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Lawyers, other representatives, expert(s), tribunal’s secretary

Laudo

CUADRO DE ABREVIATURAS
Anexo C- Anexos de las Demandantes
Anexo R- Anexos de la Demandada
APPRI/Tratado/ APPRI Perú-Francia Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 6 de octubre de 1993
Audiencia Audiencia celebrada del 7 al 14 de noviembre de 2013
CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
CNTA Comisión Nacional Técnica de Arqueología
CNTCPA Comisión Nacional Técnica Calificadora de Proyectos Arquitectónicos
Comisión Ad-Hoc Comisión creada por la Resolución Directoral del INC n.o 508/INC del 12 de julio de 2004
Comisión de Historiadores Comisión creada por la Resolución Directoral del INC n.o 1260/INC del 26 de noviembre de 2004
Convenio CIADI Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados
C-PHB 1 Primer Escrito de Alegatos Post Audiencia de las Demandantes del 31 de enero de 2014
C-PHB 2 Segundo Escrito de Alegatos Post Audiencia de las Demandantes del 28 de febrero de 2014
C-Réplica Escrito de Réplica de las Demandantes sobre los Méritos y Escrito de Contestación al Memorial de Jurisdicción del 26 de marzo de 2013
DTD Declaración testimonial de las Demandantes
INC Instituto Nacional de Cultura
MDC Ministerio de Cultura
PO 1 Resolución Procesal n.o 1 del 4 de mayo de 2012
R-CM Memorial de Objeciones a la Jurisdicción y Contra-Memorial de Méritos de las Demandadas del 21 de diciembre de 2012
R-Dúplica Dúplica de la Demandada sobre Méritos y Jurisdicción del 1 de julio de 2013
RFA Solicitud de Arbitraje de las Demandantes del 17 de mayo de 2011
R-PHB 1 Primer Escrito de Alegatos Post Audiencia de la Demandada del 31 de enero de 2014

R-PHB 2 Segundo Escrito de Alegatos Post Audiencia de la Demandada del 28 de febrero de 2014
RWS Declaración testimonial de la Demandada
Tr. [página: línea] Transcripción de la audiencia (versión en inglés)

I. INTRODUCCIÓN

1.
Éste es un arbitraje sometido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el "CIADI") en virtud del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados del 18 de marzo de 1965 (el "Convenio CIADI") y el Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Francia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 6 de octubre de 1993 (el "APPRI Perú-Francia", el "APPRI" o el "Tratado")1.

A. LAS PARTES

1. Las Demandantes

2.
Las Demandantes en el presente arbitraje son la Sra. Renée Rose Levy (la "Sra. Levy"), nacional de Francia, y Gremcitel S.A. ("Gremcitel"), una sociedad constituida conforme a las leyes de la República del Perú, con sede en Lima (en conjunto, las "Demandantes").
3.
Las Demandantes han sido representadas en el presente arbitraje por:

Hasta el 6 de mayo de 2014:

Carlos Paitán Contreras Christian Carbajal Valenzuela José Salcedo Machado

Danny Quiroga Anticona

ESTUDIO PAITAN & ABOGADOS Av. Manuel Olguín N° 501 Ofic. 1007 Centro Empresarial Macros

Santiago de Surco Lima, 33, Perú

A partir del 6 de mayo de 2014:

Fernando Olivares Plácido Avenida Brasil n.o 2959 Dpto. 1101 Magdalena del Mar Lima, 17, Perú

y

lsy Ralph Levy Calvo

Avenida Angamos Este n.o 1551

Tercer Nivel, oficina 65

Surquillo

Lima, 34, Perú

2. La Demandada

4.
La Demandada es la República del Perú (el "Perú" o la "Demandada").
5.
La Demandada ha sido representada en el presente arbitraje por:

Carlos Valderrama Bernal Presidente de la Comisión Especial que Representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión

Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Cuzco 177 - Edificio Banco de

Materiales - Piso 5 Lima - Lima, Perú y

Stanimir Alexandrov Jennifer Haworth McCandless Marinn Carlson

Sidley Austin LLP 1501 K Street, N.W.

Washington, DC. 20005, EEUU y

Juan Pazos

Jorge Masson

Ricardo Puccio

Francisco Navarro Grau

Estudio Navarro, Ferrero & Pazos

Av. del Parque 195

San Isidro, Perú

B. PERSPECTIVA GENERAL DE LA DIFERENCIA

6.
La presente sección proporciona un panorama general de los principales hechos del caso. Su finalidad es poner la controversia en contexto, sin pretender brindar una descripción exhaustiva de todos los hechos pertinentes a la controversia..

1. La privatización de tierras

7.
La controversia involucra tres terrenos (llamados "La Herradura", "Punta del Sol" y "La Chira"), ubicados sobre la costa peruana del Pacífico, cerca de Lima, dentro de la municipalidad de Chorrillos. Los tres lotes son adyacentes al denominado "Morro Solar", una zona donde se dice que se libró una de las batallas más importantes de la historia peruana, la Batalla de San Juan y Chorrillos, que ocurrió en 1881 durante la Guerra del Pacífico entre el Perú y Chile ("la Batalla").
8.
El 19 de septiembre de 1977, cerca del centenario de la Batalla, el Ministerio de Vivienda y Construcción emitió la Resolución n.o 2019-77-VC-1100 (la "Resolución de 1977") que declaraba intangible el Morro Solar2.
9.
El 30 de diciembre de 1986, el Instituto Nacional de Cultura del Perú ("INC") emitió la Resolución n.o 794-86-ED (la "Resolución de 1986")3, por medio de la cual, el INC declaró "Monumentos" ciertos edificios y terrenos, incluido el Morro Solar.
10.
El alcance y la importancia de las Resoluciones de 1977 y 1986 es controvertido entre las Partes.
11.
En 1995 la municipalidad de Chorrillos celebró un proceso de concurso público (con el nombre de "Concurso de Proyectos Integrales") para vender los tres terrenos a personas privadas en función de los proyectos que los individuos presentaron para el desarrollo de la tierra4. Como resultado de dicho proceso, los tres terrenos fueron transferidos al oferente ganador5.
12.
El 21 de agosto de 1995, La Herradura fue adjudicada a la empresa JC Contratistas Generales EIRL ("JC Contratistas"). El contrato de compraventa del terreno se suscribió el 22 de agosto de 19956. El 8 de septiembre de 1995, Gremco, una empresa peruana que pertenece al Grupo Levy7, compró el terreno a JC Contratistas por 3 millones de dólares estadounidenses8. El contrato de compraventa fue aprobado por la municipalidad de Chorrillos el 12 de septiembre de 1995.
13.
El 7 de noviembre de 1995 la municipalidad de Chorrillos adjudicó el concurso relativo a Punta del Sol a Gremco, y el contrato de compraventa del terreno fue suscrito el 15 de noviembre de 1995. Gremco acordó pagar 1 millón de dólares estadounidenses por el terreno, más 3,3 millones de dólares estadounidenses en obras de construcción pública como pago en especie9.
14.
El 18 de diciembre de 1995 se adjudicó a Gremco el tercer terreno, La Chira. El contrato pertinente de compraventa fue suscrito el 28 de diciembre 1995. Gremco acordó pagar 1 millón de dólares estadounidenses por el terreno, más 2,5 millones de dólares estadounidenses en obras de construcción pública como pago en especie10.
15.
El contrato de venta de La Herradura contiene la siguiente cláusula:

"6.03. De ser necesario, y a solicitud la compradora, la Municipalidad [de Chorrillos] deberá prestar su apoyo oficial en las gestiones que la compradora deba efectuar ante la municipalidad de Lima [...] así como ante cualquier otra autoridad competente para la obtención de las autorizaciones que se precisen para un adecuado desarrollo del Proyecto [...]"11.

16.
Los contratos de compraventa de La Chira y Punta del Sol contienen términos similares12.
17.
Los efectos legales específicos de los tres contratos son cuestiones controvertidas por las Partes. Si bien para las Demandantes crearon sobre el Perú una obligación de facilitar la ejecución del proyecto y de emitir las autorizaciones necesarias a tal fin13, la Demandada sostiene que dichos contratos no otorgaron a Gremco el derecho a desarrollar la tierra sin las restricciones legales que eran aplicables a dichas zonas14.
18.
Los tres proyectos fueron posteriormente consolidados por Gremco en el "Proyecto Costazul", un "megaproyecto urbano" de turismo y bienes raíces15.
19.
Ciertas diferencias entre Gremco y la municipalidad de Chorrillos sobre las obligaciones en virtud de las mencionadas escrituras de compraventa fueron sometidas a un proceso interno de arbitraje conforme a las cláusulas de arbitraje de esos instrumentos. En el arbitraje se dictó un laudo el 15 de enero de 2001, mediante el cual se declararon válidas las escrituras de compraventa y se ordenó a la municipalidad cumplir con sus obligaciones relativas a ciertas inscripciones en el registro público y la entrega de la propiedad de ciertas áreas del terreno16.
20.
Entre 2003 y 2004, la empresa peruana Gremcitel, la otra Demandante en este arbitraje, adquirió los terrenos y derechos de Gremco relativos al Proyecto Costazul. Tanto Gremcitel como Gremco son, según las Demandantes, parte del Grupo Levy17. El precio acordado para la venta de La Herradura y La Chira fue de 60 millones de dólares estadounidenses, que se pagarían con el flujo futuro de fondos que resultara de los proyectos en ambos lotes18. El contrato también disponía que Gremco retendría el 99% de las ganancias futuras del Proyecto Costazul y Gremcitel solo recibiría 1% como cargo por gestión del proyecto. El pago de ambos lotes fue posteriormente suspendido en virtud de un acuerdo entre Gremco y Gremcitel19. En este sentido, la Demandada alega que nunca se abonó ningún pago por dicha venta20.
21.
La escritura de compraventa de Punta del Sol fue suscrita el 15 de enero de 2004 y disponía el pago de 42 144 520 nuevos soles peruanos (equivalente a 12 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente) que se pagarían luego de un período de gracia de 5 años21. Las Partes acordaron que Gremcitel pagaría el valor de la tierra mediante la suscripción de un contrato de publicidad a fin de promover el Proyecto Costazul. El período de gracia se amplió posteriormente hasta 202022.

2. Los sucesos hasta octubre de 2007

22.
Luego de que Gremco adquirió la tierra de la municipalidad de Chorrillos, hubo varias interacciones entre Gremco (y posteriormente Gremcitel) y distintas autoridades gubernamentales y municipales, bajo la forma de intercambios de correspondencia, solicitudes de permisos o autorizaciones, e informes. El objeto de muchos de estos intercambios con las autoridades peruanas era que Gremco/Gremcitel pudieran identificar zonas potenciales con restricciones para el desarrollo. La presente sección resume aquellos intercambios de mayor importancia y otros hechos que involucran a la Autoridad del Proyecto Costa Verde (a.), el Instituto Nacional de Cultura (b.) y la municipalidad de Chorrillos (c.).

a. La Autoridad del Proyecto Costa Verde

23.
La Autoridad del Proyecto Costa Verde ("APCV") es una entidad gubernamental encargada de conservar, proteger y desarrollar de forma sostenida el ecosistema de la costa del Pacífico peruano denominado Costa Verde, que incluye los tres terrenos de las Demandantes. En particular, la APCV garantiza que todos los proyectos de la Costa Verde cumplan con el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde23.
24.
Una vez que La Herradura, La Chira y Punta del Sol fueron consolidados para formar el Proyecto Costazul, la APCV otorgó a Gremco una Certificación Previa de Adecuación de Iniciativa con el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde por medio de la Resolución 015-2003/MML/IMP, emitida por el Instituto Metropolitano de Planificación (la secretaría técnica del APCV) el 18 de junio de 200324.
25.
En agosto de 2006, Gremcitel solicitó la Certificación Final de Adecuación de una parte del terreno, que no ha sido emitida por la APCV hasta el momento. Dicha certificación se otorga luego de una revisión en profundidad del proyecto y es el paso final en la evaluación de la APCV.

b. El Instituto Nacional de Cultura25

26.
En julio de 2001, Gremco presentó al INC una propuesta de delimitación histórica del Morro Solar26. Un año más tarde, en mayo de 2002, Gremco y el INC firmaron un Convenio de Cooperación, cuyo objeto era "realizar acciones conjuntas para la delimitación de las zonas arqueológicas" ubicadas en la propiedad de las Demandantes27.
27.
Luego de dicho Convenio y de las investigaciones arqueológicas subsiguientes, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología ("CNTA") emitió el Acuerdo n.o 330 el 25 de junio de 2003 y determinó que "no exist[ían] nuevos argumentos para levantar la Intangibilidad del Morro Solar [...] y por tanto, ratifica su carácter Monumental estipulado por [la Resolución de 1977]"28. Dicho acuerdo también dispuso que "Gremco S.A. deberá presentar y ejecutar un Proyecto de Evaluación con fines de Delimitación; Prospección y Excavaciones Restringidas" de una parte de su terreno29.
28.
La CNTA asimismo remitió el expediente a la Comisión Nacional Técnica Calificadora de Proyectos Arquitectónicos ("CNTCPA") a cargo de la evaluación del patrimonio cultural histórico, y no arqueológico, del Perú30. En su Acuerdo n.o 1 del 11 de agosto de 2003, la CNTCPA manifestó que "concuerda técnicamente en todos sus extremos con lo opinado por la [CNTA] en el Acuerdo n.o 330" y brindó instrucciones a Gremco sobre cómo gestionar los sitios arqueológicos e históricos hallados en su tierra, enfatizando que todo plan de desarrollo urbano debía presentarse al INC para su aprobación31.
29.
Luego de un pedido de reevaluación realizado por Gremco, el INC celebró una sesión especial conjunta de la CNTA y la CNTCPA, que emitió un Acuerdo Único el 10 de diciembre de 200332. En dicho acuerdo, las dos Comisiones ratificaron el Acuerdo n.o 330, y por tanto, mantuvieron la intangibilidad del Morro Solar.
30.
Esa misma fecha, Gremco presentó al INC un informe relativo a la implementación de su Convenio de Cooperación, con una propuesta de delimitación de las zonas arqueológicas e históricas33.
31.
Asimismo, el 23 de diciembre de 2003, Gremco envió al INC una carta con un informe legal, en la que alegaba que el Acuerdo No. 330 era nulo34. Entre marzo y abril de 2004, Gremco envió numerosas cartas al INC sobre la delimitación de los sitios arqueológicos e históricos, en las que, nuevamente, criticaba el Acuerdo n.o 330 por la adopción de criterios de delimitación distintos que los aplicados con respecto a otros sitios arqueológicos de Lima35, sugería que cada sitio arqueológico fuera delimitado de forma individual36 y explicaba que la Batalla no tuvo lugar en la tierra de Gremco37.
32.
Luego de dicha correspondencia, la CNTA emitió el Acuerdo n.o 197 el 25 de mayo de 200438, que delimitó las zonas arqueológicas individuales. Mediante dicho acuerdo, se redujo el área considerada intangible por motivos arqueológicos.
33.
El 12 de julio de 2004, la INC designó una Comisión Ad-Hoc "encargada de evaluar y opinar sobre la situación de los terrenos de propiedad de Gremco"39. La Comisión Ad-Hoc emitió un informe el 14 de octubre de 2004 con recomendaciones sobre la delimitación de las zonas arqueológicas e históricas pertinentes dentro de los terrenos de Gremco. En especial, la Comisión Ad-Hoc emitió las siguientes "recomendaciones", cuyo alcance e importancia son controvertidos:

"1. Que el Instituto Nacional de Cultura determine el área intangible, delimitándose el área correspondiente a la zona histórica del Morro Solar declarada Monumento Histórico, reconociendo para el área monumental como la zona que alberga a las ceremonias protocolares actuales y que incluyen el Monumento al Soldado Desconocido, el monumento al General Iglesias, el Observatorio, el Obús, la Cruz del Morro y la Capilla de la Virgen del Morro.

2. Como consecuencia de lo anterior, que el Instituto Nacional de Cultura solicite al Ministerio de Educación que, en ejercicio de sus atribuciones, perfeccione la Resolución Ministerial N° 794-86-ED y establezca los linderos del mencionado Monumento Histórico"40.

34.
El 26 de noviembre de 2004, el INC emitió la Resolución n.o 1260/INC41, que establecía algunos Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos ("CIRA") para zonas libres de restos arqueológicos. Entre los años 2005 y 2007, el INC emitió otros CIRA42. Las Demandantes afirman que para el momento en que se adoptó la Resolución n.o 1342/INC de 2007 (descrita a continuación) ya se habían emitido cinco CIRA a su favor, que certificaban que alrededor del 80% de sus terrenos estaba libre de restos arqueológicos que impidieran el desarrollo del proyecto43.

c. La municipalidad de Chorrillos

3. Resolución n.o 1342/INC del 10 de octubre de 2007

II. HISTORIA PROCESAL

A. ETAPA INICIAL

38.
El 5 de noviembre de 2010, las Demandantes iniciaron un período de negociación de 6 meses en virtud del artículo 8 2) del APPRI52. Los esfuerzos de negociación fueron reiterados el 6 de diciembre de 201053 y el 11 de marzo de 201154.
39.
El 9 de mayo de 2011, las Demandantes consideraron que el período de negociación había concluido y expresaron su aceptación de la oferta de arbitraje contenida en el APPRI55.
40.
El 17 de mayo de 2011, las Demandantes presentaron su Solicitud de arbitraje. El 24 de junio de 2011, la Secretaria General del CIADI registró la Solicitud.
41.
El 29 de agosto de 2011, luego de su designación por las Demandantes, Eduardo Zuleta, nacional de Colombia, aceptó su nombramiento como árbitro. El 21 de septiembre de 2011, luego de su designación por la Demandada, Raúl Vinuesa, nacional de Argentina y España, aceptó su nombramiento como árbitro. El 21 de noviembre de 2011, luego de su designación por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, Gabrielle Kaufmann-Kohler, nacional de Suiza, aceptó su nombramiento como presidente del Tribunal.
42.
El 22 de noviembre de 2011, de conformidad con la regla 6 1) de las Reglas de Arbitraje, se consideró que el Tribunal estaba constituido y que el procedimiento había comenzado. Esa misma fecha, el Centro informó a las Partes que la Sra. Alicia Martín Blanco, Consejera Jurídica del CIADI, actuaría como Secretaria del Tribunal.
43.
El 19 de abril de 2012, el Tribunal y las Partes celebraron una primera sesión en Washington, D.C.
44.
El 4 de mayo de 2012, el Tribunal emitió la Resolución Procesal n.o 1 sobre asuntos procesales y el calendario procesal.

B. ETAPA ESCRITA SOBRE JURISDICCIÓN Y FONDO

45.
El 17 de agosto de 2012, las Demandantes presentaron su Memorial sobre Méritos, con una declaración testimonial y tres informes periciales.
46.
El 21 de diciembre de 2012, la Demandada presentó un Memorial sobre Jurisdicción y el Contra-Memorial de Méritos, con seis declaraciones testimoniales y tres informes periciales.
47.
La Demandada presentó una solicitud de exhibición de documentos el 22 de enero de 2013. Las Demandantes presentaron una solicitud de exhibición de documentos el 25 de enero de 2013.
48.
El 19 de febrero de 2013, el Tribunal emitió la Resolución Procesal n.o 2 sobre la exhibición de documentos.
49.
El 26 de marzo de 2013, las Demandantes presentaron su Escrito de Réplica sobre los Méritos y Escrito de Contestación al Memorial de Jurisdicción, con tres declaraciones testimoniales y cinco informes periciales.
50.
El 28 de mayo de 2013, el Tribunal emitió la Resolución Procesal n.o 3 sobre nuevas solicitudes de exhibición de documentos realizadas el 24 de abril de 2013 por la Demandada y el 2 de mayo de 2013 por las Demandantes.
51.
Mediante carta del 1 de julio de 2013, la Demandada presentó una Dúplica sobre Méritos y Jurisdicción. Explicó que había incluido en su escrito una pequeña sección sobre jurisdicción puesto que había recibido, por medio de la exhibición de documentos que se llevó a cabo luego de entregar el Memorial sobre Jurisdicción y Contra-Memorial de Méritos, nuevos documentos vinculados con la jurisdicción que no había podido abordar previamente.
52.
Mediante carta del 17 de julio de 2013, las Demandantes solicitaron al Tribunal que no dividiera el proceso entre jurisdicción y fondo. El 24 de julio de 2013, la Demandada expresó su acuerdo de llevar a cabo un proceso no bifurcado. El 30 de julio de 2013, el Tribunal confirmó, por tanto, que la Audiencia trataría sobre cuestiones de jurisdicción y fondo.
53.
El 30 de septiembre de 2013, el Tribunal celebró una audiencia preliminar con las Partes por medio de conferencia telefónica.
54.
El 2 de octubre de 2013, el Tribunal emitió la Resolución Procesal n.o 4 sobre la organización de la Audiencia.
55.
El 24 de octubre de 2013, el Tribunal, a pedido de las Demandantes y luego de haber escuchado a la Demandada, otorgó a las Demandantes permiso para agregar dos documentos nuevos al expediente.

C. AUDIENCIA DE NOVIEMBRE Y PRESENTACIONES POSTERIORES

56.
Del 7 al 14 de noviembre de 2013, se celebró en Washington, D.C. la Audiencia sobre jurisdicción y fondo. Las siguientes personas participaron en la Audiencia:

A. Por el Tribunal

• Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler, presidente del Tribunal

• Dr. Eduardo Zuleta, árbitro

• Prof. Raúl Vinuesa, árbitro

B. Por la Secretaría

• Sra. Alicia Martín Blanco, secretaria del Tribunal (CIADI)

C. Por las Demandantes

• Sr. Carlos Paitán, Estudio Paitán & Abogados

• Sr. Christian Carbajal, Estudio Paitán & Abogados

• Sr. Danny Quiroga, Estudio Paitán & Abogados

• Sr. José Salcedo, Estudio Paitán & Abogados

• Sr. Fernando Olivares, Estudio Paitán & Abogados

• Sra. Renée Rose Levy, Demandante

• Sr. Isy Levy, Representante de las Demandantes

• Sr. Jorge Barragán, testigo

• Sr. Dany Chumbes, testigo

• Sr. Guillermo Cock, testigo

• Sra. Claudette Joseph, perito

• Sr. Ian Sandy, perito

• Sr. Cristóbal Aljovín, perito

• Sr. Richard Martin, perito

• Sr. Martín D'Azevedo, perito

• Sr. Richard Marchitelli, perito

• Sr. John Ferro, perito en daños

• Sr. José Rivas, perito en daños

• Sr. David Benick, perito en daños

D. Por la Demandada

• Sr. Stanimir Alexandrov, Sidley Austin LLP

• Sr. Andrew Blandford, Sidley Austin LLP

• Sr. Samuel Boxerman, Sidley Austin LLP

• Sra. Marinn Carlson, Sidley Austin LLP

• Sr. Gavin Cunningham, Sidley Austin LLP

• Sra. María Carolina Durán, Sidley Austin LLP

• Sra. Jennifer Haworth McCandless, Sidley Austin LLP

• Sra. Courtney Hikawa, Sidley Austin LLP

• Sr. Trey Hilberg, Sidley Austin LLP

• Sr. Joseph Zaleski, Sidley Austin LLP

• Sra. Anastassiya Chechel, Sidley Austin LLP

• Sr. Ricardo Puccio, Estudio Navarro Ferrero & Pazos

• Sr. Jorge Masson, Estudio Navarro Ferrero & Pazos

• S.E. Harold Forsyth, Embajador Peruano en los Estados Unidos

• Sra. Erika Lizardo, Embajada de la República del Perú en Washington D.C.

• Sra. Cecilia Galarreta, Embajada de la República del Perú en Washington D.C.

• Sr. Carlos José Valderrama, Presidente de la Comisión Especial, Ministerio de Economía y Finanzas, República del Perú

• Sra. Milagros Miranda, Misión Peruana ante las Naciones Unidas en Nueva York

• Sr. Edwin Benavente, testigo

• Sra. Maria Elena Córdova, testigo

• Sra. Ruth Fernández, testigo

• Sra. Ana María Hoyle, testigo

• Sra. Elda Juárez, testigo

• Sr. David de Lambarri, testigo

• Sr. Guillermo Málaga, testigo

• Sr. Nelson Manrique, testigo

• Sr. Daniel Alegre, perito

• Sr. Guillermo García Montúfar, perito

• Sra. Sheila Harris, perito

• Sr. Brent Kaczmarek, perito

• Sra. Isabel Kunsman, perito

• Sr. Juan Pablo de la Puente, perito

57.
El 18 de noviembre de 2013, el Tribunal emitió la Resolución Procesal n.o 5 sobre asuntos procesales y el calendario procesal.
58.
De conformidad con el calendario procesal, las Partes presentaron de forma simultánea los escritos de alegatos post audiencia el 31 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2014.
59.
El 28 de marzo de 2014, las Partes presentaron sus respectivas declaraciones de costos. El 11 de abril de 2014, la Demandada expresó que no tenía comentarios sobre la declaración de costos de las Demandantes.
60.
El 6 de mayo de 2014, las Demandantes informaron al Tribunal que no continuarían con la representación del Estudio Paitán & Abogados, y que la correspondencia en adelante debía ser dirigida al Sr. Isy Levy y al nuevo abogado de las Demandantes, el Sr. Fernando Olivares Plácido.
61.
El Tribunal cerró el procedimiento el 11 de noviembre de 2014.

III. POSICIÓN DE LAS PARTES Y PETITORIO

A. LA POSICIÓN Y EL PETITORIO DE LAS DEMANDANTES

62.
En sus presentaciones escritas y orales, las Demandantes han formulado las siguientes alegaciones principales.

Sobre la jurisdicción

63.
El Tribunal Arbitral tiene jurisdicción sobre la presente controversia. Las Demandantes cumplen con los requisitos de nacionalidad establecidos en el artículo 25 del Convenio CIADI y el artículo 1 del APPRI. En particular, la Sra. Levy es nacional de Francia (y no tiene nacionalidad peruana), y ha sido dueña y controla Gremcitel, una empresa peruana, indirectamente desde 2005 (por medio de la empresa Hart Industries Ltd., en adelante, "Hart Industries") y directamente desde 2007. La propiedad y control de la Sra. Levy sobre Gremcitel le otorgan nacionalidad francesa a Gremcitel, de conformidad con el artículo 25 2) b) del Convenio CIADI y el artículo 8 3) del APPRI.
64.
Hay una controversia legal que es resultado directo de una inversión. El artículo 1 del APPRI define inversión en términos amplios, incluida la propiedad mueble e inmueble, acciones, obligaciones, derechos de ejecución con valor económico, y la inversión de las Demandantes cae dentro de dicha definición amplia.

Sobre el fondo

65.
La Demandada ha incumplido su obligación de brindar un trato justo y equitativo en virtud del artículo 3 del APPRI. En particular, las Demandantes sostienen los siguientes argumentos:

• La Demandada ha frustrado las legítimas expectativas de las Demandantes de que podrían desarrollar el Proyecto Costazul. La Resolución de 2007 le quitó el sentido a su inversión.

• Asimismo, la Demandada no actuó de forma transparente al excluir a las Demandantes del proceso de aprobación de la Resolución de 2007. Además, tanto la declaración de intangibilidad incluida en la Resolución de 2007 como la actuación "contradictoria y errática" del INC "no [se] podían predecir"56 y, por consiguiente, constituyen una violación a la obligación de mantener un marco legal estable.

• Más aun, la emisión de la Resolución de 2007 constituyó un acto arbitrario, puesto que carecía de fundamentos técnicos y objetivos, y estaba en contradicción con las disposiciones y reglamentaciones vigentes. Además, las Demandantes fueron víctimas de discriminación frente a ciertas poblaciones locales que, a pesar de residir en zonas del Morro Solar protegidas de manera similar, no fueron tratadas de la misma forma que las Demandantes.

• Finalmente, la Demandada realizó actos de mala fe, coerción o acoso hacia las Demandantes.

66.
Por lo antedicho, en su Réplica sobre los Méritos, las Demandantes solicitaron al Tribunal "establecer que el Tribunal cuenta con jurisdicción ante el reclamo de la Demandante y resulta admisible su reclamo". Las Demandantes solicitaron, además, que el Tribunal aceptara su reclamo sobre el fondo, que declarara la responsabilidad internacional del Perú por incumplimiento de sus compromisos internacionales en virtud del APPRI y que determinara en favor de las Demandantes el pago íntegro de los daños reclamados, que su perito, el Sr. Ferro, determinó en 41 000 millones de dólares estadounidenses57.
67.
En su último petitorio, las Demandantes solicitan al Tribunal:

"1) Asumir jurisdicción en todos los reclamos interpuestos por las Demandantes dirigidos contra la República del Perú en base del APPRI Perú-Francia.

2) Declarar la responsabilidad del Estado Peruano al vulnerar los compromisos internacionales asumidos en el APPRI Perú-Francia.

3) Establecer los daños incurridos y los intereses aplicados.

4) Requerir a la Demandada el pago de costas y costos asumidos por la Demandantes durante todo el proceso arbitral.

5) Establecer los daños y compensaciones adicionales que el Tribunal considere pertinentes"58.

B. LA POSICIÓN Y EL PETITORIO DE LA DEMANDADA

68.
En sus presentaciones escritas y orales, la Demandada formuló las siguientes alegaciones principales:

Sobre la jurisdicción/el abuso del proceso

69.
El Tribunal carece de jurisdicción sobre esta diferencia puesto que las Demandantes no son "inversores" dentro del significado del APPRI. La Sra. Levy no ha brindado pruebas fiables sobre su participación en Gremcitel, y la apurada transferencia de acciones que presuntamente la convirtió en accionista controladora de Gremcitel constituye un "abuso de proceso", realizada con el único fin de obtener la protección del APPRI Perú-Francia cuando la controversia ya había surgido o, al menos, era completamente previsible.
70.
Asimismo, el Tribunal carece de jurisdicción porque las Demandantes no tienen una "inversión" en virtud del Convenio CIADI o del APPRI. En efecto, no tienen "derecho a desarrollar" el denominado Proyecto Costazul, y la Sra. Levy no ha probado que haya realizado ningún aporte financiero para adquirir la inversión. Por lo tanto, no tomó ningún riesgo cuando, presuntamente, adquirió sus acciones de Gremcitel59.

Sobre el fondo

71.
Para el caso que el Tribunal determine que tiene jurisdicción sobre la controversia, la Demandada solicita al Tribunal que desestime los reclamos. En particular: i) las Demandantes no podían tener legítimas expectativas de desarrollar sus terrenos libres de restricciones; ii) el Perú ha actuado de forma transparente en todo momento, y la Resolución de 2007 debe considerarse una simple confirmación del marco legal establecido por las Resoluciones previas de 1977 y 1986; iii) la delimitación de la Resolución de 2007 no es arbitraria, puesto que se basó en una revisión histórica cuidadosa; y, finalmente, iv) el Perú no ha discriminado a las Demandantes ni ha cometido actos de coerción, acoso o de mala fe en su contra.
72.
Por lo antedicho, en su Dúplica sobre Méritos y Jurisdicción, la Demandada solicitó que "i) el Tribunal desestime los reclamos de las Demandantes por falta de jurisdicción; o, en el caso que el Tribunal determine que tiene jurisdicción; ii) desestime los reclamos de las Demandantes por falta de mérito" (traducción del Tribunal)60.
73.
Finalmente, la Demandada solicita, asimismo, que se determinen los costos a su favor, incluidos los honorarios de abogados incurridos en el presente proceso. La Demandada resalta que "numerosos sucesos durante la audiencia —por ejemplo, la decisión de las Demandantes de no interrogar a la Sra. Harris luego de solicitar su presencia en la audiencia y de abandonar los reclamos de transparencia— han incrementado sustancialmente los costos de la Demandada y constituyen motivos adicionales para determinar que los costos corran por cuenta de las Demandantes" (traducción del Tribunal)61.

IV. CUESTIONES PRELIMINARES

74.
Antes de considerar el fondo de las posiciones de las Partes, el Tribunal abordará la relevancia de decisiones o laudos anteriores 1) y el marco legal aplicable 2).

A. RELEVANCIA DE DECISIONES Y LAUDOS ANTERIORES

75.
En apoyo de sus posiciones, ambas Partes presentaron como fundamento decisiones o laudos previos, ya sea para concluir que la misma solución debe ser adoptada en el presente caso o para explicar por qué el Tribunal debe apartarse de la solución determinada por otro tribunal.
76.
El Tribunal considera que no está vinculado por decisiones previas del CIADI o de otros tribunales arbitrales. Por otro lado, el Tribunal opina que debe brindar una debida consideración a decisiones anteriores de tribunales internacionales y que, a menos que haya motivos de fuerza en contra, tiene el deber de seguir las soluciones establecidas en una serie de casos consistentes, comparables al caso en cuestión, pero sujeto, por supuesto, a los puntos específicos del tratado relevante y a las circunstancias del caso en sí. De esta forma, cumplirá con su deber de aportar al desarrollo armonioso del derecho de inversiones y así cumplir con las legítimas expectativas de la comunidad de Estados e inversores sobre certidumbre en la aplicación del derecho62.

B. MARCO LEGAL

77.
El presente arbitraje es en virtud del Convenio CIADI y el APPRI Perú-Francia. La interpretación de ambos instrumentos se rige por el derecho consuetudinario internacional codificado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena" o "CVDT").

V. JURISDICCIÓN/ABUSO DEL PROCESO

A. DERECHO APLICABLE A LA JURISDICCIÓN

78.
La jurisdicción del Tribunal se rige por el Convenio CIADI (1. a continuación) y por el APPRI (2. a continuación).

1. El Convenio CIADI

79.
La jurisdicción en virtud del Convenio CIADI se rige por el artículo 25, que establece:

"1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.

2) Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante":

a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado 3) del Artículo 28 o en el apartado 3) del Artículo 36, la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y

b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a control extranjero".

2. El APPRI

80.
El APPRI Perú-Francia fue suscrito en francés y español, y ambas versiones son igualmente auténticas63. Las Partes han hecho referencia, en especial, a la versión en español del Tratado. De hecho, sólo se ha incluido en el expediente la versión en español64. En la Audiencia, el Tribunal consultó a las Partes sobre posibles diferencias entre las versiones en francés y en español de ciertas disposiciones del Tratado, como resultado de lo cual la Demandada hizo referencia a la versión francesa del Tratado en sus escritos posteriores a la audiencia65.
81.
A continuación, se incluyen las disposiciones principales del APPRI en ambas versiones. El artículo 1 de la versión en español define "inversión", "nacional" y "sociedad" en los siguientes términos:

"1) El término "inversión" designa todos los activos tales como bienes, derechos e intereses de toda naturaleza y, en particular, aunque no exclusivamente:

a) Los bienes muebles e inmuebles, así como todo otro derecho real tales como las hipotecas, privilegios, usufructos, fianzas y derechos similares;

b) Las acciones, primas en emisión y otras formas de participación, sean minoritarias o indirectas, en las sociedades constituidas en el territorio de una de las partes contratantes;

c) Las obligaciones, acreencias y derechos a toda prestación que tenga valor económico;

d) Los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial (tales como patentes de invención, licencias, marcas registradas, modelos y diseños industriales), los procedimientos técnicos, los nombres registrados y la clientela;

e) Las concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrario, especialmente las concesiones relativas a la prospección, el cultivo, la extracción o la explotación de recursos naturales, incluso aquellas que se encuentran en el área marítima de las Partes Contratantes.

Dichos activos deben ser o haber sido invertidos conforme a la legislación de la Parte Contratante en el territorio o en el área marítima en la cual la inversión es efectuada, antes o después de la entrada en vigencia del presente Convenio.

Toda modificación de la forma de inversión de los activos no afecta su calificación de inversión, siempre que esta modificación no sea contraria ala legislación de la Parte Contratante en el territorio o en la zona marítima en la cual la inversión es efectuada.

2) El término "nacionales" designa toda persona física que posee la nacionalidad de una de las partes.

3) El término "sociedades" designa toda persona jurídica constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes conforme a la legislación de esta parte y que posee allí su sede social, o es controlada directa o indirectamente por nacionales de una de las Partes Contratantes, o por personas jurídicas que poseen su sede social en el territorio de una de las Partes Contratantes y constituidas conforme a la legislación de esta parte.

[…]"

82.
La versión del artículo 1 del Tratado en francés establece:

"1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;

c) Les obligations, créances et droits a toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits d' auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procèdes techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives a la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.

Lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément a la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectue, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, a condition que cette modification ne soit pas contraire a la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans Ia zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.

2. Le terme de « nationaux » désigne toute personne physique possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.

3. Le terme de « societes » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément a la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de J'une

des Parties contractantes et constituées conformément a la législation de celle-ci.

[...]"

83.
La versión en español del artículo 8 sobre solución de controversias establece:

"1) Toda controversia relativa a una inversión entre una parte y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante será amigablemente dirimida entre las partes en la controversia.

2) Si tal controversia no hubiese podido ser solucionada en un plazo de seis meses a partir del momento en que cualquiera de las partes en la controversia la hubiera planteado, será sometida, a pedido de cualquiera de las partes, al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas (CIADI), creado por la Convención para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, firmada en Washington el 18 de marzo de 1965.

3) Una persona jurídica constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes y que antes del surgimiento de la controversia estuviera controlada por los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante será considerada, para los efectos del artículo 25 (2) (b) de la convención mencionada en el párrafo (2) anterior, como sociedad de esa parte contratante.

4) Cada parte contratante otorga su consentimiento incondicional para someter las controversias al arbitraje internacional, de conformidad con las disposiciones de este artículo.

5) El laudo arbitral será definitivo y obligatorio".

84.
La versión en francés del artículo 8 establece:

"1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé a l'amiable entre les deux Parties concernées.

2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois a partir du moment ou il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis a la demande de l'une ou l'autre de ces parties a l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), crée par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée a Washington le 18 mars 1965.

3. Une personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui, avant que le différend ne soit soulevé, est contrôlée par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante est considérée pour l'application de l'article 25 (2, b) de la Convention mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus comme une société de l'autre Partie contractante.

4. Chacune des Parties contractantes donne son accord sans réserve au règlement des différends par recours a l'arbitrage international conformément aux dispositions de cet article.

5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires".

B. RESUMEN

85.
La Demandada ha formulado las siguientes objeciones en relación con la jurisdicción del Tribunal Arbitral66:

Primero, la Demandada alega que el Tribunal carece de jurisdicción en virtud del Convenio CIADI y del APPRI puesto que las Demandantes no han demostrado ser "inversoras" en virtud del APPRI al momento que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la controversia. Para la Demandada, los documentos que las Demandantes han presentado, que buscan probar la propiedad directa e indirecta de la Sra. Levy sobre Gremcitel en 2005 y 2007, están plagados de inconsistencias, correcciones manuscritas y aseveraciones que no pueden ser contrastadas. Además, Gremcitel no puede ser considerada como inversora en virtud del artículo 8 3) del APPRI puesto que no estaba controlada por un nacional de Francia antes de que surgiera la controversia del presente caso.

Segundo, la Demandada sostiene que la inversión de las Demandantes es un abuso de proceso. En opinión de la Demandada, las irregularidades de los documentos que buscan mostrar la presunta titularidad de la Sra. Levy y los testimonios de la Audiencia muestran que la Sra. Levy intentó adquirir participación en Gremcitel apresuradamente, cuando el gobierno adoptó o estaba por adoptar medidas clave. Dicha conducta prueba que la Sra. Levy adquirió su presunta participación en Gremcitel con el único objetivo de internacionalizar una controversia existente o previsible, y por lo demás puramente doméstica, lo que constituye un abuso de proceso.

Tercero, la Demandada sostiene que las Demandantes no tienen ninguna "inversión" de conformidad con el artículo 25 del Convenio CIADI o con el APPRI. Primero, las Demandantes no han probado tener en ningún momento un "derecho a desarrollar" el Proyecto Costazul, sobre el cual se basa su reclamo. Más aún, no han presentado pruebas de haber realizado aporte monetario alguno y, por tanto, no han asumido ningún riesgo en su presunta inversión.

86.
Las Demandantes han refutado las objeciones de la Demandada con los siguientes argumentos:

Primero, la Sra. Levy, nacional de Francia, adquirió control indirecto sobre Gremcitel en 2005 (cuando adquirió 33,3% de las acciones de Hart Industries, que era el principal accionista de Gremcitel) y control directo sobre Gremcitel en 2007 (cuando adquirió 58,82% de las acciones de Gremcitel). Por tanto, Gremcitel también debería ser considerada una sociedad francesa ya que se encontraba bajo control francés antes de que surgiera la controversia (de conformidad con el artículo 8 3) del APPRI y artículo 25 2) b) del Convenio CIADI).

Segundo, las Demandantes sostienen que la figura de abuso de proceso impone un estándar alto. La Demandada no ha establecido que las Demandantes hayan previsto el evento que dio pie a la controversia (es decir, la adopción de la Resolución de 2007) y que, en consecuencia, hayan manipulado la nacionalidad de Gremcitel para tener acceso al CIADI.

Tercero, las Demandantes han realizado una inversión al adquirir la tierra y el derecho asociado a desarrollarla, al tener derechos e intereses relacionados con la propiedad, así como permisos y otros tipos de autorizaciones. Dichos activos caen dentro de la definición amplia de inversión establecida en el artículo 1 del APPRI así como dentro del artículo 25 del Convenio CIADI. Más aún, las Demandantes sostienen que, si bien la transferencia de acciones de 2005 fue sin cargo, ello se debió a la naturaleza intrafamiliar de la reestructuración societaria. Además, la adquisición de las acciones de Gremcitel en 2007 por la Sra. Levy tuvo como contraprestación un pago en especie (mediante un intercambio de acciones que tenía en una sociedad denominada "Holding XXI").

87.
En los siguientes párrafos se resume de forma detallada la posición de las Partes.

C. PRIMERA OBJECIÓN: LAS DEMANDANTES NO SON INVERSORAS EN VIRTUD DEL CONVENIOCIADI NI DEL APPRI

88.
A continuación se desarrollan las posiciones de las Partes con respecto a esta objeción. Primero, se establecen los principales alegatos de hecho de las Demandantes (1. a continuación). Segundo, se presenta la posición de la Demandada (2. a continuación). Finalmente, se plantea la refutación de las Demandantes a las objeciones de la Demandada (3. a continuación).

1. Alegatos principales de las Demandantes

89.
Las Demandantes sostienen que cumplen con los requisitos ratione personae y temporis de conformidad con el APPRI y el Convenio CIADI. Para las Demandantes, la controversia se inició el 18 de octubre de 2007 cuando se publicó la Resolución de 2007, que fue emitida el 10 de octubre de 2007, en el Diario Oficial El Peruano67. En dicha fecha, sostienen, el APPRI estaba vigente y la Sra. Levy era accionista directa e indirecta de Gremcitel. Más específicamente, las Demandantes sostienen que la Sra. Levy se convirtió en accionista indirecta de Gremcitel en 2005 cuando adquirió acciones en Hart Industries, una de las accionistas de Gremcitel, y que se convirtió en accionista directa al adquirir una participación en Gremcitel en octubre de 2007.
90.
Primero, las Demandantes sostienen que la Sra. Levy adquirió propiedad indirecta sobre Gremcitel en 2005, cuando adquirió 33,3% del capital de Hart Industries, una sociedad de Granada, que era dueña de 57,460 acciones sobre un total de 64,000 de Gremcitel, es decir, 84,5%, hasta el 9 de octubre de 2007. Las Demandantes han presentado los siguientes documentos para establecer la titularidad de la Sra. Levy sobre las acciones de Hart Industries:

i) Resolución Corporativa de Hart Industries Ltd. con fecha 7 de febrero de 200568. Las Demandantes sostienen que, por medio de dicha resolución, el Sr. Levy, entonces único accionista y director de Hart Industries, resolvió modificar el artículo 7 2) del Memorándum y los Artículos de Asociación de Hart Industries a fin de dividir las 1000 acciones en tres grupos, uno de los cuales sería un grupo de 333 "acciones preferenciales" que tendrían control exclusivo sobre la sociedad.

ii) Resolución Corporativa de Hart Industries Ltd. con fecha 9 de febrero de 200569. Las Demandantes alegan que dicha resolución corporativa aprobó la transferencia de las acciones preferenciales del Sr. Levy a su hermana la Sra. Levy.

iii) Resolución Corporativa de Hart Industries Ltd. con fecha 7 de marzo de 200570. Según las Demandantes, por medio de dicha resolución, se ratificó la transferencia de acciones del 9 de febrero de 2005, y todas las atribuciones y derechos sobre la sociedad fueron transferidos a la Sra. Levy "hasta que todos los procedimientos legales relativos a resoluciones con fecha 7 de febrero de 2005 y 9 de febrero de 2005 est[uviera]n finalizados".

91.
Segundo, las Demandantes alegan que el 9 de octubre de 2007 la Sra. Levy adquirió desde Hart Industries 40,000 acciones de Gremcitel, es decir, el 58,82%. El argumento de las Demandantes es que la Sra. Levy recibió las 40,000 acciones a cambio de su participación en la sociedad Holding XXI (una sociedad registrada en Panamá)71. Las Demandantes hacen referencia, entre otros documentos, a la inscripción de la venta de acciones en el Libro de Registro de Accionistas de Gremcitel el 9 de octubre de 200772, así como al Contrato de Compraventa de Acciones de la Sociedad Holding XXI, de la misma fecha73.

2. Posición de la Demandada

92.
La Demandada sostiene que el Tribunal carece de jurisdicción para considerar la controversia puesto que las Demandantes no han probado ser inversoras protegidas en virtud del APPRI Perú-Francia al momento de los hechos que, presuntamente, dieron pie a la controversia74. Para la Demandada, las Demandantes "deben probar que eran dueñas o controlaban una inversión protegida al momento que ocurrieron los hechos objeto de la controversia"75. Más específicamente, "la Sra. Levy debe probar que cualquier participación adquirida en Gremcitel fue previa a la ocurrencia del hecho controvertido" (traducción del Tribunal)76.

a. La Sra. Levy no ha probado ser dueña de Gremcitel de forma directa o indirecta al momento de la Resolución de 2007

93.
Incluso si fuera correcto (lo que es discutido por la Demandada) que la Resolución de 2007 fue la medida que dio pie a la diferencia (como argumentan las Demandantes), la Demandada sostiene que las Demandantes no han probado que la Sra. Levy fuera dueña de Gremcitel, ya sea en forma directa o indirecta, al momento de la promulgación de la Resolución de 2007. Según la Demandada, los documentos que presuntamente evidencian la adquisición de acciones son "cuestionables"77 o "muy sospechosos" (traducción del Tribunal)78.

i. Participación indirecta en Gremcitel

94.
La Demandada cuestiona los documentos sobre los cuales se basan las Demandantes para probar la adquisición de la Sra. Levy de una participación indirecta en Gremcitel en 2005, específicamente, las resoluciones corporativas de Hart Industries del 7 de febrero de 200579, del 9 de febrero de 200580 y del 7 de marzo de 200581.
95.
Primero, la Demandada alega que la resolución corporativa de Hart Industries del 7 de febrero de 2005, según la cual el Sr. Levy aparenta decidir modificar el Memorándum y los Artículos de Asociación de Hart Industries a fin de dividir las 1000 acciones en tres grupos, uno de los cuales sería un grupo de 333 "acciones preferenciales" que ejercería control exclusivo sobre la sociedad, es inválida puesto que no ha sido inscrita en el registro público de Granada82. La Demandada hace referencia a su perito en derecho de Granada, la Sra. Sheila Harris, quien explicó en su informe pericial y en la Audiencia que, de conformidad con el derecho de Granada, toda modificación del Memorándum de una sociedad debe ser registrada para entrar en vigor83. La Demandada enfatiza que en la Audiencia la Sra. Harris testificó que la modificación nunca fue inscrita en Granada84 y, por tanto, de conformidad con el derecho de Granada, la modificación - y, en consecuencia, la posterior transferencia de acciones a la Sra. Levy en virtud de dicha modificación - nunca entró en vigor85. Según la Demandada, esto significa que la Sra. Levy nunca se convirtió en accionista de Hart Industries86. Puesto que las Demandantes no tuvieron respuesta al testimonio de la Sra. Harris y desistieron de interrogarla, la Demandada sostiene que dicho testimonio no ha sido refutado.
96.
Segundo, con respecto a la resolución corporativa de Hart Industries con fecha 9 de febrero de 2005 por la que se aprueba la transferencia del certificado que representa las acciones preferenciales del Sr. Levy a su hermana, la Sra. Levy, la Demandada identifica una diferencia entre la fecha de certificación notarial del documento, que es 7 de febrero de 2005, y la fecha del documento que transfiere las acciones, que es 9 de febrero de 2005. Según la Demandada, un notario público no puede ser testigo de las firmas dos días antes que las mismas sean realizadas87. Además, la Demandada señala que el sello utilizado por la notario público, Sra. Claudette Joseph, para la certificación notarial de la resolución del 9 de febrero de 2005 indica que su comisión finalizaba el 13 de octubre de 2011. Dado que en Granada la duración de la comisión de los notarios es de 5 años, la Demandada alega que la resolución corporativa solo puede haber sido notarizada luego del 13 de octubre de 2006, y no el 9 de febrero de 200588.
97.
En respuesta a dichas objeciones, las Demandantes presentaron una "rectificación" sin fecha de la notarización de la resolución corporativa de Hart Industries de fecha 9 de febrero de 200589. La rectificación establece:

"Yo, Claudette Joseph, Notario Público en y del estado de Granada, Indias Occidentales, certifico que el presente documento fue reconocido [sic] suscrito ante mí por el Sr. Isy Levy y como testigo ante mí el Sr. Teddy R. St. Lou el 9 de febrero de 2005.

Certifico, además, que la fecha indicada de 7 de febrero de 2005, fue un error genuino de parte mía".

98.
Para la Demandada, dicha rectificación sólo aumenta las sospechas sobre la naturaleza poco fiable de los documentos societarios invocados por las Demandantes. De hecho, la Demandada observa una serie de problemas:

i) la rectificación debe haber ocurrido al menos siete años luego de la certificación original. Si bien no tiene fecha, el sello de la notario muestra la fecha de vencimiento de su comisión, que es 4 de abril de 2017. Debido al plazo antedicho de 5 años de la comisión de los notarios, la rectificación debe haber ocurrido, en opinión de la Demandada, luego de 201290.

ii) la poca fiabilidad de la rectificación se hace evidente asimismo por las tachaduras realizadas por la notario, que muestran su confusión sobre lo que estaba realmente certificando91;

iii) no está claro cómo la notario público pudo "reconocer" la firma del Sr. Isy Levy cuando, según argumenta la Demandada, el Sr. Levy no estaba en Granada en esa fecha, como muestra un Informe del Ministerio del Interior del Perú92; y

iv) la propia fiabilidad de la notario es, en la opinión de la Demandada, cuestionable, puesto que emitió una opinión legal sobre el cumplimiento de las Demandantes de la ley societaria de Granada habiendo intervenido ella misma en la operación93.

99.
La Demandada argumenta que, en la Audiencia, la Sra. Joseph fue consultada durante el interrogatorio sobre algunos de estos puntos. Según la Demandada, ella admitió que había antedatado la certificación notarial de la resolución corporativa del 9 de febrero de 2005. Reconoció asimismo que no había visto el documento hasta 2010 (esto es, 5 años luego de que el documento fuera supuestamente firmado):

"La Resolución fue presentada en algún momento durante el 2010. La fecha específica no la recuerdo. Y fue presentada por el Sr. San Luis y el Sr. Isy Levy, ambos presentándose en persona ante mí..."94.

100.
Por tanto, según la Demandada, la Sra. Joseph no tenía forma de saber cuándo el documento había sido redactado o suscrito95. La Sra. Joseph también declaró que "se hizo una solicitud específica para que el documento se fechase con la fecha en la que se preparó y se firmó que fue 2005"96. La Demandada enfatiza que ella declaró asimismo que nunca hubiera antedatado el documento de haber sabido que iba a ser presentado ante un tribunal arbitral internacional97.
101.
Así, según la Demandada, "la evidencia del expediente y las declaraciones de la audiencia sugieren que la segunda resolución, si bien tiene una fecha nominal 9 de febrero de 2005, fue probablemente redactada en 2010 (mucho después de que surgiera la controversia) y antedatada a 2005 para los fines del presente arbitraje" (traducción del Tribunal)98.
102.
Con respecto a la rectificación, según la Demandada, la Sra. Joseph explicó que en algún momento entre abril de 2012 y marzo de 2013, el Sr. Levy visitó nuevamente a la Sra. Joseph y solicitó que "corrigiera" su certificación notarial antedatada original para que fuera consistente con la fecha en la que el documento había sido presuntamente suscrito99.
103.
Por tanto, según la Demandada, "la declaración de la Sra. Joseph dejó claro que ni la resolución original de 9 de febrero de 2005 ni la más reciente 'rectificación' son creíbles en absoluto, puesto que no hay forma de verificar cuándo ocurrió efectivamente la suscripción de los documentos" (traducción del Tribunal)100.
104.
Tercero, la Demandada alega que no está claro por qué la resolución corporativa de Hart Industries del 7 de marzo de 2005, que aprobaba la transferencia de acciones del 9 de febrero de 2005 "hasta que todos los procedimientos legales relativos a resoluciones con fecha 7 de febrero de 2005 y 9 de febrero de 2005 estén finalizados" (traducción del Tribunal), también transfería a la Sra. Levy todas las atribuciones y derechos societarios, si ella ya los tenía como titular de las acciones preferenciales101. Es más, según la presentación de la Demandada, la referencia a "procedimientos legales" debe entenderse como una referencia a los futuros procesos en virtud del APPRI102.

ii. Participación directa en Gremcitel

105.
La Demandada cuestiona asimismo la precisión y el valor probatorio de los documentos que presuntamente muestran la adquisición de la Sra. Levy en 2007 de una participación directa en Gremcitel.
106.
Primero, la Demandada alega que el Registro de Accionistas de Gremcitel es inconsistente con el Acta de Asamblea de Accionistas de Gremcitel, que no registra un número relevante de transferencias de acciones103. La Demandada sostiene también que la transferencia de 40,000 acciones de Gremcitel de Hart Industries a la Sra. Levy no cumplió con la legislación peruana. Alega que, además de otras supuestas irregularidades, los documentos societarios de Gremcitel registran fechas inconsistentes de transferencia. La Demandada apunta que Hart Industries y la Sra. Levy notificaron a Gremcitel sobre la transferencia de acciones por medio de una carta con fecha 10 de octubre de 2007104, en tanto que Gremcitel ya había registrado la transferencia el día previo, 9 de octubre de 2007105. Para la Demandada, esto es ilógico y contrario al propio estatuto de Gremcitel106.
107.
Asimismo, la Demandada sostiene que Gremcitel no registró en sus libros, ni informó a las autoridades fiscales sobre la transferencia de acciones a la Sra. Levy cuando la transferencia supuestamente ocurrió107. La Demandada se refiere, en particular, a un informe BDO de 2012, que determinó que durante aproximadamente dos años - entre enero de 2007 y diciembre de 2008 - las declaraciones fiscales de Gremcitel no hicieron mención de la transferencia de acciones de Hart Industries a la Sra. Levy108. Recién en marzo de 2013, según la Demandada, Gremcitel modificó sus declaraciones fiscales para reflejar la transferencia de acciones a la Sra. Levy109. Sin embargo, en la corrección, se asentó que la transferencia de acciones ocurrió en otra fecha, el 7 de octubre de 2007110, esto es, dos días antes del Contrato de Compraventa de Acciones entre la Sra. Levy y Hart Industries111 y la inscripción en el registro de accionistas de Gremcitel112.
108.
La Demandada sostiene, además, que "las Demandantes no abordaron [dichas presuntas inconsistencias e irregularidades] en la audiencia. Por tanto, las pruebas y argumentos de la Demandada continúan sin ser refutados, y el Tribunal no debería basarse en ninguno de los documentos presentados por las Demandantes como prueba de una presunta inversión de la Sra. Levy en Gremcitel en 2007" (traducción del Tribunal)113.
109.
En conclusión, la Demandada sostiene que sobre la base de los documentos en el expediente y las declaraciones de la Audiencia, las Demandantes no han probado que la Sra. Levy se convirtiera en una inversora indirecta de Gremcitel en 2005 o en una inversora directa de Gremcitel en 2007.
110.
Finalmente, la Demandada alega que la Sra. Levy no ha probado el "control extranjero" sobre Gremcitel a los fines del artículo 25 2) b) del Convenio CIADI y del artículo 8 3) del APPRI. Citando los casos del CIADI Vacuum Salt c. Ghana, LETCO c. Liberia y Caratube c. Kazajstán, la Demandada sostiene que la participación en una sociedad no es per se suficiente para cumplir el requisito de control extranjero, sino que se requiere "control real", lo que no se ha probado que fuera el caso de la Sra. Levy114.

b. Las Demandantes no eran inversoras cuando ocurrieron las presuntas violaciones

111.
Según los escritos de la Demandada, la controversia se desencadenó mucho antes que los mencionados hechos de 2007. Ha sugerido varias fechas posibles.
112.
La tesis general de la Demandada es que el estado de intangibilidad del Morro Solar y su valor histórico fueron establecidos en las Resoluciones de 1977 y 1986, siendo la Resolución de 2007 una simple confirmación de las anteriores. Para la Demandada, la controversia sobre el estado del Morro Solar se cristalizó, por consiguiente, mucho antes de que las Demandantes hicieran su inversión. En 1977 y 1986, las Demandantes no tenían ningún interés sobre la tierra o el proyecto sugerido, dado que Gremcitel adquirió los terrenos de Gremco en 2003-2004 y el primer contacto de la Sra. Levy fue en 2005 cuando, supuestamente, adquirió la propiedad indirecta de Gremcitel115. A la fecha de las Resoluciones de 1977 y 1986, añade la Demandada, no solo las Demandantes no eran inversoras, sino que el APPRI Perú-Francia aún no había entrado en vigor. El APPRI entró en vigor el 30 de mayo de 1996 y, por tanto, el Tribunal no tiene jurisdicción sobre el presente caso. Según la Demandada, la conclusión de que las diferencias anteriores a la entrada en vigencia del tratado están fuera del alcance temporal de aplicación del tratado debería ser confirmada asimismo por la ausencia de un artículo expreso a tal fin en el APPRI. La Demandada hace referencia a la jurisprudencia del CIADI y al principio de no retroactividad (conforme al CVDT y los artículos de la CDI sobre la Responsabilidad de los Estados)116.
113.
Alternativamente, la Demandada argumenta que la diferencia surgió a más tardar en 2004, pero probablemente incluso en 2001, cuando Gremco comenzó a disputar la delimitación arqueológica e histórica del terreno117. La Demandada se basa en los siguientes hechos para mostrar que había una diferencia "mucho antes de que la Sra. Levy fuera presuntamente añadida a la estructura societaria de Gremcitel, ya sea en 2005 o en 2007" (traducción del Tribunal)118:

• La "Propuesta de Delimitación Histórica del Morro Solar" presentada el 3 de julio de 2001 por Gremco al INC119, que, en la opinión de la Demandada, muestra que Gremco solicitaba al INC que redefiniera el Morro Solar más restringidamente (esto es, abarcando sólo el denominado "Pico Chorrillos"), y desde entonces "comenzó a disputar la protección histórica de la tierra" (traducción del Tribunal)120.

• El "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el INC y el Gremco" de mayo de 2002121, que según la Demandada constituye un intento del INC y de Gremco de resolver amigablemente la "diferencia" entre las partes122.

• Una cantidad de intercambios posteriores entre Gremco o el Sr. Levy, por un lado, y el INC, por el otro123, donde Gremco se oponía a la posición del INC de que todo el promontorio debía ser protegido124.

• La creación en 2004 de la Comisión Ad-Hoc para obtener una opinión sobre las posturas divergentes de las Partes sobre la delimitación. La Demandada sostiene que, incluso si las discusiones dentro de dicho marco fueron armoniosas, las partes tenían posturas opuestas - esto es, había desacuerdo sobre la delimitación adecuada del área histórica del Morro Solar125.

• La creación de la Comisión de Historiadores a finales de 2004, con el objeto de proponer una delimitación de la zona histórica, que según los escritos de la Demandada muestra que, a finales de 2004, los Levy sabían que el INC aún no había adoptado la posición de Gremco sobre una delimitación estrecha del área histórica del Morro Solar y estaban al tanto de que el INC podía emitir una delimitación definitiva del área histórica del Morro Solar que incluyera los terrenos de Gremcitel126.

3. Posición de las Demandantes

a. Las Demandantes tienen legitimidad procesal para someter la diferencia en virtud del Convenio CIADI y el APPRI

114.
Las Demandantes alegan que tienen legitimidad procesal para someter la diferencia en virtud del Convenio CIADI y del APPRI. La Sra. Levy es nacional de Francia y no tiene nacionalidad peruana. Gremcitel es una sociedad peruana que, al momento en que surgió la controversia, era controlada por la Sra. Levy. Por tanto, califica como entidad francesa de conformidad con el artículo 25 2) b) del Convenio CIADI y el artículo 8 3) del APPRI127.
115.
Sobre la jurisdicción ratione temporis del Tribunal, las Demandantes resaltan que el artículo del APPRI sobre resolución de controversias se refiere a "toda controversia relativa a una inversión". El texto es claro: si bien tiene restricciones ratione personae ("entre una parte y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante") y ratione materiae ("relativa a una inversión"), no establece restricciones relativas al tiempo128. Las Demandantes argumentan que, si las Partes Contratantes del APPRI hubieran tenido la intención de incluir una restricción temporal, lo hubieran hecho129.

b. La diferencia surgió en la fecha de publicación de la Resolución de 2007

116.
En cualquier caso, según las Demandantes, la controversia surgió el 18 de octubre de 2007 cuando se publicó la Resolución de 2007 en el Diario Oficial El Peruano130. En dicha fecha, el APPRI estaba en vigencia y Gremcitel estaba bajo la propiedad y el control directo de una nacional de Francia (la Sra. Levy)131.
117.
Para la Demandante, las resoluciones previas e informes invocados por la Demandada no pueden constituir la fuente real de la controversia. La Resolución de 1977 tenía un "carácter urbanístico"132 y no pretendía tener ningún valor "histórico", puesto que la entidad emisora (el Ministerio de Vivienda y Construcción) no tenía autoridad en este sentido y porque no se basaba en métodos históricos. El hecho de que la Resolución de 2007 no haga referencia alguna a la Resolución de 1977 confirma que la última no es "precedente" de la anterior133.
118.
Con respecto a la Resolución de 1986, las Demandantes resaltan el "carácter declarativo" de dicha resolución, que simplemente pretendía incluir una lista de "monumentos históricos" sin llevar adelante ninguna delimitación de las áreas protegidas. Además, la Resolución de 1986 no hace referencia alguna a la Resolución de 1977134. Las Demandantes también se basan en otros documentos para mostrar que la controversia sobre la delimitación por motivos históricos surgió recién con la Resolución de 2007135.
119.
Para las Demandantes, es claro que la controversia surgió recién con la Resolución de 2007 porque sólo en ese momento hubo i) una posición formal del INC indicando qué coordenadas geográficas específicas constituían la delimitación del área histórica intangible del Morro Solar (que incluía los terrenos de Gremcitel); ii) una posición formal de Gremcitel en oposición a la determinación del INC y iii) comunicación entre las dos partes sobre sus posturas antagónicas136.
120.
Todos los intercambios entre Gremco y las autoridades peruanas hasta la Resolución de 2007 deben ser interpretados como prueba de relaciones normales de coordinación, sin conflicto de intereses o diferencia de posiciones137. Éste también es el caso del Convenio de Cooperación de 2002, que se basó en la colaboración de las Partes (y, por tanto, no puede ser interpretado como el hecho que dio origen a la controversia)138. Es más, los intercambios entre las partes ocurridos con posterioridad deben ser considerados "propuestas" dentro del marco del Convenio de Cooperación con miras a arribar a una delimitación acordada139.
121.
Con respecto al Informe de 2004 de la Comisión Ad-Hoc, las Demandantes resaltan que tenía naturaleza de recomendación y, por tanto, no es susceptible de constituir una posición opuesta del Estado, requisito para la existencia de una controversia140. Así, el hecho que la Sra. Levy se hiciera accionista de Hart Industries unos meses después de la designación de la Comisión de Historiadores en 2005 es irrelevante, puesto que la designación de dicha Comisión era parte de la ejecución del Convenio de Cooperación y su Informe no obligaba al INC, que era la autoridad competente exclusiva para proceder con la delimitación141.
122.
De manera similar, las Demandantes hacen énfasis en que las conclusiones de la Comisión de Historiadores también tenían la forma de recomendaciones y, por consiguiente, no podían constituir una toma definitiva de posición por parte del Estado142. Más aún, el Informe de 2005 de la Comisión de Historiadores era un documento estrictamente interno, que nunca fue comunicado ni a Gremco ni a Gremcitel. Las Demandantes alegan que tomaron conocimiento de dicho documento sólo mediante la Resolución de 2007. Finalmente, el argumento de que el Sr. Cock, uno de los asesores y testigos de las Demandantes, tenía conocimiento de la Resolución por medio de sus contactos en el INC es, en la opinión de las Demandantes, completamente especulativo143.
123.
En conclusión, según las Demandantes, es únicamente el acto formal adoptado por medio de la Resolución de 2007 el que dio origen a la controversia entre las Partes144.

c. La Sra. Levy es dueña de Gremcitel de forma indirecta desde 2005 y directa desde 2007

124.
Las Demandantes alegan que la Sra. Levy adquirió de forma válida su participación indirecta en Gremcitel en 2005 (a través de la titularidad de Hart Industries) i) y su participación directa en Gremcitel en 2007 ii).

i. Participación indirecta en Gremcitel

125.
Las Demandantes aceptan que las acciones de Hart Industries fueron transferidas a la Sra. Levy en 2005 sin contraprestación, pero hacen énfasis en que la transferencia era parte de una reorganización societaria intrafamiliar de conformidad con las decisiones de David Levy, el padre de Isy y de Renée145. Las Demandantes señalan el acta de sesión del Grupo Levy del 15 de julio de 2005, que registra que la Sra. Levy asumiría la presidencia de las sesiones del Grupo a partir de entonces146. En adelante, según las Demandantes, la Sra. Levy participó activamente en las operaciones de Gremcitel, según puede verse en las actas de sesiones del Grupo Levy en los años 2005, 2006 y 2007147.
126.
Con respecto a las tres resoluciones corporativas de Hart Industries (7 de febrero, 9 de febrero y 7 de marzo de 2005, respectivamente), las Demandantes refutan de la siguiente manera las objeciones de la Demandada:
127.
Primero, en relación con la resolución corporativa de Hart Industries del 7 de febrero de 2005, las Demandantes sostienen que, a diferencia de lo que afirman la Demandada y su perito, la Sra. Harris, dicha resolución es válida y su validez no se ve afectada por el hecho de no haber sido registrada de conformidad con la legislación de Granada. Según las Demandantes, el objeto de dicha resolución no era modificar el Memorándum de Hart Industries ni sus Artículos de Asociación, sino dividir las acciones existentes en distintas clases. Para tal fin, no era necesario proceder con dicha modificación, puesto que el artículo 7 3) del Memorándum disponía que las acciones estaban divididas en el número y las clases determinados por los Directores148. Según el escrito de las Demandantes, esto es lo que ocurrió por medio de dicha resolución, que, por consiguiente, cumplía con la normativa societaria aplicable y la ley de Granada, y no constituía una enmienda o modificación de las normas corporativas149.
128.
Segundo, con respecto a la resolución corporativa de Hart Industries con fecha 9 de febrero de 2005, las Demandantes afirman que la posición de la Demandada de que la transferencia de acciones ocurrió (o es probable que hubiera ocurrido) luego de la fecha indicada en el documento es completamente especulativa150. Con respecto a la declaración de la Sra. Joseph, las Demandantes sostienen que para ella era suficiente reconocer que la persona que comparecía ante ella había testificado que la fecha establecida en el documento era la misma en que dicha persona había suscrito el documento151.
129.
Es más, en la opinión de las Demandantes, dicha resolución no debe ser interpretada de forma aislada, sino en conjunto con los otros documentos que dan fe de que la transferencia de acciones efectivamente ocurrió en 2005152.
130.
En cualquier caso, las Demandantes sostienen que, de conformidad con el derecho de Granada, las resoluciones corporativas no necesitan ser certificadas notarialmente para ser válidas153.
131.
Tercero, en relación con la resolución corporativa de Hart Industries con fecha 7 de marzo de 2005, las Demandantes no aceptan que la referencia a "procedimientos legales" en dicha resolución sea una referencia a futuros procesos ante el CIADI. Haciendo referencia a la declaración de la Sra. Joseph, las Demandantes sostienen que el término "procedimientos legales" no debe ser interpretado de forma estricta. Puesto que la resolución fue redactada por el Sr. Levy, quien no está familiarizado con las leyes de Granada, la referencia a "procedimientos legales" debe interpretarse de manera amplia (con el sentido de procedimientos en general, incluso administrativos y notariales)154.

ii. Participación directa en Gremcitel

132.
Con respecto a la transferencia de acciones de Gremcitel a la Sra. Levy en 2007, las Demandantes sostienen que dicha transferencia se realizó de conformidad con todos los requisitos legales aplicables155. Las Demandantes señalan que los otros accionistas de Gremcitel fueron notificados de la intención de transferencia en septiembre de 2007 y que se les consultó si querían ejercer su derecho de preferencia156. Como puede verse de dichas cartas, la transferencia se inició (por medio de la solicitud a los accionistas de ejercer dicho derecho) el 4 de septiembre de 2007, lo que deja sin asidero el argumento de la Demandada de que la transferencia ocurrió "un día antes de la fecha de la Resolución de 2007"157. Más aun, como ocurrió con la transferencia de 2005, las Actas de Sesión del Grupo Levy muestran, según las Demandantes, la participación activa de la Sra. Levy en Gremcitel, tanto antes como después de la emisión de la Resolución de 2007158.
133.
Las Demandantes se basan, además, en el informe BDO de 2012 mencionado previamente159, que determinó lo siguiente:

"Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2008 no fue anotada en los registros contables la transferencia de 40,000 acciones realizadas de Hart Industries a favor de Renee Rose Levi. Asimismo, en la Declaración Jurada presentada a la Administración Tributaria en el año 2007 no se detalla los nombres y participación porcentual de los principales accionistas"160.

134.
El informe de auditoría recomendaba presentar la "Declaración Jurada Rectificatoria" para corregir la transferencia de acciones faltante y los nombres de los accionistas161. Como consecuencia de ello, las Demandantes señalan que el 13 de marzo de 2013, Gremcitel presentó ante las autoridades fiscales "Declaraciones Juradas Rectificatorias" para corregir los detalles sobre sus accionistas162, y el 15 de marzo de 2013, la Asamblea de Accionistas de Gremcitel implementó las recomendaciones de la auditoría163. Como resultado de dichas correcciones, las Demandantes sostienen que no hay contradicción en los documentos societarios sobre los accionistas ni duda alguna sobre la veracidad de la información brindada en relación con la propiedad de la Sra. Levy sobre Gremcitel164.

4. Análisis

a. Cuestiones pertinentes

135.
Para empezar, el Tribunal señala que Gremcitel es demandante por sí misma por medio del mecanismo del artículo 25 2) b) del Convenio CIADI y del artículo 8 3) del APPRI, y como parte de la presunta inversión de la Sra. Levy en virtud del artículo 1 1) b) (que abarca acciones de una sociedad constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes). Aunque, como se verá, la resolución de las cuestiones relativas a la jurisdicción ratione personae y ratione temporis del Tribunal sobre la Sra. Levy y sobre Gremcitel requiere abordar hechos íntimamente relacionados entre sí, en aras de la claridad, el Tribunal considera apropiado desarrollar primero los requisitos que cada una de las Demandantes debe cumplir en virtud del Convenio CIADI y el APPRI para tener legitimidad procesal a fin de someter una cuestión a arbitraje.
136.
La Sra. Levy debe cumplir con los siguientes requisitos jurisdiccionales:

a. En virtud del artículo 25 2) a) del Convenio CIADI, la Sra. Levy debe ser nacional de uno de los Estados Contratantes del CIADI a la fecha en que expresó su consentimiento para someter la diferencia al arbitraje y cuando la solicitud de arbitraje fue registrada conforme al artículo 36 3) del Convenio CIADI. Ella no puede tener la nacionalidad peruana en ninguna de estas fechas.

b. Conforme al artículo 1 1) del APPRI, la Sra. Levy debe cumplir la definición de "nacional", esto es, debe ser nacional de Francia.

137.
Si bien en principio dichas proposiciones no son cuestionadas, se discute si, además, la Sra. Levy debía ser dueña o si controlaba su inversión en una fecha crítica.
138.
A su vez, Gremcitel debe cumplir los siguientes requisitos jurisdiccionales para someter diferencias a nombre propio:

a. Conforme al artículo 25 2) b) del Convenio CIADI:

i. Gremcitel debía tener a la fecha de consentimiento "la nacionalidad del Estado parte en la diferencia";

ii. "las partes h[abían] acordado atribuirle [la nacionalidad de otro Estado Contratante], a los efectos de este Convenio";

iii. "por estar sometida[s] a control extranjero".

b. Conforme al artículo 8 3) del APPRI, Gremcitel estaba controlada por un nacional de otro Estado Contratante (esto es, un nacional de Francia) en una fecha crítica ("antes del surgimiento de la controversia" según la versión del Tratado en español; "avant que le différend ne soit soulevé" según la versión en francés).

139.
Con estas cuestiones en mente, el Tribunal determinará si la Sra. Levy (b. a continuación) y Gremcitel (c. a continuación) cumplen los requisitos ratione personae y temporis en virtud del Convenio CIADI y el APPRI. En contraste, el Tribunal no tratará en este contexto el requisito de existencia de una "inversión" conforme al artículo 25 del Convenio CIADI y 1 del APPRI, ya que dicha cuestión es materia de una objeción jurisdiccional separada.

b. Sobre si la Sra. Levy cumple con los requisitos ratione personae y temporis en virtud del Convenio CIADI y del APPRI

140.
No se cuestiona que la Sra. Levy es nacional de Francia y que tenía nacionalidad francesa en ambas fechas establecidas según el artículo 25 2) a) del Convenio CIADI, esto es, la fecha de consentimiento y la fecha de registro de la solicitud de arbitraje. Asimismo, no se discute que no es nacional del Perú. Es también de común acuerdo que la Sra. Levy cumple la definición de "nacional" conforme al artículo 1 2) del APPRI165.
141.
Las Partes no están de acuerdo, sin embargo, sobre si la Sra. Levy debía ser dueña y controlar su inversión en determinada fecha en virtud del APPRI. La pregunta pertinente es en qué fecha un "nacional" o una "sociedad", según la definición del artículo 1 del APPRI, debe haber adquirido su inversión a fin de tener derecho a reclamar en virtud del APPRI. Según lo antedicho, si bien la Demandada alega que la Sra. Levy debe probar que era dueña o controlaba su inversión "cuando ocurrió el evento controvertido", las Demandantes sostienen que el APPRI no considera ninguna restricción temporal semejante166.
142.
El Tribunal comienza citando los principios que rigen la interpretación de tratados. De conformidad con el artículo 31 del CVDT, un tratado "deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin". El "sentido corriente" del texto debe ser determinado a la luz del contexto y del objeto y propósito del tratado, todo acuerdo o práctica subsiguiente de las Partes Contratantes relacionado con la interpretación del tratado, y toda otra norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las Partes Contratantes167.
143.
La jurisdicción del Tribunal deriva del artículo 8 del APPRI, que dispone que "[t]oda controversia relativa a una inversión entre una parte y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante" será sometida al arbitraje del CIADI. El artículo sobre resolución de diferencias no aclara expresamente en qué momento el nacional o sociedad debe haber adquirido su inversión para tener el derecho de someter una cuestión a arbitraje en virtud del APPRI.
144.
Es cierto que el artículo 8 3) y el artículo 1 1) del APPRI disponen ciertas restricciones temporales. Sin embargo, no ayudan a dilucidar el presente interrogante. El artículo 8 3), que será analizado más abajo cuando se trate la legitimidad procesal de Gremcitel, solo se aplica a sociedades constituidas localmente bajo control extranjero. El artículo 1 1), segundo párrafo, establece:

"Dichos activos deben ser o haber sido invertidos conforme a la legislación de la Parte Contratante en el territorio o en el área marítima en la cual la inversión es efectuada, antes o después de la entrada en vigencia del presente Convenio"168.

151.
Habiendo determinado la fecha crítica, el Tribunal analizará a continuación si la Sra. Levy era dueña de su inversión en Gremcitel o la controlaba antes del 18 de octubre de 2007, ya sea directa o indirectamente.
152.
Las Demandantes argumentan que la Sra. Levy adquirió un interés indirecto en Gremcitel en 2005 por medio de la adquisición de acciones en Hart Industries. Luego de analizar la prueba documental y testimonial de la Audiencia, el Tribunal no puede acordar con dicha proposición. Los documentos exhibidos por las Demandantes para probar dicha adquisición están plagados de inconsistencias al punto tal que no es posible basarse en ellos para establecer si la transferencia realmente tuvo lugar en la supuesta fecha.
153.
El Tribunal señala, para comenzar, que la modificación de los Artículos de Asociación de Hart Industries no fue inscrita en Granada, lo que afecta los efectos conforme al derecho de Granada de las posteriores transferencias de acciones a la Sra. Levy, realizadas en virtud de dicha enmienda. La perito en derecho de Granada de la Demandada, la Sra. Sheila Harris, testificó que, sin dicha inscripción, la resolución no tendría efectos conforme a la ley de Granada173. Las Demandantes decidieron no interrogar a la Sra. Harris (a pesar de haberla convocado)174. El Tribunal no tiene motivos para dudar de la pericia de la Sra. Harris y de la veracidad de su declaración.
154.
De mayor importancia (y aún si, contrario a la posición del Tribunal, la modificación de los Artículos de Asociación fuera efectiva), la prueba abordada en la Audiencia estableció que las fechas mostradas en las resoluciones corporativas pertinentes no son fiables. La perito de las Demandantes, la Sra. Joseph, que también es la notario público que certificó ("reconoció") las firmas que aparecen en la resolución, admitió que no vio la resolución del 9 de febrero de 2005 el 7 de febrero de 2005 como había declarado inicialmente en la resolución. También reconoció no haber tenido la resolución ante sí el 9 de febrero de 2005, como había certificado en su "rectificación" a la resolución, sin fecha y manuscrita. De hecho, la Sra. Joseph admitió que en 2010, esto es, cinco años después de la supuesta transferencia de acciones y tres años después de la promulgación de la Resolución de 2007, ella antedató la certificación notarial de la resolución del 9 de febrero de 2005 a pedido del Sr. Isy Levy175. Admitió asimismo que en algún momento después de abril de 2012, esto es, cuando el procedimiento ante el CIADI ya había comenzado, accedió a la nueva solicitud del Sr. Levy de "corregir" su certificación notarial antedatada original para hacerla coherente con la fecha en que el documento fue supuestamente suscrito176. Por tanto, la Sra. Joseph antedató el documento una segunda vez, pero esta vez con una fecha distinta (9 de febrero en lugar de 7 de febrero de 2005).
155.
Está claro que el Tribunal no puede atribuir ningún valor probatorio a documentos de este tipo. A la luz de las propias admisiones de la Sra. Joseph, es imposible determinar cuándo se redactaron las resoluciones que documentan la supuesta transferencia de 2005. Analizando las circunstancias, le parece probable al Tribunal que fueran redactados mucho después de 2005. En dichas circunstancias, el Tribunal no tiene dudas en concluir que las Demandantes no han probado su alegación de que la Sra. Levy adquirió control indirecto sobre Gremcitel en 2005177.
156.
Las Demandantes sostienen, además, que la Sra. Levy se convirtió en accionista directa de Gremcitel en 2007. Por los siguientes motivos, el Tribunal está convencido que la segunda transferencia ocurrió efectivamente antes de la fecha crítica, esto es, antes del 18 de octubre de 2007.
157.
Primero, el Tribunal señala que el proceso de transferencia de acciones de Gremcitel de Hart Industries a la Sra. Levy se inició por medio de varias cartas enviadas por Gremcitel a sus accionistas entre el 4 y el 8 de septiembre de 2007, luego de una carta de Hart Industries a Gremcitel notificando a esta última su intención de vender las acciones a la Sra. Levy178. En cartas posteriores, Gremcitel consultó a sus accionistas si deseaban ejercer su derecho de preferencia sobre las acciones. Dichas cartas están certificadas notarialmente, y la Demandada no ha cuestionado su autenticidad o fiabilidad. El Tribunal, por tanto, acepta su valor probatorio.
158.
Segundo, el contrato de transferencia de acciones por las 40,000 acciones de Gremcitel fue suscrito por la Sra. Levy y Hart Industries el 9 de octubre de 2007179. No hay hechos en el expediente que arrojen dudas sobre la validez de este contrato.
159.
Tercero, la venta de acciones fue inscrita en el registro de accionistas de Gremcitel el 9 de octubre de 2007180. Sólo a los fines de su análisis sobre la jurisdicción ratione temporis, el Tribunal no otorga relevancia al hecho de que la inscripción ocurrió un día antes de que Gremcitel fuera notificada formalmente de la transferencia181. Dada la naturaleza intrafamiliar de la transacción, es razonable presumir que Gremcitel se enteró de la transferencia el 9 de octubre de 2007 y procedió de inmediato a asentarla en el registro de accionistas, mientras que la notificación formal ocurrió un día después. Si bien dicha circunstancia no tiene efectos sobre la jurisdicción ratione temporis del Tribunal, indica que las Demandantes actuaron con apremio, un punto al cual el Tribunal regresará durante su análisis sobre abuso del proceso.
160.
Finalmente, el Tribunal no considera que las alegaciones sobre irregularidades fiscales en relación con la transferencia de 2007 y las pruebas relacionadas sean tales que alteren sus conclusiones sobre la validez de la transferencia. En especial, los argumentos de la Demandada basados en el informe del 5 de marzo de 2012182 y en las Declaraciones Juradas Rectificatorias de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta por Gremcitel por 2007 y 2008, con fecha 13 de marzo de 2013183, no son, en opinión del Tribunal, concluyentes, dado que podrían ser explicados de varias maneras sin cuestionar el hecho de que la Sra. Levy se convirtió en la accionista mayoritaria de Gremcitel el 9 de octubre de 2007.

c. Sobre si Gremcitel cumple con los requisitos ratione personae y temporis en virtud del Convenio CIADI y el APPRI

162.
Conforme al Convenio CIADI, una sociedad constituida localmente se considera "nacional de un Estado Contratante distinto" si es una persona jurídica que tenía la nacionalidad del Estado Contratante parte en la diferencia a la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a arbitraje y que, por motivo del control extranjero, las partes han acordado considerar como nacional de otro Estado Contratante a los efectos del Convenio184. Conforme al artículo 8 3) del APPRI, una persona jurídica constituida en el territorio de una de las dos Partes Contratantes y que - según los idiomas originales del tratado - "antes del surgimiento de la controversia" o "avant que le différend ne soit soulevé" es controlada por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, será considerada, a los efectos del artículo 25 2) b) del Convenio CIADI, como una sociedad de la otra Parte Contratante. Por consiguiente, para que el Tribunal tenga jurisdicción ratione personae y temporis sobre Gremcitel, Gremcitel debe probar i) que es una sociedad peruana, ii) que a la fecha crítica iii) se encontraba bajo control extranjero, y que iv) hay acuerdo en tratarla como extranjera. El Tribunal analizará los cuatro puntos por separado.
163.
Con respecto al primer requisito, el Tribunal señala que Gremcitel es una sociedad constituida en el Estado Contratante que es parte en la diferencia, esto es, el Perú. En este sentido, el Tribunal también señala que tenía dicha nacionalidad a la fecha de brindar consentimiento, esto es, cuando se presentó la solicitud de arbitraje, según establece el Convenio CIADI185.
164.
Segundo, el Tribunal debe determinar la fecha crítica conforme a lo establecido en el APPRI. El artículo 8 3) del APPRI establece "antes del surgimiento de la controversia" y "avant que le différend ne soit soulevé". Durante la Audiencia, el Tribunal preguntó sobre posibles diferencias en las versiones en español y en francés del artículo 8 3) del APPRI e invitó a las Partes a presentar sus opiniones en los escritos posteriores a la audiencia186. Sólo la Demandada abordó dicha cuestión en sus escritos posteriores a la audiencia.
165.
Ambas versiones del APPRI son auténticas187. De conformidad con el artículo 33 del CVDT sobre la interpretación de tratados multilingües, se presume que los términos del tratado tienen el mismo significado en cada texto auténtico188. Más aun, si de una comparación de los textos auténticos surgiera una diferencia de significado que no fuera eliminada por la aplicación de los artículos 31 y 32 del CVDT, debe adoptarse el significado que más reconcilie los textos, con respecto al objeto y propósito del tratado189.
166.
La versión del APPRI en español ("antes del surgimiento de la controversia") solo tiene un significado posible. Por el contrario, la versión del Tratado en francés ("avant que le différend ne soit soulevé") puede tener dos significados, esto es, o "antes de que la controversia sea traída ante un tribunal internacional de arbitraje" o "antes de que surja la controversia con la otra parte". El Tribunal está de acuerdo con la Demandada en que la única interpretación armoniosa de ambos textos auténticos es que la sociedad constituida localmente debe estar bajo control extranjero "antes de que surja la controversia con la otra parte". Efectivamente, dicha interpretación coincide con los términos utilizados en la versión en español y con uno de los dos significados de la disposición en francés.
167.
Tercero, debe preguntarse si Gremcitel estaba bajo control francés antes que surgiera la controversia, o, planteado de otra manera, si la Sra. Levy adquirió control sobre Gremcitel antes de dicha fecha. Dicha cuestión se trató ampliamente con anterioridad al abordar la cuestión de la legitimidad procesal de la Sra. Levy como demandante, al analizar si había adquirido su inversión al momento que los hechos controvertidos tuvieron lugar. En aras de claridad, el Tribunal desea señalar que, en teoría, el momento en que ocurrieron los hechos controvertidos no es necesariamente el mismo en que surgió la controversia - siendo el último el momento expresamente contemplado por el artículo 8 3) del APPRI. Según se ha señalado de forma correcta, "el momento de la controversia no es igual al momento de los hechos que llevaron a la controversia. Por definición, los hechos incriminados deben haber ocurrido un tiempo antes de la controversia" (traducción del Tribunal)190. En opinión del Tribunal, un incumplimiento o violación no se transforma en una "controversia" hasta que la víctima identifica el incumplimiento o violación y lo objeta191.
168.
En este caso, las Demandantes han aceptado el 18 de octubre de 2007 como la fecha en que surgió la controversia, lo que muestra que ellos mismos consideraron que se encontraban en controversia con la Demandada desde ese momento. A partir de entonces, hubo una "diferencia sobre una cuestión de hecho o derecho, un conflicto de posiciones legales o de intereses entre partes" (traducción del Tribunal)192, y las Demandantes consideraron que su reclamo era "positivamente objetado" (traducción del Tribunal)193 por el Perú. Por consiguiente, el Tribunal considerará el 18 de octubre de 2007 como la fecha en que surgió la controversia a los efectos del artículo 8 3) del APPRI.
169.
Los hechos en torno al control de la Sra. Levy sobre Gremcitel en la fecha relevante ya han sido analizados en el contexto de la legitimidad procesal de la Sra. Levy y no necesitan ser repetidos aquí194. El Tribunal concluye que, si bien las Demandantes no probaron que Gremcitel estuviera bajo el control de la Sra. Levy en 2005, si han probado que la sociedad estaba bajo su control en 2007.
170.
El Tribunal concluye, por tanto, que el requisito de "control extranjero" conforme a los artículos 25 2) b) del CIADI y 8 3) del APPRI en el presente caso se cumple.
172.
Cuarto, y último, el artículo 25 2) b) del Convenio CIADI requiere un acuerdo para atribuir a la sociedad constituida localmente "la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia [a los efectos del Convenio]". No se discute que dicho consentimiento se encuentra en el artículo 8 3) del APPRI.
173.
En conclusión, Gremcitel cumple los requisitos ratione personae y temporis en virtud del artículo 25 2) b) del Convenio CIADI y del artículo 8 3) del APPRI.

D. SEGUNDA OBJECIÓN: LA INVERSIÓN ES UN ABUSO DE PROCESO

1. Posición de la Demandada

174.
Como segunda objeción jurisdiccional, el Perú invoca abuso de proceso. Incluso si los documentos de las Demandantes con respecto a la inversión de la Sra. Levy fueran fiables, alega que la Sra. Levy fue introducida en la estructura de propiedad sin otro objeto que obtener la protección del APPRI debido a su nacionalidad francesa, en un momento en que la controversia ya había surgido o, cuando menos, era previsible. Puesto que la Sra. Levy adquirió su supuesto interés sobre Gremcitel con el único fin de internacionalizar lo que, de otro modo, sería una diferencia puramente interna, su inversión es abusiva. Citando los casos del CIADI Phoenix c. República Checa, Pac Rimc. El Salvador y Tidewater c. Venezuela, la Demandada postula que hay abuso de proceso cuando una sociedad interna reestructura su titularidad para internacionalizar una controversia existente o previsible196.
175.
Como se ha explicado, la posición de la Demandada es que la controversia surgió a más tardar en 2004 y probablemente antes197. Sin embargo, está de acuerdo en que aún si la controversia hubiera surgido después, las Demandantes reestructuraron la titularidad societaria en un momento - desde 2005 en adelante - en que ya habían "razonablemente anticipado la existencia"198 de la controversia. De hecho, el INC había creado la Comisión de Historiadores unos meses antes y el resultado del proceso era esperado. La Demandada encuentra más pruebas de abuso de proceso en la resolución corporativa de Hart Industries del 7 de marzo de 2005, que establece que Isy Levy Calvo y Jacques Levy Calvo deciden transferir todos los poderes políticos y derechos de dirección de la Sociedad a Renée Rose Levy de Levi "hasta que todos losprocedimientos legales relativos a resoluciones con fecha 7 de febrero de 2005 y 9 de febrero de 2005 estén finalizados"199. La Demandada interpreta que "procedimientos legales" hace referencia a futuros procesos en virtud del APPRI.
176.
Por consiguiente, según la Demandada, el único motivo por el cual las Demandantes introdujeron a la Sra. Levy en la estructura de propiedad de Gremcitel fue debido a su nacionalidad francesa. La Demandada insiste que el Sr. Levy no pudo brindar ninguna justificación comercial por la supuesta transferencia de 2005 de Hart Industries a su hermana. La única explicación del Sr. Levy fue que la transferencia fue decisión de su padre200. Asimismo, no había ninguna justificación comercial, según la Demandada, detrás de la transferencia de 2007 de acciones de Gremcitel a la Sra. Levy201. Finalmente, la Demandada sostiene que es más que probable que el Sr. Cock, uno de los asesores y testigos de las Demandantes, se hubiera enterado de la inminente resolución por medio de sus "contactos en el INC" y que Gremcitel hubiera respondido introduciendo a la Sra. Levy directamente en la estructura de propiedad para beneficiarse de la protección en virtud del APPRI202.

2. Posición de las Demandantes

177.
Las Demandantes niegan toda alegación de abuso de proceso. Sostienen que las alegaciones de abuso de proceso exige un estándar riguroso que incluye prueba de mala fe203, que la Demandada no ha cumplido. Es más, antes que la Resolución de 2007 fuera emitida, no podía preverse que se fuera a ordenar una delimitación del área protegida del Morro Solar que incluyera los terrenos de Gremcitel204. Las Demandantes señalan un documento interno del INC con fecha 10 de octubre de 2007205, que menciona que los linderos sugeridos por la Comisión de Historiadores no habían sido adoptados. Sostienen que dicho documento interno "fue emitido el 10 de Octubre de 2007, pero presentado recién el 15 de Octubre". Por consiguiente, sostienen que "únicamente el funcionario que redactó el informe pudo prever la promulgación de la RD 1342"206.
178.
Para las Demandantes, la Demandada no ha demostrado que las Demandantes hubieran previsto el hecho que originó la diferencia, esto es, la emisión de la Resolución de 2007. Por tanto, no ha demostrado que las Demandantes manipularan la nacionalidad de Gremcitel para poder acceder al CIADI207. En este sentido, las Demandantes señalan la declaración del tribunal en Pac Rim de que "la línea divisoria ocurre cuando la parte relevante puede ver una diferencia real o puede prever una diferencia futura específica como una probabilidad muy alta, y no simplemente como una posible controversia" (traducción del Tribunal), que en su opinión no es el presente caso208.
179.
En lugar de ello, la transferencia de acciones de 2007 comenzó ya el 4 de septiembre de 2007 con la notificación de la pretendida transferencia a los otros accionistas209. Se realizó por motivos familiares de buena fe en un momento en que la ocurrencia del hecho crítico que afectaría la inversión de forma negativa era imprevisible210. Por tanto, según las alegaciones de las Demandantes, la Demandada no ha demostrado que haya habido abuso de proceso.

3. Análisis

E. TERCERA OBJECIÓN: LAS DEMANDANTES NO TIENEN INVERSIÓN

196.
La Demandada presentó una tercera objeción, según la cual las Demandantes no poseen una inversión protegida en virtud del Convenio CIADI y del APPRI puesto que i) no han adquirido el "derecho a desarrollar" el Proyecto Costazul y ii) no han hecho ningún aporte, ni asumido ningún riesgo.
197.
El Tribunal ha llegado a la conclusión de que el abuso de proceso de las Demandantes impide el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal en la presente diferencia. Consideraciones de economía procesal sugieren que el Tribunal dispense del análisis de argumentos que no tienen ningún impacto sobre el laudo242. En este caso, dada la conclusión del Tribunal sobre el abuso del proceso, el resultado del caso no se vería afectado por la tercera objeción de la Demandada, cualquiera sea la respuesta a dicha objeción. Bajo las presentes circunstancias, es por tanto innecesario abordar la tercera objeción de la Demandada.

VI. COSTAS

198.
Las costas totales de las Demandantes incurridas en relación con el presente proceso son 2,146,858,72 dólares estadounidenses, que incluyen honorarios legales y gastos por 1,571,858,72 dólares estadounidenses y pagos al CIADI por 575,000 dólares estadounidenses. Las costas de la Demandada en relación con el presente arbitraje fueron de 5,874,978,96 dólares estadounidenses, que incluyen honorarios legales y gastos por 5,299,978,96 dólares estadounidenses y pagos al CIADI por 575,000.
199.
Ambas Partes solicitaron que las costas fueran asumidas por la otra Parte. Conforme al artículo 61 2) del Convenio CIADI, "el Tribunal determinará, salvo acuerdo contrario de las partes, los gastos en que estas hubieren incurrido en el procedimiento, y decidirá la forma de pago y la manera de distribución de tales gastos, de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Centro". Dicho artículo establece la discreción del Tribunal para asignar los gastos de arbitraje del CIADI y los gastos de las Partes, incluidos los honorarios legales.
200.
Se pueden distinguir dos posturas en las decisiones sobre costas en casos CIADI. Algunos tribunales reparten los gastos del CIADI en partes iguales y determinan que cada parte debe soportar sus propios gastos. Otros siguen el principio según el cual "las costas siguen al hecho", con el resultado de que la parte que no es victoriosa asume todas o parte de las costas del proceso, incluidas las de la otra parte.

VII. DECISIÓN

203.
Por los motivos expuestos previamente, el Tribunal de manera unánime decide que:

a. El Tribunal está impedido de ejercer jurisdicción sobre la diferencia;

b. Las Demandantes reembolsarán a la Demandada las cantidades que la Demandada ha depositado en el CIADI para los gastos del arbitraje;

c. Las Demandantes pagarán 1,571,858,72 dólares estadounidenses a la Demandada, como aporte por los honorarios legales y otros gastos que la Demandada incurrió en relación con el arbitraje;

d. Se desestiman los restantes puntos del petitorio.

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