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Apelación de sentencia de amparo

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

[1].

A) Interposición y autoridad: presentado el catorce de agosto de dos mil ocho en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala.

B) Actos reclamados:    

b.1) el numeral romano III de la resolución GJ-Providencia - tres mil ciento veintiuno (GJ-Providencia-3121) de veinticinco de julio de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho (GTTE-28-2008), por medio de la cual se disuelve en forma definitiva y unilateralmente la Comisión Pericial conformada para resolver las discrepancias generadas entre la autoridad recurrida y la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, en virtud del estudio tarifario presentado por esta última; y

b.2) lo actuado con posterioridad por la autoridad recurrida, consistente en las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, números CNEE - ciento cuarenta y cuatro - dos mil ocho (CNEE-144-2008) de veintinueve de julio de dos mil ocho; CNEE - ciento cuarenta y cinco - dos mil ocho (CNEE-145-2008) de treinta de julio de dos mil ocho; y CNEE - ciento cuarenta y seis - dos mil ocho (CNEE-146-2008) de treinta de julio de dos mil ocho, actos reclamados de los cuales la amparista desistiera parcialmente según memorial presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, subsistiendo únicamente el acto señalado como reclamado en la literal b.1) que precede.

C) Violaciones que denuncia: al derecho de defensa y a los principios jurídicos del debido proceso y de legalidad.

D) Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por la postulante se resume:

D.1) Producción del acto reclamado:

a) está autorizada por el Estado de Guatemala para desarrollar la actividad de distribuidora final para la prestación del servicio de energía eléctrica, por un plazo de cincuenta años, y al efecto se encuentra sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, por lo que de conformidad con el procedimiento establecido en la misma, debe fijarse la tarifa de consumidores finales del servicio de distribución de energía eléctrica y el valor agregado de distribución, que es la única retribución que percibe el distribuidor por el servicio que presta;

b) por lo que en cumplimiento del procedimiento establecido en la ley de la materia y su reglamento, contrató a la firma consultora Bates White, para la realización, conforme a los términos de referencia elaborados para el efecto por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, del estudio tarifario que debía servir de referencia para la fijación de las tarifas base, sus valores máximos y fórmulas de ajuste periódico y condiciones generales de aplicación tarifaria para los consumidores del servicio de distribución final, el cual debía regir por el período comprendido del uno de agosto de dos mil ocho al treinta y uno de julio de dos mil trece;

c) una vez elaborado dicho estudio, el mismo fue presentado a la hoy autoridad impugnada para su revisión, y ésta, al analizarlo, formuló las observaciones que consideró pertinentes, habiendo declarado improcedente el estudio tarifario de mérito mediante la resolución CNEE sesenta y tres - dos mil ocho (CNEE 63-2008); asimismo, le requirió realizar las respectivas correcciones a las observaciones formuladas;

d) las observaciones planteadas por la autoridad impugnada no fueron compartidas en su totalidad por la amparista, surgiendo así discrepancias entre ambas; por tal motivo, atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 75 de la Ley y 98 del Reglamento que rigen la materia, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emitió la resolución CNEE - noventa y seis - dos mil ocho (CNEE-96-2008), en la que enumeró tales discrepancias y dispuso la integración de una Comisión Pericial, para que se pronunciara sobre las mismas;

e) la Comisión Pericial nombrada quedó conformada mediante acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala el seis de junio de dos mil ocho por la Notaria Ingrid Alejandra Martínez Rodas, debiendo sujetarse a las reglas de funcionamiento acordadas, entre las cuales figuraba que el pronunciamiento de la Comisión Pericial debía ser comunicado oficialmente a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a la Distribuidora por medio de un informe final, para que ésta, a su vez, informara a la consultora a efecto que aquélla realizara los cambios solicitados, debiendo remitir la nueva versión a la Comisión Pericial para su revisión y aprobación;

f) la Comisión Pericial cumplió con todos los puntos antes indicados, a excepción del último punto, ya que ésta remitió su informe el veinticinco de julio de dos mil ocho y conforme el contenido del mismo, el consultor procedió a readecuar el estudio tarifario presentado; en esa virtud, el nuevo estudio ya corregido, fue entregado a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a la Comisión Pericial;

g) no obstante lo anterior, la hoy autoridad impugnada procedió de manera arbitraria e ilegal a disolver unilateralmente la Comisión Pericial, mediante el numeral romano III de la resolución GJ - Providencia- tres mil ciento veintiuno (GJ-Providencia-3121) de veinticinco de julio de dos mil ocho -acto reclamado-, habiendo incurrido posteriormente en otras violaciones e ilegalidades, apartándose del procedimiento establecido en la ley para la emisión de los pliegos tarifarios.

D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: la postulante considera que el acto reclamado le causa agravio porque pese a haberse sustanciado el trámite para la fijación de tarifa de energía eléctrica conforme lo que regula la Ley General de Electricidad y su Reglamento, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, mediante la resolución impugnada disolvió definitivamente y en forma arbitraria y unilateral la Comisión Pericial integrada con la finalidad de resolver las controversias surgidas entre la amparista y la autoridad impugnada, sin que se le permitiera a la postulante argumentar sobre la improcedencia de esa medida, siendo que la Comisión Pericial aún no había concluido con el trabajo encomendado, conforme las reglas de funcionamiento establecidas.

D.3) Pretensión: solicitó que se le otorgue amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso definitivamente en cuanto a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, la resolución GJ-Providencia-tres mil ciento veintiuno (GJ-Providencia-3121) de veinticinco de julio de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho (GTTE-28-2008) por medio de la cual se disuelve en definitiva y unilateralmente la Comisión Pericial conformada para resolver las divergencias generadas entre la autoridad impugnada y la amparista, en virtud del estudio tarifario presentado por esta última y se ordene a la autoridad recurrida que proceda a emitir nueva resolución en sustitución de la dejada en suspenso, garantizando el derecho de defensa y los principios del debido proceso y legalidad, debiéndose permitir que la Comisión Pericial, conformada apruebe el estudio tarifario presentado por el consultor contratado por la postulante del amparo.

E) Uso de recursos: ninguno.

F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en los incisos a), b), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

G) Leyes violadas: citó los artículos 12, 16 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 74, 75 de la Ley General de Electricidad y 98 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

II. TRÁMITE DEL AMPARO

[2].

A) Amparo provisional: no se otorgó.

B) Terceros interesados: Ministerio de Energía y Minas y el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación.

C) Informe circunstanciado: la autoridad impugnada informó:

a) toda actividad relacionada con el subsector eléctrico en Guatemala se encuentra regulada por medio del Decreto Número 93-96 del Congreso de la República, Ley General de Electricidad y su reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 256-97 así como otros reglamentos y normas relacionadas para desarrollar adecuadamente las actividades de dicho subsector;

b) la Comisión Nacional de Energía Eléctrica fue creada por la Ley General de Electricidad como el ente regulador del subsector eléctrico, con el objeto de que existiera una institución estatal que asumiera el papel de controlador de toda actividad que involucre la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Dentro de las atribuciones que dicha Ley le confiere a la misma se encuentra principalmente la de cumplir y hacer cumplir la Ley y su reglamento, velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre competencia, así como prácticas abusivas y discriminatorias; definir las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación, así como la metodología para el cálculo de las mismas;

c) derivado de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 4, 61, 74, 76, 77 y 78 de la Ley General de Electricidad y 92, 97, 98 y 99 del Reglamento de dicha Ley, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica mediante oficio CNEE - trece mil seiscientos ochenta - dos mil siete, DMJ - Notas - ciento cuarenta y uno y resoluciones CNEE -ciento veinticuatro - dos mil siete y CNEE - cinco - dos mil ocho, emitió los términos de referencia para la realización del Estudio del Valor Agregado de Distribución, el que fuera notificado oportunamente a Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, quien el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, le remitió, para su análisis, el estudio tarifario realizado, a efecto de que ésta, analizara el contenido del mismo verificando el cumplimiento de los términos de referencia relacionados;

d) el once de abril de dos mi ocho, la hoy autoridad recurrida por medio de resolución CNEE - sesenta y tres - dos mi ocho (CNEE-63-2008) declaró improcedente el estudio tarifario presentado, formulando las observaciones correspondientes, para que dicho estudio fuera corregido por la distribuidora por medio de su empresa consultora;

e) el cinco de mayo de dos mi ocho, la hoy amparista -Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima-, por medio de la nota GG - cero sesenta - dos mil ocho (GG-060-2008) presentó el estudio del valor agregado de distribución omitiendo la corrección de la totalidad de las observaciones que se le realizaron; por tal motivo, conforme a lo establecido en la legislación vigente, la hoy autoridad impugnada formuló por escrito las discrepancias con el Estudio del Valor Agregado de Distribución y ordenó la conformación de una Comisión Pericial, la cual se pronunció el veinticinco de julio de dos mi ocho;

f) el veintinueve de julio de ese mismo año, la hoy autoridad impugnada emitió la resolución CNEE - ciento cuarenta y cuatro -dos mil ocho (CNEE-144-2008), por medio de la cual aprobó en definitiva el estudio tarifario elaborado por la Asociación de empresas conformada por Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia, Control y Comunicaciones, Sociedad Anónima y Sigla, Sociedad Anónima, el cual sirvió de base para emitir y publicar el pliego tarifario correspondiente de Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima;

g) el treinta de julio de dos mil ocho, la hoy autoridad impugnada emitió asimismo las resoluciones CNEE - ciento cuarenta y cinco - dos mil ocho y CNEE - ciento cuarenta y seis - dos mil ocho, por medio de las cuales fijó la tarifa base, sus valores máximos y las fórmulas de ajuste periódico, así como las condiciones generales de aplicación para todos los consumidores del servicio de distribución final afectos y no afectos a la tarifa social que atiende la hoy amparista, para el período del uno de agosto de dos mil ocho al treinta y uno de julio de dos mil trece;

h) la ahora amparista interpuso varios recursos de revocatoria, por lo que, en cumplimiento de la legislación vigente, se elevaron los respectivos expedientes junto con los informes circunstanciados correspondientes, al Ministerio de Energía y Minas; asimismo, el veintinueve de julio de dos mil ocho, también interpuso acción de amparo en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, señalando como acto reclamado la providencia tres mil ciento veintiuno y la amenaza de no respetar el fallo de la Comisión Pericial, el cual fue suspendido en definitiva el treinta de julio de dos mil ocho, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, debido a la falta de definitividad;

i) en el presente caso, nuevamente Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima presentó acción constitucional de amparo en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, señalando como acto reclamado el numeral III de la Providencia emitida por esta última el veinticinco de julio de dos mil ocho, identificada como GJ - Providencia - tres mil ciento veintiuno y lo actuado con posterioridad, tratando de este modo de sorprender al honorable juzgador, utilizando argumentos carentes de fundamento legal;

j) únicamente cumplió con los preceptos legales que rigen la materia y que lejos de cometer cualquier arbitrariedad dentro del desarrollo del proceso para la fijación de las tarifas de mérito, el que tiene más de un año de haberse iniciado, debido a que el pliego tarifario de la amparista terminaba su vigencia el treinta y uno de julio de dos mil ocho, por mandato legal cumplió con emitir y publicar un nuevo pliego tarifario, siendo que el estudio presentado por la distribuidora no tenía la totalidad de las correcciones y no estaba basado en los términos de referencia elaborados para el efecto, luego de haber analizado el pronunciamiento de la Comisión Pericial, que constituía el fin específico de la misma;

k) del relato anterior, se puede establecer que la resolución objeto de la presente acción de amparo, se encuentra fundamentada en ley, puesto que la misma fue emitida de conformidad con las facultades que la Ley General de Electricidad y su Reglamento le otorgan, ya que la aprobación del estudio tarifario y la fijación de las tarifas es una facultad que el legislador impuso exclusivamente a la hoy autoridad impugnada.

F) Pruebas:

a) documentos, consistentes en fotocopias simples de:

a.1) Acuerdo Ministerial OM - ciento cincuenta y ocho - noventa y ocho de dos de abril de mil novecientos noventa y ocho;

a.2.) testimonio de la escritura pública veinte autorizada en la ciudad de Guatemala el quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho por el notario Juan Carlos Castillo Chacón;

a.3) resolución CNEE - sesenta y tres - dos mil ocho (CNEE-63-2008) de once de abril de dos mil ocho, emitida por la autoridad impugnada; 

a.4) carta de cinco de mayo de dos mil ocho, suscrita por los señores Leonardo Giacchino y Eduardo Mirón Soto, de la firma Bates White;

a.5) resolución CNEE - noventa y seis -dos mil ocho (CNEE-96-2008) de quince de mayo de ese mismo año emitida por la autoridad impugnada;

a.6) acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala el seis de junio de dos mil ocho, por la Notaria Ingrid Alejandra Martínez Rodas;

a.7) nota de veinticinco de julio de dos mil ocho, dirigida al Ingeniero Carlos Eduardo Colom Bickford, Presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y al Ingeniero Luis Antonio Maté Sánchez, Gerente General de Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, suscrita por el señor Carlos Manuel Bastos;

a.8) informe rendido por la Comisión Pericial el veinticinco de julio de dos mil ocho;

a.9) resolución GJ-Providencia-tres mil ciento veintiuno, de veinticinco de julio de dos mil ocho, emitida por la autoridad impugnada dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho;

a.10) cartas de veintiocho de julio de dos mil ocho suscritas por el señor Leonardo R. Giacchino, Director del Proyecto Bates White, LLC dirigidas a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima;

a.11) carta de veintiocho de julio de dos mil ocho, sucrita por el Licenciado Miguel F. Calleja, Mandatario General con Representación de la amparista y dirigida al Presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; 

a.12) resolución número CNEE - ciento cuarenta y cuatro - dos mil ocho (CNEE-144-2008) emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el veintinueve de julio de dos mil ocho;

a. 13) resolución número CNEE - ciento cuarenta y cinco - dos mil ocho (CNEE-145- 2008) emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el treinta de julio de dos mil ocho;

a. 14) resolución número CNEE - ciento cuarenta y seis - dos mil ocho (CNEE-146- 2008) emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el treinta de julio de dos mil ocho;

a.15) nota de uno de agosto de dos mil ocho, dirigida al Ingeniero Carlos Eduardo Colom Bickford, Presidente de la Comsión Nacional de Energía Eléctrica y al Ingeniero Luis Maté Sánchez, Gerente General de Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, suscrita por el señor Carlos Manuel Bastos, miembro de la Comisión Pericial, nombrado de mutuo acuerdo entre las partes;

a.16) memorial de ocho de agosto de dos mil ocho, presentado el trece agosto del mismo año, por la amparista ante el Ministro de Energía y Minas, dentro del expediente CNEE: GTTE - veintiocho - dos mil ocho;

a.17) memorial de interposición del recurso de revocatoria presentado por la amparista el veintinueve de julio de dos mil ocho en contra de la resolución GJ -Providencia - tres mil ciento veintiuno;

a.18) informe circunstanciado de treinta y uno de julio de dos mil ocho, por medio del cual se remitió el expediente GTTE - veintiocho -dos mil ocho al Ministerio de Energía y Minas;

a.19) memoriales por medio de los cuales la amparista planteó recursos de revocatoria en contra de las resoluciones CNEE - ciento cuarenta y cuatro - dos mil ocho (CNEE-144-2008), CNEE - ciento cuarenta y cinco - dos mil ocho (CNEE-145-2008) y CNEE - ciento cuarenta y seis - dos mil ocho (CNEE-146-2008) emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el veintinueve y treinta de julio de dos mil ocho, respectivamente;

a.20) informes circunstanciados rendidos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ante el Ministerio de Energía y Minas el ocho y el once de agosto de dos mil ocho, por medio de los cuales remitió los expedientes administrativos que contienen las resoluciones referidas en la literal que antecede;

a.21) sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes cuatrocientos sesenta y dos - dos mil cuatro, mil doscientos treinta y ocho - noventa y nueve, quinientos cuarenta y tres - dos mil, seiscientos cuarenta y uno - dos mil, y seiscientos uno - dos mil tres;

a.22) sentencia de dieciséis de julio de dos mil ocho emitida dentro del amparo número seis - dos mil ocho;

a.23) expediente administrativo GTEE veintiocho - dos mil ocho;

b) presunciones legales y humanas.

G) Sentencia de primer grado: el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de amparo consideró: "(...) Este Tribunal Constitucional establece lo siguiente: Al emitir la resolución de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho número GJ Providencia tres mil ciento veintiuno dentro del expediente GTTE guión veintiocho guión dos mil ocho en su numeral tercero, por medio de la cual se disolvió en forma definitiva la Comisión Pericial conformada para resolver las discrepancias generadas entre la entidad recurrida y la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, a criterio de este Tribunal no es una resolución de fondo porque con ello no resolvió en definitiva la pretensión, en este caso la aprobación del estudio tarifario, por lo tanto esta es una providencia de trámite, prueba de ello en su numeral cuarto se indica continuar con el trámite del expediente; sin embargo, la entidad recurrente interpuso un recurso de revocatoria en contra del numeral romano tercero de la resolución antes indicada y que posteriormente presentó el desistimiento total de tal recurso, con lo que dicho numeral siguió vigente, por lo que si la resolución de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, no fue una resolución definitiva porque no causó estado al no haber decidido el asunto principal, tal como lo indica el artículo diecinueve y veinte literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Además la honorable Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha dicho que una resolución que no resuelve el asunto en cuestión, no contiene materia que pudiera ser resuelta por la autoridad administrativa superior y ha concluido que cuando se rechaza un recurso de revocatoria interpuesto se hace conforme a la ley. En ese orden de ideas este Tribunal Constitucional concluye que la resolución emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, no podía ser impugnada por ningún otro medio, porque como ya se dijo no resolvió el asunto principal, por lo que al no haber otro medio, el amparo fue el medio que idóneamente utilizó la entidad recurrente. Por todo lo anteriormente analizado este Tribunal Constitucional concluye como ya se indicó anteriormente, que la resolución emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con fecha veinticinco de julio del dos mil ocho específicamente en su numeral romano tercero, viola a la entidad recurrida su derecho de defensa y los principios del debido proceso y de legalidad y en esa virtud debe otorgarse el Amparo solicitado, restituyendo de esa forma a la postulante en la situación jurídica afectada (...)". Y resolvió: "(...) I) Otorga el amparo solicitado por Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Judicial y Administrativo con Representación abogado Hugo René Villalobos Herrarte en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quien actuó a través (sic) de su representante legal abogado José Ranferí Herrera Donis. II) En consecuencia, se deja en suspenso definitivamente, en cuanto a la postulante; el numeral romano tercero de la resolución GJ-Providencia tres mil ciento veintiuno de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dentro del expediente GTTE guión veintiocho guión dos mil ocho, por medio de la cual se disuelve en definitiva y unilateralmente la Comisión Pericial conformada para resolver las divergencias generadas entre la autoridad recurrida y Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, en virtud del estudio tarifario presentado por esta última. III) Se ordena a la autoridad recurrida que proceda a emitir una nueva resolución, en sustitución de la dejada en suspenso, garantizando el derecho de defensa y los principios del debido proceso y de legalidad, debiéndose permitir que la comisión Pericial conformada, concluya con el propósito para el cual fue creado (sic). IV) Se conmina a la autoridad recurrida para que de exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de tres días. V) No se hace especial condena en costas procesales (...)"

III. APELACIÓN

[3].

La autoridad impugnada apeló.

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

[4].

A) La accionante alegó que:

a.1) el juez a quo fue bastante asertivo en su fallo al indicar que: "...De conformidad con la regla numero doce, de las reglas de funcionamiento o de operación acordadas por ambas partes, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, al recibir la nueva versión corregida del estudio (sic) lo debió trasladar a la Comisión Pericial o permitir que la consultora Bates White LLC lo hiciera para que la Comisión Pericial procediera a revisarlo y así determinara que esta versión cumpliera a cabalidad con cada uno de los puntos del pronunciamiento y al ser revisada la nueva versión del estudio la Comisión Pericial debía aprobarlo y comunicarlo a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, una vez cumplido con esto la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, tuvo que haber fijado las tarifas definitivas correspondientes a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, sobre la base de la nueva versión corregida del estudio elaborado por Bates White LLC el que ya versaba sobre cada uno de los puntos del pronunciamiento de la Comisión Pericial...”;

a.2) de lo anterior, se deduce que, conforme la Ley General de Electricidad y su Reglamento, la autoridad debía fijar las tarifas, pero sobre la base de un estudio tarifario elaborado por el consultor Bates White LLC y no sobre la base de un estudio independiente elaborado por entidades ajenas. Eso debía ser de esa manera, toda vez que el estudio tarifario elaborado por el consultor cumpliría con incorporar todos los puntos del pronunciamiento emitido por la Comisión Pericial;

a.3) por otro lado, en este caso concreto, no existe la falta de definitividad que señalan la autoridad impugnada, el Ministerio Público y los terceros interesados, ya que la resolución que constituye el acto impugnado constituye una providencia de trámite y no una resolución de fondo que de acuerdo a la jurisprudencia emanada de la propia Corte de Constitucionalidad no podía ser impugnada por vía del recurso de revocatoria; sin embargo su naturaleza de resolución administrativa la hace susceptible de ser impugnada por la vía del amparo, particularmente por lo que al efecto establece el artículo 10, literales d) y e) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por tal virtud fue que desistió del recurso de revocatoria que contra tal providencia había interpuesto. Solicitó que se confirme la sentencia apelada.

B) La autoridad impugnada manifestó que:

b.1) la sentencia venida en grado ofrece una magnífica oportunidad para explicar, una vez más, la absolutamente errónea interpretación que la postulante tiene o convenientemente ha adoptado de la Ley General de Electricidad, su Reglamento y, en particular, la función pública de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, pues insistentemente aduce un cuadro de violaciones que no se han dado, al igual lo ha hecho en otro amparo que simultáneamente conoce esa Corte;

b.2) al examinar el presente amparo, es importante entender los equívocos de fundamento en el memorial de interposición del mismo, así como la singular interpretación hecha por el Tribunal a quo, en la sentencia venida en grado, siendo que los plazos se hacían cortos, desde luego que todas las tareas que supuestamente pretende la actora y el juzgador a quo, debían ocurrir previo a la fijación de las tarifas, se deberían producir en apenas tres días hábiles. Esto es, la fecha inexorable en la que el pliego tarifario debe aparecer publicado en el Diario Oficial -treinta y uno de julio de dos mil ocho- para entrar a regir al día siguiente. Todos estos actos pretendidos por la postulante y el a quo no encuentran su fundamento en ley alguna. Por otro lado, no puede perderse de vista la naturaleza del ente administrador (Comisión Nacional de Energía Eléctrica) con su ente administrado (Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima) con características puras del Derecho Público;

b.3) del análisis de lo que para el efecto establecen la Ley y en el Reglamento que regula la materia, se aprecia que la tarea de fijación de tarifas de distribución, así como la tarea de aprobación de los estudios tarifarios, consisten en una función pública y como tal, según el artículo 154 de la Constitución Política de la República, es indelegable. Dicha función le corresponde, con exclusividad a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; sin embargo, la postulante del amparo insiste aduciendo que le asiste un extraño derecho de disentir del ente administrativo regulador tanto del servicio en general, como de sus cobros en particular. Pero el hecho es que un órgano administrativo dentro de un procedimiento administrativo de ejecución de normas regulatorias no emite opiniones, raciocinios o apreciaciones sujetas de ser sojuzgadas por un ente externo a la administración pública sin competencia para ello; sino, emite más bien su resolución -aprobatoria o denegatoria- con apoyo eso sí, de dictámenes o pronunciamientos de esos órganos exógenos de la administración pública constituidos como órganos de consulta;

b.4) la posición de la amparista demanda la creación de un ordenamiento legal nuevo, ya que nos presenta una Comisión Pericial como un panel arbitral que resuelve y aprueba, tarea que realiza únicamente entre la consultora que elabora el estudio y ésta, al margen del derecho del ente regulador (CNEE) de supervisar los avances de los estudios a que se refiere el artículo 74 de la Ley de la materia. Cuando el contenido del artículo 75 de la referida ley es claro y atribuye a tal Comisión una sencilla tarea de un único y final pronunciamiento; por el contrario, la amparista requiere que sean múltiples pronunciamientos, hasta que supuestamente se le presente a la Comsión Pericial un estudio tarifario que le satisfaga, lo que constituye todo un trámite administrativo no contemplado en la ley; para sustentar toda esa larga tarea, la ahora amparista se fundamenta en las supuestas doce normas de funcionamiento que aduce fueron acordadas por las partes, cuyas normas once y doce, contradicen la simpleza de la función única, singular y exclusiva que le asigna a dicha Comisión Pericial el artículo 75 supra citado;

b.5) la falta de agravio en la presente acción, se hace más patente con la parte resolutiva de la sentencia venida en grado, ya que la juez a quo deja sin efecto el apartado de la resolución impugnada por medio del cual se disuelve en definitiva y unilateralmente la Comisión Pericial conformada para resolver divergencias (sic) y conmina a la autoridad impugnada a que debe permitir que la Comisión Pericial conformada concluya con el propósito para el cual fue creada, mismo que ya fue cumplido, según lo estipula el artículo 75 de la Ley en cuestión, habiendo entregado su informe el veinticinco de julio de dos mil ocho. Solicitó que se revoque la sentencia apelada y, como consecuencia, se declare con lugar el recurso de apelación.

C) El Ministerio Público manifestó que no comparte la tesis sustentada por el Tribunal de Amparo de primer grado en la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil nueve, por medio de la cual otorga el amparo solicitado por Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por las siguientes razones:

c.1) la postulante tenía la obligación de establecer la argumentación y razonamientos por medio de los cuales expusiera su tesis a los tribunales de orden constitucional, para que se advierta que efectivamente existe un agravio personal y directo a los derechos que le asisten; contrario a ello, realiza una extensa argumentación por medio de la cual se cuestiona las facultades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por lo tanto es necesario tomar en cuenta que en el caso sub judice se advierte que la Comisión Pericial, en efecto emitió su dictamen, y por ello, es lógico advertir que debía ser disuelta pues realizó la función que le fue encomendada y no podía quedar integrada de forma permanente, de tal forma es necesario destacar que in fine corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica definir las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación, de acuerdo a la Ley de la materia, así como definir la metodología para su cálculo;

c.2) por otra parte, resulta adecuado tomar en cuenta que el servicio que presta la hoy amparista es un servicio público que corresponde al Estado ejercer control, por lo que en tal virtud, es que la autoridad impugnada es quien debe fijar la tarifa relacionada; por otro lado, el VAD es fijado por ésta, bajo el criterio de una empresa eficiente, por ello se considera que en el caso de análisis no existe un agravio personal y directo a los derechos que asisten a la amparista, ya que la Comisión Pericial cumplió con emitir su informe respectivo, mismo que no puede considerarse como vinculante;

c.3) de tomarse como válida la intelección de la amparista, ello implicaría delegar a la Comisión Pericial, la función que corresponde única y exclusivamente a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, siendo que la Ley que regula la materia, únicamente establece que la Comisión Pericial deberá pronunciarse sobre las discrepancias existentes en un plazo de sesenta días contados a partir de su conformación, lo que implica que su función es temporal y luego de ello, debe disolverse;

c.4) por otro lado, es evidente que el acto reclamado no puede ser revisado en amparo porque no concurre violación a derecho garantizado por la norma constitucional, toda vez que el tribunal de amparo no puede ni debe constituirse en un ente revisor de las facultades que fueron delegadas a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, pues no se advierte violación a derecho constitucional alguno. Por lo que el amparo interpuesto deviene improcedente. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y como consecuencia, se revoque la sentencia apelada y se deniegue el amparo solicitado.

D) El Estado de Guatemala, tercero interesado, por medio de la Procuraduría General de la Nación, argumentó:

d.1) en el presente caso, el amparo resulta improcedente ya que la resolución GJ-providencia-tres mil ciento veintiuno de veinticinco de julio de dos mil ocho fue dictada conforme la Ley General de Electricidad y su Reglamento, por lo que no puede alegarse la existencia de un agravio cuando hay un pronunciamiento basado en la ley, no se aprecia que la misma haya sido emitida con abuso de autoridad, arbitrariedad o atentando contra los derechos fundamentales de la accionante; ya que el proceso de recomendaciones y discrepancias terminó con las observaciones realizadas por la Comisión Pericial. En consecuencia, la entidad accionante, al acudir a la justicia constitucional no puede encajar como agravio el hecho que las resoluciones de los pliegos tarifarios fueran emitidas subsidiariamente por la falta de acuerdo entre las disposiciones discutidas en la Comisión Pericial, y en ese sentido, y obediente del mandamiento legal, la hoy autoridad impugnada, se vio en la necesidad de disolver la Comisión Pericial;

d.2) en el presente amparo se denota la mala fe de la postulante, en virtud que interpuso recurso de revocatoria el veintinueve de julio de dos mil ocho, el que no fue mencionado en su memorial de interposición y del cual desistió con posterioridad a la presentación de la acción de amparo, tratando de sorprender en su buena fe al juzgador de marras, ya que para que el amparo proceda es indispensable que se agoten los recursos ordinarios, administrativos y judiciales y los medios de impugnación hechos valer deben ser debidamente resueltos, con lo cual se incumplió con la definitividad que constituye un requisito indispensable para la procedencia del amparo. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y en consecuencia se revoque la sentencia apelada, declarándose sin lugar el amparo de mérito.

E) El Ministro de Energía y Minas, tercero interesado, ratificó los argumentos vertidos en el memorial que al efecto presentara el veintiocho de agosto de dos mil ocho, en el sentido que la acción de amparo que se conoce deviene totalmente improcedente, no sólo por la falta de definitividad de la resolución reclamada, sino por la ausencia de agravios que deviene del hecho de que la actuación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica estuvo fundamentada en la ley aplicable al caso, ya que el numeral romano tercero de la resolución GJ Providencia - tres mil ciento veintiuno de veinticinco de julio de dos mil ocho, dictada dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho, está totalmente apegada a la legalidad, por lo que así debe declararse al resolver la presente apelación de sentencia de amparo; por otro lado, las consideraciones de la sentencia venida en grado, son propias de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no las de un Tribunal de Amparo. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y se revoque la sentencia venida en grado, denegándose el amparo de mérito.

CONSIDERANDO

I.

[5].

El amparo se ha instituido con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido y procederá siempre que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. No se incurre en violación al derecho de defensa y a los principios jurídicos del debido proceso y de legalidad garantizados en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, cuando la actuación de la autoridad encuentra su fundamento en normas que integran el ordenamiento jurídico vigente.

II.

[6].

En el caso bajo análisis, la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, promovió amparo contra la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, señalando como actos objeto de reclamo:

a) el numeral romano III de la resolución GJ-Providencia - tres mil ciento veintiuno (GJ-Providencia-3121) de veinticinco de julio de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho (GTTE-28-2008), por medio de la cual se disuelve en forma definitiva y unilateralmente la Comisión Pericial conformada para resolver las discrepancias generadas entre la autoridad recurrida y Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, en virtud del estudio tarifario presentado por ésta última; y

b) lo actuado con posterioridad por la autoridad recurrida, consistente en las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, números CNEE - ciento cuarenta y cuatro - dos mil ocho (CNEE-144-2008) de veintinueve de julio de dos mil ocho; CNEE - ciento cuarenta y cinco - dos mil ocho (CNEE-145-2008) de treinta de julio de dos mil ocho; y CNEE - ciento cuarenta y seis - dos mil ocho (CNEE-146-2008) de treinta de julio de dos mil ocho, actos reclamados de los cuales la amparista desistiera con posterioridad, subsistiendo únicamente el acto señalado como reclamado en la literal a) que precede.

[7].

Estima la postulante que la autoridad impugnada violó su derecho de defensa porque mediante la resolución impugnada disolvió definitiva, arbitraria y unilateralmente la Comisión Pericial integrada en forma bilateral por la autoridad recurrida y la amparista, sin que se le permitiera concluir su trabajo, conforme las Reglas de Funcionamiento o Reglas de Operación que fueron establecidas y aceptadas por las partes discrepantes, las que eran de observancia obligatoria para todos los involucrados. Asimismo aduce violado el principio del debido proceso, porque afirma que la Ley General de Electricidad y su Reglamento contemplan el procedimiento para elaborar y aprobar el Estudio Tarifario, así como la forma de solucionar las discrepancias que pudieran surgir, siendo ese mecanismo la integración de una Comisión Pericial, la que debía determinar los cambios, modificaciones, ampliaciones y ajustes necesarios que debían introducirse al Estudio Tarifario presentado por la distribuidora y, como consecuencia lógica, debió ser ésta quien manifestara si dicho estudio se apegaba a derecho y a sus requerimientos o no. Asegura también que se violó el principio de legalidad, toda vez que la autoridad recurrida argumentó que el pronunciamiento emitido por la Comisión Pericial no le era vinculante, cuando la integración de la misma constituye el único mecanismo previsto por la Ley General de Electricidad y su Reglamento para resolver las discrepancias surgidas, sin que ninguno de esos cuerpos normativos regulen que el pronunciamiento sea equiparable a un arbitraje, opinión técnica o dictamen de expertos.

III.

[8].

Previo a efectuar el examen de fondo del presente amparo, procede analizar el aspecto relacionado con el principio de definitividad argumentado, en el sentido que la postulante del amparo omitió agotar los recursos administrativos establecidos en la ley. Al respecto, tal y como lo manifestara el Tribunal a quo, esta Corte advierte que el acto recurrido consistente en la resolución de veinticinco de julio de dos mil ocho número GJ Providencia tres mil ciento veintiuno, dictada por la autoridad recurrida dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho, en cuyo numeral tercero se disuelve en forma definitiva la Comisión Pericial conformada para resolver las discrepancias generadas entre la entidad recurrida y la amparista, no constituye resolución de fondo, ni causa estado, siendo ésta una mera providencia de trámite. En ese orden de ideas, siendo que la entidad amparista interpuso un recurso de revocatoria en contra del numeral romano III de la resolución referida y que posteriormente presentó desistimiento total de dicho recurso, por ser inidóneo, el númeral III de la resolución de marras, sigue vigente y es susceptible de causar vulneración a los derechos alegados por la amparista, siendo el amparo el medio idóneo para la obtención de la protección constitucional solicitada. Por lo anterior, el incumplimiento del principio de definitividad queda descartado.

IV.

[9].

Ahora bien, entrando en materia, al efecto debe tomarse en cuenta, que de conformidad con lo que establece tanto la Ley General de Electricidad como su respectivo Reglamento, el trámite que debe regir la determinación de tarifas base, sus valores máximos y fórmulas de ajuste periódico y condiciones de aplicación tarifaria para todos los consumidores del servicio de distribución final de energía eléctrica es el siguiente:

a) cada distribuidora debe calcular los componentes del valor agregado de distribución -VAD-mediante un estudio encargado a una firma de ingeniería precalificada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Este procedimiento se realizará cada cinco años, y con una anticipación de doce meses de entrada en vigencia de las tarifas, fecha en la que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica deberá entregar a los distribuidores los términos de referencia de los estudios que servirán de base para la contratación de las empresas consultoras especializadas;

b) el consultor que finalmente resulte contratado deberá realizar aquel estudio y, posteriormente, debe entregar su proyecto a la distribuidora para que ésta con cuatro meses de anticipación a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas tarifas, entregue a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el estudio tarifario ya elaborado;

c) la Comisión recibe el estudio y sus anexos y cuenta con un plazo de dos meses para revisar el mismo y formular las observaciones que estime pertinentes;

d) en el caso que el Distribuidor omita enviar los estudios realizados por parte del Consultor precalificado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica o bien, si no se corrigieran las observaciones formuladas por esa entidad, ésta quedará facultada para emitir y publicar el pliego tarifario correspondiente, con base en el estudio tarifario que efectúe independientemente;

e) una vez, recibidas las observaciones, la empresa consultora cuenta con un plazo de quince días, para efectuar las correcciones que le fueron formuladas a los estudios originalmente realizados y devuelve el mismo ya corregido a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;

f) al percibirse discrepancias respecto de las observaciones que hubiere efectuado la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; tanto esta última, como el Distribuidor acordarán la integración de una Comisión Pericial, compuesta por tres miembros, uno por cada parte y un tercero de común acuerdo, con el objeto que esta Comisión se pronuncie sobre las discrepancias surgidas;

g) la Comisión Pericial deberá pronunciarse sobre la viabilidad o inviabilidad de las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en un plazo de sesenta días contados desde su conformación.

[10].

Con base en el procedimiento establecido tanto en la Ley General de Electricidad como en su respectivo Reglamento para la fijación del monto tarifario correspondiente a la energía eléctrica, y que fuera expuesto con antelación, este Tribunal considera necesario realizar el análisis de los hechos acaecidos en el caso de mérito, tal y como a continuación se detallan:

a) la Comisión Nacional de Energía Eléctrica mediante oficio CNEE - trece mil seiscientos ochenta - dos mil siete, DMJ - Notas - ciento cuarenta y uno y resoluciones CNEE - ciento veinticuatro - dos mil siete y CNEE - cinco - dos mil ocho emitió los Términos de Referencia para la realización del Estudio del Valor Agregado de Distribución, los cuales fueron remitidos a Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, la hoy amparista, el treinta y uno de marzo de dos mil siete;

b) mediante las resoluciones CNEE - ciento veinticuatro - dos mil siete y CNEE - cinco - dos mil ocho (CNEE-124-2007) y (CNEE-5-2008) de nueve de octubre de dos mil siete y diecisiete de enero de dos mil ocho, respectivamente, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica realizó modificaciones a los Términos de Referencia antes aludidos; c) en ese orden de ideas y con base en los Términos de Referencia establecidos, la amparista, en su calidad de Distribuidora contrató a la firma consultora Bates White, para la elaboración del estudio tarifario correspondiente que debía servir de base para la fijación de las tarifas, sus valores máximos y fórmulas de ajuste periódico y condiciones generales de aplicación tarifaria para los consumidores del servicio de distribución final; de esa cuenta, el estudio tarifario elaborado por la referida firma de ingeniería precalificada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, fue entregado a esa Comisión, el treinta y uno de marzo de dos mil ocho por medio de la nota GG - cero cuarenta y cinco - dos mil ocho (GG-045-2008), a efecto que la misma verificara el cumplimiento de lo establecido de los Términos de Referencia establecidos y la normativa legal vigente;

d) la ahora autoridad impugnada declaró improcedente el estudio de marras, formulando las observaciones que consideró pertinentes por medio de la resolución CNEE - sesenta y tres - dos mi ocho (CNEE-63-2008) de once de abril de dos mil ocho, que fuera notificada a la amparista en esa misma fecha, a efecto que ésta, por medio de la empresa consultora respectiva, procediera a corregir el mismo;

e) mediante nota GG - cero sesenta - dos mil ocho (GG-060-2008) de cinco de mayo de ese mismo año, la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima refirió: "...estando dentro del plazo previsto en el artículo 98 del RLGE, mi representada por este acto presenta a esa Honorable Comisión las correcciones al estudio original, derivadas de la resolución. Tales correcciones han sido incorporadas a una nueva versión del estudio original, la que contiene (i) todas aquellas correcciones derivadas de las observaciones formuladas por la Comisión y contenidas en la resolución que la consultora, en ejercicio de la independencia de criterio que le garantizan los TdRs, consideró atinentes; y (ii) las justificaciones y fundamentos, en cada informe de etapa correspondiente, para todas aquellas observaciones, contenidas en la resolución, que la consultora, en ejercicio también de la independencia que le garantizan los TdRs, no consideró procedentes...";

f) la autoridad impugnada, mediante resolución CNEE -noventa y seis - dos mil ocho (CNEE-96-2008), en respuesta a esta última nota enviada por la ahora amparista refirió: “Que con fecha cinco de mayo de dos mil ocho, Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio de la Nota GG-060-2008, presentó ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el estudio del valor agregado de distribución omitiendo la corrección de la totalidad de las observaciones realizadas por la comisión a través de la referida resolución CNEE-63-2008, incorporando en el Estudio del Valor Agregado de Distribución cambios y modificaciones adicionales, no solicitadas, que consecuentemente alteraron otros elementos del estudio; por lo cual, conforme a lo establecido en la legislación vigente, corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica establecer las discrepancias con el Estudio del Valor Agregado de Distribución para conformar la Comisión Pericial.";

g) con base en lo anterior, se conformó la comisión pericial integrada por Carlos Manuel Bastos, Leonardo Rodolfo Giacchino y Jean Riubrugent, quienes por unanimidad, no obstante contaban con sesenta días para emitir el mismo, el veinticinco de julio de dos mil ocho, rindieron su informe pericial en el que recomendaron realizar cambios, modificaciones, ampliaciones y los ajustes que resultaren necesarios al estudio tarifario que la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, presentó ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el cinco de mayo de dos mil ocho;

h) en esa virtud, la autoridad impugnada en cumplimiento de lo que para el efecto dispone el artículo 75 de la Ley que regula la materia, el mismo veinticinco de julio de dos mil ocho, emitió la resolución identificada como GJ - Providencia - tres mil ciento veintiuno (GJ-Providencia-3121), dictada dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho (GTTEE-28-2008), en cuyo numeral romano III) dispuso: “En virtud de haber cumplido con el objeto de su nombramiento, se disuelve en definitiva la Comisión Pericial indicada en el numeral I) de la presente providencia.", lo que constituye el acto objeto de reclamo en el caso sub examine;

i) en ese orden de ideas, la entidad ahora amparista, atendiendo a lo dictaminado por la Comisión Pericial, en oficio dirigido a la autoridad impugnada, el veintiocho de julio de ese mismo año efectuó las correcciones sugeridas por esta, aquéllas que habían provocado discrepancia, y continuando con el procedimiento establecido en la ley, se las remitió -a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica-;

j) por otro lado, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con base en la licitación pública internacional que había sido convocada el veintisiete de julio de dos mil siete, mediante el Acuerdo número CNEE-ciento dieciséis- dos mil siete (CNEE-116-2007) y que fuera adjudicada a la Asociación de empresas conformada por Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia, Control y Comunicaciones, Sociedad Anónima y Sigla, Sociedad Anónima, para realizar un Estudio Independiente sobre el Valor Agregado de Distribución correspondiente a Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, para el período establecido, y siendo que la ahora amparista en la nota presentada el cinco de mayo de dos mil ocho, había omitido efectuar la totalidad de las correcciones que le habían sido impuestas, el veintinueve de julio de dos mil ocho, dicha autoridad procedió a aprobar en definitiva el estudio tarifario independiente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Electricidad y su respectivo Reglamento, concluyendo con ello el procedimiento para fijar el pliego tarifario correspondiente a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima para el período dos mil ocho - dos mil trece (2008-2013), el que fuera publicado el treinta y uno de julio de dos mil ocho en el Diario de Centro América.

V.

[11].

Como puede advertirse del análisis de la normativa estudiada, la Ley General de Electricidad y su respectivo Reglamento, de manera precisa, establecen y definen el procedimiento que tanto las distribuidoras de energía eléctrica del país como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica deben agotar previo a fijar el monto de la tarifa que deberá regir durante cada quinquenio para la prestación del servicio de energía eléctrica. Esta Corte, al igual que lo hizo en los expedientes acumulados un mil ochocientos treinta y seis y un mil ochocientos cuarenta y seis, ambos del año dos mil nueve (1836-2009 y 18462009), al contraponer lo regulado en los citados cuerpos normativos y la forma en la que se sustanció el expediente administrativo, que subyace al presente amparo, determina que el trámite seguido por la amparista y la autoridad impugnada, se llevó a cabo con apego a la citada Ley y al Reglamento, pues la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, de conformidad con lo regulado en el artículo 74 de la ley y 98 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, contrató una firma de ingeniería precalificada por la citada Comisión Nacional de Energía Eléctrica para efectuar el estudio tarifario de energía eléctrica que debía regir del año dos mil ocho a dos mil trece, habiendo resultado beneficiada la empresa Bates White; el proyecto elaborado por esta última le fue entregado, dentro del plazo que la ley establece, a la ahora autoridad recurrida para que ésta procediera a formular las consideraciones que estimara pertinentes. Efectivamente, siguiendo los pasos legalmente establecidos en el artículo 98 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, la Comisión formuló las observaciones que consideró convenientes, devolviendo el proyecto a la Distribuidora, ahora amparista, para que procediera a ejecutar las correcciones que se le formulaban. La ahora amparista objeto e hizo las justificaciones que consideró procedentes y en su nota de cinco de mayo de dos mil ocho hizo constar: "...Tales correcciones han sido incorporadas a una nueva versión del estudio original, la que contiene (i) todas aquellas correcciones derivadas de las observaciones formuladas por la Comisión... y (ii) las justifcaciones y fundamentos... para todas aquellas observaciones,...que la Consultora...no consideró procedentes...". Esta afirmación denota que la ahora amparista, tal como lo expone en su escrito inicial de amparo, modificó en algunos puntos las observaciones que le fueron formuladas y, en otros justificó, las que según la consultora contratada, debían permanecer invariables. Fue ante esa circunstancia que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica resolvió conformar la Comisión Pericial de mérito conforme lo establece el artículo 98 íbid, con la salvedad que tenía respecto a la omisión por parte de la postulante de realizar la totalidad de las observaciones objetadas por esa Comisión. La Comisión Pericial nombrada finalmente rindió el informe respectivo, que fijaría las tarifas de energía eléctrica -dos mil ocho - dos mil trece - (2008 - 2013), tal y como lo disponen los artículos 75 de la Ley que regula la materia y 98 Bis de su respectivo Reglamento, en el sentido que: “.La Comisión Pericial se pronunciará sobre las discrepancias dentro de un plazo de sesenta (60) días, contado desde su conformación. Dicho pronunciamiento deberá estar fundamentado en el marco legal vigente y conforme a los términos de referencia a que se refiere el artículo 74 de la Ley." Posteriormente, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, mediante la emisión de la resolución que constituye el acto objeto de reclamo en el amparo que hoy se conoce, disolvió esa Comisión Pericial, con el argumento de tener por cumplido el pronunciamiento de la Comisión Pericial nombrada con la finalidad de pronunciarse sobre las discrepancias del Estudio Tarifario de la hoy amparista, por haber satisfecho el objeto de su nombramiento. En tal virtud, habiéndose percatado de la omisión en la que la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, había incurrido, y, con esa base, fijó el pliego tarifario correspondiente a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, de conformidad al estudio independiente realizado por la Asociación de Empresas conformada por Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia, Control y Comunicaciones, Sociedad Anónima y Sigla, Sociedad Anónima, la cual resultó favorecida en un concurso de licitación pública internacional, que había sido convocado por la ahora autoridad impugnada, el veintisiete de julio de dos mil siete, mediante el Acuerdo número CNEE-ciento dieciséis- dos mil siete (CNEE-116-2007).

[12].

Al efecto, esta Corte advierte que el procedimiento llevado a cabo por ambas partes hasta antes de que la autoridad impugnada dispusiera disolver la Comisión Pericial y con base en un estudio realizado de manera independiente, dictar el acto reclamado, fue ceñido a lo regulado en el artículo 98 del Reglamento de la Ley General de Electricidad; sin embargo, la actitud aducida como “inconsulta” por la amparista y que posteriormente asumiera la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que fue la de dictar la resolución consistente en el numeral romano III) de la resolución GJ-Providencia - tres mil ciento veintiuno (GJ-Providencia-3121) de veinticinco de julio de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, dentro del expediente GTTE - veintiocho - dos mil ocho (GTTE-28-2008), por medio de la cual se disuelve la Comisión Pericial conformada para resolver las discrepancias generadas entre la autoridad recurrida y la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, en virtud del estudio tarifario presentado por ésta última, es la que constituye el acto objeto de reclamo señalado como agraviante de los derechos que la amparista invoca como vulnerados.

[13].

Aduce la amparista violación a su derecho de defensa porque mediante la resolución impugnada la autoridad recurrida disolvió “definitiva, arbitraria y unilateralmente” la Comisión Pericial integrada en forma bilateral por la autoridad recurrida y la amparista, sin que se le permitiera a dicha Comisión concluir con su trabajo, conforme las doce Reglas de Funcionamiento o Reglas de Operación que fueron establecidas y aceptadas por las partes discrepantes, las que eran de observancia obligatoria para todos los involucrados.

[14].

A este respecto y, en congruencia con lo resuelto por esta Corte dentro de los expedientes acumulados un mil ochocientos treinta y seis y un mil ochocientos cuarenta y seis, ambos de dos mil nueve (1836-2009 y 1846-2009), cabe advertir que en la Ley General de Electricidad (artículos 75 y 77), así como en su respectivo Reglamento (artículos 98 tercer párrafo y 98 bis) se encuentra determinado el procedimiento de conformación de la Comisión Pericial, los plazos para integrarla y para que ésta se pronuncie sobre los puntos objeto de su conocimiento, siendo éstos las discrepancias surgidas en relación al estudio tarifario con base a los términos de referencia fijados. En el caso de marras, la citada Comisión Pericial se conformó según lo dispuesto en la Ley de la materia y su reglamento, y estando dentro del plazo establecido, emitió su pronunciamiento respecto de las discrepancias encontradas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica entre el estudio tarifario remitido por la hoy amparista y los términos de referencia previamente dictados por la hoy autoridad recurrida. Al efecto, cabe señalar, que no se advierte, tanto en la Ley que regula la materia, como en su respectivo Reglamento, --única normativa aplicable al caso dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco vigente-- norma alguna que atribuya a la Comisión Pericial, otra función más allá que la de su pronunciamiento sobre las discrepancias ya referidas. En tal virtud, con la entrega de su respectivo pronunciamiento, la Comisión Pericial cumplió con la función que la Ley de la materia y su respectivo Reglamento, le encomendaran para el efecto. Por lo que al haberse agotado su función legal, no tratándose de una Comisión de tipo permanente, sino más bien de carácter temporal, cuya función dictaminadora, según la ley, debía servir para la definición tarifaria por la autoridad competente para ello, no teniendo ya ninguna otra intervención en el procedimiento, según la Ley, ningún agravio podía causarle a la amparista la disolución de aquélla, siendo que el proceder de la autoridad impugnada se ciñó al procedimiento establecido en la Ley y Reglamento que regulan la materia.

[15].

La amparista, asimismo aduce violado el principio del debido proceso porque afirma que la Ley General de Electricidad y su Reglamento contemplan el procedimiento para elaborar y aprobar el Estudio Tarifario, así como la forma de solucionar las discrepancias que pudieran surgir, siendo ese mecanismo la integración de una Comisión Pericial, la que debía determinar los cambios, modificaciones, ampliaciones y ajustes necesarios que debían introducirse al Estudio Tarifario presentado por la distribuidora, y, como consecuencia lógica, debió ser ésta quien manifestara si dicho estudio se apegaba a derecho y a sus requerimientos o no. Asegura también que se violó el principio de legalidad, toda vez que la autoridad recurrida argumentó que el pronunciamiento emitido por la Comisión Pericial no le era vinculante, cuando la integración de la misma constituye el único mecanismo previsto por la Ley General de Electricidad y su Reglamento para resolver las discrepancias surgidas, sin que ninguno de esos cuerpos normativos regulen que el pronunciamiento sea equiparable a un arbitraje, opinión técnica o dictamen de expertos.

[16].

Al respecto, esta Corte considera oportuno, tal y como lo hizo al pronunciarse en cuanto al tema en cuestión, en los expedientes acumulados un mil ochocientos treinta y seis y un mil ochocientos cuarenta y seis, ambos del año dos mil nueve, (1836-2009 y 1846-2009) ya citados, enfatizar lo relativo a la naturaleza del dictamen pericial de marras, en el sentido que "la pericia, como sabiduría, práctica, experiencia o habilidad en una ciencia y arte, ha sido tradicionalmente un auxilio al que acude la autoridad que debe tomar una decisión respecto de determinada materia. Constituye un auxiliar para ilustrar la mejor decisión, aunque, según la legislación común y la práctica jurídica guatemalteca, se entiende que los conocimientos científicos y técnicos no aportan juicios en sí, sino elementos para orientar la decisión de quien tiene o en quien descansa la autoridad. De ahí que ésta no tiene obligación de sujetarse al dictamen de los peritos.”. Por otro lado, esta Corte, en cuanto a los alcances de dictámenes de esta naturaleza, con anterioridad se ha pronunciado en el sentido que: "en cuanto a su alcance el dictamen no obliga al órgano asesorado, esto respecto de aquellos que la doctrina sitúa ya sea en la categoría de facultativo -que es aquel que la Administración no está obligada a requerir- o la de obligatorio -que es el que debe recabarse necesariamente por disponerlo expresamente la ley-, más no así aquél que es el denominado vinculante, del cual la ley impone la obligación de producir y a cuyas conclusiones tiene que conformarse la voluntad administrativa”. (Expediente mil trescientos cincuenta y ocho - noventa y seis -1358-96, Gaceta Jurisprudencial cuarenta y cuatro, página sesenta y seis).

[17].

En tal virtud, y con base en las consideraciones antes realizadas, atribuirle a la Comisión Pericial de merito la función de dirimir el conflicto existente entre la amparista y la autoridad recurrida y reconocerle competencia para emitir una decisión vinculante, y más aún, reconocerle la facultad de aprobación de los estudios tarifarios, tal y como la Corte resolviera en su oportunidad, resultaría contrario al decantado principio de legalidad, característico del Estado de Derecho y además, atentatorio del principio de función pública sujeta a la ley, pues según lo disponen la Ley General de Electricidad, así como su respectivo Reglamento, -única normativa aplicable dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco vigente- compete a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como único ente responsable, la función consistente en la fijación de las tarifas de distribución y la aprobación de los estudios tarifarios, debiendo continuar con el proceso correspondiente, lo que constituye una función pública, que a tenor de lo que para el efecto establece el artículo 154 de la Norma Suprema, es indelegable. Por otro lado, del examen de la legislación aplicable, se aprecia que el artículo 75 de la Ley que regula la materia, ya referido en varias oportunidades a lo largo del presente análisis, le atribuye a la Comisión Pericial de mérito la puntual y específica tarea de pronunciarse (una sola vez) respecto de las discrepancias, en relación a las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica al estudio tarifario, de acuerdo a los términos de referencia previamente establecidos; no pudiendo, por ello, ni siquiera inferirse que la Comisión Pericial nombrada pueda o deba conocer de todo el estudio para la fijación de las tarifas, o bien que ésta emita varios pronunciamientos sucesivos, lo que constituiría un trámite y facultad ajenos al derecho público aplicable.

[18].

Caso diferente ocurre en el Derecho Comparado, si, por ejemplo, examinamos la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica de la República de Chile, en la cual en relación a la fijación del valor agregado por concepto de costos de distribución, se establece que para la fijación del VNR (Valor Nuevo de Reemplazo) -equivalente al VAD en nuestra legislación- de no existir acuerdo entre el concesionario y el ente gubernamental, el mismo será determinado por el panel de expertos, los que deberán pronunciarse sobre el mismo antes del treinta y uno de diciembre del año respectivo. En cuanto a la naturaleza y funciones del mencionado Panel de Expertos, en dicha legislación se le atribuye un carácter permanente e imparcial (duran seis años en sus cargos y su función es incompatible con la de funcionario público, director, gerente, dependiente, asesor, accionista, propietario o similar de empresas generadores, transmisoras o distribuidoras de energía eléctrica), y se le asigna la función de dictaminar en caso de discrepancias que se produzcan, por diferentes razones, siendo su dictamen vinculante para todos los que participen en el procedimiento respectivo y no procederá ninguna clase de recursos jurisdiccionales o administrativos de naturaleza ordinaria o extraordinaria. Ahora bien, como ya se expuso, en la legislación y normativa aplicable dentro de nuestro ordenamiento jurídico vigente, se establece que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica revisará los estudios efectuados por el distribuidor y en caso de discrepancias, acordará el nombramiento de una Comisión Pericial, la que se pronunciará sobre las discrepancias, en un plazo de sesenta días contados desde su conformación. El respectivo Reglamento establece que en caso de omisión por parte del distribuidor de enviar los estudios o correcciones a los mismos, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (ente gubernamental de Derecho Público) quedará facultada para emitir y publicar el pliego tarifario correspondiente, con base en el estudio efectuado independientemente o realizando las correcciones a los estudios efectuados por el distribuidor. Lo anterior, evidencia las marcadas diferencias entre una legislación y la otra y, por ende, entre un procedimiento y el otro. Sobre esa base y de acuerdo a lo considerado, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, no ha proferido agravio alguno a la amparista, al resolver la disolución de la Comisión Pericial y haber continuado con el procedimiento de fijación de los pliegos tarifarios de mérito, siendo que dicha competencia -que constituye una función estatal-, como ya se ha expuesto, es una legítima potestad atribuida a dicho ente por la Ley General de Electricidad, de acuerdo a lo que para el efecto establecen los artículos 60, 61, 71 y 73 de la misma.

VI.

[19].

Con base en las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado y como consecuencia revocar el amparo otorgado a favor de Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, condenando en costas a la interponente e imponiendo la multa correspondiente a los abogados responsables de la juridicidad del planteamiento, debiendo realizarse los demás pronunciamientos que en derecho correspondan en la parte resolutiva del presente fallo.

LEYES APLICABLES

[20].

Artículos citados y 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 8°, 10, 42, 45, 60, 61, 67, 149, 163 inciso c) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

[21].

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve:

I) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

II) Se revoca la sentencia apelada y, consecuentemente, se declara sin lugar el amparo promovido por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima en contra de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

III) Se condena en costas a la amparista, Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima.

IV) Se impone la multa de un mil quetzales a cada uno de los abogados responsables de la juridicidad del planteamiento, Hugo René Villalobos Herrarte y Erick Walberto Reyes Cifuentes, la que deberán pagar en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los cinco días siguientes en que se encuentre firme el presente fallo, y que, en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente.

V) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes.

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