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Origine(s) du ou des documents :

Avocats, autres représentants, expert(s), secrétaire du tribunal

Laudo

TABLA DE ABREVIATURAS SELECCIONADAS/TÉRMINOS DEFINIDOS
ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones
Audiencia Audiencia sobre jurisdicción, fondo y quantum celebrada entre los días 13 y 20 de noviembre del 2017
C- [#] Anexos Documentales de la Demandante
CIADI o el Centro Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
CL- [#] Autoridad Legal de la Demandante
Convenio del CIADI Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados de fecha 18 de marzo de 1965
DNC Dirección Nacional de Comunicaciones
Dúplica de la Demandada Dúplica sobre el Fondo y Réplica sobre Jurisdicción de la Demandada de fecha 11 de agosto del 2017
Escrito Posterior a la Audiencia de la Demandada Escrito Posterior a la Audiencia de la Demandada de fecha 16 de marzo del 2018
Escrito Posterior a la Audiencia de la Demandante Escrito Posterior a la Audiencia de la Demandante, de fecha 16 de marzo del 2018
Estudio Estudio Ramírez, Xavier de Mello & Abal
GIE Grupo de Interés Económico
MDN Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay
Memorial de Contestación de la Demandada Memorial de Contestación sobre el Fondo y Memorial sobre Jurisdicción de la Demandada de fecha 30 de enero del 2017
Memorial de la Demandante Memorial sobre el Fondo de la Demandante, de fecha 16 de septiembre del 2016
MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería

R- [#] Anexo Documental de la Demandada
Reglas de Arbitraje Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI 2006
Reglas de la IBA Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional
Réplica de la Demandante Réplica sobre el Fondo y Memorial de Contestación sobre Jurisdicción de la Demandante, de fecha 12 de mayo del 2017
RL- [#] Autoridad Legal de la Demandada
Sentencia Sentencia 579/2014 de fecha 23 de octubre del 2014 dictada por el "Tribunal de lo Contencioso Administrativo"
Solicitud Solicitud de Arbitraje, de fecha 16 de febrero del 2016
Tr. Día [#] [Orador(a)(es)(as)] [página:línea] Transcripción de la Audiencia
Tratado Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América Relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que entró en vigor el 1 de noviembre del 2006
Tribunal Tribunal de arbitraje constituido el 27 de mayo del 2016
Trigosul Trigosul S.A., constituida el 19 de diciembre de 1994
URSEC Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones

I. INTRODUCCIÓN Y PARTES

1.
El presente caso se refiere a una diferencia sometida al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("CIADI" o el "Centro") basada en el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América Relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 4 de noviembre del 2005 y en vigencia a partir del 1 de noviembre del 2006 (el "Tratado"), así como en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que entró en vigencia el 14 de octubre de 1966 (el "Convenio del CIADI").
2.
La Demandante es Italba Corporation ("Italba" o la "Demandante"), sociedad constituida de conformidad con la legislación del Estado de Florida, Estados Unidos de América.
3.
La Demandada es la República Oriental del Uruguay ("Uruguay" o la "Demandada").
4.
La Demandante y la Demandada se denominan conjuntamente como las "Partes". Los nombres de los representantes de las Partes y sus domicilios se encuentran en la página (i) supra.
5.
Esta diferencia se refiere a la revocación por parte de Uruguay de la licencia de la Demandante para brindar servicios de datos inalámbricos en Uruguay, a través de la empresa uruguaya Trigosul S.A. ("Trigosul"), lo que supuestamente violó las disposiciones del Tratado.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

A. Registro de la Solicitud de Arbitraje y Constitución del Tribunal

6.
El 16 de febrero del 2016 el CIADI recibió una Solicitud de Arbitraje de esa misma fecha de Italba en contra de Uruguay (la "Solicitud"). La Solicitud se complementó con cartas de la Demandante de fechas 10 y 20 de marzo del 2016.
7.
El 24 de marzo del 2016 la Secretaria General del CIADI registró la Solicitud de conformidad con el Artículo 36(3) del Convenio del CIADI y notificó a las Partes del registro. En la Notificación del Acto de Registro, la Secretaria General invitó a las Partes a que procedieran a constituir un tribunal de arbitraje en cuanto fuera posible, conforme a la Regla 7(d) de las Reglas Procesales Aplicables a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje del CIADI.
8.
De conformidad con el Artículo 37(2)(a) del Convenio del CIADI, y con arreglo a las disposiciones del Tratado, el Tribunal estaría constituido por tres árbitros a ser nombrados de la siguiente manera: uno por cada Parte y el tercero, el árbitro presidente, por acuerdo de las Partes.
9.
El Tribunal quedó conformado por el señor Rodrigo Oreamuno, nacional de Costa Rica, en calidad de Presidente, nombrado por acuerdo de las Partes; el señor John Beechey, nacional del Reino Unido, nombrado por la Demandante; y el Profesor Zachary Douglas, nacional de Australia, nombrado por la Demandada.
10.
El 27 de mayo del 2016, conforme a la Regla 6(1) de las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI (las "Reglas de Arbitraje del CIADI"), la Secretaria General notificó a las Partes que los tres árbitros habían aceptado sus nombramientos y que el Tribunal se consideraba constituido en esa fecha. La señora Marisa Planells-Valero, Consejera Jurídica del CIADI, fue designada para actuar como Secretaria del Tribunal.

B. La Primera Sesión

11.
De conformidad con la Regla 13(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, el 26 de julio del 2016 el Tribunal celebró una primera sesión con las Partes, por teleconferencia.
12.
Después de la primera sesión, el 29 de julio del 2016, el Presidente del Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 1, en la que consta el acuerdo de las Partes sobre cuestiones procesales y la decisión del Tribunal sobre los asuntos debatidos. La Resolución Procesal No. 1 dispuso, inter alia, que las Reglas de Arbitraje aplicables serían aquellas que entraron en vigor el 10 de abril del 2006; que los idiomas del procedimiento serían el español y el inglés; y que el lugar del procedimiento sería Washington, D.C. También estableció el calendario procesal de este procedimiento. La señorita María José Rojas fue nombrada asistente del Presidente del Tribunal.
13.
El 28 de julio del 2016 el Tribunal y las Partes tomaron conocimiento de que la Secretaria del Tribunal tomaría una licencia provisional y que la señora Luisa Fernanda Torres se desempeñaría como Secretaria del Tribunal durante su ausencia.

C. Escritos de las Partes y Solicitudes Procesales

14.
Conforme a la Resolución Procesal No. 1, el 16 de septiembre del 2016, la Demandante presentó su Memorial sobre el Fondo, con las declaraciones testimoniales del Dr. Gustavo Alberelli1 y del señor Luis Herbón2; un informe pericial del señor Santiago Dellepiane Avellaneda de Compass Lexecon; los Anexos Documentales C-001 a C-136 y las Autoridades Legales CL-001 a CL-085.
15.
El 14 de octubre del 2016 la Demandada le informó al Tribunal que no solicitaría la bifurcación del procedimiento y que plantearía sus excepciones a la jurisdicción con su Memorial de Contestación.
16.
El 31 de octubre del 2016 la Demandante le informó al Tribunal que uno de sus testigos, el Sr. Herbón, había recibido una citación para comparecer ante un tribunal penal en Montevideo, Uruguay, en relación con una investigación relacionada con su declaración testimonial y la del Dr. Alberelli en el marco del presente arbitraje (la "Investigación").
17.
El 8 de noviembre del 2016 la Demandada respondió a la comunicación de la Demandante fechada 31 de octubre del 2016.
18.
El 10 de noviembre del 2016 la Demandante presentó una Solicitud de Medidas Provisionales y Medidas Cautelares, de conformidad con el Artículo 47 del Convenio del CIADI y la Regla 39(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. La Solicitud de la Demandante pretendía, inter alia, detener el procesamiento penal en Uruguay del Dr. Alberelli y del señor Herbón hasta que se resolviera el presente arbitraje. Asimismo, la Demandante le solicitó al Tribunal medidas cautelares a fin de preservar el statu quo mientras la Solicitud de la Demandante estuviera en trámite y señaló que estaba programado que el señor Herbón compareciera en una audiencia ante el Tribunal Penal uruguayo el 1 de diciembre del 2016.
19.
El 14 de noviembre del 2016 el Tribunal invitó a la Demandada a comentar sobre la Solicitud de la Demandante, a más tardar, el 17 de noviembre del 2016.
20.
Ese mismo día, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 2, modificando algunos requisitos de la Resolución Procesal No. 1 referentes a la presentación de copias impresas de los escritos de las partes y los documentos de acompañamiento.
21.
El 15 de noviembre del 2016 la Demandada le solicitó al Tribunal una prórroga hasta el 21 de noviembre del 2016 para remitir sus observaciones sobre la Solicitud de la Demandante.
22.
El 16 de noviembre del 2016 el Tribunal otorgó la prórroga solicitada por la Demandada.
23.
Ese mismo día, la Demandante le informó al Tribunal que, aunque no se oponía a la prórroga otorgada a la Demandada, la invocaba a efectos de reiterar su solicitud de medidas cautelares.
24.
El 17 de noviembre del 2016 la Demandada respondió a la comunicación de la Demandante de fecha 16 de noviembre del 2016. Le solicitó al Tribunal que rechazara la solicitud de medidas cautelares de la Demandante, argumentando que no existía urgencia alguna, dado que el próximo evento en la Investigación estaba programado para el 1° de diciembre del 2016.
25.
El 21 de noviembre del 2016 la Demandada presentó su Respuesta a la Solicitud de la Demandante de Medidas Provisionales y Medidas Cautelares, en la cual, inter alia, declaró que Uruguay estaba dispuesta a garantizar que la Investigación no impediría al Dr. Alberelli o al señor Herbón participar en la preparación o presentación de lo que resta del caso de la Demandante (la "Garantía").
26.
El 24 de noviembre del 2016 la Demandante presentó su Respuesta en Apoyo a su Solicitud de Medidas Provisionales y Medidas Cautelares.
27.
El 25 de noviembre del 2016 el Presidente del Tribunal invitó a la Demandada a que confirmase la Garantía. El 28 de noviembre del 2016, la Demandada confirmó la Garantía.
28.
El 30 de noviembre del 2016 el Tribunal escribió a las Partes solicitando a la Demandante que confirmara si la Garantía era suficiente para proteger su capacidad de presentar las pruebas testimoniales del señor Herbón y del Dr. Alberelli en el marco de este procedimiento.
29.
El 5 de diciembre del 2016 la Demandante presentó observaciones en respuesta a la comunicación del Tribunal fechada 30 de noviembre del 2016.
30.
El 6 de diciembre del 2016 la Demandada presentó otra comunicación en la que abordaba algunas alegaciones contenidas en la comunicación de la Demandante fechada 5 de diciembre del 2016. Ese mismo día, la Demandante envió su respuesta.
31.
El 9 de diciembre del 2016 el Presidente del Tribunal, en nombre y representación del Tribunal, les pidió a las Partes informar si "el señor Herbón, había, en efecto, comparecido ante el Tribunal Penal uruguayo [el día 1 de diciembre del 2016] y, en caso afirmativo, indicara cuáles fueron las circunstancias de su comparecencia". [Traducción del Tribunal]
32.
El 13 de diciembre del 2016 la Demandada informó al Tribunal que "el señor Herbón no compareció ante el tribunal el día 1 de diciembre de 2016, según lo exigía su citación", y agregó que "[n]i el Sr. Herbón ni su abogado ofrecieron motivo ante el Tribunal o al Fiscal por su incomparecencia". Sin embargo, la Demandada afirmó que "permanece en vigencia la garantía que ha ofrecido Uruguay —en su Respuesta a la Solicitud de la Demandante de Medidas Provisionales (presentada el 21 de noviembre de 2016) y su correspondencia con el Tribunal del 28 de noviembre de 2016".
33.
El mismo 13 de diciembre del 2016 la Demandante informó que el abogado del señor Herbón había logrado reprogramar su comparecencia ante el tribunal para una fecha en el mes de febrero del 2017, pero que "el señor Herbón y el Dr. Alberelli seguían sin poder regresar a Uruguay para reunir pruebas y realizar negocios sin la amenaza de encarcelación preventiva". La Demandante reiteró su solicitud de medidas provisionales.
34.
El 5 de enero del 2017 el Tribunal y las Partes tomaron conocimiento de que la señora Marisa Planells-Valero había retomado sus funciones como Secretaria del Tribunal en el marco del presente procedimiento.
35.
El 30 de enero del 2017, conforme a la Resolución Procesal No. 1 modificada por la Resolución Procesal No. 2, la Demandada presentó su Memorial de Contestación sobre el Fondo y su Memorial sobre Jurisdicción, conjuntamente con las declaraciones testimoniales del señor Nicolás Cendoya, de las señoras Elena Grauert y Alicia Fernández, de los señores Fernando García Piriz, Fernando Pérez Tabó, Gabriel Lombide, Juan Piaggio y León Lev; los informes periciales del Prof. Santiago Pereira Campos y de los señores Daniel Flores y Ettore Comi de Econ One Research; los Anexos Documentales R-008 a R-080 y las Autoridades Legales RL-024 a RL-119.
36.
El 9 de febrero del 2017 la Demandante presentó una comunicación adicional en la que le informó al Tribunal que la audiencia del señor Herbón ante el Tribunal Penal uruguayo se había reprogramado para el 15 de febrero del 2017 y reiteró su solicitud de medidas provisionales. El 14 de febrero del 2017 la Demandada presentó su respuesta a esta comunicación, confirmando nuevamente la Garantía.
37.
El 15 de febrero del 2017 el Tribunal emitió su Decisión rechazando la Solicitud de la Demandante de Medidas Provisionales y Medidas Cautelares. En dicha Decisión, concluyó que la Solicitud de la Demandante se basaba en las consecuencias esperadas de la Investigación, y que la Demandante no había ofrecido prueba de que, a la fecha, la participación del Dr. Alberelli y del señor Herbón en este procedimiento se hubiera visto afectada por su implicación en la Investigación. Además, el Tribunal reconoció que el compromiso de Uruguay a respetar los derechos de la Demandante en este arbitraje se había asumido de buena fe y sería cumplido.
38.
El 14 de febrero del 2017 las Partes presentaron sus solicitudes de exhibición de documentos. El 15 de marzo del 2017 cada Parte presentó sus observaciones en cuanto a la solicitud de la otra Parte. El 23 de marzo del 2017 la Demandante presentó una réplica respecto de su solicitud de exhibición de documentos. El 29 de marzo del 2017 la Demandada presentó una réplica de respecto de su solicitud de exhibición de documentos. El 4 de abril del 2017 el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 3, referente a la decisión sobre la solicitud de exhibición de documentos de la Demandante.
39.
El 25 de abril del 2017 la Demandante solicitó una prórroga de once días del plazo para presentar su Memorial de Réplica, que vencía originalmente el 1 de mayo del 2017, y solicitó, asimismo, trasladar la fecha de presentación de la Dúplica de la Demandada del 31 de julio del 2017 al 11 de agosto del 2017. El 26 de abril del 2017, el Tribunal invitó a la Demandada a que comentase sobre dicha prórroga. Ese mismo día, la Demandada expresó su conformidad con la prórroga. El 28 de abril del 2017 el Tribunal otorgó la prórroga.
40.
El 13 de mayo del 2017 la Demandante presentó su Memorial de Réplica, conjuntamente con las declaraciones testimoniales de la señora Beatriz Alberelli, de los señores Alejandro Amaro, Alan Cherp, Christopher G. Hall y Johnathan Alexander Van Arem; las segundas declaraciones testimoniales del señor Alejandro Amaro, del Dr. Gustavo Alberelli y del señor Luis Herbón; el informe pericial de los señores John Hargett, Luis Lapique y Luis Valle; un segundo informe pericial del señor Santiago Dellepiane Avellaneda de Compass Lexecon; los Anexos Documentales C-154 a C-275 y las Autoridades Legales CL-102 a CL-155.
41.
El 31 de mayo del 2017 los Estados Unidos de América, la Parte no contendiente conforme a los términos del Tratado (la "Parte No Contendiente"), notificó al Tribunal que decidiría si efectuar una presentación de Parte No Contendiente una vez que hubiera recibido y examinado la Dúplica de la Demandada, que debía presentarse el 11 de agosto del 2017.
42.
Tras la presentación de escritos adicionales de las Partes, el 31 de mayo del 2017, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 4, referente a la decisión sobre la solicitud de exhibición de documentos de la Demandada, que además establecía un marco para la protección de ciertos documentos de carácter confidencial a ser exhibidos por la Demandante de conformidad con dicha Resolución.
43.
El 5 de junio del 2017 el Tribunal propuso un calendario procesal a las Partes para el caso de que la Parte No Contendiente decidiera efectuar una presentación en el marco de este procedimiento. El 13 de junio del 2017 las Partes confirmaron que no tenían objeción alguna respecto al calendario procesal propuesto por el Tribunal. El 22 de junio del 2017 el Tribunal invitó a la Parte No Contendiente a que efectuase su presentación, si así lo deseaba, a más tardar, el 12 de septiembre del 2017.
44.
El 5 de julio del 2017 las Partes informaron al Tribunal que habían acordado celebrar una Audiencia de ocho días.
45.
El 6 de julio del 2017 el Presidente del Tribunal informó a las Partes que la señora María José Rojas dejaría de desempeñarse como Asistente del Presidente del Tribunal en este procedimiento.
46.
El 11 de agosto del 2017 la Demandada presentó su Memorial de Dúplica, junto con las segundas declaraciones testimoniales del señor Nicolás Cendoya, de la señora Alicia Fernández y del señor Fernando García Piriz; los segundos informes periciales del profesor Santiago Pereira Campos, del Dr. Daniel Flores y del señor Ettore Comi de Econ One Research, Inc.; los informes periciales del señor Louis T.M. Conti, Esq.; del señor Néstor Alejandro Paz Portela y del Dr. Eugenio Xavier de Mello Ferrand de Ramírez de Xavier de Mello & Abal Abogados; los Anexos Documentales R-081 a R-125 y las Autoridades Legales RL-120 a RL-155.
47.
El 22 de agosto del 2017 el Tribunal invitó a las Partes a que llegaran a un acuerdo con respecto a algunos detalles de organización y logística de la Audiencia, a más tardar, el 29 de agosto del 2017. El 24 de agosto del 2017 las Partes solicitaron una prórroga. El 25 de agosto del 2017, el Tribunal concedió la prórroga solicitada por las Partes. El 8 de septiembre del 2017 las Partes presentaron una declaración conjunta sobre la organización de la Audiencia.
48.
El 11 de septiembre del 2017, la Parte No Contendiente efectuó una presentación (la "Presentación de la Parte No Contendiente"). El 25 de septiembre del 2017 la Demandada presentó sus observaciones con respecto a la Presentación de la Parte No Contendiente. El 27 de septiembre del 2017 la Demandante informó al Tribunal que no tenía comentarios para formular con respecto a la Presentación de la Parte No Contendiente.
49.
El 11 de septiembre del 2017 la Demandada presentó una lista de los testigos y peritos de la Demandante que deseaba contrainterrogar durante la Audiencia. El 12 de septiembre del 2017 la Demandante presentó una lista de los testigos y peritos de la Demandada que deseaba contrainterrogar durante la Audiencia. El 15 de septiembre del 2017 la Demandada propuso que se autorizara la presentación de seis de sus testigos para ser interrogados por la Demandante durante la Audiencia por vía de videoconferencia, o, en subsidio, que se requiriera un pago anticipado a la Demandante que cubriera el transporte, la comida y el alojamiento de los testigos. El 27 de septiembre del 2017 la Demandante objetó la propuesta de la Demandada.
50.
El 12 de septiembre del 2017 la Demandada solicitó permiso al Tribunal para presentar algunas páginas que faltaban del Anexo Documental C-116 de la Demandante. El 19 de septiembre del 2017 la Demandante informó al Tribunal que no tenía objeción alguna con respecto a la solicitud de la Demandada. El 20 de septiembre del 2017 el Tribunal autorizó a la Demandada a aportar al expediente las páginas faltantes del Anexo Documental C-116 de la Demandante.
51.
Mediante esa misma carta, el Tribunal solicitó autorización a las Partes para que el señor Joao Valerio, colega y secretario administrativo del señor Beechey, asistiera a la Audiencia. El 20 de septiembre del 2017, la Demandada confirmó que no tenía objeción alguna con respecto a la asistencia del Sr. Valerio a la Audiencia. El 21 de septiembre del 2017 la Demandante confirmó que no tenía objeción alguna con respecto a la asistencia del señor Valerio a la Audiencia.
52.
El 26 de septiembre del 2017, y conforme a la invitación del Tribunal de fecha 20 de septiembre del 2017, la Demandada aportó al expediente las páginas faltantes del Anexo Documental C-116 de la Demandante como Anexo R-126.
53.
El 27 de septiembre del 2017, de conformidad con la Resolución Procesal No. 4, el señor Valerio presentó un compromiso de confidencialidad firmado.
54.
El 5 de octubre del 2017 la Demandante informó al Tribunal que ya no pretendía llamar a contrainterrogatorio durante la Audiencia al perito técnico de Uruguay, Dr. Alejandro Paz.
55.
En la misma fecha, el Tribunal rechazó la propuesta de la Demandada de fecha 15 de septiembre del 2017 de que se autorizara la presentación de seis de sus testigos para ser interrogados por la Demandante durante la Audiencia por vía de videoconferencia, o, en subsidio, que se le requiriera un pago anticipado a la Demandante que cubriera el transporte, la comida y el alojamiento de los testigos. Al hacerlo, el Tribunal invitó a la Demandante a que considerara cuidadosamente la necesidad de contrainterrogar a todos los testigos de la Demandada, y a que confirmara la lista de testigos a ser contrainterrogados, a más tardar, el 11 de octubre del 2017. Ese día, la Demandante le proporcionó al Tribunal una lista revisada de los testigos y peritos que iba a contrainterrogar durante la Audiencia.
56.
El 24 de octubre del 2017, la Demandante le informó al Tribunal que había decidido prescindir de los servicios de Hughes Hubbard & Reed LLP como su abogado en este procedimiento, y que había contratado a la firma de abogados Alston & Bird LLP.
57.
El 25 de octubre del 2017 la Demandada solicitó permiso al Tribunal para aportar al expediente una nueva autoridad legal. En esa misma fecha, la Demandante indicó que no tenía objeción alguna con respecto a la solicitud de la Demandada. El 27 de octubre del 2017, a la luz del acuerdo de las Partes, el Tribunal autorizó a la Demandada a aportar al expediente esta nueva autoridad legal como RL-159.
58.
El 26 de octubre del 2017 la Demandante solicitó una postergación de la Audiencia sobre la base del repentino deterioro en la salud del Dr. Alberelli, lo cual le "impediría participar de la audiencia en ese momento, y, asimismo, imposibilitaría la preparación eficaz de Italba para la audiencia" [Traducción del Tribunal], y sugirió que el Tribunal propusiera a las Partes posibles fechas alternativas de Audiencia. El 31 de octubre del 2017 Uruguay se opuso a la solicitud de la Demandante argumentando, inter alia, que posponer la Audiencia en una etapa tan tardía del procedimiento causaría un grave perjuicio a la Demandada. Informó al Tribunal que, a la luz de las circunstancias, estaba dispuesta a "sacrificar su derecho a contrainterrogar al Dr. Alberelli" [Traducción del Tribunal]. En la misma fecha, la Demandante reiteró su solicitud de postergación de la Audiencia. El 2 de noviembre del 2017 la Demandada reiteró su voluntad de sacrificar el contrainterrogatorio del Dr. Alberelli en aras de evitar la postergación de la Audiencia.
59.
El 3 de noviembre del 2017 el Tribunal le informó a las Partes que no deseaba interrogar al Dr. Alberelli durante la Audiencia y que, tras la debida consideración, había decidido rechazar la solicitud de postergación de la Audiencia de la Demandante. En la misma fecha, la Demandante solicitó al Tribunal que reconsiderara su decisión de rechazar la postergación de la Audiencia. Tras la debida consideración, el Tribunal confirmó su decisión de rechazar la solicitud de la Demandante. Asimismo, reiteró que Italba no había expuesto motivos suficientes para justificar su declaración de que los problemas de salud del Dr. Alberelli y la ausencia en la sala de un funcionario o accionista de Italba durante la Audiencia impediría que los abogados de la Demandante pudieran presentar su caso durante la Audiencia.
60.
El 5 de noviembre del 2017, el Tribunal propuso, inter alia, la adopción de un Protocolo para la Protección de Información Confidencial, con el objetivo de garantizar tanto la máxima transparencia de la Audiencia en virtud del régimen de trasparencia establecido por el Artículo 29.2 del Tratado como la protección de la información confidencial conforme a la Resolución Procesal No. 4. Los días 7 y 8 de noviembre del 2017, respectivamente, la Demandada y la Demandante confirmaron su conformidad con la propuesta del Tribunal.
61.
El mismo 7 de noviembre del 2017 la Parte No Contendiente le informó al Tribunal su intención de asistir a la Audiencia, de conformidad con el Artículo 29 del Tratado. Asimismo, la Parte No Contendiente presentó una propuesta a las Partes referente al proceso establecido en la Resolución Procesal No. 4 para proteger la información confidencial de su divulgación durante la Audiencia. En esa misma fecha, las Partes indicaron que no tenían objeción alguna con respecto a la propuesta de la Parte No Contendiente.
62.
El 9 de noviembre del 2017 el Tribunal informó a la Parte No Contendiente que el Tribunal y las Partes le daban la bienvenida a la Audiencia. Asimismo, el Tribunal confirmó que, de conformidad con la Resolución Procesal No. 4 y el Protocolo para la Protección de Información Confidencial, se invitaría a la Parte No Contendiente a retirarse de la sala de audiencia momentáneamente toda vez que se debiera someter información confidencial a la atención del Tribunal durante la Audiencia. Ese mismo día, la Parte No Contendiente acusó recibo de la comunicación del Tribunal y proporcionó una lista de las personas que asistirían a la Audiencia en su representación.
63.
En la misma fecha, la Demandante solicitó permiso para aportar al expediente ocho anexos documentales y tres autoridades legales adicionales.
64.
El 10 de noviembre del 2017 la Demandada objetó la solicitud de la Demandante, con excepción de los tres documentos que tenían fecha posterior a los escritos principales de la Demandante. En la misma fecha, la Demandante reiteró su solicitud del 9 de noviembre del 2017.
65.
El 11 de noviembre del 2017 el Tribunal le informó a las Partes que abordaría la solicitud de la Demandante del 9 de noviembre del 2017 al comienzo de la Audiencia el 13 de noviembre del 2017, luego de lo cual emitiría una decisión.

D. El Procedimiento Oral

66.
Entre los días 13 y 20 de noviembre del 2017, se celebró la Audiencia sobre Jurisdicción, Fondo y Quantum en Washington, D.C.3, a la cual asistieron las siguientes personas:

Tribunal :

Sr. Rodrigo Oreamuno Presidente

Sr. John Beechey Árbitro

Prof. Zachary Douglas QC Árbitro

Secretariado del CIADI :

Sra. Marisa Planells-Valero Secretaria del Tribunal

Sr. Joao Valerio Asistente del Sr. John Beechey

En representación de la Demandante:

Abogados :

Sr. Alex Yanos Alston & Bird LLP

Sr. Carlos Ramos-Mrosovsky Alston & Bird LLP

Sra. Kristen Bromberek Alston & Bird LLP

Sr. Borja Álvarez Alston & Bird LLP

Sr. Ryosuke Funakoshi Alston & Bird LLP

Sra. Leticia Goni Alston & Bird LLP

Personal de apoyo :

Sr. Garett Malter Alston & Bird LLP

Sra. Kerrie Sekine-Pettite Alston & Bird LLP

Sra. Julia Gewolb Bentham Capital

Testigo :

Sr. Luis Herbón Testigo de Italba Corporation

Peritos :

Sr. Santiago Dellepiane Avellaneda Compass Lexecon

Sr. Ariel Medvedeff Compass Lexecon

Sr. Federico González Loray Compass Lexecon

Sr. Luis Lapique Lapique & Santeugini Abogados

En representación de la Demandada :

Abogados :

Sr. Paul Reichler Foley Hoag LLP

Sra. Clara Brillembourg Foley Hoag LLP

Sra. Christina Beharry Foley Hoag LLP

Sra. Patricia Cruz Trabanino Foley Hoag LLP

Sra. Melinda Kuritzky Consultora de Foley Hoag LLP

Sr. Ofilio Mayorga Foley Hoag LLP

Sr. José Rebolledo Foley Hoag LLP

Personal de apoyo :

Sra. Anna Avilés-Alfaro Foley Hoag LLP

Sra. Ana Urgiles Foley Hoag LLP

Sra. Alexandra Coon Foley Hoag LLP

Sra. Nancy López Foley Hoag LLP

Sr. Raymond McLeod DOAR

Sr. Danis Brito DOAR

Partes :

Dr. Miguel Ángel Toma Sanchis Secretaría de Presidencia

Dr. Carlos Gianelli Embajada de Uruguay

Dra. Sara Ilha Secretaría de Presidencia

Dra. Marianela Bruno Embajada de Uruguay

Sra. Silvana Sena Secretaría de Presidencia

Testigos :

Sr. Nicolás Cendoya Testigo de Uruguay

Sra. Alicia Fernández Testigo de Uruguay

Sr. León Lev Testigo de Uruguay

Sr. Juan Piaggio Testigo de Uruguay

Sra. Elena Grauert Testigo de Uruguay

Dr. Fernando García Testigo de Uruguay

Peritos :

Sr. Santiago Pereira Rueda Abadi Pereira

Sr. Alejandro Paz Ministerio de Industria, Energía y Minería

Sr. Eugenio Xavier de Mello Estudio Ramírez, Xavier de Mello & Abal

Sr. Louis Conti Holland & Knight

Dr. Daniel Flores Econ One Research, Inc.

Sr. Ettore Comi Econ One Research, Inc.

Sr. Iván López Econ One Research, Inc.

Sra. Eleanor Coates Econ One Research, Inc.

Parte No Contendiente :

Sra. Lisa Grosh Departamento de Estado de EE. UU.

Sra. Nicole Thornton Departamento de Estado de EE. UU.

Sra. Terra Gearhart-Serna Departamento de Estado de EE. UU.

Sr. Matthew Olmsted Departamento de Estado de EE. UU.

Sra. Danielle Polebaum Departamento de Estado de EE. UU.

Sr. Grayson Orsini Departamento de Estado de EE. UU.

Estenógrafos :

Sra. Dawn Larson Worldwide Reporting, LLP

Sr. David Kasdan Worldwide Reporting, LLP

Sr. Paul Pelissier DR Esteno

Sra. Luciana Sosa DR Esteno

Intérpretes :

Sra. Silvia Colla Intérprete español-inglés

Sr. Daniel Giglio Intérprete español-inglés

Sr. Charles Roberts Intérprete español-inglés

67.
Durante la Audiencia, se interrogó a las siguientes personas:

En representación de la Demandante :

Sr. Luis Herbón Testigo de Italba Corporation

Sr. Santiago Dellepiane Avellaneda Compass Lexecon

Sr. Luis Lapique Lapique & Santeugini Abogados

En representación de la Demandada :

Sr. Nicolás Cendoya Testigo de Uruguay

Sra. Alicia Fernández Testigo de Uruguay

Sr. León Lev Testigo de Uruguay

Sr. Juan Piaggio Testigo de Uruguay

Sra. Elena Grauert Testigo de Uruguay

Dr. Fernando García Testigo de Uruguay

Sr. Santiago Pereira Rueda Abadi Pereira

Sr. Alejandro Paz Ministerio de Industria, Energía y Minería

Sr. Eugenio Xavier de Mello Estudio Ramírez, Xavier de Mello & Abal

Sr. Louis Conti Holland & Knight

Dr. Daniel Flores Econ One Research, Inc.

Sr. Ettore Comi Econ One Research, Inc.

68.
El 13 de noviembre del 2017, tras otro intercambio de opiniones al comienzo de la Audiencia, el Tribunal decidió admitir la solicitud de la Demandante del 9 de noviembre del 2018. El 14 de noviembre del 2017, la Demandante aportó al expediente los ocho anexos documentales adicionales y las tres autoridades legales adicionales con los números C-276 a C-286 y CL-156 a CL-158.
69.
El 16 de noviembre del 2017 la Demandante propuso que se reasignara entre las Partes parte del tiempo restante reservado para las preguntas del Tribunal durante la Audiencia. En la misma fecha, la Demandada se opuso, y la Demandante envió una comunicación adicional al Tribunal al respecto.
70.
El 17 de noviembre del 2017, durante el contrainterrogatorio del Profesor Xavier de Mello, la Demandante objetó a que el Tribunal considerara su testimonio por falta de independencia. Mediante cartas de fechas 21 de noviembre y 1 de diciembre del 2017, la Demandante reiteró sus objeciones con respecto a la independencia del Prof. de Mello y solicitó al Tribunal que desestimara el informe pericial y el testimonio que este último brindó en el marco del presente procedimiento. Mediante comunicaciones de fechas 30 de noviembre y 8 de diciembre del 2017, la Demandada objetó la solicitud de la Demandante. El 18 de diciembre del 2017 el Tribunal notificó a las Partes que emitiría una decisión con respecto a la solicitud de la Demandante en el momento procesal oportuno. La Solicitud de la Demandante se aborda en más detalle en la Sección V infra.
71.
El 19 de noviembre del 2017, durante la Audiencia, la Demandante le solicitó permiso al Tribunal para aportar al expediente un nuevo documento y una orden del Tribunal para que Demandada exhibiera un documento adicional a la Demandante. Ese mismo día, tras un intercambio de opiniones entre las Partes, el Tribunal decidió rechazar la solicitud de la Demandante del 19 de noviembre del 2017.
72.
El 16 de marzo del 2018 las Partes presentaron simultáneamente sus respectivos escritos posteriores a la audiencia.
73.
Las Partes efectuaron sus presentaciones sobre costos el 4 de mayo del 2018. La Demandada presentó una actualización sobre costos el 7 de noviembre del 2018.
74.
El 15 de enero del 2019 el Tribunal declaró el cierre del procedimiento.

III. ANTECEDENTES DE HECHO

75.
Italba se constituyó el 10 de mayo de 1982, de conformidad con las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América4. Sus fundadores fueron el Dr. Gustavo Alberelli (ciudadano italiano, residente permanente de los Estados Unidos de América desde el 1 de agosto de 1977)5, dueño de 50 acciones, y la señora Beatriz Alberelli, (quien nació en Cuba y tiene nacionalidad estadounidense desde 1967)6, dueña de las restantes 50 acciones7.
76.
El 19 de diciembre de 1994 el señor Daniel Ángel Pérez Blanco y la señora Marisa Cristina González Silvestri constituyeron la compañía denominada Mareland Sociedad Anónima en Uruguay. El 29 de diciembre de 1994 esa sociedad cambió de nombre y pasó a denominarse Trigosul Sociedad Anónima. El 3 de febrero de 1995 la Inspección General de Hacienda de Uruguay aprobó los Estatutos de esa sociedad, los cuales quedaron inscritos en el Registro Público y General de Comercio en Uruguay, con el número 763, en el folio 838 del Libro 2 de Estatutos, Legajo 11508/958.
77.
El Artículo 3 de los Estatutos de Trigosul dice lo siguiente:

"El capital formado con títulos de una o más acciones ordinarias nominativas de $U 1.00 (pesos uruguayos uno) cada una, será de $U 182,500.00 (pesos uruguayos ciento ochenta y dos mil quinientos). Los títulos accionarios contendrán las formalidades prescriptas por el artículo 300 de la Ley No. 16,060. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas podrá aprobar su aumento hasta la suma de $U 912,500.00 (pesos uruguayos novecientos doce mil quinientos) en una o más veces, sin necesidad de reforma ni conformidad administrativa. La Asamblea podrá delegar en el Directorio, o el Administrador en su caso, la época de la emisión, la forma y condiciones de pago. La transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad, la que dejará constancia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 16,060"9.

78.
El 6 de septiembre de 1996 se emitieron seis certificados de Trigosul. Cada uno representaba 9,125 acciones, con un valor nominal de un peso uruguayo cada una. Tres de los certificados fueron emitidos a nombre de la señora Carmela Caravetta Durante (madre del Dr. Alberelli), y los restantes tres a nombre del Dr. Gustavo Alberelli Caravetta10.
79.
El Dr. Alberelli manifestó lo siguiente en relación con las fechas de los certificados y con la adquisición de Trigosul:

"Algunos de los registros societarios de Trigosul indican que la sociedad fue adquirida en 1996, no en 1999. Certificados de Acciones de Trigosul (C-161), en 1-12; Libro de Asamblea de Accionistas y Directorio de Trigosul (C-164), en 3-4. El motivo de esta discrepancia es que los dueños originales de Trigosul exigieron, como condición para la venta de la sociedad, que los registros societarios indicaran que la adquisición se realizó en 1996, y acepté esa condición"11.

80.
Además de los seis certificados de acciones mencionados en el párrafo 78 anterior, el 30 de junio de 1999 se emitieron catorce certificados de acciones de Trigosul; cada uno representaba 9,125 acciones, con un valor nominal de un peso uruguayo cada una, a nombre del Dr. Gustavo Alberelli Caravetta12, para completar el total de 182,500 pesos uruguayos que fue el "capital autorizado" de Trigosul.
81.
El 17 de enero de 1997, mediante la Resolución 75-219 del Ministerio de Defensa Nacional ("MDN"), "se autorizó... [al Dr. Gustavo Alberelli] a proveer en el territorio nacional, en carácter comercial, líneas dedicadas, digitales inalámbricas, sin conexión a la red telefónica pública, para la transmisión de datos punto a punto y punto a multipunto"13.
82.
El 4 de agosto de 1997, la Dirección Nacional de Comunicaciones ("DNC"), mediante la Resolución 227-97, le asignó al Dr. Gustavo Alberelli, "los canales radioeléctricos del servicio fijo terrestre", con "carácter exclusivo, nacional y secundario" de las frecuencias 1865 a 1870 MHz. (ida) - 1945 a 1950 MHz. (vuelta), 1895 a 1900 MHz. (ida) -1975 a 1980 MHz. (vuelta)14.
83.
El 9 de agosto de 1999 el Dr. Alberelli solicitó a la DNC que le transfiriera la autorización otorgada a su nombre a Trigosul15.
84.
A solicitud del Dr. Alberelli, el 8 de febrero del 2000, el MDN transfirió a Trigosul, mediante la Resolución 142/000, la autorización que le había otorgado al Dr. Alberelli, ".en las mismas condiciones establecidas originalmente"16.
85.
El 3 de octubre del 2000 el MDN emitió el Decreto 282/000, mediante el cual la banda de frecuencias de 1700 a 2200 MHz., con la excepción de aquellas frecuencias comprendidas entre 1910 y 1930 MHz., fueron reservadas para el desarrollo del servicio de comunicaciones personales llamado PCS. Mediante ese Decreto se encomendó a la DNC la obligación de estudiar los procedimientos correspondientes para la migración de quienes se encontraban autorizados para operar en las frecuencias reservadas, a otras frecuencias. También se le encargó elaborar un reglamento sobre el procedimiento para la adjudicación de frecuencias17.
86.
El 4 de octubre del 2000, mediante la Resolución 278/2000, dictada con base en el Decreto 282/000, la DNC revocó la asignación de las frecuencias que le habían sido asignadas al Dr. Alberelli de los sub-bloques 1865-1870 MHz. apareada con 1945-1950 MHz. y 1895-1900 MHz. apareada con 1975-1980 MHz". Esa Resolución además dispuso devolver al Dr. Alberelli las tasas abonadas18.
87.
Mediante esa misma Resolución 278/2000, la DNC asignó a Trigosul, ".con carácter precario y revocable sin derecho a reclamo ni indemnización de clase alguna el sub-bloque ‘K' con las sub-bandas de las frecuencias 3425 - 3450 MHz. (ida) y 3475 - 3500 MHz. (vuelta), destinadas a la instalación y operación del sistema tendiente a la provisión en el territorio nacional, en carácter comercial, de líneas dedicadas digitales inalámbricas, sin conexión a la red telefónica pública, para la transmisión de datos punto a punto y punto a multipunto"19. Esa Resolución estableció el 1° de octubre del 2001 como fecha límite para que Trigosul iniciase la operación comercial del sistema, y advirtió que, en el supuesto de que Trigosul no lo hiciera, se dejaría sin efecto su autorización. La Resolución también indicó el plazo en el que Trigosul debía efectuar el pago adelantado correspondiente a la asignación del espectro radioeléctrico durante los dos primeros años, el cual se fijó en 632,674,00 pesos uruguayos20.
88.
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 282/000, la DNC, mediante la Resolución 444/000 del 12 de diciembre del 2000, le asignó ".con carácter precario y revocable sin derecho a reclamo ni indemnización de clase alguna a TRIGOSUL S.A. los sub-bloques ‘K' y ‘M' correspondientes a las sub-bandas de frecuencias 3425-3450 MHz. y 3525-3550 MHz., destinadas a la instalación y operación del sistema tendiente a la provisión en el territorio nacional, en carácter comercial, de líneas dedicadas digitales inalámbricas, sin conexión a la red telefónica pública, para la transmisión de datos punto a punto y punto a multipunto"21.
89.
El 21 de febrero del 2001, mediante la Ley 17,296 se creó la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ("URSEC"), como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. Según el Artículo 73 de esta Ley, a la URSEC le compete la regulación y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones, ".entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos y, asimismo, las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales"22.
90.
El 25 de marzo del 2003 se aprobó el Decreto 114/003 de Administración y Control del Espectro Radioeléctrico, inter alia, con los fines de propiciar el uso eficiente del espectro, promover su uso como factor de desarrollo económico y social, y propiciar el acceso equitativo a los recursos radioeléctricos, mediante procedimientos abiertos, transparentes y sin discriminación (Artículo 2)23.
91.
El 25 de marzo del 2003 también se aprobó el Decreto 115/003 de Licencias de Telecomunicaciones, cuyo Artículo 9 establece:

"1.- Licencia de Telecomunicaciones - Clase A: habilita la operación de una red pública de telecomunicaciones y a la prestación por esos medios de los servicios de telecomunicaciones que resulten técnica y jurídicamente factibles conforme a la legislación vigente, con excepción del servicio de televisión para abonados. La licencia incluye el derecho y la obligación de dar interconexión y de negociar compensación recíproca por los servicios de acceso o terminación conmutada de telefonía.

2.- Licencia de Telecomunicaciones - Clase E: habilita la prestación de servicios de telecomunicaciones utilizando como soporte la red, medios o enlaces propios o de otro prestador.

Se distinguen en esta categoría las siguientes clases:

Licencia de Telecomunicaciones Clase B1: habilita la prestación de los servicios de telecomunicaciones que surgen de su plan técnico y para cuya prestación el licenciatario requiere el acceso a los recursos de numeración, enlaces u otros medios de las redes de titulares de Licencias de Telecomunicaciones Clase A.

Licencia de Telecomunicaciones - Clase B2: habilita la prestación de los servicios de telecomunicaciones que surgen de su plan técnico y para cuya prestación el licenciatario no requiere de acceso a los recursos de numeración, enlaces u otros medios de las redes de titulares de Licencias de Telecomunicaciones Clase A.

3.- Licencia para el arriendo de enlaces, medios y sistemas de telecomunicaciones - Clase C: habilita exclusivamente la instalación de enlaces, medios y sistemas de telecomunicaciones para su provisión o arriendo a licenciatarios de servicios de telecomunicaciones.

4.- Licencia de Televisión para abonado - Clase D: habilita la prestación de servicios de televisión por suscripción que requieren la utilización de medios de transmisión alámbricos o inalámbricos para la difusión de los contenidos"24.

92.
El 6 de julio del 2005 el señor Luis Herbón, Director de Trigosul en ese momento, le envió una carta al Ing. Juan Piaggio, Gerente General de la URSEC (del 31 de marzo del 2005 al 1° de diciembre del 2008)25 en la cual le indicó: "Nos dirigimos a Ud. a efectos de solicitarle la adecuación de la licencia de transmisión de datos de TRIGOSUL S.A., en los términos de lo dispuesto por la ley Nro. 17,296 de 21 de Febrero de 2001 y los Decretos 114/03 y 115/03 ambos el (sic) 25 de Marzo de 2003"26.
93.
El 15 de agosto del 2005 el señor Herbón le envió otra carta al señor Piaggio en la cual le informó de la importación de equipos hecha por Trigosul y solicitó su homologación. Además, le indicó: ". nos gustaría nos informara acerca de una gestión iniciada tiempo atrás, por carta de 6 de Julio de 2005 para la adecuación de la adjudicación de frecuencia de TRIGOSUL S.A. de acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 17,296 del 21 de Febrero del 2001 y los Decretos 114/003 y 115/003 ambos del 25 de Marzo del 2003"27.
94.
El Tratado se suscribió el 4 de noviembre del 2005 y entró en vigencia el 1° de noviembre del 200628.
95.
El 26 de enero del 2006 el señor Herbón le envió una carta al señor Ricardo Martínez de la URSEC en la cual se refirió a un convenio de pago de una deuda de Trigosul con la URSEC (por concepto del uso del espacio radioeléctrico), según el expediente 2003/1/1419; el señor Herbón también se refirió a la solicitud de adecuación de la licencia de Trigosul (según el expediente 2005/1/1476) y a una negociación con otra empresa denominada UTE, la cual pidió la autorización de URSEC para transportar por medio de fibra oscura propiedad de UTE una señal de datos. Además, el señor Herbón indicó que la adecuación de la licencia había demorado otra inversión de USD 6,500,000, y que esos inversores exigían la adecuación como condición para continuar con el proyecto29.
96.
El 23 de marzo del 2006 el señor Herbón le envió otra carta, por fax, al señor León Lev, Presidente de la URSEC (del 15 de agosto del 2005 al 2 de junio del 2008)30, en la cual hizo referencia a una reunión celebrada entre ellos el 15 de marzo del 2006. El señor Herbón también se refirió a una reunión de los accionistas de Trigosul con posibles inversores y dijo que estos exigían la "licencia tipo B1", según el Decreto 115/2003, para hacer su inversión, por lo que apeló al Sr. Lev de la URSEC ".para que defina esta situación [la de la licencia] favorablemente"31.
97.
El 27 de diciembre del 2006 el Decreto 249/006 estableció que la URSEC realizaría un procedimiento competitivo ". para asignar el espectro disponible en la banda de 3,300 MHz a 3,700 MHz para servicios terrestres."32.
98.
El 8 de marzo del 2007, la Administración Nacional de Telecomunicaciones ("ANTEL") emitió la "Respuesta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones a Consulta Pública sobre ‘Procedimiento Competitivo para Asignar Espectro Radioeléctrico en la Banda de 3,300 a 3,700 MHz'". En ese documento, ANTEL manifestó su oposición al procedimiento competitivo propuesto por la URSEC. Concluyó en una sección denominada "Reatribución y Reasignación de Banda" que, dado el proyecto de procedimiento competitivo, la banda de 3.3 GHz a 3.7 GHz debía ser reasignada totalmente, en condiciones no discriminatorias, entre los prestadores de telecomunicaciones interesados33.
99.
El 17 de febrero del 2009, el Artículo 9 del Decreto 115/003 (ver párrafo 91 anterior) se modificó mediante el Decreto IE 810 de la siguiente manera:

"Artículo 9 - Clases de licencias

Licencia de Telecomunicaciones - Clase A: Habilita la operación de una red pública de telecomunicaciones y a la prestación por esos medios de los servicios de telecomunicaciones que resulten técnica y jurídicamente factibles conforme a la legislación vigente, con excepción del servicio de Televisión para abonados. La licencia incluye el derecho y la obligación de dar interconexión y de negociar compensación recíproca por los servicios de acceso o terminación conmutada de telefonía.

Licencia de Telecomunicaciones-Clase B: H abilita la prestación de todos los servicios de transmisión de datos que resulten técnica y jurídicamente factibles conforme a la legislación vigente, utilizando como soporte la red, medios o enlaces propios o de otro prestador, en las condiciones que se pacten libremente entre las partes.

Licencia para el arriendo de enlaces, medios y sistemas de telecomunicaciones-Clase C : Habilita exclusivamente la instalación de enlaces, medios y sistemas de telecomunicaciones para su provisión o arriendo a licenciatarios de servicios de telecomunicaciones.

Licencia de Televisión para Abonados-Clase D : Habilita la prestación de servicios de televisión por suscripción que requieren la utilización de medios de transmisión alámbricos o inalámbricos para la difusión de los contenidos"34.

100.
El 30 de julio del 2010, el señor Herbón le envió una carta a la URSEC en la cual le informó sobre el traslado de "...los equipos transmisores de la actual ubicación, a la ciudad de Punta del Este en el edificio El Torreón, pent house, departamento de Maldonado. Este cambio implica un cambio en el servicio que estamos prestando, pues vamos a pasar a prestar [un] servicio de transmisión de datos"35.
101.
El 28 de diciembre del 2010, la Dra. Graciela Coronel, Asesora General de la URSEC, emitió un informe sobre Trigosul en el cual indicó que el 21 de diciembre del 2010 la URSEC había realizado una inspección en la dirección reportada por Trigosul en diciembre del 2006 (en Torre El Gaucho) y que en esa dirección no se encontró a la empresa. Agregó que la URSEC no tenía registro alguno de traslado ni de autorizaciones para nuevas estaciones; concluyó, que Trigosul no se encontraba brindando servicios. Su informe también observó que la última declaración jurada de esa empresa sobre la Tasa de Control del Marco Regulatorio correspondía al período julio-septiembre del 2009. Con base en el Decreto 114/003, la Dra. Coronel recomendó la revocación de la autorización y la liberación de las frecuencias36.
102.
El 12 de enero del 2011, el señor Herbón le envió una carta al Ing. Gabriel Lombide, Presidente de la URSEC (a partir del 23 de agosto del 2010)37 en la cual se refirió al citado informe de la Dra. Coronel. Aclaró que, el 30 de julio del 2010, Trigosul había enviado una comunicación a la URSEC, por fax, en la cual le informó sobre el traslado de Trigosul al departamento de Maldonado (véase párrafo 100 anterior); el señor Herbón le informó también sobre una inspección que Trigosul pidió el 6 de octubre del 2010 y negó el incumplimiento del pago por el uso del espectro. Además, le indicó que, desde el 2005, la empresa había solicitado la adecuación de la licencia e hizo referencia a una visita que él le había hecho en marzo del 2006 al señor León Lev, Presidente de la URSEC, en la cual le había entregado un Memorándum en el que le decía que la falta de adecuación de la licencia, "agrega a nuestra autorización una inestabilidad legal que nos hacía peligrar inversiones"38.
103.
El 19 de enero del 2011, la Dra. Isabel Maassardjian, Asesora Letrada de la URSEC, emitió un "Informe Letrado" en el cual, entre otras cosas, señaló que los argumentos invocados por Trigosul (véase párrafo anterior) no aportaban nuevos elementos "que enerven lo oportunamente informado" (refiriéndose al informe de la Dra. Coronel). Por eso, recomendó: a) liberar las frecuencias asignadas mediante la Resolución de la URSEC No. 444/000 del 12 de diciembre del 2000 (véase párrafo 88 anterior) y b) "proponer al Poder Ejecutivo la revocación de la autorización otorgada a la empresa por Resolución No 142/000 de 8 de febrero de 2000, dejando sin efecto la Resolución No. 97-219 de 17 de enero de 1997" (véase párrafo 84 anterior)39.
104.
El 20 de enero del 2011 la URSEC emitió la Resolución 001 mediante la cual liberó ". los sub-bloques K y M correspondientes a las sub-bandas de frecuencias 3425-3450 MHz y 3525-3550 que le fueron asignadas a Trigosul S.A. por Resolución de la Dirección Nacional de Comunicaciones No. 444/000 el 12 de diciembre de 2000"40.
105.
El 1 de marzo del 2011 Trigosul presentó "recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio" contra la Resolución 001 emitida por la URSEC el 20 de enero del 201141.
106.
El 8 de julio del 2011 mediante la Resolución 335/011, el Ministerio de Industria, Energía y Minería ("MIEM") revocó ". la autorización transferida a la empresa TRIGOSUL S.A. por Resolución del Poder Ejecutivo No. 142/00 de 8 de febrero de 2000 [citada por el Tribunal en el párrafo 84], para la prestación en el territorio nacional, con carácter comercial, líneas dedicadas digitales inalámbricas, sin conexión a la red telefónica pública, para la transmisión de datos punto a punto y punto a multipunto, dejando sin efecto la Resolución del Poder Ejecutivo No. 75,219 de 17 de enero de 1997"42.
107.
El 28 de octubre del 2011 Trigosul presentó una "Acción de Nulidad" ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la Resolución 001 del 20 de enero del 2011 de la URSEC (véase párrafo 104 anterior)43.
108.
El 22 de marzo del 2012 Trigosul planteó una "Acción de Nulidad" ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la Resolución 335/011 emitida por el MIEM el 8 de julio del 2011 (véase párrafo 106 anterior)44.
109.
El 25 de octubre del 2012 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante la sentencia interlocutoria No. 685/2012, resolvió consolidar las acciones de nulidad indicadas en los párrafos 107 y 108 anteriores45.
110.
El 5 de septiembre del 2013 la URSEC, mediante la Resolución 220/13, ordenó el reemplazo de la asignación de los sub-bloques a la empresa Dedicado S.A. (competidora de Trigosul), de la siguiente manera46:

Sub-Bloques sustituidos Sub-Bloque sustitutos
3600-3625 MHz 3425-3450 MHz
3675-3700 MHz 3525-3550 MHz

111.
El 23 de octubre del 2014 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la Sentencia 579/2014 (la "Sentencia") que resolvió anular los actos administrativos impugnados (la Resolución 001 de URSEC y la 335/011 del MIEM)47.
112.
El 23 de diciembre del 2014 el señor Herbón remitió una carta a la URSEC en la cual solicitó la homologación de equipos a ser importados48. El 19 de enero del 2015 reiteró su solicitud49.
113.
El 5 de febrero del 2015 el señor Herbón remitió una carta al Ing. Gabriel Lombide (Director de la URSEC) (recibida el 9 de febrero del 2015), en la cual, con base en la Sentencia, pidió "[q]ue disponga la inscripción de TRIGOSUL S.A. en el Registro de Prestadores de Servicios de Transmisiones de Datos". También solicitó "[q]ue disponga las medidas necesarias para colocar a TRIGOSUL S.A. en la situación en que se encontraba al momento del dictado de la Resolución de URSEC No. 001, de 20 de enero de 2011 ahora anulada, a fin de poder volver a prestar los servicios de telecomunicaciones que las frecuencias oportunamente asignadas posibilitaban"50.
114.
El 26 de febrero del 2015 la Dra. Susana Gianarelli, Secretaria Letrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le remitió una carta al Ing. Lombide en la que, según lo dispuesto en la Sentencia, le devolvió el expediente administrativo de Trigosul51.
115.
El 5 de agosto del 2015 Italba comunicó al gobierno de Uruguay la existencia de la presente controversia52.
116.
El 5 de abril del 2016, mediante el Decreto IE 156, el MIEM dispuso: "[r]evócase la resolución del Poder Ejecutivo No. 335/011 de fecha 8 de julio de 2011 y establécese la plena vigencia de la autorización otorgada a Gustavo Alberelli, por resolución del Poder Ejecutivo No. 75-219 de 17 de enero de 1997 y la transferencia a TRIGOSUL S.A. autorizada por resolución del Poder Ejecutivo No. 142/000 de fecha 8 de febrero de 2000, indicándose que el mismo queda autorizado en las condiciones establecidas en la resolución original: a proveer en el territorio nacional, en carácter comercial, líneas dedicadas digitales inalámbricas, sin conexión a la red telefónica pública, para la transmisión de datos punto a punto y punto a multipunto". Ese Decreto también indicó lo siguiente: "[p]rocédase por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones a la asignación de las frecuencias correspondientes para la prestación del servicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral precedente"53.
117.
El 27 de abril del 2016 el señor Herbón remitió una comunicación denominada "Evacuación de vista" al Ing. Lombide, en la cual le indicó que en el Acta del Directorio de la URSEC No. 3 del 4 de febrero del 2016 se declaró que quedaban reservados los siguientes bloques de frecuencias: 3600-3625 MHz y 2675-3700 MHz [aunque en la comunicación del señor Herbón no lo dice expresamente, el Tribunal interpreta que la reserva fue hecha para Trigosul]. Agregó el señor Herbón que esas frecuencias no eran las que tenía Trigosul, sino las de los sub-bloques 3425-3450 MHz y 3525-3550 MHz. Además, informó que las frecuencias reservadas por URSEC "no tienen el uso o valor de las frecuencias que tenía TRIGOSUL S.A. y que les fueron privadas por el acto anulado". El señor Herbón manifestó que ese era el motivo por el cual no aceptaba las frecuencias propuestas por la URSEC54.
118.
El 6 de mayo del 2016 el señor Yanos, abogado de Italba, envió una carta a los abogados de la Demandada en la cual manifestó que las frecuencias 3600-3625 MHz y 3675-3700 MHz no eran las que Uruguay había expropiado previamente a Italba y a su filial Trigosul. Agregó, que esas frecuencias no tenían ningún valor y, por lo tanto, no cumplían con la obligación de Uruguay de dar a Italba una indemnización "pronta, adecuada y efectiva" según el Tratado55. Ese mismo día, los abogados de la Demandada manifestaron que Uruguay estaba en desacuerdo con las afirmaciones contenidas en esa comunicación56.
119.
El 19 de mayo del 2016 Uruguay envió a Italba un proyecto de una resolución de la URSEC fechada 9 de mayo del 2016. Uruguay proponía revocar la Decisión No. 220/013, dejando sin efecto la sustitución de sub-bloques que se había dispuesto en ella a la empresa Dedicado S.A., (párrafo 110 anterior) y asignarle a Trigosul los sub-bloques de frecuencias 3425-3450 MHz y 3525-3550 MHz "con carácter precario y revocable, para la provisión en el territorio nacional, en carácter comercial, líneas dedicadas digitales inalámbricas, sin conexión a la red telefónica pública, para la transmisión de datos punto a punto y punto multipunto"57.
120.
El 31 de mayo del 2016 el abogado de Italba les envió una carta a los abogados de la Demandada en relación con el proyecto de la Resolución fechada 9 de mayo del 2016 y les indicó: "El Proyecto de Resolución pretende cumplir, casi dos años después de los hechos, con las obligaciones legales que la URSEC encaró cuando los tribunales uruguayos ordenaran en Octubre del 2014 el restablecimiento de las inversiones realizadas por Italba en Uruguay. Le escribimos para informarle que Italba rechaza, categóricamente, la propuesta plasmada en el Proyecto de Resolución"58 [Traducción del Tribunal].

IV.LOS RECLAMOS DE LAS PARTES

121.
La posición de Italba, con base en el Artículo 6 del Tratado, es que Uruguay expropió su inversión59. Italba indicó que tiene el 100% de la propiedad y el control de Trigosul, su subsidiaria en Uruguay. Según la Demandante, por medio de Trigosul, Italba era la titular de una licencia y tenía el derecho de operar en el espectro y de brindar servicios de datos inalámbricos en Uruguay. Italba manifestó que esa licencia es una inversión protegida de conformidad con el Artículo 1 del Tratado. Agregó que parte de su inversión incluye equipos de telecomunicaciones, equipos de oficina, contratos de arrendamiento comercial y otros bienes tangibles, propiedad de Trigosul60.
122.
También Italba señaló, en relación con sus inversiones, lo siguiente:

"Italba empezó a invertir en Uruguay hace veinte años. Desde ese entonces, Italba ha realizado importantes aportes de capital por millones de dólares para el desarrollo y el funcionamiento de una empresa de telecomunicaciones dedica da a brindar servicios de datos inalámbricos dentro de Uruguay. Aproximadamente en 1999, Italba adquirió a la subsidiaria Trigosul. A través de Trigosul, Italba compró equipos, contrató empleados, obtuvo una licencia de telecomunicaciones y comenzó su operación comercial en Uruguay en junio de 2003. Durante todo el período de desarrollo y operación de Trigosul, Italba estuvo expuesta a los riesgos de mercado inherentes al sector de telecomunicaciones. Por consiguiente, las actividades de Italba en Uruguay califican como ‘inversiones'"61.

123.
Italba alegó un incumplimiento del Artículo 5 del Tratado según el cual Uruguay se obligó a brindar a los inversores un trato justo y equitativo. Según la Demandante, la Demandada violó el debido proceso y, también, le denegó justicia62.
124.
La Demandante agregó que Uruguay le otorgó un trato menos favorable que el que le confirió, en circunstancias similares, a otros inversores, en violación de los Artículos 3 y 4 del Tratado63. Con base en el Artículo 5 del Tratado, también alegó que Uruguay no le proporcionó a su inversión protección ni seguridad plenas64. Asimismo, con base en el Artículo 4 del Tratado que contiene la cláusula de la Nación más Favorecida, Italba se amparó en el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que no se limita a la protección policial como sí lo hace el Tratado65.
125.
La Demandada consideró que en este caso no existió ninguna expropiación, porque las autoridades uruguayas cumplieron con la Sentencia66. Además, ni la revocación de las frecuencias ni su asignación a la empresa Dedicado S.A. pueden considerarse una expropiación, pues las asignaciones de frecuencias en el espectro ".tienen carácter precario y revocable, y no confieren derechos reconocidos o protegidos por las leyes de Uruguay"67.
126.
La Demandada además afirmó que el Artículo 5 del Tratado consagra un estándar mínimo de tratamiento, que Italba pretende extender en su demanda, sin haber probado el fundamento de esa interpretación amplia68. Uruguay afirmó que Trigosul no fue tratada de manera menos favorable que ninguna otra empresa en circunstancias similares69 y, declaró: "[n]o se emitió ninguna de las llamadas licencias ajustadas o adecuaciones de licencia a ninguna de las compañías que menciona la Demandante"70.
127.
En relación con la protección y la seguridad plenas, Uruguay afirmó que la protección establecida en el Tratado está limitada a ".la protección policial de la inversión en contra de cualquier acción de naturaleza criminal"71. Agregó que "[l]a clara intención de los Estados Partes respecto a la definición de esta obligación, que fue una condición fundamental de su aceptación del TBI, no se puede anular por la importación de una definición contraria contenida en otro tratado por mera operación de una cláusula de nación más favorecida"72.
128.
Una vez resumidas las posiciones de las Partes, el Tribunal deja constancia de que, en razón de lo que decidirá sobre las excepciones a la jurisdicción, no ampliará la descripción de los argumentos sobre el fondo de la disputa.
129.
Antes de referirse a las cuestiones en materia de jurisdicción, en la siguiente sección, el Tribunal analizará los cuestionamientos de la Demandante contra uno de los expertos ofrecidos por Uruguay.

IV. INFORME DEL EXPERTO PROFESOR DE MELLO

A. Posiciones de las Partes

130.
Durante la audiencia la Demandante cuestionó la independencia de uno de los expertos que ofreció la Demandada, el Profesor Eugenio Xavier de Mello Ferrand, integrante del estudio Ramírez, Xavier de Mello & Abal (el "Estudio"). La Demandante indicó que miembros del Estudio están representando actualmente a la República del Uruguay en otro proceso arbitral. En sus comunicaciones del 21 de noviembre y del 1° de diciembre del 2017 la Demandante reiteró sus objeciones y cuestionó la independencia del experto73.
131.
Durante la Audiencia, el Profesor de Mello contestó las preguntas que le hizo el abogado de la Demandante, confirmó que es integrante del Estudio e indicó que tuvo conocimiento reciente de que abogados del Estudio representaban a Uruguay en otro caso. Explicó que el Estudio se basa en un modelo denominado "grupo de interés económico" ("GIE"), un concepto originario de Francia, en el cual existe una unidad central de servicios, pero la relación de los abogados con sus clientes es individual, pues cada abogado trabaja con autonomía e independencia de los otros74.
132.
El Profesor de Mello expresó:

"Quiero agregar que el grupo de interés económico es un contrato que se inscribe en el Registro Nacional de Comercio. Este GIE que yo integro está inscripto en el Registro Nacional de Comercio y en su texto se dice expresamente que cada abogado trabaja por separado y que no somos socios ni solidarios ni responsables de lo que cada uno de los demás abogados haga. Por lo tanto, yo no siento que me deba verme involucrado en conflictos de intereses por cualquier acción que realice alguno de mis socios"75.

133.
El Profesor de Mello informó en la Audiencia que no consultó con los otros abogados del Estudio sobre posibles conflictos de interés, cuando Uruguay lo contrató para que rindiera el informe solicitado, porque dichos abogados tienen autonomía en el ejercicio de su profesión y ese GIE está regulado en la Ley de Sociedades de Uruguay (Artículo 469 y siguientes)76.
134.
Durante la Audiencia, los abogados de Italba cuestionaron la independencia del Profesor de Mello debido a que él era "socio" de algunos abogados del Estudio que actualmente representan a Uruguay en otro caso77.
135.
El 21 de noviembre del 2017, Italba reiteró su cuestionamiento de la independencia del Profesor de Mello. Se basó en el Artículo 5(2) (a) de las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional ("Reglas de la IBA"). Italba señaló que el Profesor de Mello incumplió con lo exigido por ese Artículo, al no haber revelado en su informe que el Estudio representaba a Uruguay en otro proceso. Italba cuestionó la supuesta falta de conocimiento del Profesor de Mello respecto del mandato de sus "socios", tratándose de un asunto de conocimiento público y común que "de forma [m]ás importante, relaciones económicas similares a la descrita por el Prof. Xavier de Mello, han sido consideradas como insuficientes para superar el conflicto creado cuando un miembro de un estudio jurídico, o de una entidad similar a un estudio jurídico, actúa para un cliente y otro miembro del mismo estudio proclama su independencia de ese cliente. Sobre este asunto, la decisión del tribunal en Hrvatska c. República de Eslovenia78 ("Hrvatska") es instructiva"79 [Traducción del Tribunal]. Por esas razones, mediante su carta del 21 de noviembre del 2017, Italba invitó al Tribunal a ignorar el informe del Profesor de Mello.
136.
El 30 de noviembre del 2017 Uruguay manifestó que el Artículo 490 de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley número 16,060) (la "Ley de Sociedades Comerciales"), promulgada el 4 de septiembre de 1989, distingue al GIE de una firma legal tradicional. Según la Demandada, los miembros de un GIE son independientes entre sí; se trata de un grupo de personas que, por su conveniencia, comparten instalaciones y servicios administrativos. Cada miembro tiene sus propios clientes y recibe sus propios honorarios80.
137.
Con respecto a las Reglas de la IBA y a la independencia de los expertos, Uruguay citó el "Comentario sobre el texto revisado de las Reglas de la IBA de 2010 sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional", que establece lo siguiente: ". las referencias de las reglas a la independencia de los expertos nombrados por las partes se entienden ‘en el sentido de que él o ella no tiene ningún interés financiero en el resultado, ni de ninguna manera tiene relaciones que le impidieran al experto rendir su honesta y franca opinión"81[Traducción del Tribunal].
138.
En relación con la referencia a los "socios" en el sitio web del Estudio, Uruguay indicó que ese vocablo no tiene en este caso el mismo sentido que se les da a los "socios" en el contexto de los integrantes de un estudio jurídico estadounidense. Uruguay señaló que otro de los miembros del Estudio fue uno de los principales expertos en otro caso contra Uruguay. Indicó que lo resuelto en el caso Hrvatska citado por Italba no aplica a este caso porque concernía a un miembro del propio tribunal de arbitraje y no a un experto82.
139.
El 1° de diciembre del 2017, Italba reiteró su solicitud de que el Tribunal se negara a considerar el informe y la declaración del Profesor de Mello. Señaló que el contrato del Estudio para actuar como abogados en representación de Uruguay en un arbitraje separado se encontraba vigente cuando el Profesor de Mello rindió su informe en el marco de este proceso arbitral y aún continuaba vigente al momento de su declaración testimonial. Indicó que estos hechos descalifican al Profesor de Mello como un experto independiente según el Artículo 5 (2) (c) de las Reglas de la IBA.
140.
Italba indicó que, en su sitio web, el Estudio se describe como ".(a) un estudio jurídico que (b) comparte asociados (c) describe que los clientes son del estudio y (d) busca compartir el prestigio de cada miembro individual para beneficiar al grupo y a cada uno de sus miembros"83 [Traducción del Tribunal]. Según la Demandante, el sitio web indicado se refiere a los "socios" del Estudio y a la prestación de un servicio profesional integral; además, indicó que los miembros del Estudio comparten un equipo de asociados y ofrecen asistencia jurídica completa84.
141.
Para Italba, el Estudio le debe lealtad a Uruguay y, en la referencia que hizo la Demandada al caso en el que un miembro del Estudio actuó como experto contra Uruguay en otro proceso arbitral, la Demandada olvida que ese proceso terminó y, con él, el conflicto potencial para este caso. En opinión de Italba el caso Hrvatska es relevante en su análisis del tema sobre la falta de revelación de las relaciones profesionales de los sujetos cuestionados.
142.
Italba consideró que ".[e]l hecho de no haber revelado Mello su relación lo descalifica para actuar como experto independiente en este caso"85 [Traducción del Tribunal].
143.
El 8 de diciembre del 2017, Uruguay manifestó que Italba no había tenido en cuenta el hecho de que el Profesor de Mello no obtuvo ningún beneficio económico del ejercicio profesional de los otros miembros del Estudio que representan a Uruguay, ni del colega que rindió un informe en otro caso contra Uruguay86.
144.
Uruguay consideró irrelevante el hecho de que el sitio web del Estudio utilice la palabra "socios" ya que la estructura de los GIE en Uruguay implica una entidad cuyos miembros son profesional y económicamente independientes. La referencia en ese sitio web a la palabra "sus clientes" no da sustento al argumento de Italba de que los miembros del Estudio comparten sus honorarios. Señaló además que los integrantes del Estudio no comparten entre sí ni los clientes, ni los ingresos, ni los asociados. Consideró que la indicación de que los miembros del Estudio buscan "beneficiarse de la asociación de uno con el otro, más allá de la necesidad de compartir costos" [Traducción del Tribunal], no demuestra la forma en que la independencia del profesor de Mello quedaría comprometida. Uruguay cuestionó que el caso Hrvatska aplique a este proceso y señaló que el profesor de Mello, ante las preguntas del Tribunal en la Audiencia, contestó que no recibió ni recibirá ninguno de los honorarios a ser devengados por los colegas de su Estudio87.

B. Decisión del Tribunal

145.
Como se indicó antes, durante la Audiencia y en sus Escritos Posteriores a la Audiencia relacionados con este asunto, los abogados de Italba cuestionaron la independencia del Profesor de Mello en razón de que es "socio" de otros abogados del Estudio que representan a Uruguay en otro caso. El Tribunal añade que la palabra socio frecuentemente se traduce al inglés como "partner". Sin embargo, esta traducción no siempre es acertada. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la primera acepción de la palabra "socio" es "persona asociada con otra u otras para algún fin". La palabra "asociar" tiene, a la vez, varios significados. El que interesa para los efectos del asunto en discusión es el que la define como "juntarse, reunirse para algún fin". Por ello, no existe necesariamente una total equivalencia entre el vocablo inglés "partner" y el español "socio".
146.
El Tribunal considera que, para decidir sobre este asunto, debe examinar la normativa que establece la estructura de los GIE en Uruguay. El Artículo 489 de la Ley de Sociedades Comerciales establece:

"(Concepto). Dos o más personas físicas o jurídicas podrán constituir un grupo de interés económico con la finalidad de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros o mejorar o acrecer los resultados de esa actividad. Por sí mismo, no dará lugar a la obtención ni distribución de ganancias entre sus asociados y podrá constituirse sin capital. Será persona jurídica".88

147.
El Artículo citado dispone que una entidad de ese tipo la pueden constituir personas físicas o jurídicas, con el fin de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus integrantes. En este caso, la actividad económica de los miembros del Estudio es la de brindar servicios jurídicos profesionales. La norma transcrita también establece como otro fin de los GIE la de mejorar o acrecentar los resultados de esa actividad. Lo anterior, no significa necesariamente que sus miembros trabajen en conjunto ni que busquen obtener ganancias comunes. Ese Artículo es muy claro al indicar que el GIE, por sí mismo, no da lugar a la obtención ni a la distribución de ganancias entre sus asociados y agrega que incluso se puede constituir sin aportes de capital, lo que no sucede con otras personas jurídicas como las sociedades comerciales.
148.
El Profesor de Mello manifestó en la Audiencia:

"Este GIE que yo integro está inscripto en el Registro Nacional de Comercio y en su texto se dice expresamente que cada abogado trabaja por separado y que no somos socios ni solidarios ni responsables de lo que cada uno de los demás abogados haga"89.

149.
Italba no cuestionó esa inscripción ni lo dicho por el Profesor de Mello; se refirió particularmente el contenido del sitio web del Estudio, en el cual se le describe como el resultado de la fusión de dos firmas, la experiencia de cuyos miembros le permite ofrecer a sus clientes asistencia jurídica completa. Ese sitio web habla de los "clientes" del Estudio y describe a sus miembros como "socios"90.
150.
El Tribunal es consciente de que existen muy variadas formas en las que los profesionales en derecho colaboran entre sí para prestar sus servicios. El modelo adoptado con mayor frecuencia ha sido aquel en el que un grupo de profesionales en derecho es propietario del despacho jurídico, que contrata a otros abogados para que presten sus servicios como "asociados", "asistentes" o en otras condiciones las cuales varían según los diferentes países y la estructura del despacho en cuestión. Sin embargo, el Tribunal también es consciente de que, en diferentes países, y particularmente, por ser lo que interesa a este caso, en América Latina, sigue siendo muy frecuente el caso del abogado que trabaja individualmente, así como el del grupo de profesionales en derecho que comparten gastos, instalaciones y otros servicios, manteniendo cada uno de ellos total independencia en cuanto a su práctica profesional, sin obtener beneficio alguno del trabajo de sus colegas.
151.
El Tribunal considera que el GIE del que el Profesor de Mello es miembro no puede equipararse a un estudio jurídico en el que sus integrantes están asociados y comparten utilidades. Un GIE en Uruguay se asemeja más a un bufete de abogados de Inglaterra (barristers' chambers) y desde hace tiempo se reconoce que no existe descalificación automática, por ejemplo, cuando un miembro de un barristers' chambers actúa en calidad de árbitro en un caso en el que otro miembro actúa como abogado. A fortiori, tampoco puede existir descalificación automática en circunstancias en las que un miembro actúa en calidad de experto.
152.
La Demandante pone particular énfasis en el hecho de que el Profesor de Mello no revelara, ni en su informe ni en otro sitio, que otros colegas del GIE del que él es miembro estuvieran actualmente asesorando a Uruguay en otro arbitraje. El Profesor de Mello reconoció en la Audiencia que él no reveló que Uruguay hubiera contratado a otros miembros del Estudio en ese proceso; afirmó que no hizo esa revelación porque ignoraba esa circunstancia cuando elaboró su informe para este proceso arbitral. Italba cuestiona esa afirmación y la considera poco creíble.
153.
Una vez más, la naturaleza de la estructura del GIE debe dar cuenta del alcance y el contenido de cualquier obligación de divulgación del Profesor de Mello. Si, en virtud del derecho uruguayo, los miembros de un GIE no participan de las utilidades y no se consideran inmersos en una situación de conflicto de intereses cuando actúan para las partes contrarias en un mismo caso, no existiría razón alguna para que el Profesor de Mello revelase que otros miembros del GIE del que forma parte, le estaban brindando asesoramiento a Uruguay en otro arbitraje. Nuevamente podría trazarse una analogía con un barristers' chambers de Inglaterra en el que a un miembro no le asiste el derecho de información respecto de las actividades de otro miembro y en el que la divulgación de dicha información constituiría un incumplimiento de la obligación de confidencialidad de ese miembro hacia su cliente. En esas circunstancias no corresponde exigirle al miembro que divulgue información acerca de las actividades de otros miembros dentro del mismo barristers' chambers. No cabe duda de que en virtud del derecho uruguayo consideraciones similares resultan aplicables a los miembros de un GIE.
154.
Con respecto al argumento de la Demandante sobre la manera en que se caracteriza a los miembros del Estudio en Internet, el Tribunal considera que lo importante es la estructura jurídica del Estudio, y no la manera en la que se describe en un sitio web. En el presente caso, el Estudio está inscrito como un GIE en el Registro Nacional de Comercio de Uruguay. Lo dicho en una página web no puede alterar la estructura jurídica legal ni la inscripción registral del Estudio.
155.
Por lo indicado, el Tribunal considera que el contenido del sitio web del Estudio no justifica el cuestionamiento de la independencia del Profesor de Mello que hace Italba, ni prueba que el servicio profesional que él le prestó a Uruguay se haya visto afectado por los servicios que otros colegas suyos le brindaron o le brindan actualmente a Uruguay o a su contraparte.
156.
El Artículo 5 (2) (a) y (c) de las Reglas de la IBA no exige a un experto una declaración concerniente a la relación pasada y presente con las Partes de todos los miembros de su despacho jurídico, estudio, corporación u otro tipo de estructura jurídica de la cual el experto forme parte. Esa norma es muy concreta y se refiere a la relación pasada y presente del experto con cualquiera de las Partes y con otros sujetos del proceso (asesores legales y miembros del Tribunal).
157.
La objetividad y la independencia de un experto podrían verse afectadas, inter alia, por factores económicos y personales. Desde el punto de vista de lo económico, es muy claro que el simple hecho de recibir honorarios por elaborar un informe no interfiere con la independencia del experto91; no se podría esperar de un experto un servicio ad honorem como prerrequisito de su independencia. La objetividad podría verse afectada si un experto interviniera en un proceso arbitral y se lograra probar que este obtendría un beneficio económico si el resultado del proceso fuera favorable a la parte que lo contrató.
158.
El Profesor de Mello fue muy claro en la Audiencia en que él no conocía el hecho de que otros miembros del Estudio actuaran como abogados en representación de Uruguay en un proceso arbitral separado. También fue categórico al afirmar que ni él ni el GIE del cual es integrante obtienen beneficios económicos directos de los honorarios que esos colegas percibirán por el trabajo que realicen en ese caso92.
159.
La independencia de un experto debe evaluarse en cada caso concreto. En el presente caso, no se probó ningún beneficio económico, directo o indirecto, del Profesor de Mello con respecto a Uruguay, que pudiera afectar su independencia.
160.
El caso citado por Italba, Hrvatska no ayuda al análisis del Tribunal, debido a que en él se abordó una cuestión fundamentalmente distinta, a saber: la facultad de excluir a un nuevo integrante de un equipo de abogados en circunstancias en las que se podría haber cuestionado la independencia e imparcialidad de un árbitro si se permitía que ese nuevo integrante continuara actuando.
161.
Con base en el análisis anterior, el Tribunal rechaza la solicitud de Italba de que se excluya del expediente del presente procedimiento de arbitraje el informe elaborado por el Profesor de Mello.

VI. JURISDICCIÓN

162.
Uruguay opuso excepciones jurisdiccionales y defensas sobre el fondo. Considera que el Tribunal no tiene jurisdicción debido a que Italba no es propietaria ni tiene el control de Trigosul por lo que no puede ampararse en el Tratado ni en el Convenio del CIADI; además, Italba no tiene actividades económicas comerciales significativas en Estados Unidos y está controlada por un nacional de un país que no es Parte del Tratado, pues el Dr. Alberelli es italiano. Uruguay también alega que las reclamaciones de Italba están prescritas, pues Italba tuvo conocimiento del supuesto incumplimiento de Uruguay y del daño que supuestamente había causado, el 29 de marzo del 2011, no en el año 2015 como lo sostiene Italba. También afirma la Demandada que los derechos que surgen de la autorización para prestar servicios y de la asignación de frecuencias de Trigosul, no son derechos protegidos por las leyes locales, como lo exige el Artículo 1 del Tratado93.
163.
En la siguiente Sección el Tribunal resumirá y analizará los argumentos de las Partes y expondrá su propio análisis y conclusiones.

A. Propiedad de la inversión y control sobre Trigosul

(1) Posiciones de las Partes

a. Memorial de Contestación de la Demandada

164.
Uruguay afirmó que, a pesar de que le correspondía la carga de la prueba, Italba no había demostrado ser la propietaria de las acciones de Trigosul. También indicó que las pruebas de la Demandante, en lo que se refería a esas cuestiones, consistían en las declaraciones de los señores Alberelli y Herbón, quienes tienen interés directo en este proceso, y en un Cuestionario de Promoción presentado por el señor Herbón ante la Embajada de Estados Unidos de América en Uruguay, en el cual indicó que Italba era la propietaria de Trigosul94.
165.
Según la Demandada, el 9 de agosto de 1999, cuando el Dr. Alberelli solicitó a la DNC que transfiriera a Trigosul la autorización que se le había otorgado a él (véase párrafo 83 anterior), Italba no era la propietaria de Trigosul ni tampoco la controlaba. El 4 de noviembre de 1999, el señor Herbón envió una comunicación a la DNC en la que indicó que los propietarios de Trigosul eran el señor Alberelli, con un 95% de las acciones, y su madre la señora Carmela Caravetta Durante, con el restante 5%95.
166.
Uruguay también sostuvo que, según el Artículo 15 del Decreto 115/003, Trigosul, como titular de una licencia, debía haber obtenido autorización previa del Poder Ejecutivo o de la URSEC para que sus accionistas pudieran hacer cualquier modificación de sus participaciones accionarias96 y no existe ninguna prueba de que Trigosul hubiera solicitado esa autorización.
167.
Además, Uruguay aportó un informe del Director General de Registros Públicos y otro de la Dirección General Impositiva, en los que esas entidades indicaron que no constaba en sus registros que Trigosul fuera subsidiaria de Italba97.

b. Memorial de Réplica de la Demandante

168.
Italba afirmó que "en todo momento relevante", ella fue la propietaria de Trigosul y que, en todo caso, controlaba a dicha empresa. Además, sostuvo que según las legislaciones de Florida y de Uruguay, Italba es la propietaria de Trigosul98.
169.
Italba afirmó lo siguiente:..en el 2002, cuando los Alberelli se dieron cuenta de que no habían transferido formalmente las acciones de Trigosul a Italba, tomaron medidas al respecto. En primer lugar, en mayo de 2002, pidieron a la madre del Dr. Alberelli que transfiriera sus acciones de Trigosul al Dr. Alberelli, lo cuál que (sic) ella hizo. En segundo lugar, en agosto de 2002, las acciones fueron transferidas a Italba en Miami, Florida y se guardaron en una caja de seguridad que tenían el Dr. Alberelli y su esposa con el propósito de guardar la documentación importante perteneciente a Italba. A efectos de indicar que las acciones pertenecían a Italba, el Dr. Alberelli anotó al dorso del paquete de acciones que transfería las mismas a Italba"99.
170.
Además de lo indicado en el párrafo anterior, la Demandante afirmó que, desde la adquisición de Trigosul, Italba realizó las inversiones necesarias para proporcionarle a esa empresa todos sus fondos. También señaló que, el 11 de junio del 2001, se inscribió ante la Embajada de los Estados Unidos de América como propietaria de Trigosul y que, mediante carta de fecha 9 de julio del 2001, notificó al gobierno uruguayo que Trigosul era propiedad de Italba100. Agregó que Italba negoció con diversas empresas, tanto en los Estados Unidos como en otros lugares, y que en esas negociaciones se presentó como propietaria de Trigosul101.
171.
Con base en los Artículos 30 (1) del Tratado y el Artículo 2398 del Código Civil de Uruguay, Italba alegó que, en vista de que el Dr. Alberelli se encontraba en Florida cuando transfirió las acciones de Trigosul a Italba (véase párrafo 169 anterior), esa operación se rige por el derecho de Florida102. Sostuvo además que, según esa legislación, la transferencia de acciones se completa con el acto de entrega, que en este caso ocurrió cuando, después de endosar los certificados de acciones de Trigosul con una nota que indicaba la transferencia de su participación accionaria a Italba, el Dr. Alberelli los colocó en una caja de seguridad a nombre suyo y de su esposa103.
172.
En lo que respecta a los derechos de propiedad de Italba en virtud del derecho uruguayo, Italba manifestó lo siguiente:

"Bajo el derecho corporativo de Uruguay, una parte puede demostrar la propiedad [el texto del Artículo 305 de la Ley de Sociedades Comerciales se refiere a la trasmisión de las acciones] en una de las siguientes tres maneras: (a) endosando un certificado de acciones con una nota de la transferencia, entregando los certificados al cesionario, o registrando la transferencia en el libro de acciones nominativos de la sociedad; (b) en ausencia de una transferencia formal de acciones, demostrando que, como una cuestión de "realidad económica", la parte es propietaria y actúa como propietaria de la empresa; y (c) realizando aportes de capital a la empresa104.

173.
Con base en el informe de su experto, Italba afirmó que:

"En el caso de Trigosul, el Dr. Luis Lapique, experto en derecho corporativo uruguayo, concluyó que los registros corporativos no coinciden los unos con los otros y todos estos tienen tantos errores que no se puede confiar en ellos para representar la realidad de cómo funcionaba Trigosul. Por lo tanto, ‘[e]s imperioso recurrir a la realidad económica detrás de Trigosul' para determinar su propiedady considerar pruebas del modo en que operaba realmente la empresa, incluso si la casa matriz entendió que era la propietaria de la subsidiaria, si actuó de manera coherente con su titularidad y si se presentó ante terceros como la propietaria"105.

174.
Con base en esa teoría de la realidad económica, la Demandante afirmó que Italba: a) tomaba las decisiones comerciales de Trigosul, desarrolló su plan de negocios, encargó estudios en 1999 para ese plan, y buscó, negoció y contrató con posibles socios en nombre de Trigosul106; b) contribuyó con la "abrumadora mayoría" del capital social de Trigosul de la siguiente manera: "[a] principios del 2001, Italba hizo un aporte de capital por la suma de 632,674 pesos uruguayos a Trigosul"107 del cual luego se aprobó un aumento de capital de 182,500 a 690,000 pesos uruguayos; por ello, Italba aportó el 92,04% del capital social de Trigosul108; c) financió las operaciones de Trigosul y compró equipos para Trigosul; el señor Herbón informó a la DNC en octubre del 2000 que Italba había comprado equipos para Trigosul; una resolución del Presidente de Uruguay en septiembre del 2002 reconoció la compra de equipos para Trigosul por parte de Italba; emitió cheques para los gastos de Trigosul y utilizó un bono de USD 25,000 para gastos de esa empresa109; y d) se presentó habitualmente frente a terceros como propietaria de Trigosul110.
175.
En relación con la comunicación que envió el señor Herbón en noviembre de 1999, en la cual informó a la DNC que los accionistas de Trigosul eran el Dr. Alberelli y la señora Caravetta (véase párrafo 165 anterior), Italba indicó que, independientemente del entendimiento que el señor Herbón tuviera en ese momento sobre quiénes eran los accionistas de Trigosul, la realidad era que la señora Caravetta transfirió sus acciones al Dr. Alberelli en mayo del 2002 y el Dr. Alberelli transfirió la totalidad de sus acciones a Italba en agosto del 2002111. En cuanto a la obligación establecida en el Decreto 115/003 (véase párrafo 166 anterior), de pedir autorización para modificar las participaciones accionarias de las empresas titulares de licencias, Italba aclaró que esa norma fue posterior a las transferencias de acciones que hicieron la señora Caravetta y el señor Alberelli112.
176.
Para la Demandante, aun descartando la doctrina de la realidad económica en favor de un enfoque formalista hacia la propiedad, Italba sería propietaria del 93,36% de las acciones de Trigosul, debido a que aportó el 92,04% del capital social y al menos una de las acciones de Trigosul (que representaría el 1,33% "adicional de la compañía") se transfirió a Italba por medio del endoso del certificado113.
177.
Con base en la opinión del Dr. Lapique, la Demandante afirmó que, conforme con la legislación uruguaya, el aporte al capital social es suficiente para conferir estatus de accionista, independientemente de las formalidades. Señaló que el 31 de octubre del 2001 la Asamblea de accionistas de Trigosul acordó un aumento de capital de 182,500 a 690,000 pesos uruguayos y reconoció un aporte de 632,674 pesos uruguayos de Italba, (el 92,04% del capital social). Para Italba, el hecho de que no se completara formalmente el aumento del capital autorizado, registrándolo en el Registro Nacional de Comercio, ni se emitieran nuevas acciones, no priva a Italba de su participación en el 92,04% de Trigosul114.
178.
Según Italba, incluso si considerara que ella no es propietaria de Trigosul, el Tribunal debería concluir que tiene jurisdicción sobre los reclamos planteados contra Uruguay, debido a que Italba controla a Trigosul de conformidad con el Artículo 24 del Tratado115. Italba afirmó que la jurisprudencia del CIADI ha analizado el concepto del control de manera flexible, amplia y con la intención de expandir la jurisdicción, no de limitarla. Entre los criterios utilizados, Italba se refiere a la titularidad de acciones, los procedimientos de toma de decisiones, el ejercicio de la gestión y "otros criterios económicos"116. En particular, Italba mencionó que en el caso Perenco c. Ecuador ".el tribunal determinó que el control de la entidad pertinente por parte de los demandantes era suficiente para la jurisdicción, a pesar de que los demandantes no tuvieran título legal formal en esa entidad"117.
179.
Italba también argumentó lo siguiente:

"...el Tribunal no debe ‘levantar ningún velo corporativo' para considerar si el control sobre Trigosul fue ejercido por el Dr. Alberelli en su calidad individual o en su calidad de presidente de Italba. La jurisprudencia no admite mirar detrás de la forma corporativa del demandante a sus accionistas individuales para determinar qué accionistas controlan al demandante; de hecho, la cuestión pertinente con fines jurisdiccionales no es quién controla al demandante, sino si el demandante controla a la filial"118.

c. Memorial de Dúplica de la Demandada

180.
Uruguay sostuvo que hay "inconsistencias e incoherencias" en el relato de Italba sobre las transferencias de acciones hechas en agosto del 2002. Según los libros de Trigosul, al 10 de octubre del 2002 y al 1 de noviembre de ese mismo año, los únicos accionistas registrados eran el señor Alberelli y su madre, la señora Caravetta. Según Uruguay, el hecho de que en esos libros no se menciona a Italba no es un error o descuido, sino un reflejo de la realidad de la compañía en ese momento. Uruguay critica duramente el argumento de la Demandante de que, como los registros de Trigosul no son confiables, se debe confiar en las declaraciones del Dr. Alberelli, parte interesada en el resultado de este proceso, para demostrar la supuesta realidad de la titularidad de las acciones de Trigosul119.
181.
Uruguay afirmó que las acciones de Trigosul no fueron transferidas válidamente a Italba. El Dr. Alberelli solamente endosó una acción a nombre de Italba; el endoso realizado por la señora Caravetta, madre del Dr. Alberelli, no indica dónde se realizó120. Entre otras razones, como en la fecha del endoso (el 24 de mayo del 2002) ambos estaban en Uruguay, debe aplicarse el derecho uruguayo, conforme al cual se requiere que la transferencia se registre en los libros de la empresa para que sea válida121. Claramente, los registros societarios de Trigosul no dejan constancia alguna de esta supuesta transferencia, y, por lo tanto, la transferencia fue necesariamente inválida. Sobre esta base, Uruguay afirma que la señora Caravetta sigue siendo accionista de Trigosul122.
182.
En relación con la supuesta transferencia de acciones de Trigosul por medio de una donación del Dr. Alberelli a Italba, en agosto del 2002, Uruguay sostuvo que, según el derecho de Florida, aunque no es aplicable en este caso, las donaciones requieren lo siguiente: intención de donar, entrega de la posesión y aceptación del donatario. Ninguno de estos requisitos se cumple en este caso123.
183.
Respecto a la intención de donar, Uruguay afirmó que el Dr. Alberelli solo endosó el certificado número 4 de 20 certificados y, con base en el informe de su experto, el señor Louis T.M. Conti, afirmó que, "...el endoso de solamente un título accionario no puede servir como endoso para los demás"124. Según Uruguay, tampoco se dio la entrega de los títulos, dado que el propio Dr. Alberelli tuvo las acciones en su poder en todo momento, sin que existiera transferencia de su dominio y control, según lo exige el derecho de Florida. Además, según el señor Conti, en Florida, la entrega también puede considerarse completa si el donatario ejerce el dominio y control de la donación. El señor Conti concluyó que Italba nunca ejerció este dominio, en tanto en el expediente no existe prueba de que Italba participara en asambleas de accionistas de Trigosul125.
184.
Sobre el requisito de la aceptación, Uruguay sostuvo que no se cumplió, en vista de que lo que hizo el Dr. Alberelli fue depositar las acciones de Trigosul en una caja de seguridad a nombre suyo y de su esposa, y no a nombre de Italba. Además, los registros de Italba desde el año 2002 hasta la actualidad no muestran ganancias, pérdidas, ni contribuciones en relación con Trigosul126.
185.
Uruguay sostuvo que Italba reconoció que, bajo el derecho uruguayo, no tiene la titularidad de las acciones de Trigosul mediante el endoso y la entrega de certificados. Por el contrario, Italba argumentó que es dueña de Trigosul en virtud de la teoría de la realidad económica. Uruguay observa que, incluso el Dr. Lapique, perito de Italba, reconoce que esta teoría se basa en el concepto de levantamiento del velo societario, contenido en el Artículo 189 de la Ley de Sociedades Comerciales, para casos de fraude de ley y violación del orden público, y, como tal, no sería aplicable a este caso127. Uruguay señaló que su experto, el Profesor de Mello, está de acuerdo en que "la teoría de la ‘realidad económica' no tiene aplicación al presente caso"128.
186.
Uruguay sostuvo que, incluso si la teoría de la realidad económica tuviera aplicación al presente caso, los documentos aportados como prueba por la Demandante, no sustentan su aseveración de que Italba actuó en todo momento como accionista de Trigosul. Algunos son anteriores a la licencia de Trigosul o se refieren a Trigosul como un socio estratégico, pero no demuestran la afirmación de Italba de que ella negociaba planes de negocios en nombre de Trigosul129. Uruguay también criticó las pruebas en las que se basó Italba para demostrar que financiaba a Trigosul: se trata de documentos preliminares o borradores que se refieren al envío de equipos a Italba, no a Trigosul. Además, negó la afirmación de Italba de que el Presidente de Uruguay reconociera que Italba hubiera pagado los equipos de Trigosul (véase párrafo 174 anterior); alegó que el documento con el cual la Demandante pretende demostrar esa afirmación es un reclamo de Trigosul por la compra de radios a Italba, la cual fue denominada como "factura de ITALBA: US$25,964", y que refutaría la teoría de que Italba pagaba por los equipos de Trigosul130. Uruguay criticó también el intento de Italba de demostrar su supuesto financiamiento de Trigosul durante 15 años con nada más que dos cheques y una compra de bonos131. Asimismo, según Uruguay, los documentos invocados para demostrar que Italba se presentaba como la propietaria de Trigosul, no demuestran esa afirmación: solo dos de ellos son posteriores a la supuesta transferencia de acciones a Italba, y ninguno alude a la relación entre Italba y Trigosul132.
187.
Uruguay afirmó también que la carta del 9 de julio del 2001 del señor Albert Jansenson al Secretario de la Presidencia (citada en la nota pie 100 del párrafo 170) es anterior a la supuesta transferencia de acciones del 2002 y, por eso, contradice el argumento de Italba de que era propietaria de Trigosul; asimismo, el remitente de esa carta no era Italba y quien la firma es una persona que Italba nunca ha mencionado como director o accionista de Italba. Finalmente, en ella se hizo alusión a los "accionistas mayoritarios" de Trigosul y, en este proceso, Italba ha alegado ser la única accionista de Trigosul133.
188.
Sobre los alegados aportes de Italba al capital social de Trigosul, Uruguay sostuvo que no hay documentación en el expediente que sustente esta afirmación. Además, para tratar de demostrar esos supuestos aportes, Italba y su perito el Dr. Lapique se basaron en los libros de Trigosul, los cuales ellos mismos criticaron por estar "plagados de tantos errores" y no ser confiables134. Uruguay también resaltó las inconsistencias entre la fecha de la supuesta transferencia y la fecha de su registro en los libros contables y legales en las que supuestamente Italba transfirió a Trigosul USD 35,000, "por concepto de reembolso". Se plantearon dudas similares con respecto a otros supuestos aportes por la suma de 632,674 pesos uruguayos, que Trigosul pagó a la DNC como un adelanto de las tarifas por la operación de esa empresa en el espectro135. También la Demandada criticó el hecho de que, según su propio testimonio, el Dr. Lapique basara su informe en las instrucciones que recibió de Italba. Uruguay además indicó que el Dr. Alberelli reconoció que los fondos con los que adquirió Trigosul en 1999 provenían parcialmente de su madre y, con base en este aporte, 50% de las acciones fueron emitidas a nombre de la señora Caravetta, y el otro 50% al propio Dr. Alberelli, reconocimiento que contradice su afirmación de que Italba financió la adquisición de Trigosul. También sostuvo que el hecho de que nunca se hubieran emitido acciones a favor de Italba, es inconsistente con el argumento del Dr. Alberelli de que Italba contribuyó al capital en los años subsiguientes136.
189.
Uruguay afirmó que su experto, el Profesor de Mello, aseveró que los registros contables de Trigosul no son claros ni en lo que respecta a la naturaleza y el alcance de los aportes a Trigosul ni en cuanto a quién los efectuó137. Uruguay también destacó el hecho de que Italba no formalizó el aumento de capital autorizado ante el Registro Nacional de Comercio ni emitió nuevas acciones, lo cual es un defecto que calificó de gravísimo para el reclamo de Italba138.
190.
En relación con el control que Italba alegó tener sobre Trigosul, Uruguay reiteró que la supuesta inversión en Trigosul fue hecha y es propiedad del Dr. Alberelli, quien es italiano; es él quien ejerce el control sobre Trigosul, no Italba139. Según los registros corporativos, el Dr. Alberelli y su madre son los verdaderos accionistas de Trigosul, pues, según las actas de la Asamblea y del Directorio, fueron ellos quienes ejercieron sus derechos de voto (Uruguay citó actas desde 1996 hasta el 2002)140. Sostuvo también Uruguay que el 4 de febrero del 2011 el Dr. Alberelli asumió el cargo de Presidente de Trigosul, lo cual prueba que él controlaba esa empresa en su condición personal, no como representante de Italba, y que él era quien decidía el plan de negocios de Trigosul y detentaba el control del financiamiento de las operaciones de Trigosul141. Uruguay concluyó que Italba incumplió con su carga de la prueba sobre el supuesto control de Trigosul142.

(2) Análisis del Tribunal

191.
El Tribunal considerará las normas aplicables a la determinación de la primera excepción opuesta por la Demandada.
192.
El Artículo 1 del Tratado define el concepto de "inversor de una Parte" en los siguientes términos:

"una Parte o una empresa estatal de la misma, o un nacional o empresa de dicha Parte, que tiene la intención de realizar, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de la otra Parte; en el entendido de que una persona física que goza de doble nacionalidad se considerará exclusivamente ciudadano del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva".

193.
Sobre la definición de "inversión", el mismo Artículo del Tratado indica lo siguiente:

" todo activo de propiedad de un inversor o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluidas entre otras las siguientes: compromiso de capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presunción de riesgo. La inversión puede adoptar diversas formas, a saber:

(a) una empresa;

(b) acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa;

(c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos;

(d) futuros, opciones y otros derivados;

(e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos y similares;

(f) derechos de propiedad intelectual;

(g) derechos otorgados de conformidad con la legislación interna, tales como licencias, autorizaciones, permisos; y

(h) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales como arrendamientos, hipotecas, garantías reales y prendas" (énfasis añadido).

194.
El inciso g) del Artículo 1 del Tratado incluye al pie de página dos notas:

"El determinar si un tipo especial de licencia, autorización, permiso o instrumento similar (incluida una concesión, en la medida en que tenga la naturaleza de tal instrumento) tiene las características de una inversión depende de factores tales como la naturaleza y alcance de los derechos que posee el titular en virtud de la legislación de la Parte. Entre las licencias, autorizaciones, permisos e instrumentos similares que no reúnen las características de una inversión se encuentran aquellos que no generan derechos protegidos por las leyes locales. Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con una licencia, autorización, permiso o instrumento similar tenga las características de una inversión".

"El término "inversión" no incluye ningún decreto o fallo dictados en causas judiciales o administrativas".

195.
Además, el Artículo 1 del Tratado define el concepto de "inversión cubierta" en los siguientes términos:

"con respecto a una Parte, una inversión en su territorio efectuada por un inversor de la otra Parte vigente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado o establecida, adquirida o expandida con posterioridad".

196.
El Artículo 24 del Tratado denominado "Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje" dispone:

"1. En el caso que una parte contendiente considere que una controversia relativa a una inversión no puede ser resuelta por medio de consultas y negociación:

el demandante, en nombre propio, podrá someter a arbitraje una reclamación, de conformidad con esta Sección, en razón de:

que el demandado ha violado:

una obligación prevista por los Artículos 3 a 10;

una autorización de inversión, o

un acuerdo de inversión, y

que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como consecuencia de ésta; y

el demandante, por los intereses de una empresa del demandado que sea persona jurídica de propiedad del demandante o que esté bajo su control directo o indirecto, podrá, de conformidad con esta Sección, someter a arbitraje una reclamación en razón de:

que el demandado ha violado:

una obligación prevista por los Artículos 3 a 10;

una autorización de inversión, o

un acuerdo de inversión; y

que la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como consecuencia de la misma.

en el entendido de que un demandante pueda someter, conforme a los subpárrafos (a) (i) (C) o (b) (i) (C), una reclamación por violación de un acuerdo de inversión únicamente si la cuestión o los daños que se reclaman refieren directamente a la inversión cubierta que fue establecida o adquirida o que se solicitaba fuera establecida o adquirida, en el marco del acuerdo de inversión pertinente.

2. Por lo menos 90 días antes de someter una reclamación a arbitraje conforme a la presente Sección, el demandante entregará al demandado una notificación escrita de su intención de someter la reclamación a arbitraje (‘notificación de intención'). En la notificación se especificará:

(a)...

3. En tanto hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivaron la reclamación, el demandante podrá someter la reclamación a que refiere el párrafo 1:

(a) de conformidad con el Convenio de CIADI y con las Reglas de Procedimiento para Procedimientos Arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la Parte no contendiente sean parte del Convenio del CIADI;

(b) de conformidad con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, siempre que el demandado o la Parte no contendiente, sean parte del Convenio del CIADI;

(c) de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI; o

(d) si el demandante y el demandado así acuerdan, a cualquier otro órgano de arbitraje o de conformidad con cualesquiera otras reglas de arbitraje.

4. Una reclamación se considerará sometida a arbitraje conforme a esta Sección cuando la notificación o la solicitud de arbitraje (‘notificación de arbitraje') del demandado prevista por el:

(a) a que refiere al párrafo 1 del Artículo 36 del Convenio del CIADI sea recibida por el Secretario General;

(b) a que refiere el Artículo 2 del Anexo C de las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI sea recibida por el Secretario General;

(c) a que se refiere el Artículo 3 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, conjuntamente con el escrito de demanda a que refiere el Artículo 18 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, sea recibida por el demandado; o

(d) a que refiera cualquier institución arbitral o cualesquiera otras reglas de arbitraje escogida en virtud del párrafo 3 (d), sea recibida por el demandado...".

197.
Las Partes coincidieron en que el Tratado ampara a un inversor que sea propietario de una inversión o que la controle143. El desacuerdo entre ambas, sobre este asunto, radica en que la Demandante sostuvo que ella es propietaria y que ha controlado a Trigosul. Al contrario, la Demandada sostuvo que Italba no es propietaria de Trigosul ni la controla, pues en realidad el dueño y quien controla a Trigosul es el Dr. Alberelli, en su condición personal144.
198.
Por lo indicado en los párrafos anteriores, resulta fundamental determinar si efectivamente, Italba es accionista de Trigosul y, si no lo fuera, si la controla, directa o indirectamente.
199.
Resueltas esas cuestiones, el Tribunal posteriormente deberá determinar si Italba era propietaria o controlante de la inversión en el momento de la supuesta violación del Tratado por parte de la Demandada.
200.
El Tribunal procederá a analizar en los siguientes párrafos lo concerniente a la propiedad de las acciones de Trigosul y posteriormente lo referente a su control.

a. ¿Es Italba propietaria de Trigosul?

201.
El Artículo 3 de los Estatutos de Trigosul dispone que el capital de la sociedad está representado por "acciones ordinarias nominativas"145.
202.
En el expediente constan seis certificados de acciones de Trigosul, fechados 6 de septiembre de 1996. Los certificados números 1, 2 y 3 están emitidos a nombre de la señora Carmela Caravetta Durante y los números 4, 5 y 6, a nombre del Dr. Gustavo Alberelli.
203.
Los certificados 1 al 3 tienen en el dorso un endoso que dice: "En el día de la fecha, 24 de mayo del 2002 se transfiere al Dr. Gustavo Alberelli"; los tres endosos están firmados por "Carmela Caravetta"146. Como se dijo, los certificados del 4 al 6 fueron emitidos a nombre del Dr. Alberelli el 6 de septiembre de 1996. Asimismo, se encuentran en autos los certificados numerados del 7 al 20, fechados 30 de junio de 1999, también emitidos a nombre del Dr. Alberelli147.
204.
Además, una copia de dos páginas (la portada y el folio número 2) del libro de Registro de Títulos Nominativos de Trigosul consta en el expediente148. En el folio 2 del libro está la descripción de los certificados numerados del 1 al 20, con la indicación del "importe" que cada uno representa y el nombre del titular de cada certificado. Según lo indicado, los tres primeros están a nombre de la señora Caravetta y los restantes están a nombre del Dr. Alberelli. No aparece ninguna firma ni la fecha de dichos asientos.
205.
En el expediente también hay copias de trece folios del Libro de Actas de Asamblea y Directorio de Trigosul149, que expresan lo siguiente:

(a) el acta número 1 está fechada 2 de octubre de 1996; en ella consta una convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con una firma ilegible;

(b) en el siguiente folio aparece otra acta (que no está numerada) de una Asamblea de Accionistas celebrada el 10 de octubre del mismo año, la cual fue presidida por el señor Daniel Pérez (socio constitutivo de la sociedad, véase párrafo 76 anterior). En esa acta se nombró al señor Luis Herbón como Presidente del primer "Directorio de la Sociedad"; al final del acta consta que a la asamblea asistieron los accionistas señora Caravetta y Dr. Alberelli;

(c) en el folio 4 del indicado libro de Actas de Asamblea y Directorio consta otra acta del 10 de octubre de 1996, también sin número, en la cual el señor Herbón aceptó su nombramiento;

(d) en el folio 5 aparece un texto, escrito a mano e ilegible parcialmente, que aparentemente se refiere al Acta del Directorio del año 2001; al final indica el capital autorizado y nuevamente menciona a la señora Caravetta y al Dr. Alberelli como los accionistas de la sociedad;

(e) en los folios 5 y 6 consta el acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de octubre del 2001, la cual se refiere a un aumento de capital. También cita al Dr. Alberelli y a la señora Caravetta como accionistas de la sociedad;

(f) en el folio 7 aparece el Acta del Directorio fechada 30 de septiembre del 2002, que se refiere a una convocatoria a una asamblea extraordinaria de accionistas. También consta en ese folio el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de octubre del 2002; nuevamente se indica que los accionistas son el Dr. Alberelli y la señora Caravetta;

(g) en el folio 8 consta el Acta de Directorio fechada 11 de octubre del 2002 en el cual se nombró un nuevo Presidente (en el acta su nombre es ilegible). También en ese folio aparece el Acta del Directorio fechada 30 de octubre del 2002 que se refiere a una convocatoria a una asamblea de accionistas;

(h) en el folio 9 consta el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de noviembre del 2002, en la cual los accionistas Dr. Alberelli y señora Caravetta nombran nuevamente al señor Herbón como Presidente;

(i) en el folio 10 aparece un Acta de una sesión del Directorio celebrada el 2 de noviembre del 2002 en la que se consigna la aceptación del nombramiento por parte del señor Herbón;

(j) en el folio 11 aparece un Acta de una reunión del Directorio celebrada el 4 de febrero del 2011 para convocar a una Asamblea de Accionistas;

(k) en el folio 12 consta un Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de febrero del 2011, en la cual se nombró al Dr. Alberelli como Presidente del Directorio; y

(l) en el folio 13 consta un Acta de una reunión del Directorio, del 4 de febrero del 2011, en la cual el señor Herbón renunció a su cargo y el Dr. Alberelli aceptó el nombramiento en su lugar.

206.
Luego de una revisión cuidadosa de las actas citadas, el Tribunal observa que solo en tres folios se menciona a los accionistas de Trigosul, (en las letras (b), (d) y (f) del párrafo anterior), que son el Dr. Alberelli y la señora Caravetta. En cambio, no hay ninguna mención de Italba como accionista; ninguna referencia a endosos de acciones o aumentos de capital hechos por Italba, ni tampoco indicación alguna de que Italba tomara decisiones sobre los diversos nombramientos del Presidente del Directorio.
207.
Una vez analizados los tres primeros certificados de acciones endosados al Dr. Alberelli, citados en el párrafo 203 anterior, el Tribunal constata que ninguno de ellos indica el lugar del endoso. En la fecha del endoso que se señala (24 de mayo del 2002), la señora Caravetta y su hijo, el Dr. Alberelli, estaban en Uruguay150. De lo anterior se deduce que el derecho de Uruguay debería aplicarse para determinar la validez del endoso de acciones en esta sociedad uruguaya.
208.
Además, el único certificado que contiene un endoso en favor de Italba es el número 4, el cual indica que esa sociedad es dueña de 9,125 acciones de un total de 182,500. Al reverso indica: "En el día de la Fecha 15 de agosto del 2002 se Transfiere a Italba Corp. (Miami FL. 33183 8540 Sw 132 court)" y abajo dice: "Gustavo Alberelli Caravetta".
209.
Durante la Audiencia, los abogados de la Demandante enfatizaron que el señor y la señora Alberelli no son abogados y que, por esa razón, no mantenían los documentos de Italba y de Trigosul en el "mejor orden"151. A criterio del Tribunal, el hecho de que esas personas no contaran con experiencia en la gestión de libros societarios no justifica las evidentes inconsistencias existentes en los certificados y en los libros de Trigosul. El Dr. Alberelli es un empresario experimentado que constituyó Italba en 1982152; el señor Herbón, presidió Trigosul durante varios años, es nacional de Uruguay, licenciado en Contabilidad y cuenta con amplia experiencia en la administración de empresas153. No es creíble para este Tribunal concluir que la falta de conocimientos jurídicos por parte de los funcionarios de Trigosul fuera la causa de que no se registraran los endosos supuestamente hechos en mayo y agosto del 2002 en los libros de Trigosul. Tanto el Dr. Alberelli como el señor Herbón, tenían la experiencia y los conocimientos suficientes para manejar adecuadamente los documentos societarios.
210.
El Artículo 305 de la Ley de Sociedades Comerciales de Uruguay establece lo siguiente:

"(Trasmisibilidad). La trasmisión de las acciones será libre.

El contrato social podrá limitar la trasmisibilidad de las acciones nominativas, o de las escriturales siempre que no implique la prohibición de su transferencia. La limitación deberá constar en el título o en el Libro de Registro de Acciones Escriturales, en su caso.

La trasmisión de las acciones nominativas, de las escriturales, y la constitución o trasmisión de los derechos reales que las graven deberán notificarse a la sociedad por escrito e inscribirse en sus respectivos registros de acciones. Surtirán efecto respecto de la sociedad y de los terceros desde esa inscripción.

Las acciones endosables se trasmitirán por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro"154. (énfasis añadido).

211.
Con base en el Artículo 305 transcrito supra, el Tribunal concluye que para que el Dr. Alberelli pudiera ejercer los derechos relativos a las acciones de Trigosul representadas por los certificados números 1, 2 y 3, debió notificar el endoso a Trigosul e inscribirlo en el libro denominado Registro de Títulos Nominativos. El Artículo 305 estipula categóricamente que "[l]a transmisión de las acciones nominativas... surtirá efecto respecto de la sociedad y de los terceros desde esa inscripción".
212.
En vista de los hechos descritos y del contenido de la Ley de Sociedades Comerciales, el Tribunal concluye que, en el caso de Trigosul, no se respetaron los requisitos legales aplicables al endoso de los certificados números 1, 2 y 3 de acciones de Trigosul hecho por la señora Caravetta al Dr. Alberelli, en mayo del 2002. Por esa razón el endoso no surte efectos respecto de Trigosul ni de terceros.
213.
A continuación, el Tribunal analiza el endoso del certificado número 4, representativo de 9,125 acciones nominativas de un total de 182,500 de Trigosul, realizado el 15 de agosto del 2002 por el Dr. Alberelli. En ese endoso no se indica el lugar en el que se realizó; únicamente, entre paréntesis, se consignó el domicilio social de Italba Corporation, que, según su Acta Constitutiva, es: "8540 S.W. 132th Court, Miami, Florida, 33183"155. El Tribunal considera que no existe fundamento probatorio suficiente para afirmar que efectivamente el endoso se realizó en Florida y que, en consecuencia, la legislación aplicable es la ley del domicilio del endosante. Las únicas pruebas aportadas al expediente sobre ese aspecto son las declaraciones del Dr. Alberelli y de su esposa. Al no existir prueba fehaciente del lugar donde se realizó el endoso, la validez de este debe determinarse de conformidad con la legislación de Uruguay, país en el que se constituyó, está inscrita y opera Trigosul. No obstante, el Tribunal también evaluará la validez del endoso por referencia al derecho de Florida, que es el derecho aplicable según la Demandante156.
214.
Según se indicó anteriormente, el Artículo 3 de los Estatutos de Trigosul dice: "La transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad, la que dejará constancia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 16,060"157 (se refiere al Artículo 305 de la Ley de Sociedades Comerciales transcrito en el párrafo 210 anterior).
215.
De acuerdo con el Artículo 316 de la Ley de Sociedades Comerciales, se aplican las normas de los títulos-valores a los títulos representativos de acciones (como los certificados de acciones de Trigosul)..en cuanto no sean modificados por esta ley"158.
236.
El tercer criterio citado por la Demandante (en el párrafo 223 anterior) es el aporte de capital que alega haber hecho a Trigosul. Como prueba de esas contribuciones, Italba sostuvo que, a principios del 2001, aportó a Trigosul la suma de 632,674 pesos uruguayos169. Italba indicó: "En reconocimiento de este aporte, una asamblea extraordinaria de los accionistas de Trigosul que se celebró más adelante ese año aumentó el capital autorizado de la empresa de 182,500 a 690,000 pesos uruguayos. De este modo, Italba aportó el 92,04% del capital social de Trigosul"170. En su Escrito Posterior a la Audiencia, Italba se basó en el dictamen del Dr. Lapique, quien también "encontró que Italba contribuyó con el 92.04% del capital social de Trigosul"171.
237.
No existe en autos la menor evidencia de que ese aporte lo hiciera Italba. La única conclusión de la que dispone el Tribunal es que el aporte de capital citado en el Libro de Actas de Asamblea y Directorio fue hecho por el Dr. Alberelli y por su madre la señora Caravetta, según se asentara en los libros. Tampoco en el libro contable de la compañía, denominado "Diario", hay indicación alguna de que Italba hubiera hecho aportes de capital a Trigosul.
238.
Durante la Audiencia, Uruguay afirmó: ". la respuesta a la pregunta quién hizo aportes significativos de capital a Trigosul es: nadie. Además, estos pagos a Trigosul fueron asentados como que fueron efectuados en efectivo, por lo tanto, no hay registro documental alguno de la fuente de los fondos"172. También afirmó Uruguay que el Dr. Lapique había reconocido que había actuado conforme a las instrucciones de Italba en relación con el tema de su supuesto aporte a Trigosul173.
239.
Efectivamente, el Dr. Lapique reconoció que se basó en la información que recibió de Italba en relación con los aportes que ella alegó haber hecho a Trigosul. Afirmó:

"De acuerdo a las instrucciones recibidas:

a) Todos los fondos recibidos por Trigosul fueron contribuidos por Italba Corp.

b) Italba Corp. entregó fondos a los directores de Trigosul, para que estos los entregaran a Trigosul.

c) La Sociedad y sus directores reconocen como accionista a Italba Corp".

"De acuerdo a las instrucciones recibidas, los Aportes a cuenta de futura integraciones fueron realizados por Italba Corp., que es quien ha financiado la operativa de Trigosul desde sus inicios hasta el día de la fecha"174 (énfasis añadido).

240.
Lo anterior fue confirmado por la misma Demandante en su Escrito Posterior a la Audiencia. Cuando comentó la crítica de Uruguay al informe del Dr. Lapique, dijo que "[e]sta es una crítica extraña que se le hace a un testigo experto quien, por definición, no debe tener conocimiento de primera mano sobre los hechos" (cursiva en el original)175.
241.
En el expediente tampoco consta ninguna prueba (un cheque, una transferencia electrónica u otro instrumento mercantil similar) que respalde la afirmación de que Italba contribuyó con la "abrumadora mayoría" del capital social de Trigosul. La realidad es que no consta ni un solo aporte al capital hecho por Italba a Trigosul.
242.
El Tribunal concluye que, con base en el criterio de los aportes de capital, tampoco es posible afirmar que Italba sea accionista de Trigosul.
243.
Como indicó en el párrafo 213, el Tribunal ahora procederá a analizar los argumentos de Italba sobre la propiedad de los certificados de acciones de Trigosul, según las leyes del Estado de Florida.
244.
La Demandante alegó que, por el hecho de que el Dr. Alberelli se encontraba en Florida cuando hizo el endoso de las acciones de Trigosul, el 15 de agosto del 2002, esa transferencia se rige por las leyes de Florida176. Tal como se afirmara en el párrafo 213, el Tribunal considera que no existe fundamento probatorio suficiente para afirmar, que efectivamente, el endoso se hizo en Florida y que, en consecuencia, la legislación aplicable es la del domicilio del endosante. Las únicas pruebas aportadas al expediente sobre ese aspecto son las declaraciones del Dr. Alberelli y de su esposa177.
245.
El segundo criterio expuesto por la Demandante para sustentar su argumento de que en este caso debe aplicarse la legislación de Florida, se fundamenta en el Artículo 30 del Tratado, el cual remite a las normas aplicables del derecho internacional. En relación con este criterio, Italba citó el Artículo 2398 del Código Civil de Uruguay, el cual establece que: "[l]os bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar en que se encuentran, en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles"178.
246.
La Demandante sostuvo: "En este caso, los certificados de acciones de Trigosul estaban ubicados en Florida y el acto que transfirió la titularidad de esas acciones del Dr. Alberelli a Italba ocurrió en Florida. Por ende, la legislación de Florida rige la titularidad de Trigosul"179. Además, con base en la legislación de ese Estado, Italba reiteró que el Dr. Alberelli endosó el paquete con todos los certificados accionarios de Trigosul y los depositó en una caja de seguridad de él y su esposa, donde usualmente él guardaba los documentos importantes de Italba180; de esa forma, según Italba y el Dr. Alberelli, se efectuó la entrega de los certificados a Italba y se completó su transferencia.
247.
Italba concluyó que "[c]onforme a la legislación de Florida, la transferencia de acciones se completa cuando las acciones se ‘entregan' al cesionario, es decir, cuando el cesionario entra en posesión de los certificados de acciones". Al pie de página citó "Legislación de Florida § 678.3011(1)(a) (1997) (C-220) ("La entrega de un título valor certificado a un comprador ocurre cuando... el comprador toma posesión del certificado del título valor"); véase también, por ej., Tanner c. Robinson, 411 So. 2d 240, 242 (Tribunal de Apelaciones Intermedio de Florida 1982) (C-221) ("transferencia de una donación de acciones efectiva tras la entrega real o constructiva de las acciones")181.
248.
El Tribunal de Apelaciones Intermedio de Florida en el caso Tanner c. Robinson dijo: "Así, sostenemos que la transferencia inter vivos por donación de todo derecho sobre títulos valores se logra por la entrega efectiva o ficta de dichos títulos, siempre que esté presente la intención de donar y que se pueda presumir o demostrar directamente la aceptación por el donatario."182.
249.
El experto de Uruguay, el señor Conti, también hizo referencia en su informe a los requisitos establecidos en el caso Tanner c. Robinson (entrega, intención y aceptación), aunque para él en ese caso no es aplicable la legislación de Florida, sino el derecho consuetudinario de ese Estado183; además, para el señor Conti, se trata de requisitos "simultáneos"184.
250.
A juicio del Tribunal, en este caso no se ha demostrado que existiera la intención de endosar todos los certificados de acciones de Trigosul a Italba. Es evidente que no se puede suponer la existencia de tal intención, siendo que el único certificado que supuestamente se endosó es el número 4. Tampoco consta esta intención en los libros de la sociedad. Además, tampoco existe prueba en el expediente de la entrega de las acciones y el posterior ejercicio de los derechos como accionista por parte de Italba; tampoco existe nada que demuestre el ejercicio de Italba de sus supuestos derechos como accionista y dueña de las acciones representadas por el certificado 4, ni mucho menos de las representadas por los restantes certificados. Como se dijo, tampoco se demostró que Italba participara en ninguna Asamblea de Socios ni en las ganancias o pérdidas de Trigosul. En cuanto a la supuesta aceptación, tampoco quedó documentada en los libros de Trigosul e Italba, y solo se basa en las declaraciones realizadas por el Dr. Alberelli.
251.
En su Escrito Posterior a la Audiencia Italba se refirió a un caso anexado al Informe del señor Conti (Estate of Maxcy c. Commissioner of Internal Revenue) y afirmó que el Tribunal Federal de Apelaciones de los EE. UU. del Circuito Quinto mantuvo la validez de una ley de Florida sobre una donación de acciones en una sociedad cerrada, a pesar del argumento del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. de que la donación no había sido perfeccionada mediante la entrega física.En donde un gobierno no puede plantear una teoría alterna sobre la intención del donante, el Tribunal denegó el requisito de que exista una entrega física de las acciones categorizando esto como ‘un simple formalismo que no creemos que los tribunales de Florida deban satisfacer' y encontró que la entrega ‘constructiva' fue suficiente"185.
252.
A juicio del Tribunal, el caso citado por Italba se refiere a circunstancias totalmente diferentes a las del presente arbitraje. En Estate of Maxcy, el donante de las acciones de la sociedad reflejó en los registros societarios la donación de las acciones y la reportó en sus declaraciones del impuesto sobre la renta; además emitió nuevos certificados de acciones y pidió a la secretaria de la sociedad que se emitieran esos títulos a nombre de los donatarios. Uno de esos títulos no fue entregado personalmente al donatario, sino que se guardó en una caja fuerte de la sociedad; sin embargo, se demostró que el donatario tuvo acceso a la caja, de hecho y de derecho. Por esas razones, el Tribunal de ese caso pudo establecer, con pruebas convincentes, la intención del donante y los actos que realizó para manifestarla. Este Tribunal concluye que no existen tales pruebas en el presente caso.
253.
Como lo expresó anteriormente (párrafo 213), el Tribunal no tiene ninguna duda de que este asunto debe resolverse conforme a la legislación de Uruguay, que es la única aplicable en este caso. Sin embargo, con el fin de analizar todos los argumentos planteados por la Demandante, el Tribunal también realizó el análisis de la legislación del Estado de Florida y llegó a la conclusión de que Italba no fue propietaria de Trigosul de conformidad con cualquiera de estos dos ordenamientos jurídicos. Por eso, en la siguiente sección el Tribunal procederá a estudiar el alegato de Italba de que controla a Trigosul.

b. ¿Italba Corporation controla a Trigosul?

255.
Italba argumentó, a los efectos del Artículo 1 del Tratado, que tiene el control de Trigosul y afirmó, con base en las declaraciones de los Sres. Alberelli y Herbón y, en los documentos que se citarán más adelante, que: (a) tomó decisiones comerciales por Trigosul; (b) "aportó gran parte del capital social de Trigosul"; (c) financió las operaciones de Trigosul y (d) se presentó como la propietaria de Trigosul frente a terceros186.
256.
Como fundamento en su afirmación de que tomó decisiones comerciales por Trigosul, la Demandante aportó varios documentos. El Tribunal se refiere a cada uno de ellos y expresa lo que concluyó luego de haberlos revisado:

(a) Propuesta para una Red de comunicaciones Bancaria, del 6 de enero de 1999187. Este documento no se refiere a Trigosul; además, es una propuesta de ETS y de Italba Telecom S.A, y no de Italba Corporation.

(b) "Informe de Inspección de Zona: Uruguay, Prime Wave Communication", 15 de octubre del 2001188. El Informe no se refiere a Trigosul ni a Italba.

(c) Acuerdo con WorldStar Communications Corp. con el fin de crear un "J oint Venture" para un Proyecto de Telecomunicaciones en Uruguay de julio del 2009189. En este documento no se menciona a Trigosul; se refiere a una empresa denominada Sumitel que, aparentemente tiene licencias en Uruguay.

(d) Acuerdo de Coinversión entre Eastern Pacific Trust e Italba Corporation, fechado 14 de junio del 2002190. Se refiere a Trigosul como una "aliada estratégica", no como subsidiaria de Italba; además, se refiere a un proyecto en Ecuador.

(e) Hoja de Términos y Condiciones del "Joint Venture" entre Phinder Technologies Inc. e Italba Corporation, de fecha 14 de febrero del 2007191. Se trata de un documento referido a América Latina, Europa (España y Portugal) y África. No menciona a Trigosul ni a Uruguay.

257.
Italba también alegó que buscó posibles "joint ventures" ".que le permitieran sacar al máximo partido a su inversión en Trigosul"; Italba ". actuó como la parte negociadora y la parte contratante y su contribución a las asociaciones de joint ventures incluía el uso de la licencia de Trigosul - que Italba podía contribuir porque era propietaria de Trigosul"192. A estos efectos, Italba se refirió a los siguientes negocios:

(a) Negociaciones con Eastern Pacific Trust: carta de intención del 3 de febrero del 2002 y Acuerdo de Coinversión del 14 de junio del 2002 (citado en el inciso (d) del párrafo 256 anterior)193. Con respecto a la carta de intención, el Tribunal observa que no está firmada y que solamente menciona una vez a Trigosul. Además, está dirigida a Italba Telecomnunications Group, no a Italba Corporation. La Demandante también aportó la declaración del señor Alan Cherp, director de InterAmerican Telco Systems quien declaró que había conocido al Dr. Alberelli en el 2002, en una actividad sobre telecomunicaciones en la cual hablaron sobre negocios en Uruguay por medio de Trigosul, subsidiaria de Italba194.

(b) Negociaciones con un representante de Brasil Telecom sobre la posibilidad de crear un "joint venture" con un grupo de inversión estadounidense denominado Starborn195. Sobre esta negociación, no consta ninguna prueba en el expediente.

(c) Posible acuerdo con ANTEL (la empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay). La única prueba de este "posible acuerdo" se encuentra en las declaraciones de los señores Alberelli y Herbón196. El Tribunal no puede, únicamente con base en esas declaraciones, tener por demostrado el supuesto control de Italba sobre Trigosul.

(d) Negociaciones con Phinder Technologies Inc. (una empresa de telecomunicaciones canadiense), con el fin de firmar un "Joint Venture" para la creación de Zupintra Panamá S.A.197. Italba aportó varios documentos: i) "Estructura del proyecto" de Italba Corporation del 21 de enero del 2007198, el cual indica que se trata de un proyecto con alcance en América Central, América del Sur, y partes de Europa y África. El Tribunal no encuentra en ese documento ninguna referencia a la licencia de Trigosul en Uruguay; ii) "Joint Venture Terms Sheet between Phinder Technologies Inc. and Italba Corporation" de febrero del 2007199. El documento indica que Italba aportará las licencias de telecomunicaciones de los países que eran el objetivo del acuerdo (situados en América Latina, Europa (España y Portugal) y África); de lo que expresa el documento, el Tribunal no puede concluir que el acuerdo incluiría la licencia de Trigosul; iii) "Acuerdo de Accionistas", de marzo del 2007, entre Phinder Technologies Inc. e Italba Corporation200: El documento es un borrador con anotaciones hechas a mano, que no está firmado y no hace ninguna referencia a Trigosul; iv) "Joint Venture terms Sheet between Phinder Technologies Inc. and Italba Corporation", fechado 14 de febrero del 2007201 (analizado en el párrafo 256 0); v) Acta constitutiva de Zupintra del 8 de marzo del 2007202. Este documento indica la comparecencia del Dr. Alberelli ante un notario público para constituir esa sociedad en su carácter personal; el documento no menciona a Italba ni a Trigosul; vi) Comunicado de prensa titulado "Zupintra Communications Inc. forma empresa de riesgo compartido con Italba Corporation", del 19 de marzo (no se especifica el año)203. Se refiere a las oportunidades en el campo de las telecomunicaciones que existen en Latinoamérica y el Caribe, pero no indica nada sobre Trigosul; vii) Noticia titulada "Zupintra e Italba crean firma de riesgo compartido", del 19 de marzo del 2007204. Esa noticia se refiere la vinculación de las dos empresas citadas para hacer negocios en América Latina y el Caribe; no contiene referencia alguna a Trigosul; viii) Correos electrónicos del 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de mayo y del 6, 7, 11 y 12 de junio, todos del 2007205. Esas comunicaciones en su mayoría se refieren a asuntos en Argentina y algunas de ellas a la expansión a Uruguay; pero no hay en ellas ninguna mención a Trigosul. En sus declaraciones los señores Christopher G. Hall, director general de operaciones de Phinder Technologies Inc. y John Alexander van Arem, presidente y director de esa compañía, afirmaron que Trigosul era la subsidiaria de Italba206. El Tribunal considera que dichas declaraciones no son coincidentes con el contenido de los documentos aportados y analizados en este párrafo.

(e) Negociaciones con Telmex Uruguay (Telstar S.A.)207. Italba aportó los siguientes documentos: Acuerdo de Intensión (sic) y Confidencialidad, fechado 21 de junio del 2007208; y cinco correos electrónicos intercambiados durante diciembre del 2007, marzo del 2008 y marzo y noviembre del 2009209. Tanto el Acuerdo como las comunicaciones se refieren exclusivamente a Trigosul; ninguno menciona a Italba, por lo que no se puede deducir de ellos que Italba estuviera negociando por Trigosul.

(f) Negociaciones con el Dr. Fernando García210; Italba aportó una carta del Dr. García dirigida al Dr. Alberelli, del 4 de octubre del 2010, y el Contrato de Préstamo de Transmisión de Datos y Equipos Informáticos a Prueba, de diciembre del 2010211. Independientemente del tema de la autenticidad de la firma del doctor García, que fue cuestionada, en ninguno de esos documentos hay indicación alguna de que la negociación la hizo Italba o de que Italba actuara por Trigosul.

(g) Negociaciones con DirecTV: la Demandante aportó dos mensajes de correo electrónico que se enviaron entre el señor Martín Colombo y el Dr. Alberelli, el 17 de marzo del 2011212. En esas comunicaciones no hay ninguna mención a Italba que permitiría presumir que el Dr. Alberelli actuaba por Italba o que esta fuera la propietaria o la controlante de Trigosul.

(h) Negociación con el Grupo Afinidad Mary para ofrecer diversos servicios a la comunidad de 2,100 jubilados: la Demandante aportó un documento denominado "Proyección de Ingresos, Inversiones y Costos" (sin fecha ni firmas)213, y una carta del señor Richard G. Weber al Dr. Alberelli del 1 de mayo del 2012214. Esos documentos solo hacen referencia a Trigosul, no a Italba, de manera que no se puede determinar quién inició esa supuesta negociación.

258.
Los documentos y las declaraciones mencionados no pueden sustentar una conclusión de que Italba les comunicara o les diera a entender a los interesados, que negociaba contratos para su supuesta subsidiaria, Trigosul, ni que la controlaba. El Tribunal nota, además, que algunas de las declaraciones testimoniales presentadas por Italba son inconsistentes con el contenido de las pruebas documentales aportadas por esa Parte.
259.
En virtud de las razones expuestas, el Tribunal concluye que la Demandante no ha demostrado que tomara decisiones comerciales por Trigosul.
260.
En relación con el asunto de los aportes de capital supuestamente hechos por Italba a Trigosul, la Demandante aportó los siguientes documentos:

(a) Estado de cuenta corriente bancaria de Italba (1 al 28 de febrero del 2001)215. Con este documento Italba pretendió demostrar que transfirió USD 35,000 a Trigosul en concepto de reembolso de gastos. El Tribunal observa que la transferencia la hizo la Demandante al señor Herbón y que Italba en el pie de página número 159 de su Memorial de Réplica dijo: "La transferencia electrónica fue hecha a la cuenta de Luis Herbón en Indumex, una empresa uruguaya de servicios financieros que facilita transferencias monetarias internacionales". No consta en el expediente de este proceso el fin de dicha transferencia ni la Demandante ha aportado ninguna prueba que demuestre que se trató, efectivamente, de un aporte de capital de Italba a Trigosul.

(b) Aporte de 632,674 pesos uruguayos que Trigosul le pagó a la DNC en concepto de adelanto de dos años de las tarifas por la operación de Trigosul en el espectro216. El Tribunal confirmó que en el libro contable de Trigosul llamado "Diario" se hace referencia a esa suma, pero no consta, ni en ese libro ni en ningún otro sitio, la fuente del aporte necesario para que Trigosul efectuara el pago en cuestión a la DNC.

261.
El Tribunal concluye que Italba no presentó prueba que demuestre que hizo aportes de capital a Trigosul.
262.
El tercer argumento de Italba consiste en afirmar que financió las operaciones de Trigosul. Al respecto, Italba aportó los siguientes documentos en relación con tres asuntos: adquisición de equipo, emisión de cheques y compra de bonos:

(a) Equipos: fax dirigido a Italba Group (a la atención del señor Albert Jansenson), por el señor Daniel V. de los Santos, de la empresa L-3 Communications, fechado el 8 de mayo del 2001; cotización No. 2501 de Wavelynx International Inc. del 11 de enero del 2000; "Acuerdo del Vendedor", entre Italba Corporation y Wavelynx International Inc., del 27 de febrero del 2000 y la factura No. 107 de StarMesh Technologies a Italba del 12 de junio del 2007217, (este equipo, según Italba, fue homologado por URSEC)218. El fax incluye un Memorándum de Entendimiento (en adelante "MOU", su acrónimo en inglés) en el que se menciona a Trigosul como subsidiaria de Italba, pero ni el fax ni el MOU estaban firmados. La cotización se refiere a un equipo para Italba, pero no quedó demostrado que Italba comprara ese equipo para Trigosul. En cuanto al "Acuerdo del Vendedor", ese documento no hace ninguna mención de Trigosul. La factura No. 107, indica que el equipo se enviaría a Miami; no hay pruebas de su posterior envío a Trigosul. Aunque Italba indicó que posteriormente, esos equipos fueron homologados por la URSEC, el Tribunal revisó la homologación presentada, la cual no incluye la lista ni la descripción del equipo, de manera que permita confirmar que se trata del mismo equipo que menciona la Demandante. Italba también citó la Resolución UMDN-URSEC del 10 de septiembre del 2002 en la cual se aprobó el pago de equipo de Trigosul, comprado por Italba219. Esa resolución se refiere a un acuerdo transaccional celebrado ante el Juzgado de Conciliación del 2do Turno, entre Trigosul, el Ministerio de Defensa Nacional y la URSEC (debido a los cambios de las frecuencias generadas mediante el Decreto 282/2000 (véanse párrafos 85 y 88 anteriores)). Como se explicó antes, Trigosul alegó que, con base en las frecuencias que le habían asignado antes de ese Decreto, adquirió equipo que luego no podría utilizar con las nuevas frecuencias. En la Resolución hay una línea que dice "compra de radios factura de ITALBA: USD 25,964". El Tribunal no puede interpretar esta simple referencia a Italba como prueba de un aporte de Italba a Trigosul hecho mediante la entrega de equipo.

(b) Emisión de cheques: Italba alega que regularmente emitía cheques para cubrir los gastos de Trigosul; para demostrar esa afirmación, aportó dos cheques (de fechas 7 de junio del 2005 y 13 de mayo del 2006, respectivamente)220. También se refirió a los libros contables de Trigosul en los cuales se registró el dinero en efectivo, supuestamente aportado por Italba, como "aporte directores"221. Uno de los cheques a los que se refiere Italba fue girado al portador; el otro fue girado a favor del Dr. Alberelli. De esa prueba no se deriva ninguna vinculación entre Italba y Trigosul. En relación con los registros contables, el Tribunal no puede aceptar que la expresión "aporte de directores" deba entenderse en el sentido de que se trata de un aporte de Italba; esa sería una interpretación forzada del texto y sin fundamento probatorio.

(c) Bonos: Italba alega que en abril del 2004 le entregó al señor Herbón un monto aproximado de USD 25,000 para comprar bonos uruguayos222 y que, al cabo de dos años, según las instrucciones de Italba, el señor Herbón vendió esos bonos y con ese dinero cubrió gastos de Trigosul. El Tribunal observa que los dos cheques que menciona Italba fueron emitidos a personas diferentes a Trigosul y que en el Registro de operaciones de Trigosul la única anotación indica "aportes de directores", y no menciona que los aportes fueron hechos por Italba. Por lo dicho, el Tribunal no puede aceptar que la Demandante haya demostrado que el dinero relacionado con los cheques y bonos citados fuera un aporte de Italba a Trigosul. Mas bien, la prueba mencionada en este párrafo establece que el Dr. Alberelli cubrió los gastos de Trigosul.

263.
Una vez analizadas cuidadosamente las pruebas aportadas por la Demandante, el Tribunal concluye que no existe en el expediente evidencia alguna que le permita concluir que, efectivamente, Italba controlaba a Trigosul.
264.
La Demandante citó varios laudos de CIADI para fundamentar su argumento de que, a los efectos de un análisis sobre la jurisdicción del Tribunal, el concepto de control de una empresa es un asunto flexible y amplio, en lugar de restringido. El Tribunal considera que, en vista de que no hay pruebas del control de Italba sobre Trigosul, en ninguna de las áreas alegadas por Italba (negociaciones de contratos, aportes de capital ni financiamiento de operaciones), la discusión y el análisis de dichos laudos, si bien muy interesante, es fútil para los efectos de este laudo.
265.
Después de que el Tribunal analizó de manera detallada los argumentos de las Partes y las pruebas con las que pretendieron respaldar sus posiciones; con base en lo expresado por las Partes y en la prueba que consta en el expediente, la sección que sigue contiene una síntesis de las conclusiones del Tribunal.

(3) Conclusiones del Tribunal

266.
Con el fin de realizar los preparativos necesarios para la inversión que llevaría a cabo en Uruguay, el Dr. Alberelli adquirió una sociedad que ya se había constituido y que en ese momento pasó a llamarse Trigosul (según lo declaró el Dr. Alberelli, aunque los primeros seis certificados están fechados en 1996, en realidad adquirió Trigosul en 1999). Los nuevos socios de Trigosul (el Dr. Alberelli y su madre, la señora Carmela Caravetta) nombraron al señor Herbón como Presidente del Directorio (véanse párrafos 76, 78 y 79 de este Laudo; Libro de Actas de Asamblea y Directorio, página 3, C-164).
267.
En enero de 1997 el MDN autorizó al Dr. Alberelli a proveer servicios inalámbricos en Uruguay (véase párrafo 81 anterior).
268.
En agosto de 1997 la DNC le asignó al Dr. Alberelli los canales radioeléctricos de algunas frecuencias (véase párrafo 82 anterior).
269.
En febrero del 2000, y en respuesta a la solicitud que el Dr. Alberelli le hizo a la DNC, el MDN transfirió a Trigosul la autorización otorgada al Dr. Alberelli (véase párrafo 84 anterior).
270.
El 4 de noviembre del 2005 se suscribió el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América Relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el cual entró en vigencia el 1 de noviembre del 2006 (véase párrafo 94 anterior).
271.
Debido a varios problemas que tuvo Trigosul con las autoridades de telecomunicaciones uruguayas, en febrero del 2016 Italba presentó la presente demanda arbitral contra Uruguay ante el CIADI (véase párrafo 6 anterior).
272.
No puede considerarse al Dr. Alberelli inversor ni en virtud del Convenio del CIADI ni del Tratado pues él tiene la nacionalidad italiana, no la estadounidense, requisito indispensable para estar protegido por el Tratado. Trigosul tampoco podría calificar como inversor en las circunstancias del presente caso, por ser una sociedad uruguaya (véanse párrafos 75 y 76 anteriores).
273.
La Demandante ha afirmado que Italba Corporation, sociedad constituida según las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, resulta un inversor calificado en virtud del Convenio del CIADI y del Tratado. Sin embargo, los documentos societarios de Trigosul no contienen ninguna indicación de que Italba fuera accionista de Trigosul.
274.
Italba contrató al Dr. Luis Lapique, quien rindió un informe en el que reconoció ".un análisis detallado de los diferentes libros societarios de Trigosul y el contenido de sus registros, así como las acciones emitidas por Trigosul", evidenciaron que se ".han omitido realizar registraciones y se ha omitido realizar ciertas emisiones de acciones" y se "...lian realizado registraciones en forma incorrecta y se han emitido acciones en forma incorrecta". Sin embargo, el Dr. Lapique, en apoyo de la tesis que Italba era la propietaria de Trigosul, sostuvo que en ".las sociedades cerradas se dan casos en que los libros y registros societarios queden relegados a un segundo plano y no se cumplen con las formalidades"223.
275.
Ante la imposibilidad de encontrar apoyo en los registros contables y los libros legales de Trigosul, la Demandante trató de demostrar, con los certificados de acciones de Trigosul, que Italba era la dueña de Trigosul.
276.
En vista de que solamente uno de los certificados de acciones de Trigosul (el número 4) tenía un endoso a favor de Italba, la Demandante invocó la teoría de que el endoso de un título implicaba el endoso de todos los demás (véase párrafo 169 anterior).
277.
Para demostrar la entrega de los títulos o certificados de acciones a Italba, el Dr. Alberelli afirmó que la transmisión había tenido lugar cuando él guardó todos los títulos de Trigosul en una caja de seguridad en la que, según su decir, él y su esposa solían guardar los documentos de Italba (véase párrafo 169 anterior). De esa manera, la Demandante pretendió cumplir con el segundo requisito indispensable para completar la transferencia de los títulos representativos de las acciones de Trigosul.
278.
Tal como observara el Tribunal en el párrafo 226 anterior, la Demandante pretendió explicar la omisión del registro de la transmisión de las acciones, basándose en la opinión del Dr. Lapique de que, en las sociedades cerradas, los registros societarios frecuentemente quedaban relegados a un segundo plano y que, en este caso concreto, esas deficiencias se debían a "la falta de conocimiento de los asesores legales o contables de la sociedad"224.
279.
Esta afirmación resulta difícil de aceptar, por ser el Dr. Alberelli un experimentado hombre de negocios y, asimismo, contar con los servicios del señor Herbón, nacional de Uruguay, Licenciado en Contabilidad Pública y con experiencia en negocios propios y ajenos225.
280.
La transferencia de las acciones de Trigosul (por medio del certificado número 4) del Dr. Alberelli a Italba nunca se efectuó, ya que no cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 305 de la Ley de Sociedades Comerciales226. De lo anterior se deduce que esto tampoco pudo haber derivado en la transferencia del resto de los certificados de acciones de Trigosul, que ni siquiera fueron endosados a Italba.
281.
Italba afirmó (con base en el informe de su experto el Dr. Lapique) que lo que importa no son las formalidades (sin perjuicio de las disposiciones expresas de la legislación de Uruguay), sino la "realidad económica". Para respaldar esta teoría, acudió al Artículo 189 de la Ley de Sociedades Comerciales (véase párrafo 227 anterior) el cual, en casos de fraude y violaciones del orden público (evasiones fiscales, por ejemplo), dispone que es posible ignorar ("disregard") la personalidad jurídica (acción denominada "rasgar el velo social", en otros ordenamientos jurídicos), para determinar quién es, en realidad, el propietario de las acciones. Con base en este Artículo, la Demandante afirmó que la realidad es que Italba era la dueña de las acciones de Trigosul. No se puede aceptar el argumento de la Demandante porque el fundamento jurídico que pretende usar (el Artículo 189 de la Ley de Sociedades Comerciales) regula situaciones jurídicas distintas a las de este caso y es, por ello, inaplicable. Además, ese argumento es totalmente contradictorio con lo sostenido por la Demandante en el párrafo 97 de su Memorial de Réplica en el cual alegó que no cabe en este caso levantar el velo corporativo (véase párrafo 179 anterior).
282.
Por mucho que se pudiera rasgar el velo social o ignorar la personalidad jurídica de Trigosul, la obvia realidad es que el Dr. Alberelli y su familia seguían apareciendo como los únicos dueños de las acciones de Trigosul.
283.
La Demandante intentó entonces afirmar que Italba era quien le había suministrado a Trigosul los fondos necesarios para su funcionamiento (véase párrafo 226 anterior). Este argumento no prosperó porque no tiene el sustento de pruebas convincentes. Por el contrario, las pruebas que Italba aportó a este proceso más bien confirmaron que era el Dr. Alberelli quien había hecho los aportes de capital necesarios para el funcionamiento de Trigosul.
284.
En subsidio, la Demandante alegó que ejercía el control de Trigosul incluso si el Tribunal determinara que no detentaba su titularidad. Con ese fin, Italba presentó cartas y otros documentos, la mayoría de ellos irrelevantes o referentes a situaciones distintas. Estas pruebas simplemente confirmaron que era el Dr. Alberelli, y no Italba, quien controlaba a Trigosul.
285.
n vista de que el Tribunal llegó a la conclusión de que Italba no es la dueña de Trigosul ni la controla, para los propósitos de los Artículos 1 y 24 del Tratado y del Artículo 25 del Convenio del CIADI, el Tribunal declara en la parte dispositiva de este laudo, que no tiene jurisdicción para resolver la disputa entre Italba Corporation y la República Oriental de Uruguay.
286.
En tanto el Tribunal ha admitido la primera excepción sobre jurisdicción de la Demandada, el Tribunal considera innecesario pronunciarse sobre las otras excepciones jurisdiccionales planteadas por la Demandada.

VII. COSTOS

A. Presentación de Costos de la Demandante

287.
En su presentación de costos, la Demandante alega que la Demandada debe sufragar todos los costos y gastos de este procedimiento. El total de los costos y gastos en los que la Demandante ha incurrido en este procedimiento asciende a USD 8,923,882,28227, y queda desglosado de la siguiente forma: (a) USD 7,424,562,89 en concepto de honorarios y desembolsos de abogados de Italba, (b) USD 1,022,151,67 en concepto de honorarios y desembolsos de expertos, (c) USD 2,167,72 en concepto de gastos de testigos y representantes, (c) el derecho de registro del CIADI de USD 25,000 y (d) USD 450,000 en concepto de anticipos para el pago de honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y cargos administrativos del CIADI. Además, la Demandante solicita intereses compuestos respecto de los daños y costos calculados de manera anual a una tasa comercial desde la fecha del Laudo hasta la fecha de pago por parte de Uruguay228.
288.
La Demandante alega que una adjudicación de costos a la Demandante es "especialmente apropiada" en este caso porque Italba se vio obligada a hacer valer sus derechos en virtud del Tratado solo como resultado del incumplimiento de Uruguay de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, lo cual destruyó el valor de la inversión de Italba en violación del Tratado229. Además, la conducta abusiva de Uruguay en el marco de esta disputa "agravó considerablemente el daño infligido por Uruguay al violar el Tratado así como los costos de este arbitraje"230.

B. Presentación de Costos de la Demandada

289.
En su presentación de costos, la Demandada alega que la Demandante debe soportar todos los costos y gastos de este procedimiento. El total de los costos y gastos en los que la Demandada ha incurrido en este procedimiento asciende a USD 6,002,836,75231, y queda desglosado de la siguiente forma: (a) USD 4,151,031,90 en concepto de honorarios de abogados de Uruguay, (b) USD 1,401,804,85 en concepto de honorarios y gastos de expertos y otros cargos administrativos, y (c) USD 450,000 en concepto de anticipos de honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y cargos administrativos del CIADI. Además, la Demandada solicita al Tribunal que ordene a la Demandante el pago de intereses a la tasa LIBOR aplicable a depósitos a un año en dólares estadounidenses, vigente el día de la fecha de emisión del Laudo, más un 4%, que comenzarán a devengarse a partir de los 60 días posteriores a la transmisión del Laudo a las Partes, y se capitalizarán semestralmente232.
290.
La Demandada alega que, en este caso, corresponde adjudicar los costos a Uruguay porque (a) Italba alegó la existencia de jurisdicción a pesar de no estar legitimada a hacerlo233, (b) Italba presentó reclamaciones frívolas en cuanto a la jurisdicción, el fondo y los daños234, y (c) durante todo este procedimiento, Italba actuó de mala fe para interferir con el proceso arbitral mediante el uso de "documentos forjados y sospechosos como supuesta evidencia en apoyo de sus argumentos" en un "intento deliberado de ofuscar los hechos y engañar al Tribunal"235.

C. La Decisión sobre Costos del Tribunal

291.
Ambas Partes del procedimiento consideran que la asignación de costos en este arbitraje debe regirse por el principio de que "el perdedor paga" (también conocido como "los costos siguen al evento"). Cada Parte solicitó al Tribunal que ordenase a la parte fallida el reembolso de los gastos en que incurriese la parte vencedora en relación con este procedimiento, incluso los anticipos realizados al CIADI en concepto de cargos del Centro, y honorarios y desembolsos de los árbitros236.
292.
Los costos del arbitraje, incluidos los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, los cargos administrativos del CIADI y los gastos directos ascienden a (sumas expresadas en USD):237

Honorarios y gastos de los Árbitros

Sr. Rodrigo Oreamuno USD 227,392,65

Sr. John Beechey USD 84,515,74

Prof. Zachary Douglas USD 73,090,67

Cargos administrativos del CIADI USD 106,000,00

Gastos directos USD 174,015,77

Total USD 665,014,83

293.
Los costos enunciados supra se pagaron con los fondos de los anticipos realizados por las Partes en igual proporción238. Como resultado de ello, la porción de los costos del arbitraje de cada Parte asciende a USD 332,507,42.
294.
El Artículo 61(2) del Convenio del CIADI dispone lo siguiente:

En el caso de procedimiento de arbitraje el Tribunal determinará, salvo acuerdo contrario de las partes, los gastos en que estas hubieren incurrido en el procedimiento, y decidirá la forma de pago y la manera de distribución de tales gastos, de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Centro. Tal fijación y distribución formarán parte del laudo.

295.
Esta disposición faculta al Tribunal a distribuir todos los costos del arbitraje entre las Partes, e incluso ordenar a la Parte vencida que soporte la totalidad de los costos del arbitraje y los honorarios y gastos legales en que hayan incurrido ambas Partes.
296.
El Tribunal concluye que no goza de jurisdicción respecto de las reclamaciones de Italba porque la Demandante no logró demostrar que Italba es propietaria de Trigosul o la controla239. Según se explicara supra, el endoso por parte del Dr. Alberelli de los certificados de acciones de Trigosul a favor de Italba no se realizó de conformidad con los requisitos legales aplicables y, por lo tanto, no produjo ningún efecto en relación con Trigosul o terceros240. Además, no se aportó prueba alguna de que Italba participara en las ganancias o pérdidas de Trigosul, de que estuviera supervisando la gestión de las actividades de Trigosul o de que ejerciera los derechos que habría tenido a su disposición si realmente hubiera sido accionista de Trigosul241. Por último, la Demandante no demostró que Italba hubiera comunicado o manifestado a las partes interesadas que estaba negociando contratos para Trigosul o que la controlara242.
297.
En vista de lo anterior, el Tribunal resuelve que la aplicación del principio de que "el perdedor paga" es apropiada. Por ende, el Tribunal concluye que la Demandante deberá soportar la totalidad de sus honorarios y gastos legales, como también los costos del arbitraje. La Demandante también deberá reembolsar todos los honorarios de abogados y de expertos y los gastos administrativos en que la Demandada hubiese incurrido según las sumas solicitadas243, que el Tribunal considera razonables a la luz de los costos de la Demandante, la duración del procedimiento y la complejidad de las cuestiones tratadas no solo en cuanto a la jurisdicción, sino también en lo referente al fondo y a la cuantificación de daños.
298.
Así pues, el Tribunal ordena a la Demandante que abone a la Demandada la suma de USD 332,507.42 por la porción gastada de los anticipos de Uruguay al CIADI y de USD 5,552,836.75 para cubrir los honorarios y gastos legales y de expertos y gastos administrativos de Uruguay.
299.
El Tribunal advierte que la Demandada solicitó el cómputo de intereses sobre los costos que se adjudicasen a su favor. Teniendo en cuenta las circunstancias de este arbitraje y las pruebas aportadas por las Partes, el Tribunal no encuentra fundamentos suficientes para otorgar intereses sobre los costos adjudicados a favor de la Demandada. Por lo tanto, se rechaza la solicitud de intereses sobre los costos de la Demandada.

VIII. DECISIÓN

300.
Por las razones expuestas, el Tribunal resuelve lo siguiente:

(a) Admitir la excepción a la jurisdicción opuesta por la República Oriental del Uruguay basada en que Italba Corporation no es dueña de Trigosul S.A. ni la controla, por lo que Italba Corporation no es una inversora a los fines de los Artículos 1 y 24 del Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América Relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y del Artículo 25 del Convenio del CIADI.

(b) Declarar que el Tribunal no tiene jurisdicción para resolver esta disputa.

(c) Rechazar la solicitud de la Demandante de que el Tribunal ignore el informe del experto del Profesor Eugenio Xavier de Mello Ferrand.

(d) Condenar a la Demandante a pagarle a la Demandada todos los costos de este procedimiento, incluyendo los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal de Arbitraje, los cargos administrativos y gastos directos del CIADI, así como los honorarios de abogados y expertos y los gastos administrativos en que la Demandada ha incurrido en relación con este arbitraje, que ascienden al total de USD 5,885,344,17.

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