, las cuales fueron distribuidas a las Partes en la misma fecha.
26.
El 18 de junio de 2012, la Demandante solicitó al Tribunal la modificación de la sección 13.4.4 de las Minutas de la Primera Sesión ya que consideraba que existía una inconsistencia con la sección 13.4.3. La Demandada presentó sus comentarios en relación a este punto en la misma fecha. La Demandante contestó a los comentarios de la Demandada y el 19 de junio de 2012, la Demandada presentó otra respuesta a la Demandante. Por carta de 21 de junio de 2012, el Tribunal informó a las Partes que no era necesaria una enmienda a la sección 13.4.4 de las Minutas de la Primera Sesión y, a mayor abundamiento, presentó un ejemplo para la ilustrar la función de la sección 13.4.4.
27.
De conformidad con lo establecido en el calendario procesal de las Minutas de la Primera Sesión, la Demandante presentó su Memorial el 1 de agosto de 2012 ["CI"]. La traducción del Memorial fue presentado el 16 de agosto de 2012 de conformidad con la sección 10.3 de las Minutas de la Primera Sesión. El 30 de octubre de 2012, la Demandante hizo llegar a los Miembros del Tribunal una copia completa en español de todos los anexos del Memorial de la Demandante así como del informe pericial del Sr. Brent Kaczmarek.
28.
El 27 de noviembre de 2012, la Demandada informó al Tribunal sobre el registro del caso CIADI No. ARB/12/21 y argumentó que el caso ARB/12/21 estaba relacionado con el presente caso y que, por economía procesal, debía ser consolidado. En la misma comunicación la Demandada solicitó al Tribunal suspender el procedimiento por no menos de tres (3) meses. El 28 de noviembre de 2012, la Demandante presentó sus comentarios oponiéndose a la solicitud de la Demandada e instando al Tribunal a que ordenara a la Demandada a cumplir con el calendario procesal indicado en las Minutas de la Primera Sesión. El 28 de noviembre de 2012, el Centro remitió las comunicaciones enviadas por las Partes relativas a este asunto de conformidad con la sección 1l(a) de las Minutas de la Primera Sesión y la Regla 24 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI. El 30 de noviembre de 2012 el Tribunal acusó recibo de las comunicaciones de las Partes y decidió no suspender el procedimiento, ordenó a Venezuela a cumplir con los plazos fijados para el Memorial de Contestación y dejó abierta la posibilidad de que, si las Partes sentían que en algún momento había de habilitarse un nuevo trámite, que se presentara una solicitud motivada ante el Tribunal, quien tomaría una decisión habiendo oído a la otra Parte.
29.
De conformidad con el calendario procesal establecido en las Minutas de la Primera Sesión, la Demandada presentó su Memorial sobre Excepciones Preliminares y solicitud de bifurcación ["RI"] el 30 de noviembre de 2012.
30.
El 6 de diciembre de 2012, el árbitro Alexis Mourre, presentó una declaración adicional en el caso.
31.
El 8 de diciembre de 2012, a la luz de la presentación de la solicitud de bifurcación de la Demandada y la suspensión del procedimiento, las Partes acordaron una extensión de plazo para la exhibición de documentos para ser reanudada una vez que el Tribunal Arbitral decidiera sobre la solicitud de bifurcación. El 11 de diciembre de 2012, el Tribunal confirmó este acuerdo.
32.
Las Partes intercambiaron correspondencia en relación a la extensión de plazos del Memorial de Contestación de la Demandada en los días siguientes. El 20 de diciembre de 2012, el Tribunal anunció a las Partes que emitiría la decisión sobre bifurcación la primera semana de enero de 2013 y que no sería necesario recibir más información o comentarios de las Partes.
33.
El 2 de enero de 2013, el Tribunal Arbitral emitió la Resolución Procesal No. 1 rechazando la solicitud de bifurcación de la Demandada. El Tribunal invitó a las Partes a celebrar una conferencia telefónica para determinar los plazos para la siguiente fase del procedimiento.
34.
Por carta de 4 de enero de 2013, el Tribunal estableció la agenda para la conferencia telefónica. El 7 de enero de 2013 se celebró una conferencia telefónica estando presentes:

Miembros del Tribunal

Profesor Juan Fernández-Armesto, Presidente
Profesor Francisco Orrego Vicuña, Arbitro
Sr. Alexis Mourre, Arbitro

Secretariado del CIADI

Sra. Ann Catherine Kettlewell, Secretaria del Tribunal

En representación de las Demandantes

Sr. Stephen Fietta, Volterra Fietta
Sr. Douglas Freedman, Latham & Watkins
Sra. Michelle Bradfield, Latham & Watkins
Sr. Lucas Bastin, Latham & Watkins
Sra. MaryBeth Wilkinson, OI Eur opean Group B. V.

En representación de la Demandada

Sr. Christopher M. Ryan, Shearman & Sterling LLP
Sr. Thomas Wilner, Shearman & Sterling LLP
Sr. Femando Mantilla-Serrano, Shearman & Sterling LLP
Dr. Víctor Alvarez, Asesor de la Procuradora
Dra. Andrea Flores Ynserny, Asesor de la Procuradora

35.
Los temas abordados durante la conferencia telefónica fueron: (i) el calendario procesal, (ii) levantamiento de la suspensión del procedimiento, (iii) etapa de exhibición de documentos y (iv) lugar para la celebración de la audiencia. Después de haber escuchado los argumentos de las Partes, el 9 de enero de 2012 el Tribunal emitió su decisión en relación a estos puntos.
36.
El 10 de febrero de 2013, la Demandada comunicó el nombramiento del Procurador General (Encargado) de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros.
37.
El 16 de febrero de 2013, la Demandante informó que sería representada únicamente por el escritorio jurídico Volterra Fietta, específicamente, por los siguientes abogados: Robert Volterra, Stephen Fietta, Jiries Saadeh, Ernesto Feliz y Alvaro Nistal.
38.
El 7 de marzo de 2013, los abogados de la parte Demandada informaron sobre el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez y solicitaron una extensión para presentar su Memorial de Contestación hasta el 29 de marzo de 2013. En la misma fecha, la Demandante presentó sus comentarios oponiéndose a dicha solicitud de extensión. La Demandada respondió a los comentarios de la parte Demandante en la misma fecha reiterando su solicitud para una extensión de dos semanas al plazo inicialmente fijado por el Tribunal en su carta de 9 de enero de 2013. Finalmente, la Demandante reiteró su oposición a la extensión de plazo. El 11 de marzo de 2013, tomando en consideración las circunstancias de la solicitud, el Tribunal otorgó a la Demandada la extensión de plazo e invitó a las Partes a acordar los plazos e idioma de presentación de la Réplica y Dúplica. El 22 de marzo de 2013 la Partes acordaron en el resto del calendario procesal, y en específico, para la presentación de la Réplica y Dúplica, el cual fue confirmado por el Tribunal el 28 de marzo de 2013. En su carta de 12 de abril de 2013, el Tribunal confirmó el calendario de las presentaciones así como el calendario para exhibición de documentos.
39.
El 29 de marzo de 2013, la Demandante presentó el Memorial de contestación a las excepciones a la jurisdicción de la Demandada ["CU"]. En la misma fecha, la Demandada presentó su Memorial de contestación sobre el fondo ["RII"].
40.
El 13 de abril de 2013, la Demandante presentó la traducción al español de su Memorial de contestación a las excepciones a la jurisdicción de la Demandada y de los documentos de apoyo a dicho memorial. En la misma fecha, la Demandada presentó la traducción al inglés de los documentos de apoyo del Memorial de contestación sobre el fondo.
41.
El 26 de abril de 2013, cada Parte presentó su solicitud de exhibición de documentos. El 17 de mayo de 2013 el Tribunal Arbitral emitió la Resolución Procesal No. 2 en la que decide sobre la solicitud de exhibición de documentos de cada Parte.
42.
El 30 de mayo de 2013, la Demandante informó al Centro que se incluía a la lista de contactos de Volterra Fietta, representantes de la Demandante, al Sr. Patricio Grané Labat.
43.
El 1 de junio de 2013 la Demandada presentó su escrito de Réplica a las Objeciones Preliminares ["RIII"].
44.
El 1 de julio de 2013, la Demandante presentó su Memorial de Réplica sobre el fondo ["CIV"]. En la misma fecha, la Demandada presentó su Memorial de Réplica sobre jurisdicción.
45.
El 5 de julio de 2013, la Demandante presentó una solicitud de medidas provisionales para proteger la diseminación no autorizada de información confidencial sobre sus procesos de producción y proteger su derecho de no agravar la disputa. En la misma fecha, la Demandante presentó una solicitud de exhibición de documentos con base en un hecho de conocimiento reciente de la Demandada.
46.
El 8 de julio de 2013, la Demandada presentó sus comentarios iniciales y solicitó la suspensión del procedimiento y/o extensión del plazo para que la Demandada presente su escrito de Dúplica. El 10 de julio de 2013, la Demandante presentó comentarios en relación a la solicitud de suspensión y/o extensión de la Demandada.
47.
El 11 de julio de 2013, el Tribunal decide el calendario procesal para que las partes presenten sus argumentos en relación a (a) la solicitud de exhibición de documentos y (b) la solicitud de medidas provisionales. Asimismo, decide que el Memorial de Dúplica de la Demandada será presentado a más tardar el 23 de agosto de 2013.
48.
El 16 de julio de 2013, la Demandante informó al Centro que se unía a la representación de la misma, el Sr. José Antonio Muci Borja, del estudio jurídico Escritorio Muci-Abraham & Asociados, con oficinas en Caracas, Venezuela.
49.
El 17 de julio de 2013, la Demandante presentó las traducciones al español del Memorial de Réplica sobre el fondo. En la misma fecha, la Demandada presentó la traducción al inglés de su Memorial de Réplica sobre jurisdicción.
50.
El 22 de julio de 2013, la Demandada presentó sus objeciones a la solicitud de exhibición de documentos de la Demandante. El 24 de julio de 2013, las Demandantes solicitaron la autorización del Tribunal para presentar comentarios sobre las objeciones de la Demandada. El mismo 24 de julio de 2013, el Tribunal autorizó dicha presentación. El 29 de julio de 2013 presentó sus comentarios a las objeciones de la Demandada. El 31 de julio de 2013, ambas Partes presentaron comentarios adicionales al respecto. El 1 de agosto de 2013, el Tribunal instruyó a las Partes a no presentar observaciones que no hubieren sido autorizadas por el Tribunal.
51.
El 6 de agosto de 2013, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 3 sobre producción de documentos.
52.
El 14 de agosto de 2013 la Demandante informó al Centro que se unía a la representación de la misma, el Sr. Lucas Bastin, de Quadrant Chambers, con oficinas en Londres, Reino Unido.
53.
El 19 de agosto de 2013, la Demandante informó al Centro, que serían necesarios los servicios de interpretación inglés/español durante la audiencia a celebrarse en el presente caso de conformidad con la sección 10.6 de las Minutas de la Primera Sesión.
54.
En la misma fecha, la Demandada informó al Tribunal sobre el acuerdo de las Partes de una extensión para presentar el Memorial de Dúplica sobre el fondo de Venezuela y el Memorial de Dúplica sobre jurisdicción de la Demandante, para ser presentada el 26 de agosto de 2013, en vez del 23 de agosto de 2013. La Demandante confirmó en la misma fecha y recordó que la traducción de dicho Memorial sería entregado en fecha acordada inicialmente, es decir, el 30 de agosto de 2013.
55.
El 20 de agosto de 2013, el Tribunal confirmó el calendario procesal acordado por las Partes. En esta misma comunicación fijó la agenda para la conferencia telefónica previa a la audiencia que habría de celebrarse el 30 de agosto de 2013.
56.
El 21 de agosto de 2013, la Demandante presentó una solicitud con base en la Regla 34(2)(b) de las Reglas de Arbitraje del CIADI para realizar una visita ocular a las instalaciones de una planta propiedad de la Demandante. El 22 de agosto de 2013, el Tribunal informó a las Partes que dicho tema sería agregado a la agenda para ser discutido durante la conferencia telefónica del 30 de agosto de 2013. El 27 de agosto de 2013, la Demandada presentó sus comentarios en relación a dicha solicitud.
57.
El 23 de agosto de 2013, la Demandante presentó su Memorial de Dúplica sobre jurisdicción ["CIII"].
58.
El 26 de agosto de 2013, la Demandada presentó su Memorial de Dúplica sobre el fondo ["RIV"].
59.
El 28 de agosto de 2013, el Tribunal dio instrucciones sobre la presentación de las traducciones del Memorial de Dúplica sobre jurisdicción de la Demandante y el Memorial de Dúplica sobre el fondo de la Demandada.
60.
En la misma fecha, la Demandada presentó comentarios a la solicitud de medidas provisionales de la Demandante de fecha 5 de julio de 2013.
61.
El 29 de agosto de 2013, la Demandante solicitó al Tribunal que ordenara a la Demandada presentar documentos no redactados los cuales fueron exhibidos por la Demandada como resultado de la Resolución Procesal No. 3.
62.
El 30 de agosto de 2013, la Demandada presentó las traducciones al inglés de los documentos de apoyo presentados con su Memorial de Dúplica sobre el fondo.
63.
Por carta de 5 de septiembre de 2013, el Tribunal comunicó a las Partes que estaría llamando al Sr. Qing Jiang a presentar su testimonio oral durante la audiencia.
64.
El 7 de septiembre de 2013, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 4 sobre las reglas de la audiencia.
65.
En la misma fecha, la Demandante presentó la traducción al español de su Memorial de Dúplica sobre jurisdicción.
66.
Entre los días 16 al 21 de septiembre de 2013, el Tribunal celebró una audiencia sobre jurisdicción y el fondo [la "Audiencia"] en el Centro de Conferencias del Banco Mundial en París, Francia. Estuvieron presentes:

Miembros del Tribunal

Profesor Juan Fernández-Armesto, Presidente
Profesor Francisco Orrego Vicuña, Arbitro
Sr. Alexis Mourre, Arbitro

Secretariado del CIADI

Sra. Ann Catherine Kettlewell, Secretaria del Tribunal

En representación de las Demandantes

Sr. Robert Volterra, Volterra Fietta
Sr. Stephen Fietta, Volterra Fietta
Sr. Patricio Grané Labat, Volterra Fietta
Sr. Jiries Saadeh, Volterra Fietta
Sr. Alvaro Nistal, Volterra Fietta
Srita. Zuzana Morhacova, Volterra Fietta
Srita. María Juliana Muci, Volterra Fietta
Sr. José Antonio Muci, Escritorio Muci-Abraham & Asociados
Sr. Lucas Bastin, Quadrant Chambers
Sra. MaryBeth Wilkinson, OI European Group B. V.

En representación de la Demandada

Sr. Femando Mantilla Serrano, Shearman & Sterling LLP
Sr. Thomas Wilner, Shearman & Sterling LLP
Sr. Christopher Ryan, Shearman & Sterling LLP
Sr. John Adam, Shearman & Sterling LLP
Sr. Thomas Parigot, Shearman & Sterling LLP
Srita. Anna Tevini, Shearman & Sterling LLP
Sr. Guillermo Salcedo, Shearman & Sterling LLP
Srita. Sanaz Payandeh, Shearman & Sterling LLP
Dr. Manuel Galindo, Procurador General (E), Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela
Dra. Magaly Gutiérrez, Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela

67.
Las siguientes personas fueron interrogadas:

Por parte de las Demandantes

Expertos
Sr. José Ignacio Hernández, Grau, García, Hernández & Monaco
Sr. Brent Kaczmarek, Navigant Consulting, Inc.
Testigos
Sr. Enrique Machaen
Sr. Luis Gómez
Sr. Noé Pazos
Sr. Matthew DeDad
Sr. Qing Jiang

Por parte de la Demandada

Expertos
Sr. Jean-Luc Guitera, KPMG
Sr. Jesús Cabrera
Testigos
Sr. Alexander Sarmiento
Sr. Yuri Pimentel
Sr. Pablo Morales
Sr. Rafael Romero

68.
El 30 de septiembre de 2013, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 5 sobre las presentaciones post-audiencía.
69.
El 14 de octubre de 2013, las Partes presentaron las correcciones a las transcripciones de la Audiencia en inglés ["TA (inglés)"] y español ["TA"], de conformidad con la Resolución Procesal No. 5. Dichas correcciones fueron autorizadas por el Tribunal y las transcripciones enmendadas fueron enviadas a las Partes el 3 de diciembre de 2013.
70.
El 21 de octubre de 2013, los expertos de las Partes, el Sr. Guitera y el Sr. Kaczmarek, presentaron una matriz conjunta de conformidad con las instrucciones fijadas por el Tribunal durante la Audiencia y la Resolución Procesal No. 5.
71.
El 25 de noviembre de 2013, las Partes presentaron el Escrito de Conclusiones de conformidad con la Resolución Procesal No. 5 ["CV" y RV"].
72.
El 26 de noviembre de 2013, el Tribunal emitió la Decisión sobre Medidas Provisionales.
73.
El 6 de diciembre de 2013, laDemandante solicitó al Tribunal una aclaración en relación a los Escritos de Post-Audiencia a la luz del escrito presentado por la Demandada. La Demandada presenta sus comentarios en relación a dicha solicitud el 16 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2013. El 12 de febrero de 2014, el Tribunal dicta la Resolución Procesal No. 6 en la que admitió los documentos presentados por la Demandada.
74.
El 9 de diciembre de 2013 las Partes presentaron el resumen de costos del procedimiento.
75.
El 13 de diciembre de 2013, la Demandante presenta comentarios en relación al resumen de costos de la Demandada pidiendo al Tribunal que atendieran a que la Demandada no había seguido las instrucciones del Tribunal. La Demandada presentó sus comentarios el 30 de diciembre de 2013. En la Resolución Procesal No. 6 de fecha 12 de febrero de 2014, el Tribunal invitó a la Demandante a presentar sus comentarios a más tardar el 21 de febrero de 2014 ya que esta parte no había tenido oportunidad de comentar sobre la información adicional que había presentado la Demandada en su resumen de costos. El 21 de febrero de 2014, la Demandante presentó sus comentarios.
76.
El 22 de mayo de 2014, el estudio jurídico Shearman & Sterling LLP envió una comunicación en la que informaba al Centro que no continuaría representando a la República Bolivariana de Venezuela
77.
El 4 de marzo de 2015 se informó a las Partes que el Sr. Gonzalo Flores actuaría como Secretario del Tribunal, en reemplazo de la Sra. Ann Catherine Kettlewell quien dejó sus funciones en el Secretariado del CIADI, y se declaró cerrado el procedimiento arbitral de conformidad con la Regla 38(1) de las Reglas de Arbitraje.

III. PETICIONES DE LAS PARTES

1. Breve resumen de las peticiones de las partes

78.
OIEG solicita que el Tribunal desestime las objeciones a la-jurisdicción planteadas por la Demandada y declare que Venezuela, respecto de la Demandante, ha violado cinco estándares de protección del APRI Venezuela- Países Bajos. En concreto la Demandante solicita la declaración de

- haber sufrido una expropiación de su inversión;

- haber sufrido un trato injusto e inequitativo;

- no haber gozado de seguridad física y protección de su inversión;

- incumplimiento por la Demandada de las obligaciones contraídas en relación con el trato a las inversiones extranjeras de nacionales holandeses;

- no haber gozado de la garantía de transferencia de los pagos relacionados con su inversión

79.
Adicionalmente solicita que el Tribunal declare que Venezuela causó perjuicios indirectos como consecuencia del uso de los bienes expropiados y que debe pagar daños morales.
80.
Como indemnización por los daños sufridos OIEG solicita una indemnización de no menos de 929,544,714 USD, más los intereses compuestos sobre el monto que el Tribunal adjudique en concepto de daños, capitalizados anualmente desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del laudo, y capitalizado desde la fecha del laudo hasta la fecha de su pago efectivo, así como la adjudicación de las costas de este arbitraje a la Demandada, o en su defecto, la adjudicación de las costas respecto de las objeciones preliminares y la solicitud de bifurcación y cualquier otra prestación que el Tribunal estime apropiada.
81.
La Demandada, por su parte, solicita en primer lugar que el Tribunal declare su falta de competencia para conocer la presente disputa y declare inadmisibles las pretensiones de las Demandantes. Con carácter subsidiario, la República Bolivariana Venezuela solicita al Tribunal que desestime en su totalidad los reclamos planteados por las Demandantes y adjudique a éstas las costas generadas por el presente arbitraje.

2. Pretensiones de la Demandante

82.
La Demandante solicita en su Escrito de Conclusiones que el Tribunal dicte un laudo que:

"(1) ordene que las objeciones preliminares de la Demandada sean rechazadas en su totalidad;

(2) declare que la Demandada ha incumplido el TBI, incluyendo los Artículos 3(1), 3(2), 3(4), 5 y 6;

(3) ordene a la Demandada que pague por daños a la Demandante un monto no inferior a 929,544,714 USD, incluyendo:

a. 729,821,323 USD por la expropiación de los intereses económicos de la Demandante en las Empresas;

b. 16,833,383 USD por la expropiación de la parte de la Demandante en el efectivo excedente en las cuentas bancadas de OIdV y Favianca;

c. 54,292,257 USD por la pérdida de ingresos derivada de la interferencia ilícita de la Demandada en la repatriación de los dividendos de la Demandante pagados por OIdV y Favianca;

d. 50,566,759 USD por perjuicios indirectos derivados del uso de los bienes expropiados ilícitamente por parte de la Demandada para causar daños a los negocios de la Demandante fuera de Venezuela;

e. 68,030,992 USD por perjuicios indirectos derivados de la diseminación, fuera de Venezuela y como consecuencia de la expropiación de las Plantas, de la propiedad intelectual de OI y otra información y procesos confidenciales por parte de la Demandada; y

f. 10,000,000 USD por daños morales derivados de la conducta atroz de la Demandada durante los seis meses siguientes a la expropiación;

(4) ordene a la Demandada pagar interés compuesto sobre el monto que el Tribunal adjudique a la Demandante por concepto de daños a una tasa de interés TIBOR +4%, debiendo dicho monto ser capitalizado anualmente desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del laudo, y capitalizado anualmente o semestralmente (lo que resulte mayor) desde la fecha del laudo hasta la fecha en que el pago en dólares estadounidenses sea recibido por la Demandante en fondos de disponibilidad inmediata en una cuenta bancaria fuera de Venezuela, designada por la Demandante para este fin;

(5) ordene que la Demandada pague todos los costos de la Demandante en el arbitraje, que incluyen pero no se limitan a todos los gastos y honorarios del CIADI y del Tribunal y todos los costos y gastos legales incurridos por la Demandante (que incluyen pero no se limitan a los gastos y honorarios de abogados), con intereses calculados de acuerdo con el párrafo (4) anterior;

(6) en caso de que el Tribunal no ordene a la Demandada el pago de todos los costos de la Demandante en el arbitraje, que ordene a la Demandada el pago de todos los costos de la Demandante respecto de las objeciones preliminares y la solicitud de bifurcación, que incluyen pero no se limitan a todos los gastos y honorarios del CIADI y del Tribunal y todos los costos y gastos legales incurridos por la Demandante (que incluyen pero no se limitan a los gastos y honorarios de abogados), con intereses calculados de acuerdo con el párrafo (4) anterior; y

(7) ordene cualquier otra reparación adicional que el Tribunal estime conveniente."

3. Pretensiones de la Demandada

83.
La Demandada solicita en su Memorial de Réplica sobre Objeciones a la Jurisdicción como primera pretensión que:

"(1) declar[e] que la Demandante no ha realizado una inversión y que, por lo tanto, la presente controversia no está comprendida dentro de la jurisdicción del Centro o del Tribunal Arbitral;

(2) declar[e] que el reclamo de la Demandante en relación con el supuesto daño causado a las operaciones de la Demandante por fuera de Venezuela, descrito en las Secciones II.O y IC.G del Memorial de la Demandante, no cabe dentro de la jurisdicción del Tribunal Arbitral;

(3) orden[e] a la Demandante pagar todos los costos de la Demandada en relación con las Objeciones Preliminares del 30 de noviembre de 2012 y de esta Réplica al Memorial de Contestación de la Demandante, incluyendo los honorarios y gastos del Tribunal arbitral y del CIADI, y todos los honorarios legales y gastos incurridos por la Demandada (incluyendo, pero sin limitarse a, los honorarios y gastos de abogados, expertos y consultores);

(4) orden[e] cualquier otra medida que considere adecuada."

84.
Con respecto al fondo, la Demandada solicita en su Escrito de Conclusiones que el Tribunal:

"(1) declare que la Demandada no ha violado el APRI Venezuela- Países Bajos, incluyendo los Arts. 3(1), 3(2), 3(4), 5 y 6;

(2) declare que la Demandante no tiene derecho recibir compensación alguna;

(3) ordene a la Demandante a pagar a la Demandada todos los costes relacionados con este arbitraje, incluyendo los gastos y honorarios del Tribunal Arbitral y de CIADI, así como todos los costes y gastos legales incurridos por la Demandada (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios de abogados, expertos y consultores);

(4) ordene cualquier otra reparación adicional que estime conveniente."

IV. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Exposición general del caso

85.
La disputa nace de la expropiación de las dos mayores plantas de producción de envases de vidrio en Venezuela. La Demandante alega que dicha expropiación se llevó a cabo de manera ilegal y sin mediar compensación, y que la Demandada aplicó a las inversiones de la Demandante una conducta que infringió numerosas obligaciones del APRI, solicitando una cuantiosa indemnización. La Demandada, por el contrario, además de rechazar la competencia del Tribunal, niega que la Demandante hubiera hecho inversión alguna y sostiene que no hubo incumplimiento del APRI.

2. Dramatis personae

OIEG

86.
La Demandante es OI European Group B.V. ["OIEG"], una compañía constituida el 17 de febrero de 1999 de conformidad a las leyes del Reino de los Países Bajos1. OIEG forma parte del grupo controlado por Owens-Illinois Group, Inc. ["OI"]2, uno de los mayores productores a nivel mundial de envases de vidrio.

OIdV y Favianca

87.
La Demandante y OI poseen en todo el mundo participaciones en compañías de producción y distribución de vidrio. En Venezuela, OIEG operaba a través de dos empresas en las que era accionista mayoritaria [las "Empresas"]:

- Owens-Illinois de Venezuela C.A. ["OIdV"] constituida el 13 de abril de 19583, en la cual la Demandante tiene el 73.97% de las acciones4; y

- Fábrica de Vidrios los Andes C.A. ["Favianca"] constituida el 8 de agosto de 19685, en la cual la Demandante tiene 32% de acciones directas6 y 39,996% de acciones indirectas7 (z'.e. 71,996% de acciones en forma directa e indirecta).

88.
Las Empresas eran propietarias de dos plantas industriales de producción, procesamiento y distribución de contenedores de vidrio en Venezuela: OIdV operaba en la planta de Los Guayos en el Estado Carabobo, y Favianca operaba en la planta de Valera en el Estado Trujillo [conjuntamente las "Plantas"]. Las Plantas contaban con una tecnología de última generación y equipos exclusivos del grupo de compañías afiliadas de OI8.

República Bolivariana de Venezuela

89.
La Demandada es la República Bolivariana de Venezuela, quien actúa a través de varios organismos estatales como el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias ["MINCIT"]; la Procuraduría General de la República ["PGR"]; el Instituto para la Defensa del Pueblo en el Acceso a los Bienes y Servicios ["INDEPABIS"]; el Instituto Nacional de Prevención Laboral, Salud y Seguridad ["INPSASEL"]; la Comisión de Administración de Divisas ["CADIVI"]; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ["SENIAT"].

Venvidrio

90.
Con el fin de gestionar los activos industriales que originalmente pertenecían a las Empresas y de producir y comercializar envases de vidrio, la Demandada creó, por Decreto Presidencial9, una empresa adscrita al MINCIT: Venezolana del Vidrio, C.A. ["Venvidrio"]. Venvidrio fue fundada el 26 de abril de 201110 y asumió la gestión directa de las Plantas el 30 de abril de 201111.

Polar

91.
Inversiones Polar C.A. ["Polar"] es el principal grupo alimentario de Venezuela. Asimismo, Polar era accionista minoritario y principal cliente de las Empresas.

3. Contexto previo a la expropiación

92.
A finales del año 2002, Venezuela se encontró sumida en fuertes protestas y una huelga patronal general en el sector de la industria petrolera. Dicha huelga se extendió a grandes distribuidores y productores de alimentos.
93.
A la vista de estos acontecimientos, el entonces Presidente Hugo Chávez creó la misión Mercal, que tenía como objetivo crear almacenes y supermercados con alimentos y productos de primera necesidad a bajo precio. Asimismo se creó el Ministerio Popular para la Alimentación en 200412.
94.
El Gobierno también emprendió reformas que incluyeron el establecimiento de un nuevo régimen de control cambiario y una ley de expropiación.

El régimen de control cambiario en Venezuela y CADIVI

95.
Con el objetivo de adoptar medidas destinadas a "lograr la estabilidad de la moneda, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país y contrarrestar movimientos inconvenientes de capital"13, Venezuela adoptó en 2003 un régimen de control cambiario y creó un organismo encargado de aprobar las transacciones en moneda extranjera: CADIVI14. En consecuencia, una empresa que desea comprar materias primas del extranjero, pagar dividendos a sus accionistas, o realizar cualquier otra transacción que exigiera la conversión de Bolívares ["VEB"] a Dólares de los EEUU ["USD"], debe obtener la aprobación de CADIVI15.
96.
Asimismo, CADIVI tiene la función de autorizar, ínter alia, la repatriación de capitales de la inversión internacional, la remisión de utilidades, rentas, intereses y dividendos de la inversión internacional, y la indemnización a inversionistas internacionales por la expropiación de dividendos de la inversión internacional16.

El marco regulatorio venezolano de las expropiaciones: la LECUPS

97.
Desde el año 2002, la adquisición forzosa en Venezuela de derecho y bienes pertenecientes a particulares se encuentra regulada por la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social ["LECUPS"]17. Dado que se trata de una ley crucial para los procedimientos de expropiación, a continuación se detallan algunas de sus características más relevantes.
98.
Los procedimientos bajo la LECUPS comienzan con la promulgación de un decreto de expropiación18, que requiere la previa declaratoria de utilidad pública19. Este decreto sólo puede ser ejecutado por dos vías:

- de manera voluntaria por un arreglo amigable, antes de iniciar el juicio de expropiación o

- de manera forzosa autorizada por el Poder Judicial.

99.
En cuanto al arreglo amigable, esta fase permite a las partes llegar a un acuerdo sobre la valoración de los bienes20. El propietario tiene la oportunidad de participar en la constitución de una comisión de avalúos constituida por tres peritos designados:

- uno por el ente expropiante,

- uno por el propietario y

- uno nombrado de común acuerdo por las partes21.

En caso de que no se llegase a un acuerdo sobre el valor del bien expropiado, el arreglo amigable llegará a su fin, y el ente expropiante podrá comenzar un procedimiento judicial22.

100.
Si el arreglo amigable no es exitoso, el ente expropiante podrá acudir a la vía judicial para solicitar la expropiación del bien afectado23. La Autoridad Judicial que conozca de la solicitud de expropiación, "deberá ordenar la publicación del edicto en el cual se emplazará a los presuntos propietarios [.. ‚]"24. Luego de que el expropiado presente su defensa, y se realice una audiencia de prueba, el Juez deberá tomar una decisión sobre el fondo del asunto, pero no sobre el quantum. Esta decisión es apelable ante la Corte Suprema de Justicia25. Una vez que la Autoridad Judicial declara la necesidad de adquirir el bien o derecho, se realiza un avenimiento sobre el precio, tomando como base el valor establecido por la comisión de avalúos designada previamente. De no lograrse un acuerdo, el Juez debe convocar una segunda comisión de avalúos que determina el justiprecio del bien26. Esta segunda valoración también puede ser sujeta a apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Una vez que la valuación sea final, el ente expropiante deberá consignar la cantidad ante el Tribunal de la causa y se hace la entrega formal del bien27.
101.
La ejecución forzosa autorizada por el Juez admite dos variantes:

- la ocupación previa, que puede acordarse como medida cautelar, y

- la ocupación definitiva, que el Juez sólo podrá ordenar luego del pago de la justa indemnización.

102.
La ocupación previa a la transferencia de títulos está prevista mediante un procedimiento de urgencia y se encuentra sujeta a los siguientes requisitos:

- La obra pública declarada de "utilidad pública e interés social", con base en el art. 14 debe haber sido declarada "de urgente realización" por el ente expropiante, en el propio texto del Decreto de expropiación28.

- El bien debe valorarse por una comisión de avalúos a los fines de la ocupación previa, "la cual será acordada por el tribunal a quien competa conocer del juicio de expropiación, después de introducida la demanda respectiva y siempre que el expropiante consigne la cantidad en que hubiere sido justipreciado el bien"29.

- El Juez que conozca del juicio de expropiación deberá notificar al propietario y a los ocupantes30.

- El Juez ordenará, antes de proceder a decretar la ocupación previa del bien, la "notificación del propietario y a los ocupantes, si los hubiere a fin de practicar una inspección judicial, para dejar constancia de todas las circunstancias de hecho que deben tenerse en cuenta para fijar el monto de la justa indemnización del bien de que se trate"31.

103.
Finalmente, la LECUPS reconoce en su art. 52, otra medida de ocupación denominada "ocupación temporal". Dicha ocupación es un acto administrativo que puede dictar la Administración para realizar actividades específicas relacionadas con una obra declarada de utilidad pública y que no puede exceder de seis meses.

4. Los orígenes de la inversión

104.
El origen de la presencia de la Demandante en Venezuela se remonta a las inversiones iniciales realizadas por las subsidiarias de OI, que constituyeron OIdV y Favianca en 1956 y 1968 respectivamente (ver para.87). La Demandante adquirió su participación accionaria directa en estas Empresas el 31 de diciembre de 2005, al fusionarse con Owens Illinois International B.V., subsidiaria de OI y poseedora de dichas acciones32.
105.
En el momento de la expropiación, las Empresas pertenecientes a la Demandante ocupaban una posición líder en el mercado venezolano de envases de vidrio33. En el proceso productivo utilizaban know how, tecnología y propiedad intelectual perteneciente a Owens Brockway Glass Container Inc. ["OBGC"], una subsidiaria de OI, en virtud de un contrato de transferencia de tecnología celebrado con OBGC, que preveía el pago de regalías sustanciales34.
106.
La planta de Los Guayos (operada por OIdV) contaba con seis hornos y 11 máquinas de moldeo de botellas35. La planta de Valera (operada por Favianca) tenía tres hornos y siete máquinas de moldeo36. Adicionalmente, las Plantas se autoabastecían en cuanto a electricidad37. La eficiencia de plantas de fabricación de vidrio se suele medir por la relación "empacado a fundido" que alcanzan38. Las Plantas operaban con una relación de más de 90%, lo que significa que entre el momento en que se empacaban los envases de vidrio terminados para envío, se perdía menos del 10% del volumen - un resultado muy competitivo a nivel internacional39.
107.
Además de su alta de tecnología, las Plantas contaban con una fuerza de trabajo altamente cualificada y especializada40:

"Dada la complejidad y la naturaleza de las operaciones, tenían el potencial de ser peligrosas si no se realizaban adecuadamente. Es por eso que OIdV y Favianca siempre pusieron mucho énfasis en la adecuada capacitación de los empleados y en la implementación de estrictas precauciones de seguridad en las plantas"41.

108.
Las Empresas eran abastecedoras de vidrio en el mercado de Venezuela para grandes marcas como Heinz, Kraft, Nestlé, Gerber, entre otros42; su principal cliente era Polar, el principal grupo alimentario de Venezuela.
109.
Las Empresas eran las únicas en el sector de vidrio con mayoría de capital extranjero43.

5. La expropiación

110.
La primera noticia de que la República Bolivariana tenía la intención de expropiar las Empresas surgió el 25 de octubre de 2010. No consta en autos ningún anuncio ni acto administrativo previo en el que se barajara esta posibilidad. En la noche de ese día el entonces Presidente de Venezuela Hugo Chávez realizó una emisión televisiva anunciando la expropiación de las Empresas:

"Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrios, ¿cómo se llama?

¡ Owens-Illinois! Exprópiese. Elias [Jaua - Vicepresidente de Venezuela] proceda. Owens-Illinois, una empresa de capitales norteamericanos que tiene aquí años explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente allá, en... allá, en... en Trujillo. Vayan a ver los cerros que han destrozado. Y llevándose el dinero de los venezolanos. Hágase un estudio de ambiente. Hitcher [Ministro de Medio Ambiente]; todos los daños ambientales. Así proceda, Vicepresidente"44.

El Decreto de Expropiación

112.
Entre los "Considerando" del Decreto de Expropiación, se hizo alusión a los siguientes hechos:

- "que la empresa Owens Illinois ha venido ejecutando prácticas que devienen en la violación del ejercicio de la libre competencia, afectando con éstas a otros productores y productoras"48,

- "que es deber del Estado adoptar las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del abuso de la posición de dominio y otras conductas que pudieran degenerar en prácticas monopólicas, contrarias a los principios fundamentales de nuestro Estado social y de derecho"49, y

- "que el sector nacional dedicado a la producción y comercialización de envases de vidrio, es prioritario dentro de la política económica de desarrollo endógeno que adelanta el Gobierno Nacional, a los fines de generar empleo y garantizar a la población un nivel adecuado de bienestar"50.

113.
Los bienes expropiados "pasarán al patrimonio de Venezuela, por órgano del MINCIT"51. Además señala que la PGR se encargaría de tramitar el procedimiento de expropiación previsto en la LECUPS, hasta la transferencia efectiva del derecho de propiedad de los bienes52.
114.
En la madrugada del 26 de octubre de 2010, la Demandada despachó contingentes armados de la Guardia Nacional Bolivariana ["GNB"] con el fin de monitorear el acceso a las Plantas y velar por los bienes expropiados53. La GNB permaneció en las instalaciones durante varias semanas54. Pocas horas después, los trabajadores llegaron a las Plantas e iniciaron protestas en contra de la expropiación a las afueras de las instalaciones55.

6. El período de transición

115.
El 27 de octubre de 2010, el Ministro del MINCIT Sr. Ricardo Menéndez, acompañado por el Viceministro Sr. Yuri Pimentel mantuvieron una reunión con la directiva de OIdV representada por los señores Enrique Machaen y Luis Gómez en las dependencias del MINCIT, para efectuar una primera gestión de contacto tras el anuncio de la medida56:

"El Ministro también explicó de qué manera quería proceder el Ministerio a partir de ese momento. No pretendía que el Ministerio pasara a gestionar las Plantas de manera inmediata y abrupta. Más bien, al mismo tiempo que el Ministerio fuera adelantando los trámites legales para la eventual gestión y adquisición forzosa de los bienes de las Plantas, OIdV y su personal continuaría operando las Plantas como siempre, mientras que el Ministerio se limitaría a supervisar las gestiones de OIdV sin interferir en las mismas pero, en la medida de lo necesario, brindándole a OIdV cualquier apoyo requerido por sus empleados. A estos efectos, se constituirían a partir del día siguiente órganos de supervisión designados por el Ministerio que, además, empezarían a organizar la transición en la gestión de las Plantas"57.

116.
Durante estos intercambios, el Ministro dijo que "cualquier medida tomada con la intención de paralizar la operatividad de las Plantas sería considerada un acto de sabotaje"58.
117.
Ese mismo día, el General de la GNB Orlando Rodríguez celebró una reunión con trabajadores en la planta de Los Guayos. Dado que la reunión no tuvo éxito, el General convocó a una reunión esa misma tarde en el cuartel regional de la GNB.
118.
A continuación se dio inicio a un período de transición, inicialmente dirigido por el Viceministro Sr. Pimentel, que de facto asumió la responsabilidad59, hasta que en enero de 2011 fue asumida por Sr. Alejandro Sarmiento60.
119.
El primer objetivo fue que las Plantas siguieran operando con normalidad, por lo cual la Demandada decidió que los trabajadores de OIdV y Favianca debían continuar trabajando en las instalaciones61. El segundo objetivo era que el todos los conocimientos y experiencias en la gestión y operación de las Plantas fuera transferido a un nuevo equipo directivo. Para ello la Demandada puso en marcha la llamada "Operación Espejo" en las Plantas, que consistía en conformar un equipo gerencial de cinco miembros del personal, distinguiendo las áreas prioritarias e identificando ciertos perfiles necesarios62. Cada uno de estos individuos debía seguir de cerca las actividades del correspondiente gestor de OIdV con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para la gestión autónoma de las Plantas:

La "Operación Espejo" consistió en la designación de "espejos" o personas que trabajarían con nosotros para conocer nuestras tareas cotidianas. El objetivo de los "espejos" era aprender de nosotros cómo manejar las operaciones de la Planta Valera para garantizar que la planta funcionara con normalidad"63.

La medida preventiva de ocupación dictada por INDEPABIS

120.
El 27 de octubre de 2010 el INDEPABIS acudió a Favianca para "practicar [una] medida Preventiva de ocupación temporal"64. Al día siguiente acudió nuevamente a Favianca "a los fines de nombrar la Junta Directiva que velara por la operatividad, administración, aprovechamiento y resguardo de la empresa.. ‚"65
121.
Asimismo, el día 29 de octubre de 2010 el INDEPABIS acudió a la Planta de Los Guayos con la finalidad de realizar una auditoría66. Los miembros del organismo estatal realizaron sus inspecciones en compañía de la GNB67. Tras determinar supuestos incumplimientos de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, el INDEPABIS dictó una "medida preventiva de ocupación y operatividad temporal por un lapso de noventa (90) días [.. ‚]"68.
122.
El INDEPABIS también constituyó una junta administradora temporal ["JAT"] para OIdV con el fin de supervisar su operatividad, administración y aprovechamiento69.

Negociación del Acuerdo Colectivo

123.
En noviembre de 2010, y durante varios días, el Ministerio de Trabajo de la República concurrió a la planta de Los Guayos y exigió a la gerencia de OIdV su participación en la negociación del acuerdo colectivo de trabajo con los miembros del sindicato de trabajadores de la planta70.

La medida cautelar de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

124.
El 18 de noviembre de 2010 la PGR presentó una solicitud de medida cautelar anticipada de ocupación, posesión y uso sobre los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías presuntamente propiedad de OIdV y de Favianca a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo71.
125.
El 20 de diciembre de 2010, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

- dictó la medida cautelar anticipada a favor de la Demandada para la ocupación, posesión y uso de los bienes propiedad de las Empresas, y

- acordó la constitución de una junta de administración ad hoc ["Junta Administradora ad hoc'] , designada por el MINCIT, para administrar, organizar y controlar las Empresas72.

La Resolución del MINCIT

126.
Como consecuencia de la Sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en ejecución del artículo 8 de Decreto de Expropiación, el MINCIT dictó la Resolución n° 34 de 11 de marzo de 201173. En ese acto se constituyó la Junta Administradora ad hoc para el manejo de "las empresas OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA, S.A., Planta OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA C.A. y la FABRICA DE VIDRIOS LOS ANDES, C.A. (FAVINCA) [sic]" con el Sr. Sarmiento como su representante74. El artículo 2 de dicha resolución especificó las funciones de dicha Junta:

"La junta designada tendrá como objetivo fundamental el manejo de las operaciones de administración, organización y control de las prenombradas empresas, a objeto de garantizar la no interrupción de producción, distribución y comercialización de envases de vidrio para productos de primera necesidad. En consecuencia, se encuentran facultados para suscribir los actos y documentos inherentes a la gestión diaria y que sean necesarios para el normal funcionamiento de las empresas, previo cumplimiento de las formalidades de ley, así como cualquier otro asunto que le sea encomendado por el Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e industrias intermedias [...]".

Las órdenes judiciales de los Juzgados Ejecutores

127.
El 16 y 25 de marzo de 2011, respectivamente, los Juzgados Ejecutores de los municipios de Los Guayos y Valera:

- ejecutaron la medida cautelar anticipada acordada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para la ocupación, posesión y uso de los activos de las Empresas;

- instalaron la Junta Administradora adhoc; y

- dispusieron que las cuentas bancarias de las Empresas fuesen movilizadas únicamente con la autorización expresa de la Junta Administradora ad hoc75.

128.
Durante el procedimiento de ejecución de la medida cautelar, los representantes de OIdV dejaron constancia de que OIdV :

"no se hace parte de procedimiento judicial o administrativo alguno que haya iniciado la República Bolivariana de Venezuela en relación con la mencionada expropiación de activos. Owens Illinois de Venezuela C.A. tiene derecho al beneficio de protecciones legales tanto bajo la ley venezolana como bajo la ley internacional (por motivo del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones entre Venezuela y Reino de los países Bajos)"76.

129.
A pesar de haber estimado que el periodo de transición terminaría a finales de marzo de 201177, el Sr. Sarmiento solicitó a los Juzgados Ejecutores una prórroga de 30 días para cada una de las Plantas:

"[...] a los fines de garantizar la continuidad de los proceso administrativos y contables, la junta ordena un periodo de transición que no exceda de treinta (30) días continuos, para lo cual instruirá a los representantes de [OIdV y Favianca, respectivamente] a hacer todo lo necesario a los fines de evitar la paralización total o parcial de las operaciones, así mismo lo atinente al pago de nómina, gastos operativos, administrativos, mantenimiento, inversión y cualquier otro"78.

130.
Una vez expirados estos 30 días, el Sr. Sarmiento solicitó a OIdV una prórroga adicional hasta el 30 de abril de 2011, respecto de cinco directivos específicos79.
131.
El periodo de transición finalmente llegó a su fin el 30 de abril de 2011, cuando las Empresas pasaron al control de Venvidrio.

7. La creación de Venvidrio

132.
El 5 de abril de 2011 el entonces Presidente Chávez autorizó la creación Venvidrio, una empresa del Estado adscrita al MINCIT que retendría todos los activos industriales anteriormente propiedad de las Empresas y se encargaría de la producción y comercialización de envases de vidrio80.
133.
Venvidrio, con el Sr. Sarmiento como Presidente81, asumió la gestión directa de las Plantas82 el 30 de abril de 2011, dando fin al periodo de transición: en esa fecha la formación de los nuevos directivos se había completado, y había finalizado el proceso de sustitución patronal de los trabajadores (pasando a estar en nómina de Venvidrio)83.
134.
Una vez constituida Venvidrio y abierta una cuenta bancaria a su nombre, la Demandada solicitó a las Empresas que remitieran el dinero en efectivo del que dispusieran a la cuenta de Venvidrio84. Después de informar a la Demandada acerca de las cuentas bancarias que tenían a su nombre y de los saldos que había en esos momentos en dichas cuentas85, las Empresas realizaron la transferencia de todo el dinero en efectivo a la cuenta de Venvidrio86.

8. Procedimiento de expropiación

135.
La transferencia formal de la titularidad de los activos de las Empresas aún está pendiente, puesto que el procedimiento de expropiación de la LECUPS continúa su curso en los Tribunales venezolanos, sin que hasta la fecha haya recaído resolución definitiva87.
136.
La PGR comenzó la fase de arreglo amigable dispuesta en la LECUPS a finales de 201088 y propuso que las partes firmaran un Acta de Inicio de Arreglo Amigable el 17 de noviembre de 201089. Poco tiempo después, el 9 de diciembre de 2010, OIdV escribió al Ministro Menéndez comunicando que las Empresas:

"no participarían en los procedimientos expropiatorios iniciados por la Procuraduría General de la República ni tampoco firmarían el acta propuesta a propósito de dichos procedimientos, ya que se encuentran en desacuerdo con los términos de la misma"90.

Adicionalmente, OIdV afirmó que la justa indemnización se debía configurar en aplicación de las disposiciones del APRI91.

137.
En vista de que las partes no lograron llegar a un acuerdo amigable, la PGR inició el 14 de marzo de 2011 el procedimiento judicial bajo la LECUPS, interponiendo una solicitud de expropiación ante las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo solicitando:

"la expropiación de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las sociedades mercantiles OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA, C.A., y FÁBRICA DE VIDRIOS LOS ANDES, C.A., (FAVIANCA)"92.

138.
El 5 de abril de 2011, el mismo día en que fue creada Venvidrio, el Juzgado de Sustanciación del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en la cual se admitió la solicitud de expropiación formulada por la PGR y se ordenó la notificación a los propietarios de las Empresas a fin de practicarse las respectivas inspecciones judiciales93.
139.
Posteriormente el juicio de expropiación fue acumulado al juicio en el cual se sustanció la medida cautelar que acordó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo94. Actualmente la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo sustancia el juicio expropiatorio95.

9. Otros acontecimientos paralelos a la expropiación

Auditoría y multa de INPSASEL

140.
Durante los días 22, 23, 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2010, la Demandada desplegó su agencia de salud y seguridad laboral, INPSASEL, en la Planta de Los Guayos. INPSASEL llevó a cabo una exhaustiva investigación e impuso a la Demandante exigencias de mejora de algunas medidas de seguridad y salud96.
141.
En concreto, el 22 y 23 de noviembre de 2010 el INPSASEL realizó una inspección en la planta Los Guayos para determinar si OIdV había cumplido con ciertas exigencias impuestas previamente97. Los reportes del INPSASEL evidenciaron ciertas irregularidades que no habían sido subsanadas por OIdV. El 25 de agosto de 2011 se emitió un informe de propuesta de sanción y el 30 de agosto de 2011 el INPSASEL emitió un acta de apertura iniciando un procedimiento sancionatorio en contra de OIdV por la presunta comisión de cinco infracciones a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo ["LOPCYMAT"]98.
142.
OIdV respondió el 16 de septiembre de 2011 negando cualquier acusación y solicitando la declaración de improcedencia de la multa propuesta99.
143.
Finalmente, el 28 de febrero de 2012 el INPSASEL dictó una providencia administrativa indicando que OIdV no había cumplido con determinadas disposiciones de la LOPCYMAT, e imponiéndole una multa de VEB 10,988,550 por dicho incumplí mi ento100.

El informe de Envidrio

144.
Con el fin de llevar a cabo auditorías que le permitieran constatar el estado de las Plantas y conseguir ayuda para su manejo, la Demandada buscó la asistencia de la fabricante de vidrio uruguaya Envidrio101. Envidrio accedió a las Plantas y emitió un informe preliminar de situación en enero de 2011 ["Informe Preliminar de Envidrio"]102 La presencia de Envidrio en las Plantas fue fuertemente rechazada por OIdV que vio su "tecnología, procedimientos técnicos y know-how amenazados"103.

Las visitas de terceros a las Plantas

145.
El MINCIT autorizó visitas de terceros a las Plantas contra la voluntad de las Empresas104.
146.
En enero de 2011, la Demandada permitió la entrada a ciertos administrativos de la compañía china Sunrise Technology105.
147.
Unos meses después de finalizado el Período de Transición, Venvidrio firmó un acuerdo de cooperación con Envidrio cuyo principal eje fue la creación de la Alianza Estratégica de Empresas de Vidrio ["Alenvidrio"]106:

"En el marco de Alenvidrio, Venvidrio y Envidrio tienen proyectada la eventual construcción de una planta de producción de vidrio en el estado brasileño de Rio Grande do Sul"107.

148.
Por otro lado, Venvidrio estuvo en contacto con la empresa cervecera brasileña Companhia de Bebidas das Americas ["Ambev"]108 con miras a una eventual colaboración, específicamente a la construcción conjunta de una planta en Brasil109. Venvidrio realizó ciertas exportaciones de vidrio a Brasil110.

Dificultades con CADIVI

149.
En los años 2008 y 2009, las Empresas solicitaron la autorización de adquisición de divisas a CADIVI para la remisión de dividendos declarados en mayo de 2008, noviembre de 2008 y junio de 2009111. Dos años después, el 8 de septiembre de 2011, CADIVI negó las tres solicitudes, concluyendo que los dividendos objeto de solicitud ya habían sido pagados a los accionistas de las Empresas112. Esto impidió que las Empresas pudieran transferirle pagos en forma de dividendos a la Demandante con la tasa de cambio marcada por el gobierno113. La Demandante utilizó el mercado paralelo de divisas - con una tasa de cambio más elevada que el cambio oficial- para sacar los dividendos del país114.

Crédito tributario

150.
A principios de 2011, el SENIAT reconoció que OIdV tenía VEB 28,199,986 en créditos fiscales por el IVA115. No obstante, en mayo de 2011 el SENIAT no reconoció esos créditos fiscales. La negativa del SENIAT se basó en que OIdV no había pagado la primera cuota de su impuesto sobre la renta estimado para el año siguiente, 2011116. La reclamación que se deriva de estos hechos fue retirada por la Demandante.

10. Negociaciones relativas a la indemnización

151.
Durante los meses de enero a julio de 2011 las Empresas y la Demandada realizaron cuatro reuniones con el fin de determinar la indemnización debida117.
152.
En la reunión del 17 de marzo de 2011 la Demandante presentó una cifra por concepto de valoración de un poco más de USD 1000 millones por el 100% de las Empresas, cifras que habían sido determinadas por un perito valuador independiente118. En la reunión siguiente, el 11 julio de 2011, la Demandada realizó una contraoferta de USD 100-120 millones119, afirmando que la valoración se basaba en un estudio realizado por RSM León, Delgado & Asociados120. La reunión concluyó sin llegar a un acuerdo sobre la indemnización a pagar121.
153.
Transcurridos más de cuatro años desde la expropiación de las Plantas, la Demandada todavía no ha pagado indemnización alguna a la Demandante122.

V. OBJECIONES A LA JURISDICCIÓN

154.
La Demandada ha planteado dos objeciones a la competencia del Tribunal Arbitral. En primer lugar, considera que el Tribunal Arbitral carece de competencia para conocer la presente disputa, dado que la Demandante no ha probado la existencia de una inversión en los términos establecidos en el art. 1 (a) del APRI y en el art. 25(1) del Convenio del CIADI (L). En segundo lugar, la Demandada alega que el Tribunal Arbitral carece de competencia para conocer sobre los daños a los negocios de la Demandante fuera de Venezuela (2.).
155.
Por el contrario, la Demandante considera que el Tribunal Arbitral sí tiene competencia para conocer la presente controversia, puesto que ha probado la existencia de una inversión en los términos exigidos por los art. 1 (a) del APRI y 25(1) del Convenio del CIADI. Además, la Demandante asegura que el Tribunal Arbitral debe conocer sobre los daños a los negocios de la Demandante fuera de Venezuela como un tema de fondo y, por lo tanto, debe desestimar la segunda objeción jurisdiccional planteada por la Demandada.

1. Inexistencia de inversión

A. Posición de la Demandada

156.
En sus escritos, la Demandada se ha opuesto a la competencia del Tribunal Arbitral, alegando la inexistencia del requisito de inversión, tanto a la luz del art. 1 (a) del APRI como del art. 25(1) del Convenio del CIADI. La Demandada alega que el término inversión

- tiene un significado inherente y objetivo (a),

- que requiere la realización de una contribución (b),

- que el art. 1 del APRI Venezuela-Países Bajos no deroga el significado inherente y objetivo del término "inversión" (c).

157.
Además la Demandada alega que OIEG no ha realizado contribución alguna para su inversión (d) y que existe un procedimiento con idéntico objeto, que impide al Tribunal conocer del presente caso (e).

a. El término "inversión" tiene un significado inherente y objetivo

158.
La Demandada ha argumentado a lo largo del procedimiento que el término "inversión" tiene un significado inherente y objetivo, tanto a la luz del art. 1 (a) del APRI como del art. 25(1) del Convenio del CIADI123, significado que conlleva la realización de una contribución124.
159.
Según la Demandada, este principio es igualmente aplicable a los tratados, como el APRI Venezuela-Países Bajos, que contienen una definición del término inversión no exhaustiva y basada en una clasificación de activos125. La expresión "todos los tipos de activos" contenida en el art. 1 (a) del APRI (" every kind of asset") no puede incluir todas las actividades concebibles, en particular si se toma en cuenta el objeto y el fin establecidos en el Preámbulo del APRI126.
160.
La Demandada se opone con firmeza a la lectura literal del art. l(a) del APRI, que entiende que realiza la Demandante, al considerar que infringe al Art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ["CVDT"]127. La Demandada asegura que el art. 31(1) CVDT también juega a favor de una interpretación objetiva e intrínseca del término "inversión" en el art. 25 del Convenio del CIADI128.
161.
La Demandada considera irrelevantes y errados los argumentos de la Demandante que pretende negar la existencia de una definición objetiva e intrínseca del término inversión129. Los principales argumentos que utiliza la Demandada para rechazar las objeciones de la Demandante se señalan en los párrafos siguientes.
162.
En primer lugar, la Demandada niega que la definición de inversión establecida en el APRI determine el ámbito de jurisdicción al que se refiere el art. 25 del Convenio del CIADI130 y aboga por la aplicación del double keyhole131 test, consistente en determinar

- si la actividad en cuestión está cubierta por el acuerdo de las partes y

- si cumple con los requisitos del Convenio del CIADI132.

163.
En segundo lugar, la Demandada considera que una interpretación literal del art. 1 (a) del APRI es contraria al art. 31 CVDT, pues no toma en cuenta el preámbulo del APRI, que la Demandada asimila a su objeto y fin, y por lo tanto, no puede considerarse como una interpretación de buena fe133. La Demandada insiste en que una interpretación del art. l(a) APRI conforme al sentido corriente que haya de atribuirse al término "inversión" es equivalente a una interpretación del término según su significado objetivo e intrínseco134. Y, aunque acepta que la inversión de la Demandante se incluye en el tenor literal del art. l(a) del APRI135, considera que tanto la interpretación literal como la histórica llevan a la interpretación absurda de que todos los activos son considerados inversiones136.
164.
Finalmente, la Demandada considera que lo verdaderamente importante no es determinar si la propiedad de las acciones constituye una inversión per se, sino determinar si en este caso la mera tenencia pasiva de acciones por parte de la Demandante, sin realizar un aporte, constituye una inversión137. Para apoyar su postura, la Demandada se apoya en diversos laudos y en especial en Malicorp138.

b. El significado inherente y objetivo del término "inversión" requiere como condición sine qua non la realización de un aporte

165.
La Demandada alega que el significado inherente y objetivo del término "inversión" requiere como condición sine qua non la realización de un aporte o contribución, que la Demandante no habría realizado. Este principio fundamental habría sido confirmado por numerosos tribunales en su análisis del Convenio y de tratados bilaterales de inversión139, independientemente de que utilizaran un método intuitivo o deductivo para definir el concepto de inversión140.
166.
La Demandada aduce que la Demandante no ha cumplido con la condición sine qua non de realizar un aporte y en consecuencia no existe inversión, lo que a su vez implica que el Tribunal carece de competencia para conocer la presente controversia. La Demandada recomienda al Tribunal que se guíe por la decisión en el caso KT Asia, que establece que la falta de contribución es suficiente para negar la jurisdicción del tribunal sobre la disputa141.

c. El art. 1 del APRI Venezuela- Países Bajos no deroga el significado inherente y objetivo del término "inversión"

167.
La Demandada asegura que el art. 1 del APRI Venezuela - Países Bajos no deroga el significado inherente y objetivo del término inversión, que requiere la realización de una contribución o aporte como condición sine qua non142. Siguiendo el razonamiento del laudo KT Asia, la Demandada alega que los requisitos para la existencia de una inversión son los mismos en el APRI y en el Convenio, dado que el APRI no añade ninguna exigencia adicional143. Según la Demandada las expresiones

- "por [el inversor]",

- "del [inversor]" e

- "inversiones realizadas"

utilizadas en el APRI deben ser interpretadas en el sentido de que el inversor debe realizar un aporte para que exista una inversión144.

d. La Demandante no ha realizado una contribución

168.
La Demandada alega que la Demandante no ha probado que hiciera una aportación para adquirir sus acciones en OIdV, y en consecuencia que no existe en términos jurídicos una inversión145.
169.
La Demandada contra-argumenta frente a las alegaciones de la Demandante:
170.
En primer lugar la Demandada rechaza el argumento de la Demandante que asegura que es la "inversión" la que debe "aportar", pues considera que se trata de una interpretación errónea del requisito de contribución146.
171.
En segundo lugar la Demandada considera que las aportaciones que la Demandante alega haber realizado (mediante su control de la reinversión de utilidades retenidas, mediante contribuciones realizadas por accionistas predecesores de OIdV o mediante la asunción de pasivos en la forma de deudas de los accionistas predecesores) no son acordes con la jurisprudencia moderna, son fácticamente erróneas y deben ser rechazadas por el Tribunal Arbitral147:

- no puede aceptarse que la Demandante haya realizado una aportación por su conducta omisiva, es decir, mediante la decisión de no retirar beneficios de OIdV; dichos beneficios son de OIdV y Favianca, no de la Demandante; situación que pudiera considerarse diferente si se hubiera declarado un reparto de dividendos y la Demandante los hubiera reinvertido en OIdV, cosa que no ocurrió148;

- OIEG no podría apoyarse en las contribuciones de sus predecesores, porque la prohibición del levantamiento del velo funciona como una doble vía149, y porque las contribuciones de los predecesores no holandeses de la Demandante resultarían irrelevantes a la hora de determinar la jurisdicción150;

- los pasivos asumidos por OIEG en la fusión en la que adquirió las acciones de OIdV serían mera ingeniería financiera y no podrían considerarse compromisos o contribuciones para adquirir una inversión151; además, la deuda no habría sido pagada y la mera tenencia de acciones, sin una contribución, ha sido rechazada por los tribunales de Quiborax y KT Asia152.

172.
Finalmente, la Demandada considera irrelevante que las acciones de la Demandante en OIdV y Favianca estuvieran registradas en el Registro de Inversión Extranjera Directa, puesto que153

- el mero registro resulta irrelevante para establecer la realización de una contribución,

- no puede considerarse como un reconocimiento de que la Demandante haya realizado una inversión en los términos del art. l(a) del APRI y 25(1) del Convenio del CIADI, y

- el registro sólo produce efectos en el ordenamiento jurídico interno.

173.
Por lo tanto, la Demandada considera que la Demandante no ha probado que realizara un aporte para su inversión. En virtud del significado objetivo e inherente del término "inversión" establecido en el art. 1 (a) del APRI y art. 25 (1) del Convenio del CIADI, la Demandante carecería de una inversión y, por lo tanto, el Tribunal carece de jurisdicción para decidir el caso.

e. La existencia de un procedimiento con idéntico objeto

174.
La Demandada ha informado al Tribunal de la existencia de otro arbitraje de inversión iniciado por Favianca y OIdV contra Venezuela (Caso CIADIN° ARB/12/21). Mediante carta de 27 de noviembre de 2012. A pesar, de que el Tribunal rechazó en su carta de 30 de noviembre de 2012 la petición de la Demandada de suspender el presente arbitraje, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro las partes solicitaran un trámite para evaluar las posibles consecuencias del procedimiento paralelo.
175.
En su escrito de Objeciones Preliminares, la Demandada insistió en reservarse todos los derechos que le asisten en relación con el inicio del procedimiento paralelo y su impacto sobre la presente controversia. A pesar de ello, la Demandada no ha vuelto a invocar el caso CIADI N° ARB/12/21 en el presente procedimiento.

B. Posición de la Demandante

176.
La Demandante afirma que el Tribunal Arbitral tiene competencia para conocer de las reclamaciones objeto del presente procedimiento. En primer lugar, la Demandante insiste en que sus inversiones cumplen con la definición de "inversión", tanto a la luz del art. 1 (a) del APRI (a) como del art. 25(1) del Convenio del CIADI (b). En segundo lugar, e independientemente de las definiciones legales aplicables, la Demandante sostiene que ha probado que realizó una inversión en Venezuela (c).

a. La Demandante realizó una inversión de acuerdo con el art. 1(a) APRI

177.
La Demandante considera que las objeciones de la Demandada de que OIEG no ha realizado una "inversión" porque no ha hecho una "contribución/aporte" deben ser rechazadas:

- en primer lugar, porque carecen de apoyo en el texto del APRI y en

- segundo lugar, porque la jurisprudencia no requiere que un accionista "realice" una "contribución", pues el art. 1(a) del APRI considera que los derechos derivados de la propiedad de acciones son una "inversión".

178.
La Demandante considera que una aplicación ortodoxa de los principios de interpretación de los tratados internacionales no deja lugar a dudas acerca de que las inversiones de la Demandante en Venezuela se encuentran cubiertas por el art. 1 (a) del APRI154. En particular, la Demandante sostiene que sus inversiones constituyen155:

- Activos en forma de acciones en OIdV y Favianca según el chapean del art. 1 (a) del APRI

- Los derechos derivados de la propiedad de dichas acciones según el art. l(a)(ii) del APRI, y

- La tenencia como accionista mayoritario de los bienes muebles e inmuebles de OIdV y Favianca según el art. 1 (a)(i) del APRI.

179.
Por lo tanto, OIEG asegura que el intento de la Demandada de distorsionar el texto claro y el ámbito del art.l(a) debe ser rechazado por el Tribunal156.
180.
La Demandante considera que la jurisprudencia actual157 no requiere que un accionista "realice" una "contribución", para que su inversión sea válida de acuerdo con el art. 1 (a) del APRI158. Además, la Demandante se apoya en los casos Mobil159, Inmaris160, Saluka161 y Mytilenos162 para:

- reforzar su argumento de que la definición de "inversión" en un tratado bilateral no requiere implícitamente la realización de una contribución como condición sine que non, salvo si existe un requisito expreso163, y

- distinguir entre la realización de pagos que pueden considerarse como una "contribución" y, la existencia de los "activos", que constituyen la inversión en sí misma y que son la base sobre la que se establece competencia164.

181.
La Demandante se remite a la decisión del tribunal de CME para rechazar el argumento de la Demandada de que para que la adquisición de acciones de un predecesor pueda considerarse una "inversión", es imprescindible que el inversor realice una contribución, independientemente de que las empresas adquiridas no requieran aporte alguno por su éxito y rentabilidad165.
182.
Además, la Demandante considera que cualquier posible requisito relativo a la realización de una contribución solo puede relacionarse con una "inversión" y no con el "inversor"166, argumento que apoya en casos citados por la Demandada como Deutsche Bank, Ulysseas y Caratube167.
183.
Por último, la Demandante aporta abundantes decisiones de tribunales arbitrales168 basadas en tratados bilaterales de inversión y en el Convenio del CIADI para respaldar que la posesión de acciones es por sí misma una "inversión" según el art. l(a) del APRI.169
184.
La Demandante considera que ante la falta de pruebas por parte de la Demandada de la necesidad de "realizar" una "contribución" para que exista una "inversión", el Tribunal Arbitral debe tomar una decisión que confirme su competencia, sin necesidad de analizar la existencia en una "inversión" bajo el art. 25(1) del Convenio del CIADI170. Es la definición de inversión del APRI la que determina y controla el significado del término "inversión" en el Convenio del CIADI171.

b. La Demandante ha satisfecho cualquier requisito adicional para establecer una "inversión" bajo el art. 25(1) del Convenio del CIADI

185.
La Demandante niega la existencia del "double keyhole test" estricto, que según la Demandada requiere comprobar la existencia de una "inversión" tanto a nivel del art. 25(1) del Convenio como a nivel del APRI172. Además, incluso si el Convenio del CIADI impusiera algún requisito adicional para determinar la existencia de una "inversión", la Demandante argumenta haber cumplido con dichos requisitos173.
186.
En primer lugar, la Demandante insiste en que el argumento de Venezuela de que el art. 25(1) del Convenio requiere la "realización" de una "contribución" para que exista una "inversión" carece de fundamento174, y en especial a la luz de la historia de la redacción del Convenio175.
187.
OIEG argumenta que, lejos de la interpretación estricta de los criterios para determinar una "inversión" del caso Salín'176, las decisiones de tribunales arbitrales más recientes177 confirman que las características de una "inversión", como puede ser una "contribución", no son requisitos jurisdiccionales, sino a lo sumo "características". Además, el análisis de esas "características" propias de una "inversión" ha de hacerse de manera integral y tomando en cuenta las circunstancias concretas del caso178.
188.
Además, la Demandante asegura que la jurisprudencia confirma que el art. 25(1) del Convenio del CIADI "no debería estar sujeto a una interpretación indebidamente restrictiva"179 y que un tribunal debe tener "[muy] poderosas razones"180 para anular la definición de inversión acordada por las partes en el APRI181.
189.
Por lo tanto, la Demandante considera que la insistencia de la Demandada en que la "realización" de una "contribución" es un requisito jurisdiccional bajo el art. 25(1) del Convenio del CIADI no se ajusta a Derecho, y reitera que no caben dudas acerca de que la tenencia de acciones es una inversión182. Por ello rechaza la aplicación del caso Quiborax, citado por la Demandada, por considerar que los hechos de ese caso no se ajustan al presente caso183.

c. La Demandante realizó una "inversión" en Venezuela

190.
La Demandante asevera que la Demandada ha inventado un requisito sine qua non para que exista jurisdicción: la realización de una contribución o/aporte184. La Demandada no habría sido capaz de explicar en qué consistiría la exigencia de tal contribución, pues en realidad tal requisito jurisdiccional es inexistente185. Dado que la Demandante y sus inversiones han realizado numerosas contribuciones, la Demandada se habría esforzado en buscar una definición lo suficientemente limitada de contribución o/aporte como para excluirlas a todas186.
191.
La Demandante considera probado que ha dedicado numerosos "recursos de valor económico"187 a OIdV y a Favianca, al ser accionista mayoritario y de control188 de unas empresas que operan grandes instalaciones industriales, generan gran producción y flujo de ingresos, y que pagan importantes cantidades de impuesto en Venezuela189, y además, más concretamente, mediante190:

- la reinversión de utilidades retenidas de las Empresas191,

- la asunción de deudas de los accionistas predecesores de la Demandante en OIdV y Favianca192,

- la realización de pagos por medio de los accionistas predecesores de capital dinerario en OIdV y Favianca193

192.
En resumen, la Demandante afirma que incluso si el Tribunal considerara que existe el requisito sine qua non de realizar una contribución, resulta evidente que OIEG ha cumplido con ese requisito194. La Demandante solicita por consiguiente que el Tribunal desestime la primera objeción a la jurisdicción de la Demandada.

C. Análisis del Tribunal

193.
En su primera excepción jurisdiccional la República Bolivariana niega que la Demandante sea propietaria de una inversión protegida en Venezuela. Aduce que para que exista una inversión, no es suficiente con que los activos estén enumerados en el art. l(a) del APPRI, sino que es imprescindible que el inversor haya realizado un aporte o contribución. OIEG nunca habría realizado un aporte propio, pues habría adquirido sus participaciones en las Empresas en una reestructuración societaria - la única aportación habría sido realizada por otras sociedades del grupo OI, predecesoras de OIEG, y la Demandante no se podría beneficiar de ella195.
194.
La Demandante defiende la postura contraria: es propietaria de acciones que otorgan el control sobre dos grandes empresas productoras de vidrio en Venezuela, el aporte existe y fue realizado por las sociedades del grupo OI de quienes adquirió las acciones, y no es necesario que cada sucesivo titular de la inversión realice un nuevo aporte196. Añade OIEG que, aun si arguendo se aceptara la postura contraria, también habría cumplido con el requisito, pues ha reinvertido las utilidades no distribuidas generadas por las Empresas y ha asumido obligaciones pecuniarias de su predecesor por un importe de más de USD 100 millones.
195.
Para resolver esta disputa, el Tribunal en primer lugar establecerá los hechos probados (a), para después definir la normativa (b), establecer el concepto de inversión (c) y analizar finalmente los contra-argumentos de la Demandada (d).

a. Hechos probados

196.
La inversión del grupo OI en Venezuela se remonta a mediados del siglo XX: OIdV fue constituida en 1958 y Favianca en 1968.

OIdV

197.
En el momento de la constitución de OIdV en 1958, Owens Illinois of Panamá S.A. aportó Bs. 9,400 y adquirió el 94%197. Desde entonces OIdV ha estado ininterrumpidamente controlada por sociedades del grupo OI y ha ejercido una intensa actividad empresarial, operando una gran planta para la fabricación de vidrio198. Es indiscutido que tanto en el momento de su constitución como en ocasiones posteriores sociedades del grupo OI hicieron aportaciones de capital, de tecnología y de know how necesarias para permitir el desarrollo de su actividad fabril y empresarial.
198.
OIEG, la sociedad hoy Demandante, fue fundada en 1999 en Holanda y desde su creación hasta el día de hoy ha pertenecido en un 100% al grupo OI. Ha venido actuando - directamente o a través de filiales - como sociedad de tenencia de acciones del grupo. A lo menos desde 2002 OIEG ha sido titular - entre otras muchas sociedades - del 100% del capital de una segunda sociedad holding holandesa, Owens Illinois International B.V.
199.
En 2002 esta sociedad filial (Owens Illinois International B.V.) adquirió el 73,97% del capital social de OIdV, al liquidarse la sociedad holding venezolana - OIV Holding C.A. - que en ese momento detentaba las acciones.

Favianca

200.
La historia de la tenencia de la participación en Favianca es similar. En 1973 OIdV adquirió una participación en Favianca y en 1982 capitalizó reservas hasta alcanzar una participación del 70%199. Desde entonces Favianca ha estado ininterrumpidamente controlada por el grupo OI, ha desarrollado la actividad empresarial de fabricación de vidrios y se ha beneficiado de reiteradas aportaciones de capital, tecnología y know how.
201.
En 2002 Owens Illinois International B.V. - la sociedad holandesa tenedora de la participación en OIdV - también adquirió una participación del 32% en Favianca, y lo hizo en la misma operación societaria (la liquidación de OIV Holding C. A.).
202.
Desde 2002 las participaciones que son el objeto de esta litis, el 73,97% de OIdV y el 32% de Favianca están controlados a través de una sociedad holandesa del grupo OI200.

La simplificación de la estructura holandesa

203.
A finales de 2005, el grupo OI decidió - por razones que no constan en autos - fusionar sus filiales OIEG y Owen-Illinois International B.V. La fusión se realizó de la siguiente forma201:

- OIEG actuó como sociedad absorbente;

- Owens Illinois International B.V.202 actuó como sociedad absorbida y se extinguió;

- Owens Illinois International B.V. traspasó todos sus activos y pasivos a título universal a la sociedad absorbente, OIEG; entre los activos estaban las participaciones en OIdV y en Favianca, que pasaron a ser propiedad de la sociedad absorbente;

- dado que OIEG ya era titular del 100% del capital de las dos sociedades absorbidas, no hubo necesidad de que ampliara su capital.

204.
En resumen : OIdV y Favianca, las dos Empresas venezolanas objeto de esta litis, han formado parte del grupo OI desde su fundación a mediados del siglo XX. En el año 2002 el grupo OI ya detentaba la propiedad de las acciones venezolanas a través de OIEG, la sociedad holandesa hoy Demandante. Ocurría sin embargo que el control era indirecto, por medio de una segunda sociedad, también de nacionalidad holandesa, filial suya al 100%, denominada Owen-Illinois International B.V.
205.
A finales de 2005 OI tomó la decisión de simplificar la cadena de propiedad. Para ello decidió que la filial al 100% fuera absorbida por su matriz. De esta forma Owen-Illinois International B.V. se extinguió y OIEG pasó a detentar directamente las acciones en OIdV y en Favianca (acciones que ya controlaba previamente).

Reservas 2006-2009

206.
Durante los ejercicios 2006-2009, OIdV y Favianca continuaron sus actividades empresariales en Venezuela y generaron unas ganancias significativas, distribuyéndose una parte en forma de dividendos, y quedando el resto en ambas sociedades en forma de reservas no distribuidas. La Demandante ha afirmado203, y la Demandada no ha puesto en duda, que el importe total de tales reservas adicionales creadas durante esos cuatro ejercicios (descontados los dividendos pagados) ascendió a casi USD 100 millones, de los cuales aproximadamente USD 73 millones correspondieron a OIEG.

b. Normativa aplicable

207.
Las inversiones protegidas por el APRI están definidas en su artículo l(a), que reza así:

"A los fines del presente Convenio:

a) El término «inversiones» comprenderá todos los tipos de activos y, de manera más particular pero no exclusiva:

(i) Bienes muebles e inmuebles ‚ así como cualesquiera otros derechos in rem sobre todo tipo de activo;

(ii) Derechos derivados de acciones, bonos y demás formas de interés en empresas y sociedades conjuntas;

(iii) Títulos a dinero, a otros activos o cualesquiera prestaciones con valor económico;

(iv) Derechos en los campos de propiedad intelectual, procesos técnicos, valor extrínseco «good will» y conocimientos técnicos «know how»;

(v) Derechos otorgados bajo el derecho público, incluyendo derechos para la prospección, exploración, extracción, y explotación de recursos naturales."

208.
El APRI contiene un concepto muy amplio de "inversiones": lo define por referencia a "todos los tipos de activos", y a continuación ofrece un listado no exhaustivo de ciertas clases de activos que en todo caso constituirán inversiones.
209.
Ambas partes aceptan que las acciones que el grupo OI detenta en las sociedades OIdV y Favianca están contempladas en ese listado:

- por un lado son "bienes inmuebles y muebles" [protegidos por el párrafo i)] y

- por otro son "derechos derivados de las acciones... en empresas" [protegidos por el párrafo ii)]204.

210.
Prima facie parecería pues indiscutible que las acciones de OIdV y de Favianca deberían ser consideradas como inversiones protegidas por el APRI. Sin embargo, las dificultades surgen a raíz del artículo 25 del Convenio, que ordena lo siguiente:

"La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que sudan directamente de una inversión entre un Estado Contratante... y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. (...)".205

211.
La República Bolivariana argumenta que el término inversión, tal como se utiliza en el artículo 25 del Convenio, tiene un significado inherente y objetivo, y que ese significado requiere como condición sine qua non que el inversor haya realizado un aporte - sin que el artículo 1 del APRI ni haya derogado ni pueda derogar esa exigencia. Al revés: la República argumenta que el artículo 1 del APRI incluso presupone la misma definición inherente y objetiva de inversión que se desprende del art. 25 del Convenio. En el presente caso, la Demandada por sí misma no habría realizado aporte alguno, no se puede beneficiar de las contribuciones hechas por sus predecesores y por lo tanto no sería titular de una inversión protegida.

c. El concepto de inversión

212.
La objeción planteada por la Demandada hace surgir una de las quaestiones vexatae del arbitraje de inversión: el concepto de inversión protegida. Y más concretamente: ¿qué ocurre cuando los Estados incluyen en sus tratados definiciones muy amplias del concepto de inversión, y aceptan que todas las controversias con los inversores se resuelvan a través de arbitrajes CIADI? ¿Cómo se compagina esta práctica con la exigencia del artículo 25 del Convenio, que restringe la jurisdicción del Centro a disputas legales "diferencias de naturaleza jurídica" que surjan "directamente de una inversión"?
213.

La dificultad se exacerba porque el Convenio no contiene definición alguna del concepto inversión. Se trata de una decisión adoptada conscientemente por sus redactores; en la primera versión del texto se incluía una definición muy genérica ("any contribution of money or other assets of economic value for an indefinite period, or... not less than five years’), pero se abandonó rápidamente ante la falta de acuerdo. Finalmente, se optó por dejar la Convención huérfana de toda definición de qué se ha de entender por inversión206.

214.
Las partes han argumentado extensamente sobre las exigencias del artículo 25 del Convenio y su relación con el art. l(a) del APRI, sobre la existencia de un concepto objetivo e inherente de inversión, sobre la necesidad de que el inversor haya realizado una aportación, sobre las características que ésta debe reunir y si es exigible a la inversión o al inversor.

¿Existe un concepto objetivo e inherente de inversión?

215.
La primera cuestión a decidir es si existe un concepto único, objetivo e inherente de inversión.
216.
El Tribunal coincide con la República Bolivariana que el concepto "inversión" usado en el art. 25(1) del Convenio tiene un sentido objetivo e inherente207. La jurisdicción del Centro tiene unos límites infranqueables, que los Estados no pueden traspasar. Las diferencias sometidas a arbitraje CIADI deben ser de naturaleza legal y "sur[gir] directamente de una inversión". Los Estados tienen capacidad para delimitar el concepto de inversión. Pero no pueden desnaturalizarlo. No pueden convertir en una controversia de inversión lo que a todas luces carece de esa naturaleza.
217.
En el presente caso los Estados han delimitado las inversiones que desean proteger en el art. l(a) del APRI, y lo han hecho de forma muy amplia, conviniendo que el término "inversiones" comprenderá todos los tipos de activos, y después ofreciendo una lista no exhaustiva de ejemplos, articulada alrededor de cinco categorías:

- Bienes muebles e inmuebles,

- Inversiones en empresas y sociedades conjuntas,

- Derechos de crédito,

- Propiedad industrial o intelectual,

- Concesiones públicas.

219.
Sentada esta conclusión, el Tribunal coincide con la Demandante210 en que los Estados gozan de amplia discreción para definir cuáles son las inversiones que desean proteger a través del APRI y en que el art. 25(1) del Convenio no debe estar sujeto a una interpretación restrictiva. Si dos Estados han incluido un determinado activo dentro de la lista de inversiones, un tribunal únicamente debería excluirlo, por no cumplir con los requisitos del concepto objetivo e inherente de inversión, si existen poderosas razones para hacerlo211.
220.
Esta interpretación se ve reforzada por la forma cómo se desarrollaron las históricas negociaciones que desembocaron en la adopción del Convenio con su redacción actual. Al no alcanzar las partes negociadoras un acuerdo sobre la definición del concepto inversión, la solución adoptada fue omitirla en el art. 25(1), y compensar esta concesión de corte liberal con la introducción del art. 25(4), una norma ausente en las versiones iniciales, y que permite a los Estados restringir la jurisdicción ratione materiae del Centro a ciertas operaciones económicas y a determinados activos, mediante una simple notificación212. La República Bolivariana no ha hecho uso de esta posibilidad213.

Delimitación del concepto

221.
¿En qué consiste pues ese concepto objetivo e inherente del término "inversión"?
222.
Una contestación unívoca es imposible, porque "inversión" no es un concepto jurídico sino un proceso económico, que se plasma en realidades jurídicas muy distintas - desde la propiedad de un inmueble o de una cartera de valores, pasando por el control de una empresa, hasta llegar a un contrato de concesión de un servicio público. El Derecho conoce y es capaz de definir obligaciones, derechos de crédito, negocios jurídicos, títulos valores, contratos, propiedad, posesión - incluso es capaz de delimitar el concepto de empresa. Pero el Derecho es de poca ayuda a la hora de definir un proceso económico complejo y polisémico, como es la realización de una inversión214. A todo lo que el jurista puede aspirar es a establecer un catálogo de características, que ayude en la labor de discernir si un activo, en una situación concreta, encaja o no dentro de la categoría económica215.
223.
En esta labor, es fundamental realizar dentro del concepto genérico de inversión una clasificación previa según el activo elegido, pues existe una categoría paradigmática y claramente diferenciada de activos, que no da pábulo a duda alguna, mientras que las incertidumbres se centran en los restantes tipos de activos.

Clases de activos

224.
La categoría paradigmática son las inversiones en activos empresariales, es decir, las situaciones en las que el inversor extranjero es el empresario titular de una empresa situada en el Estado receptor (entendiéndose por empresa toda organización de capital y trabajo que produce bienes o servicios para colocarlos en el mercado); esta alternativa, frecuentemente denominada inversión directa, se puede formalizar bien creando una sucursal, bien controlando una sociedad constituida en el país de destino, que es la que a su vez realiza la actividad empresarial.
225.
La segunda categoría la constituyen los restantes activos, aquellos que no le proporcionan al inversor la titularidad de una empresa en el país de destino. Dentro de este grupo, las situaciones pueden ser de muy diversa índole. En la jurisprudencia de inversión, los conflictos suelen surgir cuando el presunto inversor ha celebrado contratos con el Estado receptor - de construcción216, de prestación de servicios217, de suministro de bienes - o es titular de valores negociables emitidos por ese mismo Estado218.

Aplicación al presente caso

226.
La primera categoría, los activos empresariales, representan el paradigma de inversiones que merecen protección, y no cabe poner en duda que se encuentran incluidos tanto dentro del APRI como del Convenio.
227.
En efecto: el segundo párrafo del art. l(a) del APRI incluye entre los activos protegidos "acciones... y demás formas de interés en empresas".
228.
Y los activos empresariales también constituyen, por su propia naturaleza, inversiones a los efectos del art. 25(1) del Convenio. El Convenio del CIADI se promulgó precisamente para promover y proteger este tipo de inversiones. El Preámbulo del Convenio invoca, como primera justificación del Tratado, la necesidad de "cooperación internacional para el desarrollo económico". La creación de una empresa local por un inversor extranjero es precisamente la forma más directa e inmediata de favorecer el desarrollo económico en el Estado receptor. El inversor extranjero aporta dinero, bienes o industria, crea una organización en el país de destino, genera trabajo, paga impuestos, lanza al mercado local bienes o servicios - todas actividades que generan riqueza.

Conclusión

229.
El art. 25(1) del Convenio delimita las disputas que tienen acceso al arbitraje CIADI. Y lo hace exigiendo que las diferencias "sur[jan] directamente de una inversión". El concepto inversión, utilizado en ese precepto, tiene un sentido objetivo e inherente, que los Estados no pueden desnaturalizar clasificando como inversiones relaciones que no reúnan los requisitos exigidos.
230.
Se podrá discutir sobre el ámbito y las características del concepto objetivo e inherente de inversión, y si ciertos activos extravagantes forman o no parte de él: es legítimo preguntarse si un simple contrato de compraventa, o la adquisición de una obligación empresarial, o la simple tenencia de un apartamento de fin de semana reúnen las características objetivas e inherentes para ser considerados como inversión.
231.
La misma duda no se puede nunca plantear en relación a activos empresariales situados en el país de destino, en especial si el inversor extranjero ejerce la gestión de la empresa. La adquisición y tenencia de esta clase de activos representa la inversión por excelencia y cumple - por naturaleza - con el concepto objetivo e inherente de inversión. En consecuencia, nada se opone a que dos Estados, que estén negociando un APRI y quieran definir el ámbito de protección, puedan incluirlos entre los activos protegidos. Si así lo hacen - como lo han hecho la República Bolivariana y el Reino de los Países Bajos - no puede entenderse, en forma alguna, que estén desnaturalizando el concepto de inversión o violentando el art. 25(1) del Convenio.
232.
En la presente litis, OIEG, a través de sus participaciones de control en OIdV y Favianca, es titular de activos empresariales situados en Venezuela, consistentes en dos grandes plantas fabriles para la producción de vidrio, y las ha gestionado al menos desde el año 2002219. Activos como éstos, incluidos expresamente en la enumeración del APRI, cumplen también, por su propia naturaleza, con las exigencias del art. 25(1) del Convenio. El objeto y fin del APRI y del Convenio es fomentar el desarrollo económico y la generación de riqueza en el país de destino. Inversiones empresariales, en las que el inversor extranjero aporta dinero o bienes para crear o adquirir una empresa, la gestiona con su propia industria, mantiene su titularidad durante un largo periodo de tiempo, son las que de forma más clara contribuyen a que ese objeto y fin se pueda alcanzar.

d. Contra-argumento de la República Bolivariana

233.
La Demandada alega en contra de esta conclusión, que OIEG no ha realizado aporte alguno: habría adquirido las participaciones en las Empresas venezolanas a través de una restructuración realizada en el año 2005, en la que no se produjo ninguna aportación, y desde esa fecha tampoco ha efectuado ninguna contribución.
234.
El Tribunal no comparte esa argumentación.
235.
La existencia de una aportación por el inversor extranjero, en forma de contribución en dinero, bienes o industria, constituye una de las características que, por regla general, deben cumplir los activos para poder ser clasificados como inversiones220. El Tribunal está dispuesto a aceptar que en un caso como el presente, en el que OIEG alega ser titular de activos empresariales en Venezuela, este requisito pueda ser relevante: la titularidad de activos empresariales en el país de destino exige que el inversor extranjero haya realizado alguna aportación, al menos en el momento inicial, cuando puso en marcha o adquirió la empresa.
236.
Pero el Tribunal no alberga dudas de que hic et nunc OIEG cumple sobradamente con esta exigencia.

Aporte en dinero

237.
La forma más común para que un inversor extranjero contribuya a la empresa en el país de destino es mediante una aportación dineraria.
238.
Es indiscutido que el grupo OI, desde la constitución de las Empresas en el siglo pasado, ha realizado numerosos aportes dinerarios. Parecería pues que el requisito se cumple.
239.
La República Bolivariana, sin embargo, objeta que OIEG, que disfruta de personalidad jurídica separada y de nacionalidad holandesa, y la invoca para beneficiarse del APRI, no puede beneficiarse de las aportaciones hechas por otras empresas del grupo, que carecen de esas características, con anterioridad a que OIEG se hiciera dueño de las participaciones221.
240.
No es necesario que el Tribunal se pronuncie sobre este argumento de la Demandada, pues aunque se aceptara arguendo que las aportaciones hechas por titulares precedentes no imprimen carácter (cuestión sobre la que el Tribunal no se pronuncia), es un hecho que OIEG también ha realizado aportaciones dinerarias propias, con posterioridad a su adquisición de las Empresas venezolanas.
241.
En efecto: durante los ejercicios 2006-2009 OIEG ha hecho un aporte en dinero a las Empresas, al no retirar una parte de las ganancias generadas, y permitir que se mantuvieran como reservas. El importe total retenido (descontados los dividendos pagados a los accionistas) ha ascendido a casi USD 100 millones, de los cuales USD 73 millones correspondieron a OIEG. Cuando un accionista decide no cobrar íntegramente los beneficios, sino dejarlos - en todo o en parte - en la sociedad, está renunciando a un derecho y haciendo una aportación de recursos dinerarios a la empresa, que se enriquece en la misma medida en que el accionista renuncia.
242.
Es cierto que los fondos aportados por el inversor extranjero a las Empresas venezolanas se habrán generado en el propio país de destino. Pero esto es irrelevante:

- en primer lugar, porque no hay una exigencia de que los fondos sean de proveniencia extranjera222;

- y además, porque el inversor podría haber repatriado los dividendos, pues el APRI le otorga un derecho para así hacerlo, para de inmediato reinvertirlos en la sociedad; lo único que ha ocurrido es que se han compensado ambos flujos dinerarios.

243.
La Demandada aun presenta un último argumento: OIEG no podría haber realizado una aportación a través de su propia inacción - es decir, no retirando las ganancias generadas en forma de dividendos223.
244.
El argumento no convence: no es cierto que el inversor haya permanecido inactivo. La creación de una reserva exige un acuerdo de los órganos de gobierno de la sociedad, controlados por OIEG, en el que decida repartir únicamente una parte de los beneficios, y aplicar el resto a reservas.

Aporte en industria

245.
Además, OIEG ha venido realizando, desde que es titular de la inversión, una aportación en forma de industria: la gestión de las Empresas venezolanas. No se trata de una aportación baladí, pues uno de los principales objetivos que se pretende alcanzar por medio de la inversión extranjera es mejorar la capacidad de gestión de las empresas nacionales.
246.
En el presente caso, OIEG lleva gestionando OIdV y Favianca desde el año 2002, primero indirectamente a través de su filial Owens Illinois International B.V. y desde el 2005 directamente. Esa labor de gestión se ha realizado participando y votando en las juntas de accionistas, y designando a los directores y gestores de las Empresas. Los resultados han sido muy exitosos: bajo la gestión de OIEG las Empresas venezolanas han ampliado su actividad, incrementado el empleo que ofrecen y ampliado su capacidad de obtener beneficios.
247.
En resumen, el Tribunal está convencido que la Demandante, durante el periodo en el que las ha controlado, ha efectuado un aporte significativo a las Empresas venezolanas. Esta aportación se ha plasmado en su propia industria al gestionar las Empresas y en una aportación dineraria, cuyo importe excede de USD 73 millones.

e. Coda

248.
Existen situaciones en las que un inversor extranjero, a pesar de ser titular de una inversión protegida, no goza de la protección del tratado correspondiente. Se trata de casos en los que el inversor no ha actuado de buena fe, o ha incurrido en abuso de derecho, o se ha beneficiado fraudulentamente de una estructura societaria o es únicamente titular formal de la inversión, sin haber realizado inversión alguna.
249.
La Demandada se abstiene de alegar que la Demandante no haya actuado de buena fe, ni que haya incurrido en abuso de derecho, o se haya beneficiado fraudulentamente de una estructura societaria. El Tribunal tampoco ve indicios de que estas situaciones se pudieran haber producido.
250.
La Demandada sin embargo ha hecho especial referencia a una decisión, en la que el tribunal arbitral habría establecido que la falta de contribución es suficiente para negar la existencia de inversión y su propia jurisdicción: KT Asia. En realidad, este caso se diferencia nítidamente del presente.

KT Asia

251.
Los hechos en KT Asia son los siguientes:

El Sr. Ablyazov era el propietario último de múltiples compañías, a través de fiduciarios y hombres de paja, que eran quienes formalmente decían ser los titulares de los títulos. Estas personas actuaban por cuenta del Sr. Ablyazov, pero manteniendo esta situación en secreto. El propio Sr. Ablyazov nunca era formalmente accionista en ninguna de las compañías, y en consecuencia, nunca existió un grupo de sociedades. La demandante, KT Asia, había adquirido las acciones de BTA (la empresa objeto de la alegada expropiación) de otras dos compañías controladas por el Sr. Ablyazov, por un precio nominal, que en realidad nunca llegó a pagar. KT Asia nunca inyectó capital ni realizó ninguna contribución en beneficio de BTA, ni durante la adquisición ni con posterioridad.

252.
Tomando como base estos hechos, el tribunal en KT Asia llegó a la conclusión que la demandante no había hecho contribución alguna en relación a la alegada inversión, y que no tenía ni capacidad ni intención de hacerlo en el futuro. En consecuencia, el tribunal decidió que no existía inversión a efectos del art. 25(1) del Convenio224.
253.
KT Asia forma parte de una larga lista de casos en los cuales los tribunales rechazaron la legitimación activa de los demandantes, porque éstos únicamente habían desembolsado un valor nominal por la inversión, lo que demostraba que eran meros fiduciarios, hombres de paja o personas interpuestas225.
254.
Esta situación fáctica no guarda relación alguna con la del presente arbitraje. En este caso, la Demandante pertenece a un grupo de sociedades, que ha hecho históricamente importante aportaciones a las Empresas venezolanas; ha adquirido legítimamente las acciones en la liquidación de una sociedad holding venezolana perteneciente al grupo, y desde entonces ha gerenciado las Empresas y ha realizado significativos aportes de capital, al reinvertir una parte significativa de los dividendos generados.

Mobil

255.
En realidad, la matriz fáctica de la presente controversia se asemeja más bien a la de Mobil, un caso en el que la demandante decidió hacer una reestructuración, con la finalidad de incorporar una sociedad holandesa en la cadena de propiedad, y beneficiarse del APRI entre Holanda y Venezuela. Planteada una excepción jurisdiccional por la República Bolivariana, con el argumento de que la reestructuración implicaba un abuso de derecho, el tribunal la rechazó con respecto a las disputas surgidas con posterioridad a la toma de control. En su argumentación, el tribunal dijo lo siguiente:

"190. It thus appears to the Tribunal that the main, if not the solé purpose of the restructuring was to protect Mobil Investments from adverse Venezuelan measures in getting access to ICSID arbitration through the Dutch-Venezuela BIT. This choice was considered as "logical", taking into account the double taxation agreements concluded by the Netherlands and the activities that Exxon Mobil already had in that country.

191. Such restructuring could be "legitímate corporate planning" as contended by the Claimants or an "abuse of right" as submitted by the Respondents. It depends upon the circumstances in which it happened. "226

256.
En las circunstancias específicas de ese caso, el tribunal concluyó que la reestructuración efectuada por Mobil efectivamente constituyó "legitímate corporate planning"227.

2. El daño a los negocios de la Demandante fuera de Venezuela

A. Introducción

257.
En su Memorial de Demanda OIEG reclamaba USD 123,849,648 por las posibles pérdidas que podría sufrir como consecuencia de la entrada de Venvidrio en el mercado brasileño228. OIEG alegaba que:

- La Demandada permitió el acceso de terceros a las Plantas en numerosas ocasiones, y por lo tanto, permitió el total acceso de terceros a su propiedad intelectual, know-how y procesos técnicos.

- Venvidrio firmó un acuerdo de cooperación con una de las empresas visitantes, la uruguaya Envidrio. El objetivo de la alianza era producir conjuntamente, intercambiar tecnología y conocimientos, y expandir las exportaciones de envases de vidrio al mercado brasileño.

- En 2011, Venvidrio firmó contratos con la productora de cerveza brasileña, Ambev y con el Gobierno ecuatoriano para suministrarles envases de vidrio.

- OIEG tenía una cuota del 55% del mercado brasileño de venta de envases de vidrio y, según los cálculos de su experto, podría llegar a perder un 9,5% de su cuota de mercado.

258.
En su Escrito de Conclusiones la Demandante ajustó el monto de su reclamación por daños sufridos fuera de Venezuela a USD 50,566,759.

B. Posición de la Demandada

259.
Venezuela ha insistido en que el Tribunal Arbitral carece de competencia para decidir sobre los daños a los negocios de la Demandante fuera de Venezuela porque:

- La reclamación se fundamenta sobre activos que no son propiedad de la Demandante229; y

- Porque la Demandante no ha probado la existencia de ningún daño o pérdida, y sin daño no puede haber controversia230.

260.
Según explica la República Bolivariana la Demandante no es propietaria de la tecnología, know-how y procesos técnicos utilizados en las Empresas. Por lo tanto, Venezuela argumenta que:

- La propiedad intelectual de otra empresa del grupo no es una "inversión" a los efectos del art. 1 del APRI y su propietaria, OBGC (que no forma parte del presente arbitraje) no puede considerarse un "inversor"231;

- OIEG carece de legitimación activa y no puede haber sufrido perjuicio alguno, derivado del trato que la Demandada haya dado a la propiedad intelectual adquirida.

261.
Por ello, la Demandada argumenta que el Tribunal Arbitral carece de jurisdicción para determinar si la Demandada adquirió la propiedad intelectual utilizada por las Empresas conforme a Derecho232.
262.
Además, Venezuela alega que los daños sufridos por la Demandante fuera de Venezuela son especulativos233 y no se han materializado234. Venezuela se apoya en numerosas decisiones de tribunales internacionales235 para argumentar que cuando una disputa no ha cristalizado, no existe disputa alguna que dirimir.
263.
En definitiva, la Demandada considera que los supuestos daños relacionados con activos que no pertenecen a la Demandante no están cubiertos por el APRI, y por lo tanto, solicita que el Tribunal declare que carece de jurisdicción para pronunciarse con respecto a ellos.

C. Posición de la Demandante

264.
La Demandante se opone al argumento esgrimido por Venezuela de que el Tribunal carece de competencia para decidir sobre sus reclamaciones por los daños que han sufrido sus negocios fuera de Venezuela.
265.
La Demandante alega que los perjuicios que ha sufrido son consecuencia directa de la conducta ilícita de Venezuela al expropiar a las Empresas236. La Demandante asegura que no reclama en el presente procedimiento ni una parte ni la totalidad del "valor (colosal)" que representa la propiedad intelectual de OBGC, sino únicamente el perjuicio sufrido como consecuencia de la conducta ilícita de Venezuela237.
266.
Finalmente, la Demandante considera que la concesión de compensación plena238 por los daños que ha sufrido de manera indirecta es una cuestión de fondo y no de jurisdicción239. Por lo tanto, solicita al Tribunal que reitere la conclusión que adoptó en el párrafo 29 de la Orden Procesal n°l y desestime la segunda objeción a la jurisdicción plateada por la Demandada.

D. Análisis del Tribunal

267.
El Tribunal reitera la decisión que adoptó en el párr. 29 de la Resolución Procesal n°l240: La determinación de un daño está intrínsecamente conectada con la existencia de un incumplimiento. Por lo tanto, la segunda objeción de la Demandada no puede separarse del fondo de la disputa. El Tribunal tratará esta reclamación una vez determinada la existencia de una expropiación y en el ámbito de la determinación de la indemnización debida.

3. Conclusión

268.
En conclusión, el Tribunal rechaza las dos excepciones jurisdiccionales planteadas por Venezuela, y decide que el Centro tiene jurisdicción y el propio Tribunal tiene competencia para dirimir todas las controversias planteadas en el presente procedimiento, y decidir sobre el fondo de la controversia.

VI. RESPONSABILIDAD

1. Ley Aplicable

269.
La ley aplicable a las reclamaciones de la Demandante debe determinarse conforme a lo dispuesto en el APRI y, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 42(1) del Convenio del CIADI.
270.
El APRI Países Bajos-Venezuela dispone en su artículo 9(5) lo siguiente:

"El laudo arbitral estará basado en:

- Las leyes de la parte contratante respectiva;

- Las disposiciones del presente Convenio o demás Convenios pertinentes entre las Partes Contratantes;

- Las disposiciones de convenios especiales relacionados con la inversión;

- Los principios generales del derecho internacional; y las normas jurídicas que pudieren ser convenidas por las partes de la controversia".

271.
El Tribunal Arbitral aplicará pues en primer lugar el Derecho venezolano y las disposiciones del propio APRI, y subsidiariamente - en ausencia de otros acuerdos entre los Países Bajos y Venezuela o de convenios especiales relacionados con la inversión de la Demandante - los principios generales de Derecho internacional que resulten aplicables.
272.
El artículo 42(1) del Convenio ordena lo siguiente:

"El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables".

273.
Las fuentes previstas en esta norma no difieren en lo sustancial de lo previsto en el artículo 9(5) del APRI Países Bajos-Venezuela: los acuerdos entre Estado e inversor, el Derecho venezolano y las normas de derecho internacional, incluyendo el propio APRI.
274.
El orden en que se enuncian las fuentes aplicables no es el mismo en cada una de las fuentes. Ello, sin embargo, no es relevante, dado que no existe una relación jerárquica entre fuentes, sino de especialidad.

Consideraciones en relación con las reclamaciones de la Demandante

275.
A continuación, el Tribunal analizará las reclamaciones de la Demandante en cuanto al fondo, siguiendo el orden en el que la Demandante las presentó en sus escritos.
276.
Al analizar las reclamaciones el Tribunal ha tomado en cuenta los numerosos y extensos escritos de las Partes y la totalidad de los alegatos fácticos y legales sobre cada una de sus pretensiones. Sin embargo, en este Laudo el Tribunal sólo se referirá expresamente a los argumentos que considere determinantes para su decisión.

2. Violación del Art. 6 Apri: Expropiación ilegal

277.
La principal pretensión de la Demandante es que la República Bolivariana de Venezuela, a través de las acciones y omisiones de sus órganos de gobierno, ha expropiado ilegalmente la inversión de la Demandante, en contravención con el art. 6 del APRI. La Demandada por su parte niega la ilicitud de la expropiación y argumenta que se ha llevado a cabo respetando el Derecho internacional.

2.1. Posición de la Demandante

278.
La Demandante alega que la expropiación llevada a cabo por la Demandada es ilícita, por no cumplir con los requisitos del art. 6 del APRI y que, por lo tanto, tiene derecho a recibir "plena compensación" por su inversión241. La Demandante argumenta en concreto que: (i) la expropiación no se llevó a cabo en interés público, (ii) la expropiación fue arbitraria, contraria al Derecho administrativo venezolano y violó el derecho de las Empresas al debido proceso, (iii) la expropiación fue de naturaleza discriminatoria, y (iv) la Demandada no ha pagado compensación alguna.

(i) La expropiación no se llevó a cabo en interés público

279.
La Demandante considera probado que la expropiación no se llevó a cabo en defensa de un "interés público genuino" según el estándar fijado en ADC242. El Presidente Chávez seleccionó a la Demandante por su nacionalidad extranjera243. Además, sugiere que la verdadera motivación de la expropiación fue el deseo de perjudicar a Polar, la compañía privada más grande de Venezuela, accionista minoritario y principal cliente de las Empresas244.
280.
El Decreto de Expropiación y las acusaciones de incumplimiento de la legislación medioambiental, laboral y de competencia no fueron más que un "dispositivo conveniente"245 para despojar a OIEG de sus Empresas246 - pues antes de la expropiación las autoridades nunca habían lanzado acusaciones contra las Empresas.
281.
Además, la Demandante asegura que la incoherencia manifiesta de las diversas justificaciones que ha dado Venezuela para la expropiación - en la alocución presidencial: las supuestas violaciones a la legislación medioambiental y a los derechos de los trabajadores; en el Decreto de Expropiación: infracciones de la libre competencia - se fabricaron apresuradamente después de los hechos y resaltan la falta de un genuino interés público247.
282.
La Demandante denuncia que, a pesar de que el Decreto de Expropiación se basa en supuestas violaciones del Derecho a la libre competencia, ni se ha aportado evidencia creíble que fundamente esas acusaciones248, ni las autoridades venezolanas han investigado y/o emitido decisión alguna sobre ese particular249. Ni las violaciones a la libre competencia (que sólo pueden ser sancionadas por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia), ni ninguna de las otras razones invocadas por la Demandada (seguridad alimentaria o desarrollo endógeno)250 justifican la expropiación251.

(ii) La expropiación fue arbitraria, contraria al Derecho administrativo venezolano y violó los derechos al debido proceso de las Empresas

283.
La Demandante considera que el art. 6(a) del APRI exige que toda expropiación se lleve a cabo siguiendo el debido proceso, que otorga significativos derechos procesales, que en este caso han sido violados. A saber:

- La obligación de notificar a un inversor con suficiente antelación252,

- El derecho del inversor a ser oído antes de que el Estado implemente la medida expropiatoria253

- El derecho a tener un conocimiento preciso de los bienes expropiados254,

- El derecho a conocer el plan de implementación de la medida expropiatoria255.

284.
La Demandante alega que no tiene que probar que la expropiación vulneró el Derecho venezolano para demostrar que la Demandada violó el Art. 6 del APRI256. No obstante, considera que la violación por la República de su propio Derecho muestra claramente que Venezuela actuó de forma arbitraria o sin respetar el debido proceso257. La Demandante se refiere a tres tipos de violaciones del Derecho interno por la República:

- No cumplió con ninguno de los requisitos previos establecidos en la LECUPS258;

- Implemento el Decreto de Expropiación de forma ilícita259, y

- Ocupó las Plantas sin respetar el derecho al debido proceso260.

285.
En concreto:
286.
En primer lugar la Demandante alega que la Demandada no cumplió ninguno de los requisitos previos establecidos en la LECUPS261 porque:

- No declaró que un tipo determinado de "obra pública" es de "utilidad pública e interés social", declaración que debe ser emitida por el poder legislativo de Venezuela262;

- No tomó la decisión de realizar una "obra pública específica"263;

- No preparó un proyecto de esa "obra pública" que identificara los bienes que "indispensablemente" deben expropiarse para la realización de la obra pública264, sino que primero identificó los bienes que quería expropiar y luego decidió qué hacer con ellos.265

287.
Segundo, la Demandante considera que las acciones adoptadas por la Demandada para implementar el Decreto de Expropiación son ilícitas. La LECUPS exige que se cumpla con determinados requisitos previos a la ocupación de los bienes expropiados266. Sin embargo, en el presente caso no se cumplieron267:

- OIEG no fue notificada con carácter previo de la expropiación;

- no se llevó a cabo una valoración de la propiedad expropiada por una comisión de avalúos; y

- Venezuela no depositó cantidad alguna con el objeto de garantizar el pago al propietario.

288.
Finalmente, la Demandante asegura que Venezuela fabricó acusaciones de violación de la Ley INDEPABIS por parte de las Empresas para poder ocupar las Plantas sin respetar el derecho al debido proceso268. La Demandante apoya su argumento en que el propio experto en Derecho venezolano de la Demandada:

- El perito afirmó que las referencia a los art. 111 y 112 de la Ley INDEPABIS en las actas de ocupación de las Plantas probablemente fueron "errores" cometidos por la urgencia de la situación269, y

- confirmó en la Audiencia que para ocupar las Plantas por violación de la Ley INDEPABIS, la Demandada debió haber iniciado un procedimiento sancionador administrativo formal y previo, de cuya existencia no tenía conocimiento.270

289.
La Demandante concluye que la expropiación no se realizó conforme al debido proceso, en contravención del art. 6(a) del APRI.

(iii) La expropiación fue de naturaleza discriminatoria

290.
La Demandante alega que la Demandada ha expropiado las inversiones de OIEG en forma discriminatoria, en violación del art. 6(b) del APRI.
291.
Apoya su argumento en que la toma de las Empresas se realizó con el fin de mantener la empresa fuera de manos extranjeras, puesto que el entonces Presidente Chávez señaló específicamente la propiedad norteamericana de las Empresas durante el anuncio de la expropiación271. Además, la Demandante considera que la expropiación ha tenido el efecto de eliminar la única participación extranjera en la industria de fabricación de envases de vidrio272. Dicha industria no ha estado sometida a una nacionalización más amplia del sector y el resto de empresas venezolanas del sector no han sido expropiadas por el Estado273. Por lo tanto, la Demandada ha otorgado un trato discriminatorio en contravención del art. 6(b) del APRI274.

(iv) La Demandada no ha otorgado compensación alguna a la Demandante

292.
La Demandante argumenta que la Demandada no le ha pagado ningún tipo de compensación275. Ello constituye, según la Demandante, motivo suficiente para que el Tribunal entienda que la Demandada ha violado el art. 6 del APRI.
293.
La Demandante niega que la falta de compensación le sea atribuible276. Considera probado que la Demandada no entabló negociaciones de buena fe y que realizó una oferta de compensación irrisoria, que ignoró completamente el valor justo de mercado y que fue diseñada para evadir las responsabilidades de la República277. Por ello considera aplicable a la presente controversia la decisión Conoco Phillips. En ese caso - basado en el mismo APRI que la presente controversia - el Tribunal declaró que Venezuela había violado el requisito de compensación del art. 6(c) del APRI puesto que no negoció la compensación con los demandantes sobre la base del valor justo de mercado de las inversiones expropiadas278.
294.
OIEG considera probado que el procedimiento expropiatorio no ha progresado porque la Demandada no ha cumplido los requisitos procesales básicos para darle el impulso necesario279
295.
Asimismo, la Demandante niega que existiera falta de inversión y bajo rendimiento en las Plantas, señalando que las acusaciones de la República en ese sentido sólo pretenden reducir el nivel de compensación que debe pagar bajo el APRI280.
296.
En resumen, la Demandante considera evidente que la expropiación violó todos los requisitos acumulativos establecidos en el art. 6 del APRI y, por lo tanto, fue ilícita según el Derecho internacional.

2.2. Posición de la Demandada

297.
La Demandada alega que la expropiación cumple con los requisitos del art. 6 del APRI, y que el Tribunal no puede otorgar una indemnización a la Demandante281.
298.
La Demandada insiste en que el Derecho internacional reconoce el derecho de los Estados soberanos a realizar expropiaciones282. Añade que el art. 6 del APRI permite la expropiación de bienes en determinadas circunstancias, que se cumplen en su totalidad en el presente caso283. La Demandada sostiene que la expropiación: (i) se ha realizado en interés público, (ii) siguiendo el proceso debido, (iii) de forma no discriminatoria, (iv) mediando una indemnización, que el APRI no exige que sea inmediata y que la Demandada ha intentado realizar mediante negociaciones y siguiendo el procedimiento expropiatorio establecido en la legislación venezolana.

(i) Venezuela adquirió las Plantas en interés público

299.
La Demandada afirma que adquirió las Empresas en defensa de dos conocidas y prolongadas políticas de interés público: la seguridad alimentaria284 y el desarrollo endógeno285; y para proteger principios constitucionales fundamentales286.
300.
Entiende la República Bolivariana que las Empresas fueron expropiadas en defensa de la seguridad alimentaria de Venezuela, apoyándose para ello en:

- El texto del Decreto de Expropiación287,

- Las declaraciones públicas realizadas por el Ministro Sr. Menéndez, que apareció en no menos de cuatro ocasiones mencionando este punto288 y,

- Las declaraciones del Sr. Machaen289 y del Sr. Hernández290, que manifestaron conocer que esa era una de las justificaciones dadas por la Demandada para la expropiación291.

301.
Con respecto a la política de desarrollo endógeno, (es decir, la política de fomentar la producción interna y autónoma en sectores estratégicos de la economía292), la Demandada sostiene que el silencio de la Demandante prueba la validez de esta política como fundamento de la expropiación293.
302.
Finalmente, y en respuesta a las alegaciones de la Demandante de incoherencia en las justificaciones dadas por Venezuela para la expropiación, la Demandada argumenta:

- Que no fue el Presidente Chávez sino el Decreto de Expropiación el que ordenó la expropiación294;

- Que no existe una inconsistencia fundamental entre el discurso del Presidente Chávez y las declaraciones posteriores de otros miembros del Gobierno295;

- Que la Demandante no ha probado su teoría de que la expropiación pretendía afectar al Grupo Polar296.

303.
Por todo ello, la Demandada concluye que la expropiación se llevó a cabo en interés público, según lo exigido en el art. 6 del APRI.

(ii) La expropiación se llevó a cabo conforme al debido proceso

304.
La Demandada niega toda violación del debido proceso en el curso de expropiación.
305.
Venezuela realiza las siguientes alegaciones en defensa de su argumento297:

- En el contexto de expropiaciones, el debido proceso bajo Derecho internacional solo requiere que el Estado receptor garantice al inversor la oportunidad de que las medidas sean revisadas por un ente independiente;

- En Derecho internacional no existe un requisito de que el Estado receptor notifique la medida de expropiación con antelación;

- La Demandada ha cumplido con su Derecho interno y,

- Aunque no lo hubiera hecho, un incumplimiento del Derecho interno no constituye un incumplimiento en Derecho internacional ni del APRI.

306.
En particular, la República Bolivariana sostiene que, de conformidad con los principios del Derecho internacional, el debido proceso exige que la expropiación y la indemnización puedan ser revisadas por un organismo independiente298. La LECUPS proporciona esos mecanismos de revisión independiente. Fue la Demandante quien se negó desde el principio a hacer uso de ellos299.
307.
Venezuela afirma que no existe un requisito del Derecho internacional, ni del Derecho venezolano, de que el Estado receptor notifique al inversor anticipadamente la medida expropiatoria300.
308.
La Demandada añade que la ocupación y adquisición forzosa de las Plantas se llevó a cabo conforme a la Ley venezolana301. Las leyes aplicables son la Constitución, la LECUPS y el art. 6 de la Ley INDEPABIS302, como ley especial en relación con las disposiciones generales de la LECUPS303.
309.
La Demandada fundamenta la legalidad del Decreto de Expropiación en cuatro argumentos principales:

- Al contrario de lo que argumenta la Demandante, la LECUPS no requiere la existencia previa de una "obra pública"; y aunque así fuera, el art. 6 de la Ley INDEPABIS, que se aplica con carácter precedente en el presente caso, no lo requiere304;

- No existe bajo la LECUPS un requisito de que la declaración previa de "utilidad pública o interés social" esté ligada a una "obra pública", ni de que se tome una decisión de llevar a cabo una "obra pública" antes de la publicación del Decreto305;

- Tampoco existe el requisito de que concurra una causa expropiandi, e incluso si así fuera, resulta irrelevante porque el art. 6 de la Ley INDEPABIS, que se aplica con carácter precedente, no lo requiere306;

- No es cierto que el Decreto de Expropiación tuviera naturaleza de sanción; el Decreto se basa en el art. 6(1), y no en el 6(3) de la Ley INDEPABIS307, y por lo tanto, está en conformidad con el Derecho venezolano.

310.
Asimismo, la Demandada afirma que la ocupación de las Plantas se llevó a cabo de conformidad con la Ley venezolana, rechazando las alegaciones vertidas de contrario, con base en los siguientes argumentos:

- Al contrario de lo que afirma la Demandante, la Ley venezolana permite la ocupación de bienes expropiados sin que medie autorización judicial308; de hecho, el art. 6(4) de la Ley INDEPABIS no requiere autorización judicial para la ocupación de bienes expropiados309; por lo tanto INDEPABIS podía ocupar las Plantas desde la publicación del Decreto de Expropiación310;

- INDEPABIS podía escoger indistintamente llevar a cabo la ocupación al amparo del art. 6(4) o del art. 112(1) de la Ley INDEPABIS311; optó por realizarla en virtud del art. 112 porque existía una situación objetiva de riesgo de desmantelamiento o paralización de la producción312;

- La ocupación no violó el art. 4 del Decreto de Expropiación, puesto que ese artículo no impone que la ocupación se lleve a cabo en virtud del art. 56 de la Ley de Expropiación, sino que simplemente contempla esa posibilidad313;

- La medida de ocupación dictada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo es legal, pues la jurisprudencia venezolana permite ordenar medidas cautelares en los procedimientos de expropiación, y fue requerida por la Demandada ex abundante cautela314.

311.
Finalmente, la Demandada afirma que de conformidad con el Derecho internacional, una supuesta violación del Derecho interno no constituye un incumplimiento de la garantía al debido proceso prevista en el art. 6 del APRI, salvo que el inversor pueda demostrar que un determinado incumplimiento de la legislación nacional, en las circunstancias precisas del caso, puede elevarse a un incumplimiento internacional315 -lo que la Demandante no ha logrado316.
312.
A la luz de estos argumentos, la Demandada concluye que la expropiación y ocupación de las plantas se llevó a cabo de conformidad con el requisito del debido proceso establecido en el art. 6 del APRI.

(iii) La expropiación no fue discriminatoria

313.
La Demandada considera que la Demandante no ha sido capaz de probar que la expropiación fuera discriminatoria ni en su propósito ni en su efecto317. La expropiación no se llevó a cabo con el fin de poner el sector de la fabricación de envases de vidrio en manos nacionales y la referencia del Presidente Chávez a la nacionalidad de la matriz de las Empresa fue "obviamente incidental" y aislada318. El efecto de la expropiación tampoco fue discriminatorio. La posición dominante que ocupaba OIEG en el mercado la convirtió en un objetivo crítico para garantizar la seguridad alimentaria319. Sin embargo, la República no vio la necesidad ni tuvo la intención de expropiar otras entidades fabricantes de envases de vidrio que no ponían en peligro la economía venezolana y la seguridad alimentaria320.

(iv) La Demandada ha cumplido y continúa cumpliendo con sus obligaciones de pago

314.
La Demandada reconoce que debe compensar a la Demandante con el valor justo de mercado de su participación en OIdV y Favianca321. Sin embargo, argumenta que sólo podía esperarse razonablemente que llevara a cabo ese deber de dos maneras:

- Mediante negociaciones directas; o

- Mediante el procedimiento previsto en la LECUPS, que ya está en marcha322.

315.
La Demandada afirma que el art. 6 del APRI no requiere que el pago de la indemnización se realice de manera inmediata, sino "sin retrasos indebidos". Por ello, considera que no ha habido un incumplimiento del art. 6, ya que:

- La Demandante no ha permitido que el procedimiento establecido por el Estado se desarrolle adecuadamente, ni

- Ha demostrado que los procedimientos no pueden resultar, en el pago de una indemnización justa en un período de tiempo razonable323.

316.
En concreto, Venezuela considera que los siguientes hechos no controvertidos son suficientes para establecer que la Demandada ha cumplido, o intentó razonablemente cumplir, con el art. 6 del APRI324:

- Las Partes mantuvieron cuatro reuniones para negociar la indemnización;

- La Demandante sólo discutió el cuántum en dos de esas reuniones;

- La Demandante inicialmente solicitó una indemnización de USD mil millones;

- La Demandada realizó una contraoferta de USD 100-120 millones;

- La Demandante no realizó ninguna contraoferta posterior ni buscó continuar con las negociaciones.

317.
La Demandada alega que su oferta fue razonable325, e incluso si no lo fuera, sostiene que la Demandante no realizó ninguna contraoferta ni estuvo dispuesta a continuar con las negociaciones. Por lo tanto, acusa a la Demandante de haber llevado las negociaciones con superficialidad, e incluso mala fe326.
318.
Venezuela está dispuesta a pagar la indemnización correspondiente mediante el procedimiento establecido para ello: el de la LECUPS327. Ese procedimiento cumple con lo establecido en el art. 6 del APRI328, está avanzando "a toda marcha"329, los edictos de emplazamiento de todas las partes ya han sido publicados330, y se encuentra en la fase de fijación del justiprecio331.
319.
La Demandada insiste en que ha sido la incomparecencia de la Demandante en el procedimiento lo que ha frustrado su correcto desarrollo332. La Demandante podría haber participado en el procedimiento de la LECUPS, reservándose sus derechos bajo el APRI. La causa de que el monto de la indemnización no se haya establecido y de que la Demandante no lo haya recibido ha sido su propia actitud333.
320.
En resumen, la República Bolivariana considera probado que la Demandante carece de base para alegar que Venezuela no ha pagado la indemnización, en violación de lo establecido en el art. 6 del APRI.

2.3. Análisis del Tribunal

321.
La Demandante argumenta que la República Bolivariana de Venezuela ha expropiado su inversión en Venezuela. La Demandada no lo niega. Para resolver esta controversia, el Tribunal procederá de la siguiente forma:

- En primer lugar, explicará los requisitos de la expropiación en el APRI (A);

- En segundo lugar, establecerá los hechos probados (B);

- A continuación, determinará si los hechos pueden ser subsumidos dentro del estándar de expropiación (C);

- Para posteriormente analizar si se cumplen los requisitos para la expropiación legítima del APRI (D).

A. Requisitos de la expropiación en el APRI

323.
Los preceptos transcritos se expresan en términos de prohibición: imponen a la República Bolivariana de Venezuela (y también al otro Estado) que se abstenga de adoptar "medidas expropiatorias", salvo que éstas reúnan determinados requisitos: interés público, debido proceso, no discriminación y compensación adecuada.

Medidas

324.
El concepto de "medida", que no se encuentra definido el APRI, debe entenderse en sentido amplio. Así se desprende (aplicando el artículo 31(1) de la CVDT) del propio texto del APRI, que añade al substantivo el adjetivo "alguna", para resaltar su amplio alcance. Abarca, por consiguiente, todo tipo de actos administrativos, legislativos o judiciales, realizados por cualquiera de los Poderes que integran la República Bolivariana (o por cualquier otra entidad de cuyos actos la República sea responsable de acuerdo con el Derecho internacional), y prohíbe que dichos actos resulten en una expropiación, una nacionalización o en una medida equivalente.
325.
El APRI no define los conceptos de "expropiación", "nacionalización" ni "medida equivalente", y esta laguna debe integrarse en base a los principios del Derecho internacional.

Expropiación

327.
Inversor e inversión son conceptos definidos en el APRI, y el Tribunal ya ha concluido que la Demandante es inversora a los efectos del Tratado, y que es titular de una inversión protegida, materializada en las Plantas335.

Nacionalización

328.
"Nacionalización" es un concepto análogo al de expropiación, con el añadido que con frecuencia recae sobre sectores completos de la economía y que el Estado normalmente hace suya la inversión de la que ha desposeído al inversor336.

Medidas equivalentes

329.
El tercer concepto utilizado por el artículo 6 del APRI es el de "medidas que tuvieren un efecto equivalente". El circunloquio engloba lo que se suele conocer como expropiación regulatoria o indirecta. Se trata de actos legislativos o administrativos adoptados por un Estado, normalmente en ejercicio de sus facultades de regulación o policía, pero que se traducen en una interferencia significativa en el uso y disfrute de la inversión, pudiendo no llegar necesariamente a privar al inversor de la titularidad y control de su inversión.

Excepciones

330.
La prohibición de adoptar medidas expropiatorias, de nacionalización o equivalentes no es absoluta. El APRI las permiten, siempre que se cumpla una triple condición (y además se pague la correspondiente indemnización):

- Que obedezcan a causa de utilidad pública;

- Que no sean discriminatorias; y

- Que se adopten con el "debido procedimiento jurídico".

331.
Una expropiación legítima obliga adicionalmente al pago de una compensación "justa", que

- Debe representar el valor de mercado de la inversión expropiada;

- En el momento "inmediatamente antes de tomarse las medidas o antes de que las medidas inminentes se hagan del conocimiento público, cualquiera que ocurra antes";

- "incluirá intereses a una tasa comercial normal hasta la fecha de pago"; y

- "será pagada y hecha transferible sin demora indebida";

- "en cualquier moneda de libre convertibilidad aceptada por los reclamantes"

B. Hechos probados

332.
Los hechos probados relevantes para determinar si se produjo una expropiación son los siguientes (una exposición más exhaustiva se encuentra en los párrafos 85a 153 supra);
333.
(i) En la noche 25 de octubre de 2010 el Presidente Chávez realizó una emisión televisiva anunciando la inmediata expropiación de las Empresas venezolanas propiedad de Owens-Illinois. Fue ésta la primera noticia de que la República Bolivariana tenía la intención de expropiar las Empresas.

El Decreto de Expropiación

334.
(ii) Al día siguiente, el 26 de octubre de 2010, la República Bolivariana promulgó el Decreto de Expropiación formalizando, con carácter de urgente, la adquisición forzosa de:

- los bienes propiedad de OIdV,

- las Plantas de OIdV y Favianca, incluyendo los bienes muebles que formen parte o se hallen dentro de dichos inmuebles,

- los medios de transporte utilizados en los procesos de OIdV que fueran necesarios para ejecutar su obra y

- cualesquiera otros bienes tangibles que formen parte de OIdV y sean necesarios para ejecutar el cometido de la obra "fortalecimiento de la capacidad industrial del sector público en la fabricación de envases de vidrio para el pueblo venezolano" ["Obra Fortalecimiento del Vidrio"]337.

335.
Según el Decreto de Expropiación los bienes expropiados pasaron a formar parte del patrimonio de la República, por órgano del MINCIT, de conformidad con el art. 11 de la LECUPS338.

La medida preventiva de ocupación dictada por INDEPABIS

336.
(iii) Al día siguiente, 27 de octubre de 2010, el INDEPABIS - el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios - acudió a la planta de Valera, propiedad de Favianca para "practicar medida preventiva de ocupación temporal" al amparo de los artículos 111 y 112 de la Ley de INDEPABIS339. Un día después nombró la junta administradora a la que se le encargó la administración de la empresa340.
337.
(iv) En la planta de Los Guayos, propiedad de OIdV, los hechos se desarrollaron de forma algo diferente. El día 29 de octubre de 2010 el INDEPABIS acudió a esa fábrica con la finalidad de realizar una auditoría341. Tras determinar supuestos incumplimientos de la Ley INDEPABIS, el INDEPABIS dictó una "medida preventiva de ocupación y operatividad temporal por un lapso de noventa (90) días [...]" y creó una junta administradora temporal342.
338.
El resultado de los dos actos dictados por el INDEPABIS fue que con efecto 29 de octubre de 2010 la República Bolivariana había tomado posesión física de las Plantas de Valera y Los Guayos y ejercía control efectivo sobre ellas.

La medida cautelar de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

339.
(v) Unas semanas después, el 18 de noviembre de 2010, la PGR presentó a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo una solicitud de medida cautelar innominada y anticipada de ocupación, posesión y uso sobre los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías presuntamente propiedad de OIdV y de Favianca343. La solicitud se fundamentó en el poder cautelar del Juez contencioso administrativo y la urgencia de la realización de la Obra Fortalecimiento del Vidrio344. El 20 de diciembre de 2010, la Corte, sin dar audiencia a la Demandante:

- Dictó la medida cautelar solicitada, y

- Acordó la constitución de una junta administradora ad hoc, designada por el MINCIT, para administrar, organizar y controlar las Empresas345.

Esta medida anticipativa fue posteriormente acumulada al juicio expropiatorio346, pasando a ser la medida instrumental de ocupación en ese juicio.

340.
(vi) Tres meses después, el 11 de marzo de 2011347, el MINCIT efectivamente constituyó la Junta Administradora ad hoc. Unos días después, el 16 y 25 de marzo de 2011, respectivamente, los Juzgados Ejecutores de los municipios de Los Guayos y Valera:

- Ejecutaron la medida cautelar anticipada acordada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para la ocupación, posesión y uso de los activos de las Empresas;

- Instalaron la Junta Administradora ad hoc; y

- Dispusieron que las cuentas bancarias de las Empresas fuesen movilizadas únicamente con la autorización expresa de la junta administradora ad hoc348.

341.
La administración de las Plantas, encomendada inicialmente al INDEPABIS, pasó pues, sin solución de continuidad, a la junta administradora ad hoc ordenada por la Corte de lo Contencioso-Administrativo y controlada por el MINCIT.
342.
Finalmente, la República Bolivariana creó una empresa pública adscrita al MINCIT, Venvidrio, que el 30 de abril de 20011 asumió la gestión directa de las Plantas349. Venvidrio también se apropió de los saldos en las cuentas bancarias pertenecientes a las Empresas350.

Procedimiento de expropiación según la LECUPS

343.
(vii) Aunque la República Bolivariana tiene el control material y la posesión de los activos expropiados, al menos desde el 29 de octubre de 2010, la transferencia formal de la titularidad aún está pendiente, puesto que el procedimiento de expropiación de la LECUPS continúa su curso en los Tribunales venezolanos, sin que hasta la fecha haya recaído resolución definitiva351.
344.
La PGR comenzó la fase de arreglo amigable dispuesta en la LECUPS a finales de 20 1 0352 y propuso que las partes firmaran un Acta de Inicio de Arreglo Amigable el 17 de noviembre de 2010353. Poco tiempo después, el 9 de diciembre de 2010, OIdV escribió al Ministro Menéndez comunicando que las Empresas

"no participarían en los procedimientos expropiatorios iniciados por la Procuraduría General de la República ni tampoco firmarían el acta propuesta a propósito de dichos procedimientos, ya que se encuentran en desacuerdo con los términos de la misma"354.

Adicionalmente, OIdV afirmó que la justa indemnización se debía configurar en aplicación de las disposiciones del APRI355.

345.
En vista de que las partes no lograron llegar a un acuerdo amigable, la PGR inició el 14 de marzo de 2011 el procedimiento judicial bajo la LECUPS, interponiendo una solicitud de expropiación ante las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo solicitando

"la expropiación de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las sociedades mercantiles OWENS ILLINOIS DE VENEZUELA, C.A., y FÁBRICA DE VIDRIOS LOS ANDES, C.A., (FAVIANCA)"356.

346.
El 5 de abril de 2011, el mismo día en que fue creada Venvidrio, el Juzgado de Sustanciación del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en la cual se admitió la solicitud de expropiación formulada por la PGR y se ordenó la notificación a los propietarios de las Empresas a fin de practicarse las respectivas inspecciones judiciales357. Posteriormente el juicio de expropiación fue acumulado con la medida cautelar que había acordado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo358. Actualmente los Tribunales contencioso-administrativos continúan sustanciando el juicio expropiatorio359.

Negociaciones relativas a la indemnización

347.
(viii) Durante los meses de enero a julio de 2011 las Empresas y la Demandada realizaron cuatro reuniones con el fin de determinar la indemnización debida360.
348.
En la reunión del 17 de marzo de 2011, la Demandante presentó una valoración algo superior a USD 1000 millones por el 100% de las Empresas361. En la reunión siguiente, el 11 julio de 2011, la Demandada realizó una contraoferta de USD 100-120 millones362. La reunión concluyó sin llegar a un acuerdo363.
349.
(ix) Transcurridos más de cuatro años desde la expropiación de las Plantas, la Demandada todavía no ha pagado indemnización alguna a la Demandante364.

C. Subsunción de los hechos en el concepto de expropiación

350.
Los hechos probados muestran

- Que la Demandante, a través de su participación accionarial de control en dos sociedades venezolanas, OIdV y Favianca, era titular de una inversión en la República Bolivariana, materializada en las Plantas,

- Que la República Bolivariana ha dictado un Decreto, ordenando la "adquisición forzosa" de las Plantas y de ciertos activos ancilares,

- Que desde el 29 de octubre de 2010 la posesión y gestión de las Plantas ha sido asumido por órganos o entidades que forman parte de la Demandada,

- Que habiendo sido OIdV y Favianca, e indirectamente OIEG, privadas del uso y disfrute de los activos.

351.
En opinión del Tribunal los hechos encajan nítidamente en el supuesto de hecho que subyace al art. 6 del APRI: la República Bolivariana de Venezuela ha tomado una medida de expropiación, y más concretamente de nacionalización, con respecto a una inversión protegida por el Tratado.
352.
En efecto:

Medida expropiatoria...

353.
La Demandante señala que la expropiación adoptó la forma de un Decreto de Expropiación, mediante el cual sus Empresas fueron reducidas a meras cáscaras vacías, despojadas de todo uso práctico y económico, y todos sus activos sometidos a una adquisición forzosa en favor del Estado.
354.
Nada hay que objetar a esta concepción.

… y de nacionalización